Y visto que el objeto de la presente controversia versa sobre un Cobro de Bolívares, la presente causa no versa sobre derechos indisponibles, ni resulta contrario al orden público elementos constitutivos de la capacidad objetiva, en razón de todo lo cual este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley HOMOLOGA, el acto de autocomposición procesal celebrado entre las partes y acuerda tener el mismo como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Y ASI SE DECIDE.

Este Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Circuito Judicial Laboral del Estado Carabobo con sede en Valencia, en vista de que la mediación ha sido positiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, da por concluido el proceso, y por cuanto el mismo no vulnera derechos irrenunciables del trabajador derivados de la relación de trabajo, ni normas de orden público, HOMOLOGA EL PRESENTE ACUERDO, en los términos como las partes lo establecieron, dándole efectos de Cosa Juzgada y se exhorta a las partes a cumplir de buena fe los acuerdos contenidos en la presente acta.

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en mérito de lo precedentemente establecido DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL DE LA PRESENTE ACTUACIÓN Y ORDENA EL CESE DE LA CONDICIÓN DE IMPUTADO, ASÍ COMO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES IMPUESTAS AL CIUDADANO MARIO JOSE OJEDA OJEDA

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en merito de lo precedentemente establecido DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL DE LA PRESENTE ACTUACION Y ORDENA EL CESE COMO IMPUTADO ASI COMO LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCION Y SEGURIDAD IMPUESTAS AL CIUDADANO: OSCAR ALEXIS ROMERO, ello en conformidad con lo establecido en los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación a lo establecido en el artículo 282 y 314 del Código Orgánico Procesal penal y artículos 26 y 44 ordinal 3º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Notifíquese a las partes. Líbrese Oficio al C.I.C.P.C.es. Cúmplase.-

Con fundamento a los razonamientos antes expuesto, este JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en sede Contencioso Administrativa, Administrando Justicia y actuando en sede Contencioso Administrativa, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el Recurso de Nulidad interpuesto por la empresa INVERSIONES 1403, C.A, inscrita por ante el Registro Mercantil V de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 06/04/2010, bajo el No. 32, Tomo 54-A y con modificaciones de fecha 14/04/2010, bajo el Nº 61-A., en contra de la Providencia Administrativa No. 00041-12, de fecha 01 de febrero de 2012, dictada por la Inspectoría del Trabajo Batalla de Vigirima de los Municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra del Estado Carabobo.

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en merito de lo precedentemente establecido DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL DE LA PRESENTE ACTUACION Y ORDENA EL CESE DE LAS MEDIDAS DE PROTECCION Y SEGURIDAD IMPUESTAS AL CIUDADANO: MANUEL ENRIQUE PONTE DE LA CONCHA, así como el Cese de su condición de Imputado, ello en conformidad con lo establecido en los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación a lo establecido en el artículo 282 y 314 del Código Orgánico Procesal penal y artículos 26 y 44 ordinal 3º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Notifíquese a las partes: denunciante, denunciado y a la Fiscalía 31º del Ministerio Público, toda vez que no se reporta en el sistema, que le hayan sido impuestas por .....

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, en merito de lo precedentemente establecido DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL DE LAPRESENTE ACTUACION Y ORDENA EL CESE DE LAS MEDIADA DE PROTECCION Y SEGURIDAD IMPUESTAS AL CIUDADNO: RAFAEL COHELS; por parte de la Fiscalía 31º del Ministerio Publico, así como el Cese de su condición de Imputado, ello en conformidad con lo establecido en los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación a lo establecido en el artículo 282 y 314 del Código Orgánico Procesal penal y artículos 26 y 44 ordinal 3º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Notifíquese a las partes: denunciante, denunciado y a la Fiscalía 31º del Ministerio Público, toda vez que no se reporta en el sistema, q.....

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la solicitud elevada por la Defensa Pública y en consecuencia, en mérito de lo precedentemente establecido DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL DE LA PRESENTE ACTUACIÓN Y ORDENA EL CESE COMO IMPUTADO Y DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IMPUESTAS AL CIUDADANO. CESAR OSWALDO MARQUEZ NATERA, por este Tribunal, , ello de conformidad con lo establecido en los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación a lo establecido en el artículo 282 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal y artículos 26 y 44 ordinal 3º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la solicitud elevada por la Defensa Pública y en consecuencia, en mérito de lo precedentemente establecido DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL DE LA PRESENTE ACTUACIÓN Y ORDENA EL CESE COMO IMPUTADO Y DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD QUE IMPUESTAS AL CIUDADANO. JORGE ANDRES CASTELLANO, por el Tribunal, así como el Cese de su condición de denunciado, investigado o imputado, según haya sido el caso, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación a lo establecido en el artículo 282 y 314 del Código Orgánico Procesal penal y artículos 26 y 44 ordinal 3º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.....

Este Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control, Audiencias y Medidas del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR la solicitud elevada por la Defensa Pública y en consecuencia, en mérito de lo precedentemente establecido DECRETA EL ARCHIVO JUDICIAL DE LA PRESENTE ACTUACIÓN Y ORDENA EL CESE DE LA CONDICIÓN DE IMPUTADO Y LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IMPUESTAS AL CIUDADANO. JONATAN WUILBER ALTUBE, ello de conformidad con lo establecido en los artículos 79 y 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en relación a lo establecido en el artículo 282 del Código Orgánico Procesal Penal y artículos 26 y 44 ordinal 3º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.