DECISIÓN Por los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley NIEGA la Medida Cautelar solicitada a favor del imputado YONNY OMAR RODRIGUEZ SALCEDO, de conformidad con lo previsto en el artículo 264 en relación con el la parte in fine del artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia MANTIENE la medida de privación judicial preventiva de libertad. Notifíquese a las partes de esta Decisión. Cúmplase.

DECISIÓN Por los argumentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley NIEGA la Medida Cautelar solicitada a favor del imputado ANDRES ANTONIO CORTEZ CASTILLO, de conformidad con lo previsto en el artículo 264 en relación con el la parte in fine del artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia MANTIENE la medida de privación judicial preventiva de libertad. Notifíquese a las partes de esta Decisión. Cúmplase.

En fuerza de las razones expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, intentada por la ciudadana SAARA ALVAREZ, a través de Apoderada Judicial, contra la ciudadana ELENA ESTHER ECHEVARRIA, representada por su Apoderado Judicial abogado FREDDY ALEXIS RODRÍGUEZ igualmente identificado; y SIN LUGAR la apelación interpuesta por las Abogadas BETTINA HERRERA y CAROLA ESCALANTE, en su carácter de Apoderadas Judiciales de la parte demandante, contra la decisión proferida por el JUZGADO TERCERO DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en fecha 09 de Agosto del 2.004.

Primero: Se ordena proseguir con la investigación y se le impone a la adolescente OMITIDO (Ppio. Confidencialidad ¿ parágrafo 2do art. 65 LOPNA) las medidas previstas en el literal ¿C¿ del artículo 582 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, a saber, la obligación de presentarse cada treinta (30) días por ante la oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial, debiendo para ello firmar el libro que se lleva a tal efecto. Se declara con lugar lo solicitado por la defensa en cuanto a que se le imponga a la adolescente imputada la medida cautelar prevista en el literal F del citado artículo 582, es decir la prohibición de comunicarse o mantener contacto con la víctima a menos que sea en aras de que la fiscalía promueva la conciliación. Segundo: Se ordena la práctica de los estudios clínicos previstos en el artículo 587 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente designándose para ello a los Servicios Auxiliares de este Circuito Judicia.....

Por auto motivado de esta misma fecha, este Tribunal reformó el Auto de Computo de la sanción impuesta al adolescente: CARLOS EDUARDO HERNANDEZ, a quien se le sigue el presente asunto, de conformidad a lo estatuido en el Artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal, por remisión expresa del Artículo 537 de la L.O.P.N.A..Igualmente se fijó Audiencia Incidental de conformidad al Artículo 483 del C.O.P.P. para el dia Lunes 04-10-04, a las 9:00 horas de la mañana, en la Sala 03 de esta Extensión Judicial. se ordenó librar las notificaciones pertinentes.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso procesal de apelación efectuado por el tercero opositor contra la decisión dictada el 13 de agosto de 1993, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; SEGUNDO: SE CONFIRMA en todas y cada unas de sus partes la sentencia dictada por el a quo y en consecuencia se declara SIN LUGAR la oposición a la medida de embargo realizada por los terceros opositores y se ordena la continuación del proceso en la fase de su ejecución.

En fundamento a lo anteriormente expuesto, este Juzgado Segundo del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara la extinción del proceso seguido por la abogada María Auxiliadora Bolívar Sánchez, contra la ciudadana Ramona López, antes señalada, por Cobro de Bolívares (Intimación). Y así se declara.

Por las razones que anteceden, este Tribunal CUARTO DE LOS MUNICIPIOS DE VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA CON LUGAR la demanda por COBRO DE BOLIVARES, intentada por la Abogada ABOGADO ROSA ELENA ROMERO CORONEL, antes identificada, contra el ciudadano JESÚS LUNAR, también antes identificada. En consecuencia se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de NOVECIENTOS MIL BOLIVARES (Bs.900.000,00), monto que corresponde a la letra de cambio cuyo pago se demanda, mas los intereses de mora legalmente permitidos generados desde el día 01 de marzo de 2002 fecha en que debió ocurrir el pago de la obligación hasta la fecha en que se haga efectivo el pago. En cuanto a la indexación demandada el Tribunal la considera procedente ya que es un hecho notorio la grave situación económica que atraviesa el País,.....

Este Tribunal acuerda HOMOLOGAR dicho Desistiendo y archivar el presente expediente.

PRIMERO: REVOCA la medida de embargo preventivo y la medida de secuestro decretada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 05 de noviembre de 2002. SEGUNDO: TERMINADA LA PRESENTE INCIDENCIA surgida con motivo de la oposición formulada por la parte demandada contra la medida de embargo preventivo y la medida de secuestro decretada en fecha 05 de noviembre de 2002. Todo en el juicio seguido por la ASOCIACIÓN CIVIL HOGARES CREA DE VENEZUELA contra los ciudadanos MARÍA FÁTIMA DE PONTES LORETO, EDUARDO ALFREDO MÉNDEZ PADRÓN Y ZORAIDA DEL CARMEN MÉNDEZ PADRÓN. No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la decisión.