PRIMERO: CON LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por JOSÉ BALADO GONZÁLEZ en contra de la sentencia dictada el 16 de febrero de 2005, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; SEGUNDO: SE REVOCA en todas y cada una de sus partes la sentencia recurrida y se DECLARA SIN LUGAR la pretensión de disolución de sociedad intentada por los ciudadanos JUAN FERNÁNDEZ MOREIRA y JOSÉ RICARDO GONZÁLEZ contra el ciudadano JOSÉ BALADO GONZÁLEZ, conforme a los razonamientos contenidos en la presente decisión. Se condena en Costas a la parte actora, por haber resultado vencida en el presente juicio en conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Civil.

En fundamento a los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Cuarto tanto del Nuevo Régimen como del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley:  Declara DESISTIDO, el recurso de apelación interpuesto por el ciudadano JUAN CARLOS SARELI, quien actúa en representación, de VENEZOLANA DE GRANITOS ASOCIADOS COMPAÑÍA ANONIMA (VENEGRAS), al no comparecer a la audiencia oral y publica. Y así se decide.  CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, en fecha 15 de Febrero-2006, que declaro admisión de los hechos con carácter relativo en la demanda planteada por el ciudadano JOSE VICENTE SIRA MUJICA, contra VENEZOLANA DE GRANITOS ASOCIADOS COMPAÑÍA ANONIMA.....

DISPOSITIVA Por los argumentos de hecho y de Derecho anteriormente expuestos, este Tribunal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 243, 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal DECRETA MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputado: FRANKLIN LEONARDO DIAZ ACOSTA, quien es Venezolano, natural de Valencia, Estado Carabobo, nacido en fecha 10-11-1982, de 23 años de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 22.426.049, de profesión u oficio Comerciante, hijo Migdalia Acosta e Hipólito José Díaz, domiciliado Barrio El Carmen, calle Cedeño, casa # 4, Sector Panecito, Güigüe, Municipio Carlos Arvelo, estado Carabobo. Se ordena proseguir la investigación mediante el procedimiento ordinario. Se ordena la destrucción de las sustancias ilícitas incautadas, designándose como experto a la Dra. Marauri Pe.....

DISPOSITIVA Por los argumentos de hecho y de Derecho anteriormente expuestos, este Tribunal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 243, 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal DECRETA MEDIDA JUDICIAL DE PRIVACIÓN PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputado: PEDRO VICENTE BERRO LAYA, venezolano, natural de Barinas Estado Barinas, fecha de nacimiento 06/03/1978, titular de la Cédula de Identidad Nº 16.773.527, de profesión u oficio Albañil, hijo Pedro Berro e Isabel Laya domiciliado Urb. Sta. Eduviges, calle Páez, casa s/n. Municipio Libertador, estado Carabobo. Se ordena proseguir la investigación mediante el procedimiento ordinario. De quedar firme la presente decisión remítase la presente actuación a la Fiscalía Vigésima Segunda del Ministerio Público del estado Carabobo. Líbrese boleta de privación de libertad y.....

Seguidamente este Tribunal Tercero Ejecutor de Medidas actuando por comisión en nombre de la República Bolivariana de Venezuela declara SECUESTRADO el inmueble objeto de la medida constituido por un apartamento ubicado en la Urbanización La Isabelica, Bloque 21, Piso 03, apartamento Nro. 03-01, escalera 01, en Jurisdicción de la Parroquia General Rafael Urdaneta, Municipio Autónomo Valencia del Estado Carabobo y lo deja bajo la guarda y custodia de la depositaria judicial designada.

Ley, declara SEPARADOS LEGALMENTE DE CUERPOS Y BIENES, a los cónyuges anteriormente nombrados, bajo las condiciones estipuladas en el citado escrito.

la Ley, declara SEPARADOS LEGALMENTE DE CUERPOS Y BIENES, a los cónyuges anteriormente nombrados, bajo las condiciones estipuladas en el citado escrito.

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando como Tribunal Constitucional en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta el 14 de marzo del 2.006, por la abogada NORYS DEL VALLE SUNIAGA FIGUERA. PUBLIQUESE, y REGISTRESE. DEJESE COPIA.

En consecuencia, este Juez Undécimo del Tribunal en Función de Control administrando Justicia en el Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA POR PRESCRIPCIÓN de la acción penal, de conformidad con las normas ya indicadas. No se condena en Costas, por la garantía de la justicia gratuita estatuida en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Notifíquese, ofíciese al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, a los fines de su ejecución y remítanse las actuaciones en su oportunidad al Archivo Judicial. Cúmplase.

Se declaró: 1.CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano HENRY FELIPE CHÁVEZ, titular de cédula de identidad Nro. 6.238.729, debidamente asistido por el abogado Guiomar Ojeda Alcala, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 90.554, en consecuencia se declara la nulidad absoluta del acto administrativo contenido en la Resolución Nro. D-A-00021-12-2004, de fecha treinta (30) de diciembre de 2004, emanada del ALCALDÍA DEL MUNICIPIO JOSÉ ANTONIO PÁEZ DEL ESTADO YARACUY; y 2. En consecuencia SE ORDENA la reincorporación del querellante a su cargo, así como los salarios dejados de percibir desde la fecha de su ilegal retiro hasta su reincorporación definitiva al cargo. A los fines del calculo de los mismos se ordena experticia complementaria al fallo, de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil.