Por las anteriores consideraciones este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, RECHAZA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado Tercero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En consecuencia, corresponde determinar la competencia, al Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario, del Tránsito y de Protección de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, al cual se acuerda remitir el presente expediente, de conformidad con lo establecido en los artículos 70 y 71 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de que sea la alzada, quien determine cual es el Tribunal competente para conocer y decidir la presente causa. Remítase el expediente en su oportunidad.

Es así como el Tribunal evidencia que desde el día 22 de Marzo del 2011, se observa fecha en la que se admitió la demanda hasta el día 22 de Abril del 2011, se observa que la parte actora no puso a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para la citación de la parte demandada, y así dar cumplimiento con las obligaciones que el impone la ley. Por lo tanto, en el presente caso se configura el supuesto de hecho de la perención breve, de conformidad con el Artículo 267 ordinal 1°, del Código de Procedimiento Civil. Y así se declara, por lo que este Tribunal Tercero de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara PERIMIDA LA INSTANCIA y así se decide. No se condena en costas a la parte demandada por no haber resultado vencida. PUBLIQUESE REGISTRESE y NOTIFIQUESE. Dada, firmada y sellada en la Sala de e.....

Se reitera que la intensión clara del decreto, de acuerdo a las normas citadas, es la suspensión de la ejecución material del desalojo o desocupación, y no impedir a los órganos de administración de justicia la aplicación de la Ley". Este Tribunal observa lo siguiente: De conformidad con lo establecido en los Artículos 94 y 96 de la Ley de Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, ésta contempla un procedimiento previo a las demandas, conforme a las normas citadas en materia de arrendamiento de viviendas es necesario agotar previamente la vía administrativa para acceder a la sede judicial, siendo que en el caso de autos no consta que la parte actora haya agotado el procedimiento previsto en los Artículos 7 al 10 del Decreto Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas de fecha 07 de Noviembre de 2011 y como quiera que la Sentencia de la Sala de Casación Civil, no debe ser aplicada a los casos de arrendamiento de vivienda debido a que la Ley que .....

De la revisión del presente expediente se desprende que, la sentencia dictada en este proceso, es una sentencia de que pone fin al presente juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO; lo cual, aunado a que para la fecha en que se interpuso la demanda, vale señalar, el 16 de diciembre de 2008, se encontraba vigente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual establece en el segundo aparte del artículo 18, que para anunciar casación se requiere que el interés principal del asunto exceda la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL BOLIVARES (Bs. 138.000,oo), que es el resultado de multiplicar TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.), por CUARENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 46,oo), que es el valor de cada una, para la fecha en que fue interpuesta la misma; y dado que la cuantía de la presente demanda fue estimada en la cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 538.150,00); de conformidad con lo establecido en el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil, e.....

El Tribunal NO TIENE MATERIA SOBRE LA CUAL DECIDIR, habida cuenta de que el solicitante pide ejecución de medidas cautelares aun cuando no ha sido decretada ninguna medida, y, aun cuando este Tribunal no es un juzgado ejecutor de medidas. Por otra parte, pide medidas que resultan improcedentes en derecho, toda vez que recaen sobre bienes de una "comunidad" que no es parte en el presente juicio, y, sobre bienes de terceros como lo son el ciudadano CARLOS JOSÉ GALVÁN PÉREZ, y, las sociedades mercantiles referidas en su escrito. Por último, el solicitante pide medidas cautelares innominadas, sin poner a cuentas al tribunal consideraciones acerca del necesario periculum in damni, requisito indispensable para la procedencia de este tipo de medidas, y, resulta ininteligible para este tribunal, la expresión "prohibición de innovar". Así pues, se niegan las diecinueve (19) medidas solicitadas. Y así se declara.-

Por las razones de hecho y de derecho antes explanadas, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: INADMISIBLE la reconvención, presentada por los abogados ZULEYKA PINTO CASTILLO y JAIRO JOSÉ GARCÍA, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 20.724 y 14.121, respectivamente, apoderados judiciales del ciudadano CESAR AUGUSTO PÉREZ VIVAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-2.130.956. Publíquese y déjese copia.

Por cuanto el tribunal observa que la parte demandante ciudadano DENIS ALEXANDER VALECILLOS GARAY, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. V-11.521.737, de este domicilio, no compareció a dar contestación a la demanda del juicio ni por si, ni mediante apoderado judicial, y tal y como lo dispone el artículo 758 del Código de Procedimiento Civil, en su parte final, cuyo contenido es el siguiente: ".....La falta de comparecencia del demandante al acto de contestación de la demanda causara de extinción del proceso....." En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal declara EXTINGUIDO el proceso, tal y como lo contempla la norma adjetiva antes mencionada.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso procesal de apelación interpuesto por la parte demandante, ciudadano NOEL CORDERO SANCHEZ; SEGUNDO: SE REVOCA la sentencia dictada en fecha 20 de diciembre de 2011 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo que decretó la perención de la instancia. No hay condena en costas procesales de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Se ordena remitir el presente expediente al tribunal de origen en la oportunidad correspondiente.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Décimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA PARCIALMENTE CON LUGAR LA ACCIÓN INTENTADA, en ocasión de la incomparecencia de la demandada, lo cual arroja como consecuencia la presunción de la admisión de los hechos alegados por el demandante, por lo que, previo ajuste efectuado por este Tribunal de los conceptos reclamados, se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTISIETE BOLIVARES CON OCHENTA CENTIMOS (Bs. 71.127,80 ), el cual comprende los conceptos y montos que se discriminaron anteriormente. Igualmente este Tribunal condena al pago por concepto de INDEXACIÓN MONETARIA e INTERESES MORATORIOS; y para determinar el monto a pagar por concepto de Indexación, se ordena practicar EXPERTICIA COMPLEMENTAR.....

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriores, este JUZGADO DEL MUNICIPIO DIEGO IBARRA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia, en nombre de los Ciudadanos y Ciudadanas, la República Bolivariana de Venezuela y la Autoridad que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley, declara: CON LUGAR, la solicitud de CONVERSIÓN DE SEPARACIÓN DE CUERPOS EN DIVORCIO, formulada por los ciudadanos MERY ROMELIA ACEVEDO TORCATE Y MARIO ANTONIO MOGOLLON VASQUEZ Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números: V-12.927.089 y V- 12.286.743, respectivamente, debidamente asistidos por el abogado ARTURO VASQUE, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 55.335. En consecuencia, se declara: DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL celebrado en fecha: 10 de Septiembre de 2.004, por ante el Alcalde y primera autoridad Civil del Municipio Diego Ibarra del Estado Carabobo, asentado en el Libro de Registro de Matrimonio.....