TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, veintiuno (21) de abril de 2025
Años: 215° de Independencia y 166° de la Federación

EXPEDIENTE: 12.028

I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y LA CAUSA

PARTE (S) DEMANDANTE (S): Sociedad Mercantil INVERSIONES FIORE, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el Nro. 36, Tomo 6-A, en fecha 23 de abril del 1992.

ABOGADO (S) ASISTENTE (S) Y/O APODERADO (S) JUDICIAL (ES): PHILOMENA DE FREITAS y GERALDINE TOTESAUT LÓPEZ, venezolanas, mayores de edad, debidamente inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nros. 15.012 y 67.424.

PARTE (S) DEMANDADA (S): Sociedad Mercantil JUNGLAVENTURA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el Nro. 27, Tomo 84-A, en fecha 19 de octubre del 2005.

ABOGADO (S) ASISTENTE (S) Y/O APODERADO (S) JUDICIAL (ES) DE LA (S) PARTE (S) DEMANDADA (S): JAIME TORTOLERO, venezolanos, mayores de edad, debidamente inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nro. 61.489.

MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA.

II
SÍNTESIS

En la acción por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoada por la Sociedad Mercantil INVERSIONES FIORE, C.A., en fecha siete (07) agosto del 2013, a través de sus apoderadas judiciales las abogadas PHILOMENA DE FREITAS y GERALDINE TOTESAUT LÓPEZ, contra la Sociedad Mercantil JUNGLAVENTURA, C.A., todos previamente identificados, cursa por ante el Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, se dictó auto en fecha ocho (08) de agosto del 2014, mediante la cual el referido Juzgado, NIEGA la solicitud de librar mandamiento de ejecución en virtud de no caer en vicio de ultrapetita, siendo ejercido recurso de apelación, en fecha doce (12) de agosto del 2014; por la abogado, GERALDINE TOTESAUT LÓPEZ, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante, apelación que fue oída en un solo efecto, mediante auto de fecha diecisiete (17) de septiembre del 2014, correspondiéndole conocer de la referida apelación a este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, previa distribución de ley, dándosele entrada en fecha veintisiete (27) de octubre del 2014, bajo el Nro. 12.028 (nomenclatura interna de este Juzgado) asentándose en los libros correspondientes.
En fecha veintisiete (27) de octubre del 2014, se dictó auto mediante el cual el abogado FRANCISCO JIMÉNEZ DELGADO, en su condición de Juez Titular, fijo el décimo (10) día de despacho siguiente para dictar sentencia tal como lo dispone el artículo 893 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha veinticuatro (24) de noviembre del 2014, mediante auto, este Tribunal Superior, el cual el abogado FRANCISCO JIMÉNEZ DELGADO, en su condición de Juez Titular, observa que no consta las copias fotostáticas certificadas de las actuaciones procesales contenidas en la pieza principal del expediente Nro. 8.064, nomenclatura del Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, por lo que se acuerda oficiar al Tribunal de origen, remita a esta Alzada, en el lapso de cinco (05) días hábiles, contando a partir de recepción de este oficio, las copias certificada a partir de la sentencia definitiva dictada en fecha diez (10) de junio de 2014, en conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Código de Procedimiento Civil, y advirtiendo a las partes, que el lapso fijado para dictar sentencia queda suspendido, hasta tanto no sea recibido las copias certificadas solicitadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 74 eiusdem.
En fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2014, esta Alzada, libra oficio Nro. 452/10, dirigido al Tribunal de origen, mediante el cual acuerda se remita las copias certificada de las actuaciones procesales a partir de la sentencia definitiva dictada en fecha diez (10) de junio del 2014., contenidas en la pieza principal del expediente Nro. 8.604, Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.
En fecha cuatro (04) de diciembre 2014, el Tribunal A quo, se pronunció mediante oficio Nro. 985-2014, en atención al petitorio del oficio Nro. 452/10 de fecha veinticuatro (24) de noviembre de 2014, relativas a las copias fotostáticas certificadas de las actuaciones procesales, contenidas en la pieza principal del expediente Nro. 8.604, informando que el expediente antes mencionado se encuentran en el Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, por apelación interpuesta por el abogado JAIME TORTOLERO, actuando en su carácter de apoderado judicial, de la parte demandada, en razón a la decisión dictada por el Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, mediante el cual declara con lugar el recurso de hecho, intentado por la Sociedad Mercantil JUNGLAVENTURA C.A., y revoca la decisión dictada en fecha cinco (05) de agosto 2014, dictado por el Tribunal de origen y ordena al tribunal A quo, escuchar en ambos efectos el recurso de apelación ejercido por la parte demandada, en contra de la decisión de fecha veintinueve (29) de julio 2014.
En fecha diez (10) de diciembre del 2014, esta Alzada, mediante auto, dicta se agreguen a los autos oficios Nro. 958-2014, de fecha 04 de diciembre 2014, procedente del tribunal de origen.
En fecha veintitrés (23) de febrero del 2015, esta Alzada ordenó agregar los oficios Nros. 003/2014, de fecha ocho (08) de enero 2015, procedente del Tribunal Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, contentivo de sentencia interlocutoria, donde declara con lugar el recurso de hecho, interpuesto por la Sociedad Mercantil JUNGLAVENTURA C.A.,
En fecha veintiséis (26) de febrero del 2015, esta Alzada, mediante auto, deja constancia que las actuaciones que cursan inmersas al presente expediente, se evidencia que por error material este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, fueron agregadas las copias fotostáticas certificadas provenientes del Juzgado Superior Segundo antes identificado, se ordena el desglose de las mismas, dejándose en su lugar las copias fotostáticas certificadas y agregarlas al expediente signado con el Nro. 12.016.
En fecha veintisiete (27) de junio del 2016, la abogada GERALDINE TOTESAUT LÓPEZ, actuando con el carácter de apoderada judicial, por la parte demandante, mediante escrito, indica que las actuaciones procesales para decidir, contenidas en el expediente 8.604 del Tribunal de origen, rielan en el folio dos (02) al folio treinta y cinco (35).
Por auto de fecha veinticuatro (24) de febrero de 2025, mediante auto, este Tribunal Superior se aboca al conocimiento de la presente causa de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, libra cartel de notificación, mediante el cual se fijó en cartelera de este Tribunal, con la advertencia que una vez transcurridos los diez (10) días de despacho, contando a partir de la fijación de dicho cartel, se tendrán por notificados y comenzará a correr el lapso de los tres (03) días de despacho, para que las partes ejerzan el derecho a que les confiere el artículo 90 eiusdem, una vez concluido, comenzará a transcurrir el lapso de diez (10) días continuos para dictar sentencia.
En fecha veinticuatro (24) de febrero del 2025, mediante auto, esta Alzada fijó cartel de notificación.
Ahora bien, concluida la sustanciación del presente recurso y estando esta Alzada dentro de la oportunidad procesal establecida para emitir pronunciamiento, procede hacerlo bajo las siguientes consideraciones.
III
DE LA COMPETENCIA
A los fines de determinar la competencia de esta Alzada para conocer del recurso de apelación ejercido por la abogado GERALDINE TOTESAUT LÓPEZ, ut supra identificada, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte demandante, contra el auto dictado por el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha ocho (08) de agosto del 2014, en tal sentido, se trae a colación lo establecido en el Titulo VII, De Los Recursos- Capítulo I, De La Apelación del Código de Procedimiento Civil:
Artículo 295: Admitida la apelación en el solo efecto devolutivo, se remitirá con oficio al Tribunal de Alzada copia de las actas conducentes que indiquen las partes, y de aquellas que indique el Tribunal, a menos que la cuestión apelada se esté tramitando en cuaderno separado, en cuyos casos se remitirá el cuaderno original. (Subrayado y Negrilla de esta alzada).
