En esta misma fecha se publicó auto en donde se DECLARÓ CONSTITUIDO EL TRIBUNAL UNIPERSONAL y fijó el Juicio Oral y Público para el día MIERCOLES 05/04/2006 a las 11:45 horas de la MAÑANA, de acuerdo con la Agenda Única de actos en la que ya se encuentran fijados otros juicios que se siguen a otros acusados que se encuentran privados de libertad. Notifíquese a la Defensa y a los acusados.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por el ciudadano Hikmat Nassib El Fakih, contra la sentencia dictada el 07 de julio de 2003 y su ampliación dictada el 28 de julio de 2003, ambas por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y, en consecuencia SE REVOCA la sentencia apelada, conforme a los razonamientos contenidos en la presente decisión; SEGUNDO: CON LUGAR la demanda de divorcio intentada por el ciudadano HIKMAN NASSIB EL FAKIR en contra de la ciudadana SALMA ZEID MASRIN y, en consecuencia se declara expresamente disuelto el vínculo matrimonial que ha unido a las partes desde el 11 de agosto de 1997, celebrado por ante el Juzgado Sexto de Parroquia de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; TERCERO: SIN LUGAR la demanda de divorcio intentada por la ciudadana SALMA ZEID MASRIN en contra del .....

Se dictó interlocutoria, con ocasión de habérse llevado a cabo la Audiencia especial convocada por este Tribunal, mediante la cual se niega la entrega del vehículo solicitado por la ciudadana Janeth Coromoto Márquez. Se ordena remitir las actuaciones al Ministerio Público.

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado EDISON RODRÍGUEZ LOVERA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No 30.464, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora. SEGUNDO:. SIN LUGAR la demanda incoada por la ciudadana ORFELIA LUNA PEÑALOZA, titular de la cédula de identidad Nº 7.089.778, contra la sociedad de comercio LA LUCHA C.A., domiciliada en los Teques estado Miranda, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y estado Miranda, el día 05 de junio de 1957, bajo el No 31, Tomo 11-A.

UNICO: LA SUSPENSION de las medidas decretadas por el tribunal de primera instancia e INOFICIOSO el trámite de la contradicción cautelar conforme a los razonamientos contenidos en la presente decisión. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

UNICO: SIN LUGAR el recurso procesal de apelación intentado por la abogada Yoli Díaz Lugo, quién actúa como apoderada de la parte actora contra la decisión dictada el 31 de octubre de 2005 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y, en consecuencia se CONFIRMA la referida decisión en todas y cada una de sus partes. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

Este Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la inhibición interpuesta por el Abg. RAFAEL RICARDO GIMENEZ, en su carácter de Juez Provisorio del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Agrario de esta Circunscripción Judicial, con sede en esta ciudad. En consecuencia, remítase el presente expediente al precitado Tribunal, a los fines legales consiguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. PUBLIQUESE, REGISTRESE y DEJESE COPIA

En virtud de lo expuesto, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, Tránsito y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República, y por Autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR la recusación interpuesta en el mes de enero del 2.006, por la abogada NIEVES CLARIEL RANGEL, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos PABLO ENRIQUE OSIO OSIO, BEATRIZ DE UTRERA, JESUS MIGUEL OSIO OSIO, y LUIS RAMON OSIO, contra la Abog. ROSA MARGARITA VALOR, en su carácter de Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de esta Circunscripción Judicial. Por cuanto no se desprende en forma alguna que la recusación interpuesta sea criminosa, se le impone a la recusante la multa de DOS MIL BOLIVARES (Bs. 2.000,00), a que se contrae el artículo 98, del Código de Procedimiento Civil, la cual deberá pagar en un término de tres (3) días en el Tribunal donde .....

DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Tribunal Tercero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado MARCO ROMAN AMORETTI, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 21.615, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano ALEXANDER CRISTOBAL GALLARDO ROJAS, titular de la cédula de identidad Nº 7.112.734, contra la empresa TRANSPORTE Y SERVICIOS CORPOQUIM, C.A., y se le condena a esta a cancelar al actor la cantidad de Bs. UN MILLON SETECIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 39/100 (Bs. 1.717.055,39).

SIN LUGAR la demanda incoada por los ciudadanos ALEXANDER VEROES y ERNESTO GUTIERREZ, contra la Sociedad Mercantil GOYO?S CARS NAUTIC, C.A.; SIN LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por la parte Actora,; Queda en estos términos confirmada la sentencia recurrida; No hay condena en costas por no ser pasibles de tal condena quienes devenguen menos de tres salarios mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional.