TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
Valencia, veintiseis (26) de marzo de 2025
Años: 214° de Independencia y 166° de la Federación
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y LA CAUSA
PARTE DEMANDANTE: MARLENE MARGARITA BARRIOS TORRES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.837.618.
ABOGADO (S) ASISTENTE (S) Y/O APODERADO (S) JUDICIAL (ES) DE LA PARTE DEMANDANTE: ROBERTO ANTONIO HERNÁNDEZ BAZÁN, WILIAN DIAZ GUZMAN, CARLOS JOSÉ BLANCO, JESÚS ALBERTO CORRALES TORRES y ANA GABRIELA RUIZ MARTÍNEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 22.270, 22.435, 48.566, 249.961 y 251.113, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: IGNACIO ANTONIO LOZADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 925.851.
MOTIVO: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
EXPEDIENTE: N°. 24.421
DECISIÓN: PERENCIÓN DE LA INSTANCIA. (INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA)
Por cuanto fui designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia en sesión de fecha 07 de agosto del 2023, Juez Provisoria del Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, según consta del Oficio TSJ-CJ-N° 2202-2023, de esa misma fecha y juramentada por la Rectoría Judicial del Estado Carabobo, en fecha 02 de octubre de 2023, según Acta 20-2023; me aboco al conocimiento de la presente causa a los fines legales consiguientes.
-II-
DE LOS ANTECEDENTES
Se inician las presentes actuaciones por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, incoada por el abogado ROBERTO HERNÁNDEZ BAZÁN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 22.270, actuando con el carácter de co-apoderado judicial de la ciudadana MARLENE MARGARITA BARRIOS TORRES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.837.618, contra el ciudadano IGNACIO ANTONIO LOZADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 925.851; por ante el Tribunal Distribuidor de Primera Instancia, correspondiéndole conocer de la referida demanda a este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Marítimo de esta Circunscripción Judicial previa distribución de ley, dándosele entrada en fecha doce (12) de abril de 2018, bajo el Nro. 24.421 (nomenclatura interna de este Juzgado) asentándose en los libros correspondientes (folio 31 de la Pieza Principal).
Mediante auto de fecha diecisiete (17) de abril de 2018, se admite la demanda, y se ordena el emplazamiento de la parte demandada acordando la publicación de los edictos respectivos de conformidad con lo establecido en el artículo 692 en concordancia con el artículo 231 del Código de Procedimiento Civil. (folio 32 y su vto de la pieza principal).
En fecha tres (03) de mayo de 2018, comparece abogado ROBERTO HERNÁNDEZ BAZÁN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 22.270, actuando con el caracter acreditado en autos y consigna diligencia mediante la cual deja constancia que pone a disposición los emolumentos y medios necesarios para la práctica de la citación de la parte demandada (folio 34 y su vto de la pieza principal); seguidamente en la misma fecha, la Alguacil de este Tribunal dejó constancia en autos que recibió los emolumentos a los fines de la elaboración de la compulsa (folio 35 de la pieza principal).
En fecha primero (01) de octubre de 2018, comparece el abogado, comparece abogado ROBERTO HERNÁNDEZ BAZÁN, ut supra identificado y suscribe diligencia mediante la cual consigna ejemplares del diario el Notitarde y Nacional en el cual fue publicado el edicto librado por este Tribunal (folios 36 al 71 de la pieza principal); posteriormente en la misma fecha la secretaria de este Juzgado deja constancia de haber recibido las referidas publicaciones para ser agregados a los autos del presente expediente (folio 72 de la pieza principal).
