TSJ Regiones - Decisión

0REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
Valencia, tres (03) de junio de 2024.
Años: 214º de Independencia y 165º de la Federación
I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y LA CAUSA

DEMANDANTE(S): EVARDO JOSE LUIS CALDERON FONSECA y RUTH CRISTINA ZANELLI PACHECO, venezolanos, casados, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nro. V-7.076.796 y V-7.225.614, respectivamente, de este domicilio.
ABOGADO(A)ASISTENTE Y/O APODERADO (A) JUDICIAL: YULEIMA CASTILLO OVIDO, venezolana, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 41.360.
MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO
TIPO DE SENTENCIA: DEFINITIVA.
SOLICITUD: 3262.

II
SÍNTESIS
En fecha diecisiete (17) de abril 2024, presenta demanda de DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO los ciudadanos EVARDO JOSE LUIS CALDERON FONSECA y RUTH CRISTINA ZANELLI PACHECO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad N° V-7.076.796 y N° V-7.225.614, con domicilio en USA, 7523 Seurat sr apt 207 Orlando FL zip code: 32819, a través de la apoderada judicial YULEIMA CASTILLO OVIEDO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.048.119, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 41.360; tal como consta en instrumento de poder expedido por el notario público of Florida de fecha cinco (05) de marzo de 2024, apostille (convenio de la haya 5 de octubre de 1961) N° A-11 0704221, 8, N° 2024-45520, por ante el Tribunal Sexto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, la cual correspondió conocer a este Tribunal previa distribución de ley, recibiendo el físico y demás recaudos en la misma fecha, dándosele entrada en fecha dieciocho (18) de abril de 2024, bajo el Nro. 3262 asentándose en los libros correspondientes.

En fecha veintitrés (23) de abril de 2024, el tribunal libró despacho saneador, a los fines de que la parte interesada consignara copias de actas de nacimientos de los hijos, copia de cedula de los cónyuges, y aclarara la fecha de separación de los cónyuges y sustentara la solicitud de mutuo acuerdo en base al fundamento jurisprudencial correspondiente.
En fecha veintinueve (29) de abril de 2024, consignan escrito reformando la solicitud de divorcio de los ciudadanos EVARDO JOSE LUIS CALDERON FONSECA y RUTH CRISTINA ZANELLI PACHECO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad N° V-7.076.796 y N° V-7.225.614, a través de la apoderada judicial YULEIMA CASTILLO OVIEDO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.048.119, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 41.360; dando cumplimento al despacho saneador de fecha veintitrés (23) de abril de 2024.
En fecha seis (06) de mayo de 2024, se admitió la demanda, se ordenó librar boleta de notificación a la Fiscalía del Ministerio Público Especializada para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares.
En fecha trece (13) de mayo de 2024, compareció la ciudadana Soraya Silva, Alguacil de este tribunal, participando la notificación a la ciudadana FISCAL DECIMA OCTAVA (18°) MINISTERO PUBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE ESTADO CARABOBO.
III

DE LA PRETENSIÓN

En el caso concreto de marras, los ciudadanos OSWALDO LUNA ARCINIEGAS Y MALINDA JOSEFINA VELASQUEZ, incoan la presente demandade DIVORCIO argumentado:

Que (…) En fecha 4 de noviembre de 1989, mis poderdantes contrajeron matrimonio civil por ante la prefectura del municipio Urbano San Blas, Municipio Autónomo Valencia, hoy Parroquia San Blas, Municipio Estado Carabobo, acta de matrimonio distinguida con el N° 365, del Folio 65, el ultimo domicilio conyugal de mis mandantes quedo establecido en la siguiente dirección: conjunto Residencial Bonaventura Home casa 42, sector Mañongo Municipio Naguanagua, Estado Carabobo, Venezuela Código Postal 2006 (…)

Que (…) Durante su unión conyugal procrearon dos hijos JOHANNA CAROLINA CALDERON ZANELLI, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 20.083.086 y EVARDO DAVID CALDERON ZANELLI venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 22.225.828. (…)

Que (…) Ahora bien en fecha 15 de febrero del año 2018, por mutuo acuerdo nos separamos de hecho y así hemos permanecidos prácticamente por un espacio superior a
cinco (5) años lo que significa que ha existido la ruptura prolongada de la vida en común sin que hasta la fecha haya mediado entre nosotros reconciliación alguna (…)

Que (…) Es necesario acotar que, durante la unión conyugal, mis representados adquirieron un bien con la Asociación Civil MICROFIN, debidamente autenticado por ante la Notaria Publica Quinta de Valencia, Estado Carabobo el 20 de marzo de 2007, anotado bajo el N° 19, Tomo 74 de los libros de autenticación llevados por esa Notaria.

