REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. Valencia, 05 de abril de 2024 213° y 165° EXPEDIENTE: D-1113 SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA COMPETENCIA: CIVIL MOTIVO: DIVORCIO (DESAFECTO) DEMANDANTE: Ciudadana MARIANNY AMÉRICA MONTILLA CASTELLANOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-20.697.198, de este domicilio, correo: mariannymontilla@gmail.com APODERADA DE LA DEMANDANTE: Abogada judicial WERLYN ROSARIO AVELLONES RODRÍGUEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 275.384. DEMANDADO: Ciudadano ARMANDO JOSÉ LEAL COLMENARES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-20.443.667, domiciliado en Panamá. Cumplidos los trámites de distribución, le correspondió en fecha 23/11/2023 a este Tribunal se le dio entrada y se formo expediente (folio 01 al 10). En fecha 29/11/23 se dictó auto de despacho saneador (folio 11). En fecha 14/02/24 comparece ante este Tribunal la parte demandante asistido de abogado subsana lo requerido por este Tribunal, así mismo, consigna poder Apud-Acta (folio 12 al folio 15). En fecha 16/02/24 se dictó auto para mejor proveer (folio 16). En fecha 29/02/24 comparece la apoderada y subsana lo requerido por este Tribunal (folio 17). En fecha 05/03/24 se admite la presente demanda y se ordena citar al cónyuge no actuante en la misma fecha se ordena la notificación al Fiscal del Ministerio Publico en Materia de Familia (folio 18 y 19). En fecha 03/04/24 El Alguacil Titular adscrito a este Juzgado consigna acuse de recibo de Notificación a la Fiscalía Decima Octava del Ministerio Público con Competencia en Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo (folio 18 y 19). No habiendo más actuaciones que asentar es por lo que quien suscribe procede a decidir el presente asunto, en los términos siguientes: I.- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR: Analizadas las actuaciones constantes en la presente causa el Tribunal observa: Que desde el día 05 de marzo del 2024 fecha en la cual fue admitida la demanda y se ordeno emplazar a la parte demandada, siendo oportuno señalar que hasta la presente fecha, han transcurrido más de treinta (30) días, sin que la parte demandante haya impulsado por medio de diligencia la respectiva citación. En atención a lo antes expuesto, este Tribunal considera necesario estudiar la figura de la perención de los treinta (30) días establecida en nuestro derecho adjetivo civil. En ese sentido, entendemos que la perención de la instancia produce la extinción del proceso por falta de impulso procesal, teniendo dos fundamentos distinto, de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso en un período de tiempo determinado y de otro lado, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos y así liberar a los órganos jurisdiccionales del Estado de la carga de relaciones procesales inactivas. Ahora bien, el cometido de la institución de la perención por el incumplimiento del demandante en las obligaciones que le impone la Ley para la práctica de la citación del demandado, es forzar la pronta integración de la relación procesal con el llamamiento del demandado a la causa, así lo establece la exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil. La perención está contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención. También se extingue la instancia: 1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...” Sobre la norma in comento la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal de Justicia en sentencia Nro. RC.00537 de fecha 6 de julio de 2004, ha establecido lo siguiente: “…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece.…” (Resaltado del texto original). Así entonces, del criterio jurisprudencial antes trascrito se desprende la necesidad de que conste en el expediente el cumplimiento de la parte demandante de su obligación de poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado. De las actas procesales se desprende, que la demanda fue admitida el día 05 de marzo de 2024 por ante este Despacho y hasta la presente fecha, se ha podido constatar que ha transcurrido los treinta (30) días calendario consecutivos, a contar desde la fecha de admisión de la demanda, sin que la parte demandante le diera el impulso procesal necesario a la causa para su continuación. Al efecto, conviene traer a colación la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 5 de junio de 2012, expediente Nº 09-1235, a saber: “En consecuencia, el lapso de treinta (30) días consagrado en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, es un lapso que corre fatalmente y por tanto debe computarse por días consecutivos y no por días de despacho como argumentó la solicitante.” Es de hacer notar, que de la presente causa se configuró la perención breve y en consecuencia se extinguió la instancia de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, como quedará establecido de manera expresa y precisa en el dispositivo del presente fallo, Y ASÍ SE DECIDE. III.- DISPOSITIVA: En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando Justicia emanada de los Ciudadanos y Ciudadanas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente solicitud. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo. TERCERO: Notifíquese a la parte demandante. Publíquese en el expediente físico, el extenso del fallo, diarícese, regístrese en los libros respectivos y publíquese en la página web: www.carabobo.tsj.gob.ve. CÚMPLASE LO ORDENADO. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL OCTAVO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. En Valencia, a los cinco (05) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 213° de la Independencia y 165° de la Federación.- LA JUEZ PROVISORIA, ABG. FLOR MARTÍNEZ PEREZ. LA SECRETARIA TEMPORAL, ABG. ANTONELLA VALLILLO LÓPEZ En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, previo al anuncio de ley, siendo las 9:30 a.m.- LA SECRETARIA TEMPORAL, ANTONELLA VALLILLO LÓPEZ Expediente Nº D-1113 FYMP/AVL./MZ