De los artículos anteriormente transcritos, se desprende que del auto dictado en Primera Instancia se da el recurso de apelación, el cual será oído en un solo efecto, siendo remitido los autos al Tribunal de Alzada, así las cosas, se deduce que en la presente demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, fue ejercido el recurso de apelación en fecha doce (12) de agosto de 2014, contra el auto dictado en fecha ocho (08) de junio del 2014, por el Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en fecha diecisiete (17) de septiembre del 2014, el cual oye el referido recurso en un solo efecto, y remite las actuaciones al Tribunal de Alzada, en consecuencia, esté Tribunal Superior se declara competente para conocer del presente asunto de conformidad con lo establecido en el artículo 295 Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisadas exhaustivamente las actuaciones que conforman el presente expediente, este Tribunal considera pertinente estudiar la figura de la perención de la instancia, con el objeto de verificar si están o no cumplidos los presupuestos necesarios para la procedencia de la misma.
En ese sentido, se debe partir indicando que el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, dispone que: …“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”.
Por su parte, el artículo 269 eiusdem, indica lo siguiente: …“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal”... E igualmente, el artículo 270 del mismo código adjetivo señala que: …“Cuando el juicio en que se verifique la perención se halle en apelación, la sentencia apelada quedará con fuerza de cosa juzgada, salvo que se trate de sentencias sujetas a consulta legal, en las cuales no habrá lugar a perención…”
En atención a las normas que anteceden, este Tribunal Superior considera menester, señalar que la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en el artículo 267 eiusdem. La función de esta institución procesal no se agota en la cuestión adjetiva, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues para el Estado, es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones “huérfanas de tutor” en la carrera judicial.
De lo anteriormente transcrito se desprende que, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de pleno derecho y no renunciable por convenio de las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. De igual forma se verifica que siendo la perención un medio de extinción de toda instancia, esta puede operar por ante el tribunal de alzada, generando también como consecuencia en ese caso, que la sentencia apelada adquiera fuerza de cosa juzgada.
Al respecto, la ponencia ofrecida en la V Jornadas “Lic. Miguel José Sanz” del Colegio de Abogados del estado Carabobo, recogida en la obra “DERECHO PROCESAL CIVIL. UN NUEVO ENFOQUE DEL DERECHO PROCESAL CIVIL” (1999), página 190, por la Dra. MARLENE ROBLES DE RODRÍGUEZ, en indicó lo siguiente:
La función del proceso exige que éste, una vez iniciado se desenvuelva rápidamente hasta su meta natural que es la sentencia. Bajo la amenaza de perención se logra una más activa realización de los actos del proceso y una disminución de los casos de paralización de la causa durante un período de tiempo muy largo, de tal modo que el proceso adquiere una continuidad que favorece la celeridad procesal por el estímulo en que se encuentran las partes para realizar aquellos actos y evitar la extinción del proceso. En el pasado y especialmente en las legislaciones más remotas, la perención se presentó como institución de orden público, remedio al mal de la prolongación de los juicios y como pena a la negligencia de los litigantes. La jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que “la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas, entraña una renuncia a continuar la instancia, el legislador patrio, inspirado en el principio de celeridad procesal, ha querido siempre que los juicios iniciados terminen y que ello ocurra en el menor tiempo posible”. Para cumplir con ese propósito, nuestra legislación procesal establece la perención de la instancia, como sanción con la negligencia de los litigantes en llevar el juicio hasta su pronta y definitiva conclusión (Negrillas nuestras).

Igualmente, el autor patrio RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, en su obra “COMENTARIOS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL” (2009), Tomo II, páginas 318 y 319, explica lo siguiente:
Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno (…) El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargos innecesarios (…) El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto (…) Por ello, el juez puede denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia (Negrillas nuestras).

Por su parte, LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA mediante fallo dictado en fecha 1 de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, contenido en el expediente No. 00-1491, dejó establecido que:
Dicho Código señala que toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes (artículo 267); y agrega, que la inactividad del juez después de vista la causa, lo que se entiende que es solo con relación al fallo de fondo, no producirá la perención. Ella tampoco tendrá lugar cuando el proceso se encuentre en consulta legal, ante el juez que ha de conocerla (artículo 270 del Código de Procedimiento Civil). En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil (…) Por tratarse de una “sanción” a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad (…) Sin embargo, el principio -enunciado en el artículo 267 aludido- de que la perención no corre después de vista la causa, no es absoluto, ya que si después de vista la causa, se suspende el proceso por más de seis meses, por la muerte de alguno de los litigantes o por la pérdida del carácter con que obraba, sin que transcurrido dicho término los interesados gestionen la continuación de la causa, ni cumplan las obligaciones que la ley les impone para proseguirla, perimirá la instancia, así ella se encuentre en estado de sentencia, ya que el supuesto del ordinal 3° del artículo 267 no excluye expresamente la perención si la causa ya se ha visto, y realmente en estos supuestos (ordinal 3°), la inactividad procesal es atribuible a las partes, por lo que ellas deben asumir sus consecuencias (…) La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relación procesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose la estada a derecho de las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados. En ese estado, la paralización puede nacer de situaciones casuísticas que necesariamente conducen a tal figura caracterizada por la ruptura de la permanencia a derecho de las partes, como puede suceder si las diversas piezas de un expediente que se encuentra en estado de sentencia se desarticulan y se envían a diversos tribunales, sin que el tribunal a quien le corresponde la última pieza para sentenciar, pueda hacerlo, ya que no tiene el resto de los autos y no sabe dónde se encuentran. Ante tal situación, la causa se paraliza, las partes dejan de estar a derecho, y al juez no queda otra posibilidad, sino esperar que los interesados le indiquen (producto de sus investigaciones) dónde se encuentra el resto de las piezas, a fin que las recabe, conforme el expediente total, y a petición de parte, reconstituya a derecho a los litigantes (…) Para que exista paralización, es necesario que ni las partes ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas en la ley para ello, por lo que esta inactividad de los sujetos procesales, rompe la estadía a derecho de las partes, las desvincula, y por ello si el proceso se va a reanudar, y recomienza en el siguiente estadio procesal a aquél donde ocurrió la inactividad colectiva, habrá que notificar a los litigantes de tal reanudación, habrá que reconstituir a derecho a las partes, tal como lo previó el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil (…) Siendo la perención un “castigo” a la inactividad de las partes, la de los jueces no puede perjudicar a los litigantes, ya que el incumplimiento del deber de administrar justicia oportuna es sólo de la responsabilidad de los sentenciadores, a menos que la falta de oportuno fallo dependa de hechos imputables a las partes, como ocurre en los ejemplos antes especificados (Negrillas y subrayado nuestro).
En virtud a lo anterior, la misma SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA mediante sentencia de fecha 14 de diciembre de 2001, contenida en el expediente No. 01-2782, con ponencia del Magistrado Antonio García García, dejó establecido que:
Con la reforma del Código de Procedimiento Civil realizada en el año 1986, la figura de la perención fue objeto de varias modificaciones recogidas en sus normas, y fue así como la consagración expresa de que no producirá perención, la inactividad del juez después de vista la causa, establecido en el artículo 267 eiusdem, fue adoptada por la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia e, inclusive, del hoy Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el dispositivo contenido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para aplicarlo a los procedimientos que por ante dicha Sala cursaban. Siendo así, estima esta Sala que en el proceso administrativo, al igual que ocurre en el proceso ordinario, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, mediante actuaciones tendientes a lograr el desarrollo o la continuidad de la relación procesal, la perención de la instancia ha de transcurrir, aun en aquellos casos en que el proceso se hallase detenido a la espera de una actuación que corresponde exclusivamente al juez (…)” (Negrillas y subrayado nuestro).

