V DECISIÒN En razón de lo antes expuesto, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- INADMISIBLE el recurso contencioso tributario de nulidad ejercido por la ciudadana Trina Abreu Hernández en representación de ARRENDA GRUA, S. A., admitido por este tribunal el 10 de marzo de 2004, contra los actos administrativos contenidos en la resolución culminatoria del sumario Nº RCE/DSA/540/2003-000006, del 11 de marzo de 2003, emitida por el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÒN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT) por diferencias de impuestos al valor agregado, multas e intereses, por bolívares cincuenta y seis millones trescientos siete mil doce sin céntimos (Bs. 56.307.012,00) para el período comprendido entre enero y diciembre de 2001. 2.- REVOCA el auto de admisión del recurso contencioso tributario de fecha 10 de marzo de 2004, dictado por este tribunal.

razón por la cual resulta procedente y ajustado a derecho ratificar al Penado JOSÉ ANTONIO CASTILLO antes identificado, el PERMISO ESPECIAL SUPERVISADO por un lapso de tres meses contados a partir de la presente fecha, lo cual se acuerda Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley y Así se decide. Notifíquese al Penado .Ofíciese a la Dirección del Centro de Tratamiento Comunitario Dr.” Andrés Grisanti Franceschi. Cúmplase.

DISPOSITIVA Por todo lo anteriormente expuesto, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito, Trabajo, Marítimo y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley; Declara PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda interpuesta por el ciudadano RICHARD MORALES, debidamente asistido y posteriormente representado Judicialmente por la Abogada YUDITH E. MIRANDA, contra la entidad mercantil DISTRIBUIDORA POLAR DEL CENTRO, SOCIEDAD ANONIMA (DIPOCENTRO S.A.), en la persona del ciudadano JOSE ALEJANDRO DIAZ y, representada judicialmente por la Abogada ROSA ELENA MARTINEZ, entre otros, por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES, y en consecuencia deberá cancelarle la demandada al actor, las cantidades que resultan de la Experticia Complementaria del Fallo que aquí se ordena.- No hay con.....

SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, solicitado por la Fiscalía Vigésimo Cuarta del Ministerio Público debido al FALLECIMIENTO del imputado: OMITIDO (Ppio Confidencialidd - art. 65 LOPNA) , identificado en autos de conformidad con lo consagrado en el Artículo 561, Literal D, en concordancia con lo establecido en los Artículos 318 y 48 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal y 103 de la Reforma Parcial del Código Penal Venezolano Vigente.

DECLARAR CON LUGAR el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, solicitado por la Abogada Defensora WILMA CRISTINA a favor del joven adulto OMITIDO (Ppio Confidencialidad - art. 65 LOPNA) , ya plenamente identificado, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 562 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente al cual ya se hizo referencia. SEGUNDO: Se decreta el presente SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO y se ordena el archivo de las actuaciones que constituyen el presente asunto. Archívese el presente asunto.

Se DECRETA MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACION PREVENTIVA DE LIBERTAD en contra de los imputados Oscar Ernesto Díaz Montañez, Miguel Ivan Martínez Impudia, Pedro Luis Vallejo, José Alberto Valencia y Edgar Darío Zambrano Delgado, por encontrarlos presuntamente vinculados con la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Legitimación de Capitales, previstos y sancionados en los artículos 34 y 37 numerales 1° y 3° ambos de la Ley de Reforma Parcial de La Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en perjuicio de la Nación Venezolana. Se deja constancia que en la presente audiencia se dio cumplimiento a los principios establecidos en el CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL y la CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.. Se acuerda que la presente causa continué por el procedimiento ordinario, aun cuando la detención se produjo flagrante. A los fines de la posterior incineración de la sustancia ilícita incautada, se fija Au.....

En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal TERCERO de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ADMINISTRANDO JUSTICIA en el nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por AUTORIDAD DE LA LEY, decreta la PERENCION DE LA INSTANCIA en la presente causa.

este Tribunal investido de la autoridad que dimana de la Constitución, considera procedente la pretensión Constitucional por la omisión que se ha producido al no suspender la totalidad de las medidas preventivas que se habían decretado en el marco del proceso seguido ante la primera instancia, violentándose de esa manera los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; SEXTO: Como fórmula restitutoria de la situación jurídica infringida, se suspenden en forma inmediata y definitiva las medidas preventivas de embargo decretadas el 30 de julio de 2004, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial en el juicio intentado por la ciudadana YRENE MARGARITA MARTINEZ GIRON contra el ciudadano RINO VICENZETTO COGO.

DECLARA CON LUGAR la demanda por DIVORCIO intentada por el abogado MIGUEL GONZALEZ BOYER, en su carácter de apoderado Judicial de la ciudadana MARIA JESUS MARTIN DE NAVARRO, contra el ciudadano ANSELMO FRANCISCO NAVARRO NAVARRO, todos identificados en esta sentencia y, en consecuencia, DECLARA DISUELTO con fundamento en la causal 2da. del artículo 185 del Código Civil, el vínculo matrimonial que los une.-

DECLARA EXTINGUIDA la presente causa, por decaimiento del trámite en la acción propuesta.-