AUTO. REINGRESO DE EXPEDIENTE . Por recibido el presente expediente, mediante oficio Nº JSA 2006-2010, de fecha 30 de junio de 2010, proveniente del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes con competencia en el territorio de los Estados Cojedes, Aragua y Carabobo con sede en la ciudad de San Carlos, recibido por éste Juzgado de Primera Instancia Agraria, en fecha 20 de julio del presente año, constante de dos (02) piezas; la primera con doscientos ochenta y uno (281) folios útiles y la segunda con ciento sesenta y dos (162) folios útiles. En consecuencia, éste Tribunal ordena el reingreso del presente expediente. Regístrese en los libros respectivos.

Por las consideraciones expuestas, este Tribunal, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, con fundamento en los artículos 16 del Código de Procedimiento Civil y 80, 86 y 144 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, declara: 1. CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por los abogados Luis Eduardo Meléndez y Wilfredo Feo, Inpreabogado Nº 30.777 y 99.604, respectivamente, con carácter de apoderado judicial de los ciudadanos JOB MUJICA, CARMEN CARRERA y ALEXIS IGLESIAS, cédulas de identidad V-10.736.504, V-5.748.473 y V-7.080.684, respectivamente. En consecuencia, SE DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA del Acta de Sesión Nro. 01/2006 de fecha 3 mayo 2006, dictada por el Concejo Municipal del Municipio Libertador "en cabildo abierto", por la cual se retira a los ciudadanos recurrente de su cargos como Concejales del Municipio Libertador, Estado Carabobo 2. SE ORDENA la reincorporación de forma inmediata .....

ACUERDA notificar a la ciudadana Fiscal Superior del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, acerca de la omisión en que ha incurrido la Fiscalía 30º del Ministerio Público, en el asunto Nº GP01-M-2010-41, instruida contra el ciudadano JULIO ENRIQUE URBINA, por la presunta comisión del delito de AMENAZA y VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el Art. 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, al no haber dictado dentro del lapso de cuatro meses desde el inicio de la investigación, el acto conclusivo correspondiente, todo ello conforme a lo dispuesto en los Arts. 79 y 103 ejusdem.