IV
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Del análisis hecho al escrito de solicitud y siendo la oportunidad para que esta Juzgadora se pronuncie acerca de la demanda de DIVORCIO POR MUTUO ACUERDO, de los ciudadanos EVARDO JOSE LUIS CALDERON FONSECA y RUTH CRISTINA ZANELLI PACHECO, incoada por la apoderada judicial YULEIMA CASTILLO OVIEDO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.048.119, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 41.360; identificados ut supra, se pasa a realizar las siguientes observaciones de carácter legal y doctrinario:
Se hace estrictamente necesario traer a colación el principio Iura Novit Curia, el cual ha sido conceptualizado y caracterizado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Jurisprudencia vinculante de fecha 03 de octubre de 2002, la cual es del tenor siguiente:
“…del principio iuranovit curia (del Derecho conoce el Tribunal), el cual, encontrándose vinculado con el también brocardo latino Da mihifactum, dabo tibi jus (Dame el hecho y te daré el Derecho), se utiliza para expresar el principio según el cual los jueces pueden aplicar en sus fallos las disposiciones legales y principios de derecho que, aun no habiendo sido invocados por las partes, rigen el conflicto materia de decisión (COUTURE, Eduardo J. Vocabulario Jurídico. Buenos Aires. Ed. De palma. 1976. p. 366)” (Negrilla y subrayado de quien aquí decide)

De acuerdo con este principio, se autoriza al Juez a aplicar las normas jurídicas que estime procedentes, así como a modificar el fundamento jurídico en que se basan las pretensiones de las partes, siempre y cuando la decisión sea acorde con las cuestiones de hecho y de derecho que los litigantes hayan sometido al conocimiento del órgano jurisdiccional sin alterar la causa de pedir esgrimida en el proceso, ni transformar el problema en otro distinto. En consecuencia, el mismo ha sido delimitado por una serie de reglas cuyo contenido se enumera a continuación:1) Las partes no tienen la carga de probar la existencia del derecho, porque sólo los hechos están sujetos a prueba.2) Los jueces tienen la obligación de conocer el derecho objetivo y de estudiarlo con o sin la colaboración de las partes. 3) Los tribunales no están supeditados al derecho alegado por las partes, de tal modo que, aunque ellas no lo hagan valer o invoquen un derecho

improcedente cometiendo errores en materia jurídica, los tribunales pueden fundar libremente sus resoluciones en las normas que estimen pertinentes sin que por ello se viole el principio de que los jueces han de sentenciar según lo alegado y probado en autos
(PALLARES, Eduardo. Diccionario de Derecho Procesal Civil. México. Ed. Porrúa. 19na ed. 1990. p. 510).
Al respecto, el Tribunal Supremo de Justicia en decisión de la Sala de Casación Civil mediante sentencia N° 1213, expediente N° 04-114, de fecha 14 de octubre de 2004, con ponencia del Magistrado Tulio Álvarez Ledo, realiza un breve análisis jurisprudencial que sobre la materia ha emitido en reiteradas oportunidades la sala, mediante el cual establece:
“A este respecto, esta Sala en sentencia de fecha 24 de abril de 1998 en el juicio de José Israel González Torres c/ Fábrica de Vidrios Los Andes C.A., estableció respecto al vicio de incongruencia del fallo y la calificación jurídica que efectúa el sentenciador sobre la demanda, lo siguiente: “...Ahora bien, por su función jurisdiccional y por la finalidad del proceso civil, la actividad del juez es esencialmente declarativa. En consecuencia, se puede decir, que la cuestión de hecho corresponde a las partes, pero la cuestión de derecho corresponde al poder decisorio del juez. En relación con este principio la Sala ha dicho que: “...conforme al principio admitido “iuranovit curia” los jueces pueden si no suplir hechos no alegados por éstos, sí elaborar argumentos de derecho para fundamentar la decisión, pues ello se contrae su deber jurisdiccional: Aplicar el derecho, alegado o no por las partes, a los hechos que sí lo deben ser siempre por éstos” (Sentencia de fecha 30 de abril de 1969 G.F. Nº 64. Pag. 474). Por tanto, se puede concluir que no existe incongruencia cuando el juez presenta la cuestión de derecho en forma distinta a como ella fue presentada por las partes, cambiando las calificaciones que éstas hayan dado, o haciendo apreciaciones o argumentos legales, que son producto de su manera de ver el problema sometido a su consideración...”.