En fecha veinticinco (25) de enero de 2019, la Alguacil de este Tribunal consiga boleta de citación sin firmar librada al ciudadano IGNACIO ANTONIO LOZADA, titular de la cédula de identidad N° V-925.851, parte demandada de autos (folio 74 de la pieza principal).
En fecha siete (07) de febrero de 2019, comparece el abogado ROBERTO HERNÁNDEZ BAZÁN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 22.270, actuando con el carácter de co-apoderado judicial de la parte demandante y suscribe diligencia mediante la cual solicita a este Tribunal la citación por carteles de la parte demandada (folio 81 de la pieza principal). siendo proveído dicho pedimento mediante auto de fecha doce (12) de febrero de 2019 (folio 82 y su vto de la pieza principal).
En fecha catorce (14) de mayo de 2019, comparece el abogado ROBERTO HERNÁNDEZ BAZÁN, y suscribe diligencia mediante la cual deja contancia de la imposibilidad de publicar dentro del lapso el cartel de citación librado y solicita la expedición de nuevo cartel de citación para proceder con su publicación (folio 83 de la pieza principal).
En fecha diecisiete (17) de mayo de 2019, este Juzgado dicta auto ordenando la citación por carteles del ciudadano IGNACIO ANTONIO LOZADA, titular de la cédula de identidad N° V-925.851, parte demandada de autos de conformidad con lo establecido en el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil (folio 87 y su vto de la pieza principal).
En fecha veintiocho (28) de mayo de 2021, este Tribunal dicta auto mediante el cual ordena la remisión del presente expediente a la oficina del Archivo Judicial del estado Carabobo (folio 88 de la pieza principal).
En fecha diecinueve (19) de agosto de 2021, comparece por ante este Tribunal el abogado ROBERTO HERNÁNDEZ BAZÁN, plenamente identificado en autos y mediante escrito solicita a este Tribunal que se sirva oficiar a la Oficina del Archivo Judicial de esta Circunscripción judicial a los fines de que remita el presente expediente el cual reposa por ante esa oficina (folio 89 de la pieza principal).
En fecha diecisiete (17) de enero de 2024, comparece por ante este Tribunal la ciudadana MARIA SOLEDAD AGUILAR MEDINA, titular de la cédula de identidad N° V-9.675.000, y mediante escrito solicita a este Juzgado que se sirva oficiar a la Oficina del Archivo Judicial de esta Circunscripción judicial con la finalidad de que remitan el presente expediente el cual reposa por ante esa oficina (folio 90 de la pieza principal), siendo recibido el referido expediente en fecha quince (15) de febrero de 2024
-III-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
ACERCA DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
Observa quien aquí decide que la presente causa se encuentra paralizada desde el día diecisiete (17) de mayo de 2019, este Juzgado dicta auto ordenando la citación por carteles del ciudadano IGNACIO ANTONIO LOZADA, titular de la cédula de identidad N° V-925.851, parte demandada de autos de conformidad con lo establecido en el articulo 223 del Código de Procedimiento Civil, previa solicitud realizada en fecha catorce (14) de mayo de 2019, por la parte demandante, no constando en actas actuación alguna por parte del accionante, desde la referida fecha tendente a impulsar la continuación de la presente pretensión, por lo que esta sentenciadora visualiza desde ya que operó la perención de la instancia, no obstante, previo su pronunciamiento acerca de la declaratoria de extinción de la instancia por perención, pasa a realizar las siguientes consideraciones doctrinarias y legales acerca de esa institución:
El Código de Procedimiento Civil, establece en su Libro Primero, Capítulo IV, en el artículo 267 que:

