TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS GUACARA, SAN JOAQUÍN Y DIEGO IBARRA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
Guacara, cinco (05) de diciembre de 2024
Años: 214° de Independencia y 165° de la Federación

-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y LA CAUSA
DEMANDANTE (S): JOEL ALFREDO COLMENARES ZUMOZA y FRANYURNAN JAVIELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las cédulas de identidad Nº V-15.532.880 y V-24.474.814, de este domicilio.
ABOGADA (S) ASISTENTE (S) Y/O APODERADA (S) JUDICIAL (ES): ENELIA MARÍA BELTRAN MIJARES, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 155.904.
DEMANDADA (S): ESTHER NOHEMI BARRIOS ARANGUREN, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-13.134.226, domiciliada en la Parroquia Mariara, municipio Diego Ibarra del estado Carabobo.
MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO.
SENTENCIA: (HOMOLOGACIÓN-CONVENIMIENTO) INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
EXPEDIENTE: 3589-2024
-II-
SÍNTESIS
En fecha veintiocho (28) de mayo de 2024, interpone procedimiento los ciudadanos JOEL ALFREDO COLMENARES ZUMOZA y FRANYURNAN JAVIELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las cédulas de identidad Nº V-15.532.880 y V-24.474.814, de este domicilio, asistidos por la abogada ENELIA MARÍA BELTRAN MIJARES, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 155.904; contra la ciudadana ESTHER NOHEMI BARRIOS ARANGUREN, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-13.134.226, domiciliada en la Parroquia Mariara, municipio Diego Ibarra del estado Carabobo; por ante el Juzgado Distribuidor de municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios Guacara, San Joaquín y Diego Ibarra de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, la cual correspondió conocer a este Tribunal previa distribución de ley, recibiendo el físico y demás recaudos en fecha treinta (30) de mayo de 2024, dándosele entrada en la misma fecha bajo el Nro. 3582-2024, asentándose en los libros correspondientes.
En fecha tres (03) de junio de 2024, se dictó auto solicitando al demandante estime la demanda según lo establecido en la Resolución Nº 2023-0001, de fecha veinticuatro (24) de mayo del 2023, emanada de la Sal Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha diez (10) de junio de 2024, se recibió diligencia presentada por los ciudadanos JOEL ALFREDO COLMENARES ZUMOZA y FRANYURNAN JAVIELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, donde otorgan Poder Apud Acta a la abogada ENELIA MARÍA BELTRAN MIJARES, identificados ut supra.
En fecha trece (13) de junio de 2024, se recibió diligencia presentada por la Apoderada de los demandantes, abogada ENELIA MARÍA BELTRAN MIJARES, identificada ut supra, donde estima la presente demanda según lo establecido en la Resolución Nº 2023-0001, de fecha veinticuatro (24) de mayo del 2023, emanada de la Sal Plena del Tribunal Supremo de Justicia, tal como fue solicitado por este Juzgado.
En fecha catorce (14) de junio de 2024, se dictó auto agregando la estimación de la demanda según lo establecido en la Resolución Nº 2023-0001, de fecha veinticuatro (24) de mayo del 2023, emanada de la Sal Plena del Tribunal Supremo de Justicia, subsanada por el demandante.
En fecha diecisiete (17) de junio de 2024, se admitió la demanda, se ordenó librar orden de comparecencia y recibo de citación a la ciudadana ESTHER NOHEMI BARRIOS ARANGUREN, identificado ut supra.
En fecha veintiuno (21) de octubre de 2024, se recibió diligencia presentada por los ciudadanos JOEL ALFREDO COLMENARES ZUMOZA y FRANYURNAN JAVIELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, identificados ut supra, asistidos por el abogado ALFREDO JOSÉ NODALES, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 255.079, donde consigna los emolumentos necesarios al Alguacil de este Tribunal para la práctica de la citación correspondiente.
En fecha veintiuno (21) de octubre de 2024, se recibió diligencia presentada por el Alguacil de este Tribunal donde hace constar que recibió de los ciudadanos JOEL ALFREDO COLMENARES ZUMOZA y FRANYURNAN JAVIELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, asistidos por el abogado ALFREDO JOSÉ NODALES, identificados ut supra, los emolumentos necesarios para la práctica de la citación correspondiente.
En fecha veintinueve (29) de octubre de 2024, se recibió diligencia presentada por el Alguacil de este Tribunal donde hace constar que se trasladó a la dirección indicada en el libelo de demanda con el fin de practicar la citación a la ciudadana ESTHER NOHEMI BARRIOS ARANGUREN, identificado ut supra, la cual fue positiva por lo que consigna recibo de citación debidamente firmado.
En fecha tres (03) de diciembre de 2024, se recibe escrito presentado por la ciudadana ESTHER NOHEMI BARRIOS ARANGUREN, identificada ut supra, asistida por la abogada EMILIANA VERENICE ROJAS RODRÍGUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 191.519, donde se da por citada, renuncia a los lapsos de comparecencia y reconoce como cierto el contenido del documento privado objeto de la presente demanda, sus huellas y su firma en él estampada.