Posteriormente, en fecha 10 de agosto de 2001, en el juicio de Rafael Enrique Bonilla Gutiérrez c/ Manuel Rodrigo Bernal, este Alto Tribunal estableció: “... Este argumento pone de manifiesto el desacuerdo del recurrente con la calificación jurídica hecha por el juez respecto de las afirmaciones de hecho en que fue sustentada la pretensión de cobro. Al respecto, cabe precisar que el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, constituye una reiteración del principio dispositivo que caracteriza el procedimiento civil, en aplicación del cual el juez está sujeto a lo alegado y probado por las partes, esto es, a las afirmaciones de hechos en que fue sustentada la pretensión, mas no respecto de la calificación jurídica que de ellos hizo la parte, pues conforme al principio iuranovit curia , que también caracteriza el procedimiento civil, el juez conoce el derecho, por lo que en su interpretación y aplicación no está atado a lo alegado por las partes. Si el recurrente no comparte el razonamiento seguido por el juez para calificar el crédito exigido y establecer que el mismo no es líquido ni exigible, ha debido formular la respectiva denuncia por error de juzgamiento. En atención a los criterios jurisprudenciales transcritos, que en esta oportunidad se reiteran, considera la Sala que la calificación jurídica que efectuó la juez superior respecto a la pretensión deducida, en modo alguno configura el delatado vicio de incongruencia del fallo. Tal como se ha hecho referencia anteriormente, la calificación de la pretensión deducida en el libelo es
una cuestión de derecho no susceptible de ser combatida en casación mediante una

denuncia de incongruencia, pues en virtud del principio de iuranovit curia, el juez aplica el derecho a los hechos alegados y probados por las partes, independientemente de lo que ellas expresen.”

Ahora bien, en atención a los criterios jurisprudenciales transcritos, éste Tribunal procede a sentenciar conforme ala sentencia Nro. 693, de fecha 2 de junio de 2015, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, DIVORCIO MUTUO CONSENTIMIENTO, en virtud que no existe una ruptura prolongada por más de 5 años
entre los cónyuges, así como tampoco acudió uno solo de los cónyuges para tramitar de acuerdo a como lo fundamentan e invocan en el libelo situación que no encuadra dentro de los hechos narrados y controvertidos, siendo que la invocación al Divorcio por Desafecto es por uno de los cónyuges, constando en autos que en la presente solicitud acuden ambos cónyuges a solicitar el divorcio por lo que mal pudieran fundamentar e incluso admitirse como lo fue basándose en la Sentencia Nro. 1.070, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09 de diciembre de 2.016 de Carácter vinculante en lo referente al Desafecto o Desamor; por lo que siendo que esta Jurisdicente es conocedora del buen Derecho y en aras de garantizar los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como lo es el Debido proceso, la Tutela Judicial efectiva y la economía procesal. Y ASI SE DECIDE.
Es así como, la sentencia Nro. 693, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 02 de junio de 2015, donde se realiza una interpretación constitucional, con carácter vinculante, del artículo 185 del Código Civil Venezolano, se determinó que las causales de divorcio allí previstas son enunciativas y no taxativas. Estableciendo la sala lo siguiente:
“…las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento.”
Es por ello que estas circunstancias presentadas durante la unión conyugal no pueden fundamentarse en las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia Nro. 693/2015, ya que, al ser valorado como sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden suscitarse sin un motivo específico.

Siendo el mutuo consentimiento de conformidad con la sentencia vinculante antes citada, una causal legal de disolución del matrimonio, en virtud de haber alegado las partes la ruptura de la vida en común después de haberse contraído válidamente el matrimonio,
pasa esta Juzgadora a comprobar que las partes hayan cumplido la carga probatoria que

impone la norma, previo su pronunciamiento definitivo, observando que en actas se constata que:

1º Los ciudadanos EVARDO JOSE LUIS CALDERON FONSECA y RUTH CRISTINA ZANELLI PACHECO, contrajeron matrimonio por ante la prefectura del Municipio Urbano San Blas, hoy en día Parroquia San Blas, Municipio Valencia Estado Carabobo, en fecha cuatro (04) de noviembre 1989 según acta de matrimonio distinguida con el N° 365, del Folio 65, del presente expediente, con lo cual se cumple el requisito probatorio que demuestra la existencia cierta del matrimonio y la fecha en que se celebró tal acto.

2º Alegaron los solicitantes que fijaron su domicilio conyugal en la siguiente dirección: conjunto Residencial Bonaventura Home casa 42, sector Mañongo Municipio Naguanagua, Estado Carabobo Por lo cual, resulta competente por el territorio este órgano jurisdiccional para conocer de la presente solicitud.

