TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL EN FUNCIÓN DE CONTROL

Valencia, 28 DE NOVIEMBRE DE 2023
213º y 164º

ASUNTO: GP01-P-2010-001320

JUEZA NOVENA DE CONTROL: ABOGADA LORENA GONZÀLEZ.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES:

FISCAL TRIGÉSIMA QUINTA DEL MINISTERIO PUBLICO EN COLABRACIÓN CON LA FISCAL 28 DEL MINISTERIO PÚBLICO ABG. MARIA JOSE PEDROZA.

VICTIMA CARLOS ALFONSO VASQUEZ GALLEGO, ASISTIDO POR LA ABG. YOIBETH ESCALONA

ACUSADOS: DIOMEL RICARDO DIAZ y VICTOR EDUARDO LAYA MACHADO.

DEFENSOR PUBLICO ABG. JOSE HERRERA.

DELITO: HOMICIDIO CALIFICADO CONMETIDO CON ALEVOSIA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 408 NUMERAL 1 DEL CÓDIGO PENAL, EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 408 NUMERAL 1 DEL CÓDIGO PENAL, EL DELITO DE USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL MOMENTO DE LOS HECHOS, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 280 Y275 EJUSDEM, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY SOBRE ARMAS Y EXPLOSIVOS, EL DELITO DE SIMULACION DE HECHO PUNIBLE, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO PENAL, EN GRADO DE COAUTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 83 EJUSDEM Y EL DELITO DE VIOLACIÓN DE PACTOS, CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 3 DE LOS DERECHOS HUMANOS, ARTICULO 6-1 DE PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y ARTICULO 4 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONDUCTA PREVISTA COMO PUNIBLE EN EL ARTICULO 155 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO PENAL EN GRADO DE COAUTOR;
DECISIÓN: APERTURA A JUICIO ORAL Y PÚBLICO.

AUTO DE APERTURA A JUICIO

Corresponde a este Tribunal Noveno de Primera Instancia Estadal y Municipal en función de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, presidido por la Jueza a cargo del referido Despacho Judicial Abogada LORENA GONZÀLEZ, el Secretario del Tribunal, abogado CARLOS LOPEZ y el alguacil asignado a la sala; de conformidad con lo establecido en el artículo 313 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), fundamentar JUICIO ORAL Y PÚBLICO, dictado al término de dictada en la Audiencia Preliminar, celebrada en fecha 28 DE NOVIEMBRE DE 2023, seguida en la causa penal llevada por este Juzgado a los ciudadanos: DIOMEL RICARDO DIAZ, Venezolano, natural del Caracas Distrito Capital, titular de la cedula de identidad No V.- 13.285.640; fecha de nacimiento: 24-11-1974, de 49 años de edad, de estado civil soltero, Profesión Funcionario Policial Activo de la Policía Municipal de Mariara, residenciado en Barrio Mariscal Sucre, Calle Simón Rodríguez Casa N° 63 Mariara, Municipio Diego Ibarra estado Carabobo; VICTOR EDUARDO LAYA MACHADO, venezolano, natural del Caracas Distrito Capital, titular de la cedula de identidad No V.- 11.937.347, fecha de nacimiento: 26-10-1973, de 50 años de edad, de estado civil soltero, Profesión Funcionario Policial Activo de la Policía Municipal de Mariara, residenciado en Avenida Principal Aguas Caliente, Casa N° 71, Sector Mariscal Sucre estado Carabobo.
Este Juzgado Noveno de Primera Instancia Estadal y Municipal en funciones de Control, pasa a motivar la APERTURA A JUICIO ORAL Y PÚBLICO, con sujeción a lo establecido en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, en los términos siguientes:

