Visto el auto de admisión de esta misma fecha, este Tribunal decreta la intimación de la parte deudora que lo es ciudadano GLENN EDUARDO ROMERO BENITEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 20.164.169, de este domicilio, para que pague dentro de los diez (10) días de Despacho siguientes, a partir de la fecha en que conste en autos su intimación, las siguientes cantidades: PRIMERO: La cantidad de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL BOLIVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 8.225.000,00) por concepto de deuda principal, SEGUNDO: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.1.645.000,00), por intereses de mora. TERCERO: la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 2.467.500,00) por concepto de costas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 648 del Código de Procedimiento Civil. Apercíbasele que en el plazo indicado debe hacer el pago o formular oposición y que no habiendo ésta se procederá a la ejec.....

Y visto que el objeto de la presente controversia versa sobre una demanda por COBRO DE BOLÍVARES (INTIMACION), la presente causa no versa sobre derechos indisponibles, ni resulta contrario al orden público elementos constitutivos de la capacidad objetiva, en razón de todo lo cual este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley HOMOLOGA, el desistimiento del procedimiento formulado por la parte actora, y acuerda tener el mismo como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Y ASI SE DECIDE.

En orden a los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley CONCEDE FUERZA EJECUTORIA EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A LA SENTENCIA N° DOS DEL DOS MIL CINCO, dictada en fecha 10 de enero de 2005, por el Tribunal Municipal Popular de Puerto Padre, de la República de Cuba, referente al proceso de divorcio intentado por el ciudadano ALDO WALTER TERRERO PEREZ y RAMONA JOSEFA REYES LEYVA, quedando disuelto el matrimonio. PUBLÍQUESE REGÍSTRESE DÉJESE COPIA

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte actora recurrente. SEGUNDO: CON LUGAR la apelación interpuesta por la parte accionada recurrente. TERCERO: SE MODIFICA la Decisión emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, de fecha: Treinta y Uno (31) de Julio de 2014.

"...este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando en sede constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley declara: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano ERASTO YUNIS LATUFF MUÑOZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cédula de identidad No. 4.456.977, asistido por el abogado JOSE ENRIQUE AVILA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 110.875, en contra de A.C. FC CARABOBO. Se insta a la parte accionante, conforme a la tutela judicial efectiva, a intentar su acción a través de la vía ordinaria..."

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, administrando Justicia y por la autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la Inhibición formulada por el Doctor WILFREDO GONZALEZ SOSA, en su condición de Juez Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En consecuencia, conforme al criterio vinculante contenido en la decisión de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 23 de Noviembre del año 2010, caso: "Acción de amparo constitucional interpuesto por el ciudadano Ciro Francisco Toledo", se ordena lo siguiente: Procediendo éste Juzgado previamente a la revisión del Sistema Juris 2000 atendiendo al Principio de Notoriedad Judicial, se observa que el conocimiento de la causa principal correspondió al Juzgado Octavo de Primera Instancia de Sust.....

y no es contraria al orden público ni a las buenas costumbres o alguna disposición expresa por la Ley, se admite en cuanto ha lugar en derecho. Con relación a la Medida Preventiva solicitada, el Tribunal resolverá por auto separado en Cuaderno de Medidas que se ordena abrir al efecto. Se ordena librar decreto de intimación.

DECRETA Medida de Embargo Preventivo sobre bienes propiedad de la parte demandada ciudadano GLENN EDUARDO ROMERO BENITEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 20.164.169, de este domicilio, hasta cubrir la cantidad de VEINTIDOS MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 22.207.500,00) que comprende el doble de la cantidad demandada; la cual es: PRIMERO: La cantidad de DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 19.740.000,00), que corresponde al monto de capital adeudado y los intereses moratorios, mas la cantidad de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 2.467.500,00) por concepto de costas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 648 del Código de Procedimiento Civil. En caso de embargarse cantidades líquidas de dinero el embargo será hasta cubrir la cantidad de: DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 12.337.500,00) que comprende la cant.....

Por tanto, sobre la base de meras presunciones extraídas del juicio de verosimilitud que se hace en esta decisión, sin que ello implique el establecimiento de certeza definitiva acerca de las razones en que se funda la demanda, considera esta Juzgadora improcedente la medida cautelar solicitada, en razón de que la pretensión de la parte actora y los instrumentos y el objeto no fue fundamentada su pedimento cautelar, no tienen la motivación que hacen parecer la necesidad de las medidas. Así se declara.

De la revisión del presente expediente se desprende que, la sentencia dictada en este proceso, es una sentencia de que pone fin al presente juicio por DAÑOS Y PERJUICIOS; lo cual, aunado a que para la fecha en que se interpuso la demanda, vale señalar, el 13 de febrero de 2012, se encontraba vigente la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la cual establece en el segundo aparte del artículo 18, que para anunciar casación se requiere que el interés principal del asunto exceda la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL BOLIVARES (Bs. 228.000,oo), que es el resultado de multiplicar TRES MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (3.000 U.T.), por SETENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 76,oo), que es el valor de cada una, para la fecha en que fue interpuesta la misma; y dado que la cuantía de la presente demanda fue estimada en la cantidad de UN MILLON OCHOCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS VEINTE BOLIVARES CON TREINTA Y OCHO CENTIMOS (Bs. 1.813.520,38), equivalente a 23.862,11 Unidades Tributarias; de conformidad con .....