Y más recientemente, la referida SALA CONSTITUCIONAL, mediante decisión dictada en fecha 5 de mayo de 2006, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, contenida en el expediente No. 02-0694, reiteró que:
La declaratoria de perención opera, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma, ya que la sanción debe ser dictada tan pronto se constante la condición objetiva caracterizada por el transcurso de más de un año sin actuación alguna de parte en el proceso.
Asimismo, la SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, mediante sentencia Nro. 12, de fecha ocho (08) de febrero de 2002, bajo la ponencia del Mg: Antonio Ramírez Giménez, dejó sentado que:
… la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley, vale decir, el transcurso del tiempo sin impulso procesal, y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos…
Así la cosa, conforme a los anteriores criterios doctrinales y jurisprudenciales, los cuales este juzgador comparte y acoge, se concluye que la perención de la instancia opera de pleno derecho y que no es absoluto el principio consagrado en el artículo 267 eiusdem, que expresa que luego de vista la causa, esta no puede ser declarada.
Ahora bien, explica la Sala Constitucional, que efectivamente cuando un juicio esté en suspenso por motivo que el juez no dictó la decisión en el lapso legal correspondiente y lo único que haga falta para la finalización del procedimiento sea precisamente el fallo requerido no opera la perención de la instancia; no obstante a ello, se puede presentar el caso que estando la causa en estado de sentencia ocurra la paralización de la misma por situaciones casuísticas que requieren el impulso de las partes para que se reanude el procedimiento y el juez dicte la decisión respectiva. Todo esto, conforme al principio dispositivo que rige el proceso civil, según el cual recae sobre las partes la carga de estimular la función judicial en el más amplio sentido de la palabra.
Por todo lo antes expuesto, este juzgador debe señalar que la presente causa fue recibida por ante este Tribunal Superior en fecha veintisiete (27) de octubre del 2014, dándosele entrada en fecha diecisiete (17) de octubre de 2014, fijándose el lapso de sentencia mediante auto expreso de fecha veintisiete (27) de octubre de 2014, momento en el cual el Dr. FRANCISCO JIMÉNEZ DELGADO, era la juez en este órgano jurisdiccional. Luego de ello, la última actuación de las partes ocurrió en fecha veintisiete (27) de junio de 2016, donde la abogado GERALDINE TOTESAUT LÓPEZ, parte demandante consigno escrito, mediante el cual indica que las actuaciones procesales para decidir, contenidas en el expediente 8.604 del Tribunal de origen, rielan en el folio dos (02) al folio treinta y cinco (35).
Una vez descrito lo anterior, se verifica que desde el veintisiete (27) de junio de 2016 el presente juicio a pesar de encontrase en fase de sentencia, se ha mantenido paralizado sin actuación alguna de las partes tendiente a impulsar el procedimiento, destacando en este caso, que luego del Dr. FRANCISCO JIMÉNEZ, tomaron posesión como jueces en esta alzada las siguientes personas:

1. Dra. OMAIRA ESCALONA, quien asumió el cargo en fecha veintitrés (23) de julio de 2020 y cesó en sus funciones en fecha veintiuno (21) de agosto de 2022. Transcurriendo dos (02) años, y un (01) mes y veintinueve (29) días, sin que las partes le solicitara su abocamiento o realizara cualquier otra actuación en el procedimiento.
2. Dr. OMAR ALEXIS MONTES MEZA, quien asumió el cargo en fecha veintidós (22) de agosto de 2022, hasta el nueve (09) de enero de 2023, por reposo médico, Transcurriendo cuatro meses (04) meses, y dieciocho (18) días sin que ninguna de las partes le solicitara su abocamiento o realizara cualquier otra actuación en el procedimiento.

3. Dra. FILOMENA GUTIÉRREZ CARMONA, como Juez Temporal en fecha diez (10) de enero de 2023, hasta el seis (06) de marzo de 2023, Transcurriendo un (01) mes y veinticuatro (24) días sin que ninguna de las partes le solicitara su abocamiento o realizara cualquier otra actuación en el procedimiento.