Artículo 267 “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. (Negrilla y Subrayado de este Tribunal)

Agrega que la indicada institución opera de pleno derecho, precisando el artículo 269 eiusdem que:
Artículo 269 “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. (Negrilla y Subrayado de este Tribunal)

Así las cosas, en relación a la perención, la doctrina patria advierte que un proceso puede extinguirse normalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. Al respecto, el autor patrio RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE en su obra Código de Procedimiento Civil (T.II, 2004; pp.344-346), al referirse a la perención indica que:
Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones legales que la determinan. (Negrilla y Subrayado de este Tribunal)

Por su parte, la finalidad de esta institución se encuentra consagrada en la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil, en donde se hace mención a lo siguiente:
El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del Proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función Jurisdiccional, no se puede reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente hasta la meta natural, que es la sentencia. Bajo la amenaza de perención, se logra 'una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso (Negrilla y Subrayado de este Tribunal)

De lo anteriormente transcrito se desprende que el fundamento de la institución de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. (cfr. CHIOVENDA, JOSÉ: Principios…, II p.428).
En efecto, la perención es el efecto procesal extintivo de la instancia, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Es de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.
Bajo este contexto y a mayor abundamiento se trae a colación lo establecido por LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO en sentencia nro 211, de fecha 21 de junio del 2000, mediante la cual ratifica la perención se verifica de derecho y puede ser declarada de oficio por el juez bajo los siguientes términos:
La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil
La misma SALA DE CASACIÓN CIVIL, en sentencia n° 217 de fecha 02 de agosto de 2.001, dejo sentado que el verdadero espíritu, propósito y razón de la institución procesal de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia; pero para ello es preciso que el impulso del proceso dependa de ella.
Ahora bien, en lo que respecta a la perención anual, la SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, en reciente sentencia N° EXE-291, de fecha 3 de mayo de 2016, caso: W.N.M., contra M.C.D., expediente N° 2015-011, dispuso lo siguiente:
La perención es un modo de extinguir la relación procesal, al transcurrir un cierto período en estado de inactividad. La perención de la instancia no extingue la pretensión, pero deja sin efecto el proceso con todas sus consecuencias… omissis…Sobre el particular, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto regula lo concerniente a la inactividad de las partes, establece lo siguiente: ‘…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.... Conforme a la transcrita norma, toda instancia se extingue por la paralización del proceso durante un año, en el que no se realiza ningún acto de impulso procesal… omissis…como se constata de los autos, ha transcurrido más de un año en el cual la parte no ha impulsado el proceso en forma alguna. En otras palabras, ningún acto de procedimiento ha sido efectuado, omisión ésta que, como será declarado en la dispositiva del presente fallo, amerita la aplicación de la consecuencia prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
De lo anteriormente transcrito se desprende que, la perención de la instancia opera por la inactividad de las partes, es decir, la no realización de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso, cuando esta omisión se prolonga por el transcurso del tiempo determinado en los supuestos del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil y el juez puede denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que sólo reafirma un hecho ya cumplido.
Ahora bien, aplicando lo anteriormente citado del caso de marras, se evidencia de las actas que conforman el expediente, que no existe actuación alguna por parte de la demandante de autos desde el día, diecisiete (17) de mayo de 2019, evidenciándose de actas que ha transcurrido en demasía el lapso de un (1) año calendario, sin que la parte demandante haya realizado algún acto tendente a impulsar la continuación de la presente pretensión, obligación ésta que establece la ley como carga de las partes en el proceso, siendo que dicha falta de actuación procesal, es uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la perención y considerando que la perención opera desde el momento en que ocurre, y por ser de pleno derecho, su declaratoria judicial puede ser de oficio, en consecuencia, se verifica el supuesto de Perención de la Instancia (anual), como desde ya lo avizoraba esta jurisdicente, por lo que forzosamente se debe declarar extinguida la instancia en virtud de haber operado en el presente proceso la perención anual, contemplada en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hará de forma expresa en la dispositiva del presente fallo. Así se decide.
-IV-
DECISIÓN
Por todos y cada uno de los razonamientos anteriormente expuestos, este Por todas las razones expuestas, este TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
1. PRIMERO: Extinguida la Instancia por haber operado la PERENCIÓN contemplada en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en la presente pretensión por PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, incoada por el abogado ROBERTO HERNÁNDEZ BAZÁN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 22.270, actuando con el carácter de co-apoderado judicial de la ciudadana MARLENE MARGARITA BARRIOS TORRES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.837.618, contra el ciudadano IGNACIO ANTONIO LOZADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 925.851.
2. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.
Publíquese, regístrese, déjese copia certificada.
Dada firmada, y sellada en la Sala de despacho del TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en Valencia a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2025. Años: 214° de la Independencia y 166° de la Federación.
LA JUEZA,
FILOMENA GUTIÉRREZ CARMONA
LA SECRETARIA,
ROSALBA RIVAS ROSO