REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO Valencia, 10 de julio 2025 215º y 166º EXPEDIENTE Nº: 16.422 COMPETENCIA: CIVIL MOTIVO: INHIBICIÓN JUEZA QUE FORMULA LA INHIBICIÓN: abogada LUCILDA OLLARVES VELÁSQUEZ, jueza provisoria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo DEMANDANTES: sociedad de comercio FINETUPAR INTERNACIONAL CORPORATION, constituida y domiciliada en Panamá, inscrita en el Registro Público de Panamá, sección de personas mercantiles, ficha 014518, Rollo 653, Imagen 0082 en fecha 16 de junio de 1977 y el ciudadano RUBÉN PÉREZ SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-2.844.104 DEMANDADA: sociedades mercantiles INVERSIONES TURÍSTICAS TPR, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción del estado Carabobo, en fecha 29 de marzo de 2008, bajo el No. 76, Tomo 42–A Sgdo., DESARROLLLO TURÍSTICO ISLA BONITA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción del Distrito Capital, en fecha 29 de noviembre de 1989, bajo el No. 19, Tomo 68–A Sgdo. y PROMOTORA OCCIDENTAL DE TURISMO C.A. (PROCITURCA), domiciliada en Maracaibo, estado Zulia, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción del estado Zulia, en fecha 20 de noviembre de 1977, bajo el No. 5, Tomo 22–A Pro. En fecha 26 de marzo de 2025, se recibió el presente expediente en el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, dándole entrada en los libros respectivos por auto de fecha 31 de marzo de 2025. Seguidamente procede esta instancia a decidir la presente incidencia de inhibición, previa las siguientes consideraciones: I CONSIDERACIONES PARA DECIDIR En la presente incidencia, la jueza que manifestó la inhibición, remite a este despacho copia certificada del acta de fecha 07 de marzo de 2025, en donde expresa que se inhibe de conocer la presente causa por cuanto la abogada Marianella Godoy, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 48.657 fue designada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario del estado Carabobo como defensora judicial de la co-demanada DESARROLLO TURÍSTICO ISLA BONITA, C.A., la mencionada abogada, es madre del hijo del abogado ENRIQUE JOSÉ FONT MUSA, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 134.952, quien es su pareja desde hace más de diecisiete años, con quien convive y formó una familia por lo que considera que se encuentra incursa en causal de inhibición y debe garantizar la transparencia y la imparcialidad en las causas que estén sometidas a su conocimiento. En este contexto, se considera preciso señalar que la inhibición es un mecanismo procesal que se pone en movimiento cuando el funcionario judicial considera que en su persona opera alguna causal de recusación que pueda comprometer su imparcialidad y se separa voluntariamente del conocimiento de una causa concreta. El artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, señala las causales que soportan la recusación de un funcionario, el cual tiene el deber de declarar la misma, cuando tenga conocimiento de la existencia de la causal, antes de que le sea planteada la recusación y vía jurisprudencial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 7 de agosto de 2003, Expediente Nº 02-2403, dejó sentado el criterio para la procedencia de las llamadas causas genéricas de recusación e inhibición, distintas a las previstas en la norma citada, cuando esté en entredicho la garantía constitucional del Juez natural, lo que implica un Juez predeterminado por la Ley, independiente, idóneo e imparcial, a saber: “La doctrina, tradicionalmente, ha señalado que las causales de recusación del juez previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil son taxativas y no pueden ser susceptibles de ampliación por vía de analogía o semejanza (cf. Humberto Cuenca. Derecho Procesal Civil. Tomo II. 6ª edición. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 154, y Juan Montero Aroca y otros. Derecho Jurisdiccional. Tomo I. 10ª edición. Valencia, Tirant Lo Blanch, 2000, p. 114). Sin embargo, la Sala ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que puede desplegar el juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues “los textos legales envejecen (...) y resultan anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, y la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria para brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige” (Enrique R. Aftalión. Introducción al Derecho. 3ª edición. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1999, p. 616). En este sentido, la Sala en sentencia nº 144/2000 del 24 de marzo ha indicado lo siguiente: En virtud de lo anterior, visto que la recusación es una institución destinada a garantizar la imparcialidad del juzgador, cuyas causales, aunque en principio taxativas para evitar el abuso en las recusaciones, no abarcan todas aquellas conductas del juez que lo hagan sospechoso de parcialidad y, en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo cual implica un juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, la Sala considera que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial.” Como se aprecia, vía jurisprudencial la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado el criterio para la procedencia de las llamadas causas genéricas de recusación e inhibición, distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil cuando esté en entredicho la garantía constitucional del Juez natural, lo que implica un Juez predeterminado por la Ley, independiente, idóneo e imparcial. La funcionaria judicial explica las circunstancias fácticas que le llevaron a la convicción de declarar la inhibición en referencia, no existiendo en los autos elemento alguno que desvirtúe lo afirmado por la jueza siendo que sus dichos gozan de una presunción de certeza, por lo que debe tenerse como cierto lo alegado y como quiera que la inhibición fue planteada para preservar la transparencia e imparcialidad, siendo estos elementos intrínsecos a la garantía constitucional del juez natural, resulta forzoso concluir que la presente inhibición debe ser declarada con lugar, Y ASÍ SE DECIDE. II DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: ÚNICO: CON LUGAR la inhibición formulada por la abogada LUCILDA OLLARVES VELÁSQUEZ, jueza provisoria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Publíquese, Regístrese y Déjese copia Dado, firmado y sellado en la Sala del despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en la ciudad de Valencia, a los diez (10) días del mes de julio del año dos mil veinticinco (2025). Año 215º de la Independencia y 166º de la Federación. CARLOS EDUARDO NÚÑEZ GARCÍA EL JUEZ PROVISORIO ORIANNIS VITRIAGO GARCÍA LA SECRETARIA TITULAR En la misma fecha, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 10:00 a.m. previo el cumplimiento de las formalidades de ley. ORIANNIS VITRIAGO GARCÍA LA SECRETARIA TITULAR EXP. Nº 16.422 CENG/OVG/RS.-