3º Los solicitantes admitieron que es cierto el hecho de estar separados desde la fecha quince (15) de febrero del año 2018, con lo cual se cumple el requisito probatorio que demuestra la existencia de la separación prolongada de la vida en común.

4º Los cónyuges manifestaron que durante la unión matrimonial si procrearon 2 hijos los cuales ya son mayores de edad, como consta en las actas de nacimiento consignadas por lo que este Tribunal resulta competente por la materia para conocer de la presente solicitud.

5º Los cónyuges manifestaron que durante la unión matrimonial adquirieron un bien con la Asociación Civil MICROFIN, debidamente autenticado por ante la Notaria Publica Quinta de Valencia, Estado Carabobo el 20 de marzo de 2007, anotado bajo el N° 19, Tomo 74 de los libros de autenticación llevados por esa Notaria. por lo que este Tribunal resulta competente por la materia para conocer de la presente solicitud

6º De su voluntad, expresamente declarada de solicitar el divorcio, se evidencia que no ha existido reconciliación entre ellos, con lo cual se cumple el elemento probatorio que determina que no ha habido reconciliación entre los cónyuges.

7° La Fiscal Decima Octava (18°) Ministerio Publico De La Circunscripción Judicial De Estado Carabobo no compareció ante este tribunal, por lo que es deber de quien aquí juzga garantizar los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como lo es el debido proceso y la Tutela Judicial efectiva, en el entendido de que habiendo transcurrido un lapso prudencial para que el Ministerio Publico se pronunciará en la presente solicitud y con el fin de dar

celeridad procesal y evitar un retardo judicial no imputable a las partes esta Jurisdicente sentenciara, como en efecto lo hace, sin la opinión favorable o no del Representante Fiscal. Y ASI SE DECLARA.

Ahora bien, cumplidos los supuestos de hecho establecidos en el artículo 185 del Código Civil, así como en las sentencias en las que se fundamenta la acción y teniendo en cuenta la manifestación de voluntad de ambos cónyuges al deseo de poner fin a la relación matrimonial por la invocación expresa del mutuo
consentimiento, tal como ocurrió en el caso planteado. Por ello, se debe tener como efecto la disolución del vínculo, siendo la obligación de los Jueces producir una decisión que fije la ruptura jurídica del vínculo con los efectos que dicho divorcio apareja, razón por la cual la presente acción debe prosperar, por cuanto en
el presente procedimiento se cumplieron todos los requisitos previstos en la Ley, no se observaron vicios en las actuaciones cumplidas y por lo que a juicio de esta sentenciadora es procedente la pretensión.
V
DECISIÓN
En mérito de todas las razones anteriormente expuestas, este TRIBINAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA,
LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Divorcio por mutuo consentimiento fundamentada en la sentencia N° 693 de fecha de 02 de junio del año 2015, formulado por los ciudadanos EVARDO JOSE LUIS CALDERON FONSECA y RUTH CRISTINA ZANELLI PACHECO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad N° V-7.076.796 y N° V-7.225.614, con domicilio en USA, 7523 Seurat sr apt 2007 Orlando FL zip code: 32819, incoada por la apoderada judicial YULEIMA CASTILLO OVIEDO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.048.119, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 41.360; tal como consta en instrumento de poder expedido por el notario público of Florida de fecha cinco (05) de marzo de 2024, apostille (convenio de la haya 5 de octubre de 1961) N° A-11 0704221, 8, N° 2024-45520.
SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, contraído en fecha cuatro (04) de noviembre de 1989 por ante la prefectura del municipio Urbano San Blas, Municipio Autónomo Valencia, hoy Parroquia San Blas, Municipio Estado Carabobo, acta de matrimonio distinguida con el N° 365, del Folio 65 Tomo N° 2.

TERCERO: Liquídese la comunidad conyugal.
CUARTO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay especial condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y en concordancia con la Resolución Nº001-2022 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha dieciséis (16) de junio de 2022, se ordena la publicación de la presente Decisión, en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve. CÚMPLASE.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal de Municipio, en Valencia, a los tres (03) días de junio del año dos mil veinticuatro (2024). Años 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
LA JUEZA,

DANIELA YENIREE MADRID COLLADO
LA SECRETARIA,

DANIELA SEGOVIA CASANOVA
Expediente Nro. 3262. En la misma fecha, siendo las tres (03:00 pm.) de la tarde se publicó y registró la anterior decisión, dando cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA,

DANIELA SEGOVIA CASANOVA

DYMC/DASC/IPH

Expediente N°3262