Declara Sin Lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la abogada Yanneth C. Ramos, en su condición de defensora privada del ciudadano Pedro Antonio Velásquez Zavala, contra la decisión dictada en fecha 15 de octubre de 2010 y publicada en fecha 19 de octubre de 2010, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, en el asunto N° GP11-P-2010-001627, mediante el cual decretó medida privativa judicial preventiva de libertad al referido ciudadano por el delito de Fuga, previsto y sancionado en el articulo 258 del Código Penal Venezolano.

V DECISIÓN Por las razones expresadas, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: 1) PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso tributario de nulidad interpuesto la ciudadana Karina Celeste Sabatino Pérez, en su carácter de apoderada judicial de INTERSHIPPING, C.A., contra el acto administrativo contenido en la Resolución de Multa Nº SNAT/INA/GAPG/ARA/UAR/2009/Nº 056, SNAT/INA/GAPG/ARA/UAR/2009/Nº 057 ambas del 29 de octubre de 2009 y SNAT/INA/GAPG/ARA/UAR/2009/Nº 050, SNAT/INA/GAPG/ARA/UAR/2009/Nº 048 ambas del 04 de noviembre de 2009, emanadas de la Gerencia de la Aduana Principal la Guaira del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), mediante la cual determinó que la contribuyente incumplió con lo establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica de Aduanas, e impuso una multa por el valor total de las mercancías por bolív.....

DECISIÓN En merito de lo antes expuesto, este tribunal Segundo de Primera Instancia en funciones de control, Audiencias y Medidas, con competencia en Delitos de Violencia contra la Mujer, del Circuito Judicial del Estado Carabobo, Decreta Medida cautelar Sustitutiva de Libertad al ciudadano: ROBERTO JOSÉ RONDÓN, de conformidad con lo previsto en el artículo 256 ordinal 3º y 9 del COPP, en relación con lo dispuesto en el artículo 92.7 de la Ley especial. Se impuso la obligación de cumplir con las medidas de protección, contenidas en los ordinales 5º y 6º del art 87 de la Ley Orgánica.

verificado el cumplimiento de los requisitos del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el Tribunal encuentra que la pretensión cumple los requisitos. Vistas las condiciones de admisibilidad de la citada pretensión de amparo, de acuerdo a las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la citada Ley de Amparo, con fundamento en los argumentos de la accionante y los recaudos consignados, el Tribunal constata que, por no encontrarse incursa, prima facie, en las citadas causales, la pretensión es admisible. Así se declara.

verificado el cumplimiento de los requisitos del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el Tribunal encuentra que la pretensión cumple los requisitos. Vistas las condiciones de admisibilidad de la citada pretensión de amparo, de acuerdo a las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la citada Ley de Amparo, con fundamento en los argumentos de la accionante y los recaudos consignados, el Tribunal constata que, por no encontrarse incursa, prima facie, en las citadas causales, la pretensión es admisible. Así se declara.

verificado el cumplimiento de los requisitos del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el Tribunal encuentra que la pretensión cumple los requisitos. Vistas las condiciones de admisibilidad de la citada pretensión de amparo, de acuerdo a las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 6 de la citada Ley de Amparo, con fundamento en los argumentos de la accionante y los recaudos consignados, el Tribunal constata que, por no encontrarse incursa, prima facie, en las citadas causales, la pretensión es admisible. Así se declara.

Seguidamente el Tribunal visto el convenimiento realizado entre las partes declara cumplida su misión, libera a la depositaria judicial designada, deja expresa constancia que durante el lapso que duro la practica de la medida no se causaron daños a persona alguna ni a bienes materiales, ordenando se remitan las actuaciones a su tribunal de causa y que el mismo regrese a su sede siendo las 2:30 de la tarde, es todo, termino, se leyó y conformes firman.

Seguidamente el Tribunal visto el convenimiento realizado entre las partes declara cumplida su misión, libera a la depositaria judicial designada, deja expresa constancia que durante el lapso que duro la practica de la medida no se causaron daños a persona alguna ni a bienes materiales, ordenando se remitan las actuaciones a su tribunal de causa y que el mismo regrese a su sede siendo las 12:15 de la tarde, es todo, termino, se leyó y conformes firman.

V DISPOSITIVA Por las razones de hecho y de derecho antes explanadas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA Y DAÑOS Y PERJUICIOS, intentada por el abogado ERICK BARRIOS VENEGAS, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro. 78.414, actuando en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana YULEIMA CASTILLO OVIEDO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 7.048.119 y de este domicilio, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL PROUR C.A., inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha (16) de Mayo de 2.001, bajo el Nro. 02, Tomo 37-A, representada por el ciudadano FRANCISCO JOSÉ DI CRISCIO FERRER.

este Tribunal se pronuncia sobre su admisibilidad en los siguientes términos; y por cuanto se observa que en el presente recurso no se encuentra incurso en las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; se admite cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva.