TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
EN SU NOMBRE
CIRCUITO JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO,
EXTENSIÓN PUERTO CABELLO
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA
Puerto Cabello, 22 febrero de dos mil veinticuatro
213º y 165º
ASUNTO PRINCIPAL: GP31-V-2020-000023 DM
ASUNTO: GP31-V-2020-000023 DM
DEMANDANTE: HUMBERTO RAFAEL TIRADO MARIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 3.307.026, con domicilio en la Urb. La Sorpresa, Av. 56, C/C 15, diagonal a la Mueblería Santa Lucía, Local S/N, Oficina No. 02, Parroquia Juan José Flores, Puerto Cabello, Estado Carabobo, asistido por la abogada INGRID HIGUERA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 86.926.
DEMANDADO: ENTIDAD MERCANTIL INVERSIONES LA YACARAM, C.A., en la persona de su Representante Legal YAJAIRA MARÍA RODRÍGUEZ BARRETO, titular de la cédula de identidad No. V.- 11.104.643, de este domicilio.
MOTIVO: DESALOJO LOCAL COMERCIAL
EXPEDIENTE No. GP31-V-2020-000023 DM
RESOLUCIÓN No. 2024-007 Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva
SEDE: Civil
Comenzó el presente juicio en fecha 21/01/2020, mediante demanda de DESALOJO LOCAL COMERCIAL, interpuesta por el ciudadano HUMBERTO RAFAEL TIRADO MARIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 3.307.026, con domicilio en la Urb. La Sorpresa, Av. 56, C/C 15, diagonal a la Mueblería Santa Lucía, Local S/N, Oficina No. 02, Parroquia Juan José Flores, Puerto Cabello, Estado Carabobo, asistido por la abogada INGRID HIGUERA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 86.926, contra la entidad mercantil INVERSIONES LA YACARAM, C.A., en la persona de su Representante Legal YAJAIRA MARÍA RODRÍGUEZ BARRETO, titular de la cédula de identidad No. V.- 11.104.643, de este domicilio. Distribuida la demanda, correspondió su conocimiento a este Tribunal, y mediante auto de fecha 22/01/2020 se le dio entrada y se admitió, emplazándose a la parte demandada para que comparezca por ante este Tribunal dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a que conste en autos la citación ordenada, para que de contestación a la demanda. Se libró compulsa.
En fecha 03/02/2020 la parte actora asistida de abogada consignó copia del libelo y auto de admisión, para la citación de la parte demandada y en diligencia aparte confirió poder apud-acta a las abogadas Ingrid Higuera y Yoraisi Rodríguez, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nos. 86.026 y 74.153, en su orden, por auto de fecha 04/02/2020 se formó la respectiva compulsa y se tuvo a las abogadas antes mencionadas como apoderadas judiciales de la parte actora. En fecha 10/02/2020 el Alguacil Juan Silva consignó el recibo de la compulsa sin firmar, por la demandada por haberse negado. En fecha 11 de febrero de 2020, mediante auto se ordenó librar boleta de notificación por Secretaría, de conformidad con el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 18 de febrero de 2020 la Secretaria hizo constar haber practicado la notificación de la parte demandada. En fecha 16/02/2024 mediante auto la Juez Provisoria del Tribunal abogada Ana Belmar Hernández Zerpa se abocó al conocimiento de la presente demanda.