CAPITULO I

DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR

DE LA PETICIÓN FISCAL

En el acto, el Ministerio Público, de manera sucinta las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos exponiendo: La presente investigación tiene inicio en fecha 17 de Septiembre de 2008 el ciudadano LUIS LEONARDO NOGUERA MEZA se encontraba en compañía de Leandro y sentados en la acera del frente de la casa del ciudadano José Rojas cuando se presento comisión policial integrada por los funcionarios DIOMEL DIAZ, LUIS REINA y VICTOR LAYA, adscrito a la Comandancia General de la Policía Municipal del Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo, a la calle Tiuna del Barrio Vista Alegre, y le indican que se tiren al piso y es cuando el ciudadano LUIS LEONARDO NOGUERA MEZA, le pregunta de ¿porque, si están en la casa?, y sale corriendo y se mete en la casa del señor Rojas, y la policía hace un disparo al aire, y la victima(occiso) corren y sube las escaleras de la casa del señor Rojas y se mete al cuarto donde se encuentra una de las hijas menores del ciudadano Rojas y se sienta en la cama a ver la la niña y saca a Luis del televisión y es cuando entra la policía saca a cuarto y este coloca la manos hacia arriba y manifiesta que no lo maten, y lo llevan hasta la cocina donde le disparan situación esta que se corroborada por los testigos que observaron los hechos y posteriormente lo sacan heridos y lo trasladan hasta el Hospital Popular Simon Bolívar del Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo donde después de fallece a consecuencias de las heridas ocasionadas por proyectiles disparados por arma de fuego. Mediante las actuaciones que rielan en la presente investigación se determino que los funcionarios que se encontraban en la Calle Tiuna del Barrio Vista Alegre del Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo, y que posteriormente ingresaron a la vivienda Nº 66, lugar donde ocurren los hechos, Sargento Primero DIOMEL DIAZ, y los Distinguidos LUIS REINA y VICTOR LAYA, adscritos para la fecha del hecho específicamente el día 17- 09-2008 a la Comandancia General de la Policía Municipal del Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo, y que tienen participación directa en el hecho donde pierde la vida el ciudadano LUIS LEONARDO NOGUERA MEZA, ya que ya que mediante la EXPERTICIA DE RECONOCIMINETO TECNICO, Y COMPRACION BALISTICA, N° 9700-114-B-05174, de fecha, 18/11/2009, suscrita por los Sub-Inspectoras LESLY M ANGULO S y AILEN V.TACOA, ambas Licenciadas en Criminalística y Ciencias Policiales respectivamente adscritas al Área de Balística del Departamento de Criminalística, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Carabobo, determino que el fragmento que le fue extraído ala victima en el momento de practicársele la autopsia, fue disparado por el arma de fuego del tipo PISTOLA, calibre 9 milímetros, de la marca ZAMORANA, serial de orden 761AAD, y esta arma de fuego orgánica estaba asignada para la fecha del hecho al funcionario DIOMEL DIAZ, dicha información es obtenida mediante comunicación N° 372-09 de fecha 20-05- 2009, suscrita por el Comandante General de la Policía Municipal de Mariara estado Carabobo, Catalino Marín Chirinos, pero resulta que todos tienen participación ya que la víctima recibió cinco(05) heridas por proyectiles disparados por arma de fuego armas de fuego, según lo indicado en el PROTOCOLO DE AUTOPSIA N° 1829-08 de fecha 26/05/2009, suscrito por el Dr. EDVIO L RAMOS S, tres con orificios de entrada y salida y dos con orificios de entrada sin salidas. N° 1.-Orificio de entrada localizado en región parieto-frontal izquierda, con orificio de salida en región occipital inferior derecha. N° 2.- Orificio de entrada localizado en región para esternal media izquierda. N° 3.- Orificio de entrada localizado en región subpectoral izquierda. N° 4.- Orificio de entrada localizado en cara dorsal interna del 1/3 medio del antebrazo izquierdo, con orificio de salida en cara ventral interna del 1/3 proximal del antebrazo. N° 5.- Orificio de entrada en cara dorsal de la mano izquierda a nivel de la 5ta articulación carpo metacarpiana, con orificio de salida y rozadura a nivel de cara dorsal de la muñeca izquierda, y lo que nos esta dando positivo es un solo fragmento que le fue extraído al cadáver. Asimismo nos indica la EXPERTICIA DE TRAYECTORIA BALÍSTICA N° 9700-080-03239, de fecha 22-06-09, suscrita por el Funcionario MARIO MOSQUEDA, en sus conclusiones que la Victima LUIS LEONARDO NOGUERA MEZA, para el momento de recibir los disparos que le ocasionaron las heridas se encontraba en posición sedente (sentado), con su flanco izquierdo orientado hacia el tirador, y que la posición del Tirador para el momento de efectuar los disparos, se encontraba ubicado hacia su flaco izquierdo de la víctima y efectuándole los disparos”. Es todo.
Por las circunstancias anteriormente descritas, se practicó la detención de los imputados y fueron impuestos de los derechos que les asiste, de conformidad con los artículos 44 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículo 127 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Código Orgánico Procesal Penal quedando el imputado a la orden del Ministerio Publico. Es por lo que RATIFICA LA ACUSACIÓN DE FECHA 16-03-2010, por la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CONMETIDO CON ALEVOSIA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 408 NUMERAL 1 DEL CÓDIGO PENAL, EN GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 408 NUMERAL 1 DEL CÓDIGO PENAL, EL DELITO DE USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 282 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE PARA EL MOMENTO DE LOS HECHOS, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 280 Y275 EJUSDEM, EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 3 DE LA LEY SOBRE ARMAS Y EXPLOSIVOS, EL DELITO DE SIMULACION DE HECHO PUNIBLE, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO PENAL, EN GRADO DE COAUTOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 83 EJUSDEM Y EL DELITO DE VIOLACIÓN DE PACTOS, CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES, PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTICULO 3 DE LOS DERECHOS HUMANOS, ARTICULO 6-1 DE PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y ARTICULO 4 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, CONDUCTA PREVISTA COMO PUNIBLE EN EL ARTICULO 155 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO PENAL EN GRADO DE COAUTOR.
Solicito se admitan los medios de prueba descritos en el escrito acusatorio en virtud de que son lícitos, útiles, pertinentes y necesarios para el debate oral, se mantenga la medida privativa de libertad decretada, dado que no han variado los elementos que originaron la misma, solicito admita la acusación, se dicte el correspondiente auto de apertura a juicio oral y público.
DE LA VÍCTIMA