-III-
DE LA PRETENSIÓN
En el caso concreto de marras, los ciudadanos JOEL ALFREDO COLMENARES ZUMOZA y FRANYURNAN JAVIELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, identificados ut supra, incoan la presente demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, argumentado entre otras cosas:
Que (…) Es el caso ciudadano Juez, que en fecha Dos (02) días del mes de Diciembre del año 2020. Se celebró una compraventa sobre unas bienhechurías a través de documento privado entre la ciudadana BARRIOS ARANGUREN ESTHER NOHEMI…omissis…y los ciudadanos COLMENARES ZUMOZA JOEL ALFREDO, Y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ FRANYURNAN JAVIELA, antes identificados, constituida por una casa, según consta en el documento de Compraventa, ubicado en el SECTOR GUAMACHO SUR, AVENIDA BOLÍVAR, CASA N° 127, PARROQUIA MARIARA, MINICIPIO DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO (…)
Que (…) Ahora bien, Ciudadano Juez solicitud muy respetuosamente, que previo a las formalidades de la ley se cite a la ciudadana BARRIOS ARANGUREN ESTHER NOHEMI…omissis…por todos los hechos ya narrados es por lo que acudo ante este Tribunal para Demandar EL RECONOCIMIENTO EN SU CONTENIDO Y FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO PRIVADO (…)
Que (…) Fundamento el derecho que nos asiste para formular la presente solicitud de RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO, en la siguiente normativa, Artículos, 10, 340, 444, 450, del Código de Procedimiento Civil, de conformidad a los Artículos 1363 y siguientes del Código Civil, Vigente, concatenado al Articulo; 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…)
Que (…) por cuanto se omitió la Estimación de la causa, la presente demanda está estimada por NOVENTA Y SEIS MIL BOLIVARES EXACTOS (Bs. 96.00), equivalente en DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON OCHENTA (€ 2.421,80), siendo esta la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela (…)
-IV.-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:
A objeto de sentenciar se señala en forma previa, que es necesario traer a colación lo establecido en el Código de Procedimiento Civil, el cual de manera expresa establece la posibilidad de ejercer la acción de reconocimiento de un instrumento privado, según lo dispuesto en el artículo 450 de dicho cuerpo legal, que dispone lo siguiente:
Artículo 450.- El reconocimiento de un instrumento privado puede pedirse por demanda principal. En este caso se observarán los trámites del procedimiento ordinario y las reglas de los artículos 444 a 448.
La legislación venezolana considera que el instrumento privado para que tenga valor probatorio debe estar suscrito por el obligado y en este sentido se ha encaminado la Jurisprudencia al establecer que, si la escritura o el documento no está firmado, no hará por tanto fe contra nadie. Los documentos privados pueden ser tachados de falsedad antes de ser reconocidos o aun cuando lo hayan sido. En el primer caso, queda a la parte que se sienta afectada promover la falsedad del instrumento ante el órgano competente, pero en el segundo caso si es un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, constituye una prueba de la verdad, de las declaraciones que contiene hasta que se demuestre lo contrario, si la parte quiere contradecir esa declaración o negar su firma deberá promover la tacha de falsedad, tal como lo establece el artículo 1.381 del Código Civil.
La parte a quien se opone el documento que haya sido adulterado en la forma expuesta, deberá ejercer la acción de tacha para obtener, si prospera, la decisión que declare la falsedad del contenido del documento.
En tal sentido existen pronunciamientos reiterados que afirman lo siguiente:

El reconocimiento o desconocimiento de un documento privado en nuestra legislación se refiere únicamente a la firma: Si la parte reconoce la firma estampada en el documento, pero alega alteración de contenido de éste, es preciso proceder a la tacha” (Dr. Humberto Bello Lozano, La Prueba y su Técnica).
Dada la naturaleza declarativa de la presente causa, debe ser analizada bajo lo dispuesto en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, el cual es del tenor siguiente:
Artículo 444. La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento.
La citada disposición se refiere al reconocimiento o desconocimiento de un documento privado cuando el mismo ha sido producido en juicio, dispositivo legal que guarda una estrecha relación con respecto al artículo 1.364 del Código Civil: “Aquel contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente”…
En el caso en estudio, se trata del reconocimiento de un documento privado, el cual constituye medio probatorio que demuestra el negocio jurídico realizado por los contratantes.
Estos documentos se diferencian entre públicos y privados, porque en la formación de los primeros interviene un funcionario que da fe pública del contenido del mismo, y hacen plena prueba entre las partes intervinientes en el mismo y ante terceros, mientras que los documentos privados son creados por las partes, sin la intervención de funcionario público alguno, y obtiene efecto jurídico en juicio solo entre las partes que los suscribieron.
Por su parte, los instrumentos privados pertenecen al igual que los instrumentos públicos y actualmente la nueva calificación de documentos administrativos, a los medios de prueba clasificado por la doctrina, la jurisprudencia y la ley como prueba escrita, la cual por su naturaleza es preconstituida y posee una gran presunción de sinceridad y fiabilidad, ya que contiene hechos que conciernen a las partes, los cuales se verificaron antes de presentarse cualquier controversia entre ellas, quienes lo suscriben una vez estén conformes con su redacción y contenido, tal y como lo precisa el Código Civil en sus artículos 1.355 y 1.356.
El jurista venezolano Dr. Humberto Bello Lozano, en su destacada obra “La Prueba y su Técnica” cuarta edición, p. 252, respecto a los instrumentos privados, señala lo siguiente:

Los documentos privados pueden ser definidos como aquellos que por su esencia pertenecen al ámbito del orden jurídico privado, que dejan constancia de acaecimiento realizados dentro de la esfera privada y trascienden tan solo en situaciones jurídicas de esa índole. La intervención de sujetos no oficiales, lo particular de la materia documentada, la ausencia de formas o solemnidades, son elementos característicos indispensables en su constitución.
En esta línea de consideraciones que se vienen manejando, quien aquí juzga considera necesario traer a colación los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, que textualmente rezan:
Artículo 1.363.- El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.
Artículo 1.364.-Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante.” (Negrilla y subrayado de quien aquí Juzga)
Las disposiciones transcritas anteriormente, permiten evidenciar que una persona puede acudir al órgano jurisdiccional a exigir el reconocimiento de la firma de un instrumento privado, con el entendido que el obligado al reconocerlo, si así lo hiciere, se tiene por reconocido (en el caso de que sea producido en juicio y haya sido opuesto para su reconocimiento); y para el caso en que acuda al llamamiento al Tribunal y voluntariamente reconozca su firma, se constituye en documento privado reconocido. En ambos casos, no es de la incumbencia del juez indagar sobre la certeza o falsedad del contenido del documento, ya que no se está discutiendo la falsedad del mismo.
En otro sentido, cuando el reconocimiento del instrumento privado se intente a través de la vía principal, se sigue todo el trámite del juicio ordinario, se apertura el contradictorio, se abre a pruebas; y dependiendo de cómo hubieren quedado trabados los hechos, se deberá probar y sentenciar. Es decir que, en el juicio principal de reconocimiento de instrumento privado, como el caso de marras, como quiera que el actor pretende que el demandado reconozca que el contenido del documento es cierto, al igual que la firma le pertenece, es decir, que es de su autoría; en consecuencia, estos son los hechos, que principalmente se deben probar para poder declarar con lugar la demanda. Claro está, todo depende de las defensas opuestas por el demandado y si las mismas lograren ser probadas en autos y suficientes para enervar la pretensión del actor.
Cabe resaltar, además, que el desconocimiento de un instrumento privado debe ser categórico, expreso, tajante, que de la manifestación clara de la parte contra quien se produjo el instrumento se infiera sin esfuerzo alguno, que se opone, niega o rechaza que el contenido y/o firma del documento privado sea cierto.
Por todo lo antes expuesto, este Juzgado observa que, una vez citada la demandada, compareció voluntariamente y asistida de abogada, y reconoció el contenido y como suya la firma estampada en el documento privado que riela al folio tres (03) y vto. del presente expediente, así como también renuncio a los lapsos de comparecencia.
Entonces, tal como establece el artículo 1364 del Código Civil y el artículo 444 del Código de procedimiento civil, al comparecer la demandada reconociendo formalmente el documento objeto de la presente demanda, resulta forzoso para esta sentenciadora reconocer el instrumento privado por existir un reconocimiento formal contra quien obra el procedimiento, acerca del contenido y firma del documento privado de compra venta del bien inmueble a que se contrae la presente demanda y en consecuencia procedente la pretensión de reconocimiento de contenido y firma del documento privado presentado como documento fundamental de la acción que cursa del folio tres (03) y vto., del presente expediente, en lo que respecta a las actuaciones celebradas entre los ciudadanos ESTHER NOHEMI BARRIOS ARANGUREN, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad Nº V-13.134.226, domiciliada en la Parroquia Mariara, municipio Diego Ibarra del estado Carabobo (VENDEDORA), y por la otra, los ciudadanos JOEL ALFREDO COLMENARES ZUMOZA y FRANYURNAN JAVIELA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, venezolanos, mayores de edad, solteros, titulares de las cédulas de identidad Nº V-15.532.880 y V-24.474.814, de este domicilio (COMPRADORES). Y consecuencialmente reconocido el referido documento, de conformidad a los artículos 450, 444 y 448 del Código de Procedimiento Civil y 1363 y 1364 del Código Civil, teniéndose dicho acto como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. ASÍ SE DECIDE.