4. Dr. OMAR ALEXIS MONTES MEZA, quien se reincorporó al cargo en fecha seis (06) de marzo de 2023 hasta la presente fecha, Transcurriendo dos años (02) y veinte (20) días sin que ninguna de las partes le solicitara su abocamiento o realizara cualquier otra actuación en el procedimiento.
En virtud de lo anteriormente detallado, es imperioso señalar que si una causa se encuentra en estado de sentencia y el juez que conocía de ella se separa del cargo por cualquier motivo establecido en la ley, la persona que sea designada como nuevo juez, debe necesariamente estampar un auto de abocamiento para poder dictar la decisión correspondiente.
Este abocamiento aun cuando puede darse de oficio por parte del juzgador, en razón del cúmulo de trabajo y de las numerosas causas que se manejan dentro de un tribunal, es clave y necesario el impulso de las partes para que ello ocurra, es decir, para que el juez se aboque, notifique a las partes y proceda a sentenciar.
En ese sentido, es evidente, que en el presente caso luego que el Dr. FRANCISCO JIMÉNEZ DELGADO, cesó en sus funciones de juez de este tribunal, la causa a pesar de estar en estado de celebración de audiencia de acto conciliatorio, se encontró paralizada por falta de impulso procesal de las partes, toda vez que, no instaron el abocamiento de ninguno de los siguientes jueces para que se pudiera realizar la audiencia conciliatoria. Por ende, salta a la vista de quien decide que la causa se mantuvo paralizada notablemente por más de un (1) año debido a la inactividad y falta de interés de las partes para la continuidad del procedimiento específicamente no ha habido actuación alguna de las partes durante más de nueve (09) años; vale decir, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 para la fecha han transcurrido ocho (08) años, nueve (09) meses
y veinticinco (25) días en consecuencia, es perfectamente factible declarar la perención de la instancia en la presente causa, tal y como se hará en la dispositiva del presente fallo.
En definitiva, tomando en cuenta los criterios de justicia y de razonabilidad señalados ut supra y con especial atención y acatamiento a lo dispuesto en los artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obligan al juez a interpretar las instituciones jurídicas tomando en consideración los actuales principios que fundamentan el sistema social de derecho y que persiguen hacer efectiva la justicia, inevitablemente se debe declarar LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en la presente causa por RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, así finalmente lo determina éste operador superior del sistema de justicia. Así se decide.
V
DECISIÓN

Por todas las razones expuestas, este JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
1. PRIMERO: La perención de esta segunda instancia en el presente juicio incoado por la abogada en ejercicio GERALDINE TOTESAUT LÓPEZ y PHILOMENA DE FREITAS, venezolana, mayor de edad, debidamente inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 67.424 y 15.012, actuando en su carácter de apoderadas judicial de la Sociedad Mercantil INVERSIONES FIORE, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el Nro. 36, Tomo 6-A, en fecha 23 de abril del 1992. En consecuencia, una vez quede firme la presente decisión, se debe considerar que la sentencia recurrida ha adquirido fuerza de cosa juzgada, en conformidad al artículo 270 del Código de Procedimiento Civil.
2. SEGUNDO: No se condena en costas en razón de la naturaleza del presente fallo.
3. TERCERO: Una vez quede firme la presente decisión, se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.
Publíquese, regístrese, anótese en los libros respectivos, y déjese copia digitalizada en formato PDF para el copiador de sentencia.
Dada, firmada, y sellada en la Sala de despacho del JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO, BANCARIO Y MARÍTIMO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. En Valencia, a los veintiún (21) días del mes de abril del año dos mil veinticinco (2025). Años 215º de la Independencia y 166º de la Federación.
EL JUEZ
Dr. OMAR ALEXIS MONTES MEZA. LA SECRETARIA

Abg. YULI GABRIELA REQUENA TORRES
En la misma fecha se publicó y registró la presente decisión, previo el anuncio de Ley, y siendo las dos y diez horas de la tarde (03:00 p.m.). Se dejó copia digitalizada.
LA SECRETARIA
Abg. YULI GABRIELA REQUENA TORRES
OAMM/YGRT.
Expediente Nro. 12.028.