CON LUGAR la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR VENCIMIENTO DE TERMINO incoada por la abogada MERY IRALI ANGARITA FALCÓN, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 110.955, actuando en su carácter de apoderada judicial del ciudadano MANUEL MONTENEGRO MUÑOZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-1.140.386, contra la ciudadana NIDIA PEREZ DE SUAREZ, titular de la cédula de identidad N° V-13.469.765.-

en virtud que este Tribunal es competente para conocer del asunto planteado de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, por cuanto la querella cumple con los requisitos exigidos por el artículo 95 eiusdem, se admite cuanto ha lugar en derecho.

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante; SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada el 19 de octubre de 2009, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, la cual declara la perención de la instancia de conformidad con el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

Conforme a lo expuesto, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, con sede Valencia, Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: 1. PROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos interpuesta por la abogada LEDA DEL ROSARIO VENTURI PEREZ, cédula de identidad V-8.995.039, Inpreabogado Nro. 56.125, con carácter de apoderado judicial de PETROCASA, S.A, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 29 diciembre 2006, Nro. 67, Tomo 113-A. 2. En consecuencia, SE ORDENA la suspensión de efectos de la Providencia Administrativa Nro. 121/2010, dictada el 06 abril 2010 por la Inspectoría del Trabajo "Batalla de Vigirima" de los Municipios Guacara, San Joaquín, Diego Ibarra y Los Guayos del Estado Carabobo, sede Guacara, Estado Carabobo, por la cual se ordena a la parte recurr.....

considerando que este Tribunal es competente para conocer del asunto planteado de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y por cuanto la querella cumple con los requisitos del artículo 95 eiusdem, se admite cuanto ha lugar en derecho.

Por lo tanto, este Tribunal Segundo del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le concede la ley se declara incompetente para conocer de la presente causa, en consecuencia plantea el conflicto negativo de competencia y solicita la Regulación de Competencia al Tribunal Superior de esta Circunscripción Judicial del Estado Carabobo al que mediante distribución le corresponda su conocimiento. Se ordena, la remisión del presente expediente al Tribunal Superior con funciones de Tribunal Distribuidor.

Se suspende la medida preventiva de embargo que pesa sobre bienes propiedad de la parte demandada y que fue ejecutada en fecha 26 de febrero de 2010 por el Juzgado Primero Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua, San Diego y Carlos Arvelo de esta Circunscripción Judicial, actuación está última que quedó anulada por decisión dictada por este Juzgado en fecha 06 de mayo de 2010.

Por todo lo expuesto, este Tribunal Segundo del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley de conformidad con lo establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil decreta medida de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada de autos ciudadano Envigio Riera Cabrera, cédula de identidad No. V.- 4.431.785, hasta cubrir la suma de Setenta Mil Trescientos Veintitrés Bolívares Exactos (Bs. 70.323,00), que comprende el doble del monto demandado que es la cantidad de Treinta y Un Mil Novecientos Sesenta y Cinco Bolívares Exactos (Bs. 31.965,00), suma líquida y exigible por la letra de cambio acompañada al libelo de la demanda, más la suma de Seis Mil Trescientos Noventa y Tres Bolívares Exactos (Bs. 6.393,00) por concepto costas procesales, incluyendo los honorarios profesionales calculadas al 20% del valor de la deuda.....

Este Tribunal en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en los Artículos 258. 89 Numeral segundo de la constitución nacional, 3 de la ley Orgánica del Trabajo 10 Y 11 de su reglamento y artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador, ni normas de orden público, en NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la ley, HOMOLOGA EL ACUERDO DE LAS PARTES, en los términos como lo establecieron, dándole efectos de Cosa Juzgada. Se acuerda expedir las copias certificada de la presente acta, solicitada por las partes. Se ordena el cierre del presente expediente, así como su posterior remisión a la Oficina de Archivo.

En fuerza de las anteriores consideraciones, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario del Municipio Puerto Cabello, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Consumada la PERENCION y PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido el lapso establecido en el encabezamiento del articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin que la parte actora impulsara la presente causa, en el juicio de RECTIFICACION DE PARTIDA DE NACIMIENTO, interpuesta por la ciudadana EMMI YUCELY REYES GOMEZ, identificada en el encabezamiento de la presente decisión; y en consecuencia EXTINGUIDO el presente proceso. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas conforme a lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.- TERCERO: En obsequio al derecho a la defensa, y en virtud que la presente decisión procede de oficio, notifíquese a las partes, conforme los artículos 7, 14.....