Ahora bien, vista la falta de impulso procesal en que ha incurrido la parte demandante, sin que hasta la presente fecha haya acudido por ante este despacho a instar el procedimiento, el Tribunal observa:
-I-
I.1.- La Sala de Casación Civil de la Extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 22/09/1993, expediente Nº 92-0439, juicio Banco República C.A. Vs. Alejandro Saturno Santander, asienta:
“… La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del Art. 267 del C.P.C. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuente con este fin, la perención esta concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. Siendo entonces la perención materia de orden público, se causa por la misma inactividad de las partes durante el procedimiento, antes de que este entre en fase de sentencia, esto es, al día siguiente del vencimiento del término para presentar las observaciones de los informes, pues al verificarse de derecho, su efecto extintivo se expende a todos los actos procesales anteriores y posteriores, salvo aquellos a que se refiere el artículo 270 del C.P.C., es decir, que la perención no impida que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de los autos…”
I.2.- Asimismo, la Sala de Casación Civil en añeja Sentencia número 0071, del 15 de Marzo de 1995, expediente Nº 94-0721; juicio Ricardo Carrascosa De Mena Vs. Dolores Armada Valdez de Reza, expone lo siguiente:
“… Esta norma… tiene como razón de ser, el evitar que cualesquiera sea el interés del actor, éste puede incoar una demanda, obteniendo incluso a veces medidas preventivas… y luego dejar inactivo el expediente con evidente perjuicio del principio de celeridad procesal y del demandado…si bien el legislador previo una sanción muy grave, como es la perención, la misma está condicionada a que el demandante no cumpla con las obligaciones que le impone la Ley… Estas obligaciones están configuradas tanto por la cancelación de los derechos arancelarios,…, como por aquellos actos tendentes a lograr la citación del demandado…”
I.3.- De los extractos jurisprudenciales anteriormente expuestos, se desprende la naturaleza de orden público y verificable de derecho que contiene en su esencia la institución de la perención de la instancia, no susceptible de ser relajada, ni ser renunciable por las partes, que se causa por la inactividad de las partes durante el proceso y antes que entre en la fase de sentencia.
-II-
II.1.- El artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
El artículo 269 ejusdem, prescribe: La perención se verifica de derecho, no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.
II.2.- Ahora bien, desde el 03/02/2020 (F. 14) fecha de la diligencia mediante la cual el actor ciudadano HUMBERTO RAFAEL TIRADO MARIN otorga poder apud acta a la abogada Ingrid Higuera y a la abogada Yoraisi Rodríguez, hasta la fecha actual, ha transcurrido más de un (01) año, sin que la parte actora impulsara el proceso, desprendiéndose de ello que la inactividad procesal de la actora en el presente asunto ha superado el lapso previsto en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.-
II.3.- Por lo antes expuesto, se concluye entonces, que en la presente causa ocurrió la perención anual de la instancia Y; ASI DE OFICIO SE DECLARA.-
-III-
-DISPOSITIVA-
En fuerza de las anteriores consideraciones, este Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara de oficio:
PRIMERO: Consumada la PERENCION ANUAL y PERIMIDA LA INSTANCIA, por haber transcurrido el lapso establecido en el encabezamiento del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, sin que la parte actora impulsara la presente demanda de DESALOJO LOCAL COMERCIAL, interpuesta por el ciudadano HUMBERTO RAFAEL TIRADO MARIN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.- 3.307.026, con domicilio en la Urb. La Sorpresa, Av. 56, C/C 15, diagonal a la Mueblería Santa Lucía, Local S/N, Oficina No. 02, Parroquia Juan José Flores, Puerto Cabello, Estado Carabobo, asistido por la abogada INGRID HIGUERA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 86.926, contra la entidad mercantil INVERSIONES LA YACARAN, C.A., en la persona de su Representante Legal YAJAIRA MARÍA RODRÍGUEZ BARRETO, titular de la cédula de identidad No. V.- 11.104.643, de este domicilio; y en consecuencia EXTINGUIDO el presente proceso.
SEGUNDO: No hay condenatoria en costas conforme lo dispuesto en el Artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
TERCERO: En obsequio al derecho a la defensa, y en virtud que la presente decisión procede de oficio, notifíquese a las partes mediante boleta, conforme a lo dispuesto en los artículos 7, 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil y a los efectos del inicio del lapso establecido en los Artículos 269, 288 y 298 eiusdem; que comenzará a correr a partir de que conste en autos las notificaciones aquí ordenadas. Líbrese boleta-
Publíquese y déjese copia de la presente decisión el copiador de sentencias correspondiente.
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello.- En Puerto Cabello, a los veintidós (22) días del mes de febrero (02) del año dos mil veinticuatro (2024).
Años: 213º de la Independencia y 165º de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA
ABG. ANA BELMAR HERNÁNDEZ ZERPA
LA SECRETARIA
ABG. ANDMARY GISVEL ORDOÑEZ MENDEZ
En la misma fecha, siendo las 01:30 de la tarde, se dictó y publicó la anterior decisión. Se expidió copia certificada para el archivo de forma digital. Se libró boleta de notificación.
LA SECRETARIA
ABG. ANDMARY GISVEL ORDOÑEZ MENDEZ