se deja constancia que de la revisión de las actuaciones se observar que las víctimas fueron notificada en su oportunidad sin haber comparecido a la audiencia preliminar, por lo que se ordeno su citación por cartelera, asimismo vista la data del presente asunto siendo la misma del 2010, y que en las actuaciones no consta numero telefónico de la victima la represente del Ministerio Publico asume la representación de la víctima, asimismo se acuerda la división de la contingencia del presente asunto de conformidad con lo establecido en el artículo 77 del Código Orgánico Procesal Penal.
DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO

El Juez de conformidad con lo establecido en el artículo 127 del Código Orgánico Procesal Penal, impuso al IMPUTADO del Derecho que le asiste en que le sea recibida su correspondiente declaración si así lo considera conveniente, de igual forma le impuso del Precepto Constitucional contenido en el ordinal 5º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación al artículo 133 del Código Orgánico Procesal Penal, mediante el cual establecen que lo exime en confesarse culpable o declarar contra sí mismo, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y, aun en caso de consentir a prestar declaración, a no hacerlo bajo juramento; se le comunicó detalladamente cuál es el hecho que se le atribuye, con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar de comisión, incluyendo aquellas que son de importancia para la calificación jurídica, las disposiciones legales aplicables y los datos que la investigación arroja en su contra. Se le instruyó también, que su declaración es un medio para su defensa y, por consiguiente, que tiene derecho a explicar todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre él recaen, y a solicitar la práctica de diligencias que considere necesarias. Fue impuesto igualmente, el ciudadano imputado del contenido de los artículos 126 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, que lo faculta de declarar durante la investigación ante el funcionario del Ministerio Público encargado de ella, cuando comparezca espontáneamente y así lo pida, o cuando sea citado por el Ministerio Público, siendo que en el presente caso lo hará por ante el Juez de Control, por cuanto ha sido aprehendido por la autoridad competente bajo las circunstancias antes señaladas, de igual forma, que lo hace dentro de las doce horas contadas desde su aprehensión, plazo que pudiere prorrogarse por otro tanto, si así lo solicitare para nombrar defensor. Se le explicó que en todo caso, su declaración será nula si no la hace en presencia de su defensor. Seguidamente de conformidad con lo establecido en los artículos 128 y 129 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, se procedió a identificar al imputado consultándosele sobre sus datos personales; se le impuso del deber en que se encuentra de indicar su domicilio o residencia y de mantener actualizados dichos datos. Se le interrogó, asimismo, sobre su lugar de trabajo y la forma más expedita para comunicarse con él, previniéndosele en que si se abstiene de proporcionar tales datos o lo hace falsamente, se les identificará por testigos o por otros medios útiles y que en todo caso de duda sobre los datos obtenidos no se alterará el curso del proceso pues los errores sobre ellos podrán ser corregidos en cualquier oportunidad, a tal fin se deja constancia.

Todo ello en el marco de la Sentencia de la Sala Constitucional N° 747, de fecha 23/05/2011, con ponencia de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, la cual establece que conforme al artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, los jueces y juezas de la República están en la obligación de informar al imputado previo a su declaración, del precepto constitucional que lo exime de declarar y, en caso de rendir declaración, a no hacerlo bajo juramento; lo cual no es aplicable para quienes sean llamados a declarar como testigos, ni para quienes ostenten la condición de víctima. Quien se identifica y expone:

Mi Nombre es: DIOMEL RICARDO DIAZ, Venezolano, natural del Caracas Distrito Capital, titular de la cedula de identidad No V.- 13.285.640; fecha de nacimiento: 24-11-1974, de 49 años de edad, de estado civil soltero, Profesión Funcionario Policial Activo de la Policía Municipal de Mariara, residenciado en Barrio Mariscal Sucre, Calle Simón Rodríguez Casa N° 63 Mariara, Municipio Diego Ibarra estado Carabobo; quien expone “me acojo al precepto constitucional”. Es todo.
VICTOR EDUARDO LAYA MACHADO, venezolano natural del Caracas Distrito Capital, titular de la cedula de identidad No V.- 11.937.347, fecha de nacimiento: 26-10-1973, de 50 años de edad, de estado civil soltero, Profesión Funcionario Policial Activo de la Policía Municipal de Mariara, residenciado en Avenida Principal Aguas Caliente, Casa N° 71, Sector Mariscal Sucre estado Carabobo, quien expone “me acojo al Precepto Constitucional”. Es todo.
DEFENSA TÉCNICA

Escuchada a la Defensora Publica ABG. JOSE HERRERA, quien expone “Escuchada los alegatos por parte del Ministerio Publico, esta defensa técnica una vez teniendo conversación con mis representados, los cuales me manifiestan su voluntad de irse a juicio, es por lo que solicito a este Tribunal se dicte el auto de Apertura a Juicio Oral y Público, ahora bien en cuanto a la solicitud del Ministerio Publico, en cuanto a la medida Privativa de Libertad, solicito a este Tribunal se aparte de la solicitud del Ministerio Publico, por cuanto mis representados han estado atento a su proceso, por lo que solicito se mantenga la libertad. Es todo.
CAPÍTULO II

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR

Oídas las partes en Audiencia, este TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL EN FUNCIONES DE CONTROL en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Leyestablece las razones que motivaron las decisiones tomadas al finalizar la Audiencia Preliminar, al siguiente tenor:

SECCIÓN I

IDENTIFICACIÓN DE LOS ACUSADOS

De conformidad con lo establecido en el artículo 314 numeral 1, se identifica plenamente al acusado de autos como:

1. DIOMEL RICARDO DIAZ, Venezolano, natural del Caracas Distrito Capital, titular de la cedula de identidad No V.- 13.285.640; fecha de nacimiento: 24-11-1974, de 49 años de edad, de estado civil soltero, Profesión Funcionario Policial Activo de la Policía Municipal de Mariara, residenciado en Barrio Mariscal Sucre, Calle Simón Rodríguez Casa N° 63 Mariara, Municipio Diego Ibarra estado Carabobo; quien expone “me acojo al precepto constitucional”. Es todo.
2. VICTOR EDUARDO LAYA MACHADO, venezolano, natural del Caracas Distrito Capital, titular de la cedula de identidad No V.- 11.937.347, fecha de nacimiento: 26-10-1973, de 50 años de edad, de estado civil soltero, Profesión Funcionario Policial Activo de la Policía Municipal de Mariara, residenciado en Avenida Principal Aguas Caliente, Casa N° 71, Sector Mariscal Sucre estado Carabobo, quien expone “me acojo al Precepto Constitucional”. Es todo.
SECCIÓN II

DE LOS HECHOS, SU CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL DE LA ACUSACIÓN

De conformidad con lo establecido en el artículo 314 numeral 2, se establece una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación jurídica provisional y una exposición sucinta de los motivos en que se fundamenta; y, de ser el caso, las razones por a las cuales se aparta de la calificación jurídica de la acusación, al siguiente tenor:

RELACIÓN CLARA, PRECISA Y CIRCUNSTANCIADA DE LOS HECHOS

“…La presente investigación tiene inicio en el mes de inicio en FECHA 17 de Septiembre de 2008 el ciudadano LUIS LEONARDO NOGUERA MEZA se encontraba en compañía de Leandro y sentados en la acera del frente de la casa del ciudadano José Rojas cuando se presento comisión policial integrada por los funcionarios DIOMEL DIAZ, LUIS REINA y VICTOR LAYA, adscrito a la Comandancia General de la Policía Municipal del Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo, a la calle Tiuna del Barrio Vista Alegre, y le indican que se tiren al piso y es cuando el ciudadano LUIS LEONARDO NOGUERA MEZA, le pregunta de ¿porque, si están en la casa?, y sale corriendo y se mete en la casa del señor Rojas, y la policía hace un disparo al aire, y la victima(occiso) corren y sube las escaleras de la casa del señor Rojas y se mete al cuarto donde se encuentra una de las hijas menores del ciudadano Rojas y se sienta en la cama a ver la la niña y saca a Luis del televisión y es cuando entra la policía saca a cuarto y este coloca la manos hacia arriba y manifiesta que no lo maten, y lo llevan hasta la cocina donde le disparan situación esta que se corroborada por los testigos que observaron los hechos y posteriormente lo sacan heridos y lo trasladan hasta el Hospital Popular Simon Bolívar del Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo donde después de fallece a consecuencias de las heridas ocasionadas por proyectiles disparados por arma de fuego. Mediante las actuaciones que rielan en la presente investigación se determino que los funcionarios que se encontraban en la Calle Tiuna del Barrio Vista Alegre del Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo, y que posteriormente ingresaron a la vivienda Nº 66, lugar donde ocurren los hechos, Sargento Primero DIOMEL DIAZ, y los Distinguidos LUIS REINA y VICTOR LAYA, adscritos para la fecha del hecho específicamente el día 17- 09-2008 a la Comandancia General de la Policía Municipal del Municipio Diego Ibarra del estado Carabobo, y que tienen participación directa en el hecho donde pierde la vida el ciudadano LUIS LEONARDO NOGUERA MEZA, ya que ya que mediante la EXPERTICIA DE RECONOCIMINETO TECNICO, Y COMPRACION BALISTICA, N° 9700-114-B-05174, de fecha, 18/11/2009, suscrita por los Sub-Inspectoras LESLY M ANGULO S y AILEN V.TACOA, ambas Licenciadas en Criminalística y Ciencias Policiales respectivamente adscritas al Área de Balística del Departamento de Criminalística, del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del Estado Carabobo, determino que el fragmento que le fue extraído ala victima en el momento de practicársele la autopsia, fue disparado por el arma de fuego del tipo PISTOLA, calibre 9 milímetros, de la marca ZAMORANA, serial de orden 761AAD, y esta arma de fuego orgánica estaba asignada para la fecha del hecho al funcionario DIOMEL DIAZ, dicha información es obtenida mediante comunicación N° 372-09 de fecha 20-05- 2009, suscrita por el Comandante General de la Policía Municipal de Mariara estado Carabobo, Catalino Marín Chirinos, pero resulta que todos tienen participación ya que la víctima recibió cinco(05) heridas por proyectiles disparados por arma de fuego armas de fuego, según lo indicado en el PROTOCOLO DE AUTOPSIA N° 1829-08 de fecha 26/05/2009, suscrito por el Dr. EDVIO L RAMOS S, tres con orificios de entrada y salida y dos con orificios de entrada sin salidas. N° 1.-Orificio de entrada localizado en región parieto-frontal izquierda, con orificio de salida en región occipital inferior derecha. N° 2.- Orificio de entrada localizado en región para esternal media izquierda. N° 3.- Orificio de entrada localizado en región subpectoral izquierda. N° 4.- Orificio de entrada localizado en cara dorsal interna del 1/3 medio del antebrazo izquierdo, con orificio de salida en cara ventral interna del 1/3 proximal del antebrazo. N° 5.- Orificio de entrada en cara dorsal de la mano izquierda a nivel de la 5ta articulación carpo metacarpiana, con orificio de salida y rozadura a nivel de cara dorsal de la muñeca izquierda, y lo que nos esta dando positivo es un solo fragmento que le fue extraído al cadáver. Asimismo nos indica la EXPERTICIA DE TRAYECTORIA BALÍSTICA N° 9700-080-03239, de fecha 22-06-09, suscrita por el Funcionario MARIO MOSQUEDA, en sus conclusiones que la Victima LUIS LEONARDO NOGUERA MEZA, para el momento de recibir los disparos que le ocasionaron las heridas se encontraba en posición sedente (sentado), con su flanco izquierdo orientado hacia el tirador, y que la posición del Tirador para el momento de efectuar los disparos, se encontraba ubicado hacia su flaco izquierdo de la víctima y efectuándole los disparos”. Es todo.
DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA PROVISIONAL Y MOTIVOS EN QUE SE FUNDA Y LAS RAZONES POR LAS CUALES ADMITE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LA ACUSACIÓN PRESENTADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público de la Fiscalía 28 de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo presentó acto conclusivo en fecha 16-03-2010, ACUSACIÓN, contra de los ciudadanos DIOMEL RICARDO DIAZ, VICTOR EDUARDO LAYA MACHADO, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CONMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y Sancionado en el Articulo 408 numeral 1 del Código Penal, en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, Previsto y sancionado en el Articulo 408 numeral 1 del Código Penal, el delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA, Previsto y sancionado en el Artículo 282 del Código Penal vigente para el momento de los hechos, en concordancia con los artículos 280 Y275 Ejusdem, en relación al artículo 3 de la Ley Sobre Armas y Explosivos, el delito de SIMULACION DE HECHO PUNIBLE, Previsto y Sancionado en el Artículo 240 del Código Penal, en grado de Coautor, de conformidad con el articulo 83 Ejusdem y el delito de VIOLACIÓN DE PACTOS, CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES, Previsto y Sancionado en el Articulo 3 de los Derechos Humanos, Articulo 6-1 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y articulo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conducta prevista como punible en el articulo 155 numeral 3 del Código Penal en grado de coautor.

Siendo así los hechos, este Juzgador pasa a analizar las especificidades del presente asunto, a los fines de sentar la calificación jurídica más adecuada y ajustada a derecho, conforme a la norma vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos, de la siguiente manera:

Se admite TOTALMENTE la acusación presentada por los representantes de la Fiscalía 28 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, contra de los ciudadanos JORGE LUIS BAZAN NEGRETTE y RAMIRO ROBLEDO PEREZ, por la presunta comisión del delito de DIOMEL RICARDO DIAZ, VICTOR EDUARDO LAYA MACHADO, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CONMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y Sancionado en el Articulo 408 numeral 1 del Código Penal, en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, Previsto y sancionado en el Articulo 408 numeral 1 del Código Penal, el delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA, Previsto y sancionado en el Artículo 282 del Código Penal vigente para el momento de los hechos, en concordancia con los artículos 280 Y275 Ejusdem, en relación al artículo 3 de la Ley Sobre Armas y Explosivos, el delito de SIMULACION DE HECHO PUNIBLE, Previsto y Sancionado en el Artículo 240 del Código Penal, en grado de Coautor, de conformidad con el articulo 83 Ejusdem y el delito de VIOLACIÓN DE PACTOS, CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES, Previsto y Sancionado en el Articulo 3 de los Derechos Humanos, Articulo 6-1 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y articulo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conducta prevista como punible en el articulo 155 numeral 3 del Código Penal en grado de coautor.

En lo señalado por la Sala de Casación Penal, en Jurisprudencia sentada en Sentencia 538 de fecha 27/07/2015, con ponencia de la Magistrada Doctora Elsa Gómez, en la cual se estableció:

El procedimiento por admisión de los hechos es una de las formas de autocomposición procesal, a pesar de no estar incluido dentro de las alternativas a la prosecución del proceso contempladas en el Capítulo III, Título I del Libro Primero del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, el principio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso y los acuerdos Reparatorios, cumple la misma función, las cuales tienen como objeto poner fin al proceso.

Este procedimiento especial es una institución que la doctrina ubica en el pleaguilty americano (declaración de culpabilidad) y en la conformidad española.

Las oportunidades procesales para que el acusado pueda o no admitir los hechos son: en la audiencia preliminar una vez admitida la acusación y hasta antes de la recepción de pruebas en juicio, conforme a lo establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal.

Es el caso, que el Juez de Control, durante la celebración de la audiencia preliminar, actúa como director del proceso, por lo que puede purificar o decantar el escrito de acusación Fiscal o de la acusación particular propia, que como acto formal debe cumplir los requisitos señalados en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, y es a este órgano jurisdiccional a quien corresponde ejercer el control efectivo de la determinada acusación, razón por la cual es el garante de que la misma se perfeccione, respetando siempre el derecho a la defensa e igualdad entre las partes, lo cual sólo se alcanza a través del examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta la parte acusadora, determinando si su pedimento se sostiene en elementos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto al imputado, por ello le está permitido cambiar la calificación jurídica a la que se contrae el escrito de acusación, lo cual no hace al azar, sino como producto del examen de los elementos de investigación recabados en la fase preparatoria.
(Subrayado y Negrillas del Juez).

En ese mismo orden de ideas, se cita a la referida Sala de Casación Penal, la cual en Sentencia 583 de fecha 10/08/2015 con ponencia de la Magistrada Doctora Francia Coello señaló:
La Sala de Casación Penal observa que la única forma que tiene el juez de control de evaluar si la Acusación se sostiene en fundamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado o imputados, es mediante el examen de los elementos de convicción, lo cual no debe ser en modo alguno interpretado como una invasión de la función del tribunal en función de juicio, sino como el cumplimiento de una de las finalidades esenciales del tribunal de control en esta etapa del proceso penal, que no es otra que evitar acusaciones infundadas.
(Subrayado y Negrillas del Juez).

Ahora bien, tal adecuación la realiza esta Juzgadora en vista del arbitrio para determinar la calificación jurídica otorgado a los hechos que son objeto de análisis en el presente asunto penal, pues considera quien hoy aquí decide que lo señalado por el Ministerio Público no se corresponde con los hechos analizados, asimismo se incorpora la Sentencia Nro. 318, emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, en la cual la Sala resolvió sobre el arbitrio de los Jueces a los fines de adecuar la tipicidad.

Así pues, observa esta Sala Constitucional que en caso bajo estudio no existen razones jurídicas de status constitucional que permitan otorgarle la razón al Ministerio Público, toda vez que, a juicio de esta máxima instancia constitucional, la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia actuó conforme a derecho, al modificar, dentro del libre arbitrio de los jueces que la integran, la calificación jurídica que le atribuyó el órgano fiscal a los hechos que iniciaron la investigación penal que motivó la interposición del presente amparo.

En efecto, esta Sala Constitucional considera que es potestad de los tribunales penales, cuando conocen un acto procesal, determinar la calificación jurídica de los hechos que le son sometidos a su conocimiento, tomando en cuenta para ello, los alegatos esgrimidos por las partes y las diligencias de investigación o medios probatorios que éstas aporten al proceso penal. En la determinación de la calificación jurídica, que no es más que la ejecución de la adecuación típica, los jueces penales están en el deber señalar, en forma fehaciente, cuál es la calificación jurídica que consideran que existe en el proceso penal, por lo que, en ese proceso de adecuación típica, pueden apartarse de la calificación jurídica establecida por el Ministerio Público, previo análisis de las diligencias de investigación o los medios probatorios aportadas por las partes.

Ahora bien, la calificación jurídica señalada por los Jueces Penales, en la fase preparatoria del proceso penal, ya sea por los Juzgados de Control o por las Cortes de Apelaciones que conocen alguna incidencia en esa fase, ostenta el carácter de provisionalidad, dado que en la investigación que lleve a cabo el Ministerio Público puede resultar una modificación esencial de los hechos investigados y, ergo, de la calificación jurídica que fue atribuida con anterioridad dentro de esa fase.
(Subrayado y Negrillas del Juez).

Finalmente, esta Juzgadora recurre al criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nro. 487, de fecha 04.12.2019, con ponencia del Magistrado Doctor Calixto Ortega Ríos, donde se estableció en el Capítulo VI, Obiter Dictum, y señaló con carácter vinculante, en relación al control formal y material de la acusación y las excepciones lo siguiente:

VI
OBITER DICTUM

No obstante el pronunciamiento anterior, la Sala estima pertinente efectuar las siguientes consideraciones:

En el caso de autos, la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia declaró que la declaratoria con lugar de la excepción prevista en el artículo 28, numeral 4, letra “i” del Código Orgánico Procesal Penal, siempre da lugar a un sobreseimiento provisional y no a un sobreseimiento definitivo.

Lo anterior demanda que esta Sala retome la discusión sobre los alcances y extensión del control material de la acusación, desarrollados por esta Sala en su sentencia nro. 1.303 del 20 de junio de 2005.

En dicho fallo se estableció que el control de la acusación consiste en el análisis de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan el escrito acusatorio.

Asimismo, en tal sentencia se estableció que la fase intermedia del proceso penal tiene tres (3) finalidades esenciales: a) Lograr la depuración del procedimiento; b) Comunicar al imputado sobre la acusación interpuesta en su contra; y c) Permitir que el Juez ejerza el control de la acusación.

En este sentido, esta Sala Constitucional afirmó expresamente que la fase intermedia funciona como un filtro, cuya finalidad es evitar la interposición de acusaciones infundadas y arbitrarias.

Por su parte, en la sentencia nro. 1.303 del 20 de junio de 2005, esta Sala Constitucional distinguió entre el control formal de la acusación y el control material de la acusación. El primero, consiste en la verificación de que se hayan cumplido los requisitos formales para la admisibilidad de la acusación, por ejemplo, identificación del o de los imputados, así como también que se haya delimitado claramente el hecho punible. El segundo, implica el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras palabras, si dicho acto conclusivo posee basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado.

El control de la acusación, tanto formal como material, se ejerce en la audiencia preliminar, oportunidad en la cual se verifica la viabilidad procesal de aquélla, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 312 y 313 del Código Orgánico Procesal Penal, en los cuales se establecen las pautas que rigen su desarrollo, así como también las decisiones que el Juez puede dictar en ella, respectivamente.

Es el caso que el control de la acusación lo ejerce el Juez de Primera Instancia en Funciones de Control, sea Estadal o Municipal, ya que éste es el órgano jurisdiccional competente para conocer de la fase intermedia, y en consecuencia, para celebrar la audiencia preliminar, todo ello según lo dispuesto en los artículos 67 y 109 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este punto se observa, como meridiana claridad, uno de los rasgos característicos del sistema acusatorio, a saber, la separación de las funciones de investigar, acusar y juzgar, correspondiéndole las dos primeras al Ministerio Público, órgano que en virtud del principio de oficialidad -artículos 285.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 11 del Código Orgánico Procesal Penal- es el competente para ejercer la acción penal en nombre del Estado, mientras que la tercera está atribuida al Juez (en este caso, el Juez de Control), quien está plenamente facultado para rechazar totalmente la acusación, en el supuesto de que ésta no satisfaga los requisitos esenciales para su viabilidad procesal.

Al respecto, la Sala de Casación Penal ha señalado en varias oportunidades que el Juez no es un simple validador o tramitador de la acusación.

Ahora bien, la relación entre el control de la acusación y el pronóstico de condena reside en que mediante el control de la acusación, y concretamente, el control material, el Juez determina si existe o no un pronóstico de condena, y en consecuencia, si debe ordenar la apertura del juicio oral. En otras palabras, el pronóstico de condena se verifica cuando el Juez realiza el control material de la acusación.

En la sentencia 1.303 del 20 de junio de 2005, esta Sala estableció que el pronóstico de condena es una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria.

Asimismo, señaló que en el supuesto de que no se evidencie o vislumbre dicho pronóstico de condena, el Juez de Control no debe dictar el auto de apertura a juicio, con lo cual se evita la “pena del banquillo”, la cual consiste en someter innecesariamente a una persona a un juicio oral, con todas las repercusiones negativas que ello puede tener para su honor y reputación.

Luego, no habrá pronóstico de condena cuando la acusación sea infundada, es decir, cuando no existan buenas razones que justifiquen el requerimiento de apertura a juicio formulado por el Fiscal.

En sentencia nro. 1.676 del 3 de agosto de 2007, esta Sala estableció el catálogo de supuestos en los que la acusación puede considerarse como infundada, siendo ellos los siguientes: a) Cuando el acusador no aporte ninguna prueba; b) Cuando el acusador aporte pruebas, pero éstas evidente y claramente carezcan de la suficiente solidez para generar un pronóstico de condena contra el imputado; y c) Cuando se acuse a una persona por la comisión de una figura punible inexistente en nuestra legislación penal, es decir, cuando la conducta del imputado no está tipificada -como delito o falta- en el código penal ni en la legislación penal colateral.

Si el Juez de Control, una vez realizado el control de la acusación, ha constado que la acusación está infundada, y por ende, no ha logrado vislumbrar un pronóstico de condena, deberá declarar la inadmisibilidad de la acusación y dictar el sobreseimiento de la causa, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 303 y 313.3 del Código Orgánico Procesal Penal. Este sobreseimiento es definitivo, y por ende, le pone fin al proceso y tiene autoridad de cosa juzgada, conforme a lo dispuesto en el artículo 301 Ejusdem.

En efecto, el artículo 303 del Código Orgánico Procesal Penal dispone que el Juez o Jueza de Control, al término de la audiencia preliminar, podrá declarar el sobreseimiento si considera que proceden una o varias de las causales que lo hagan procedente, previstas en el artículo 300 Ejusdem.

Igualmente, el artículo 313.3 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que finalizada la audiencia preliminar, el Juez o Jueza podrá dictar el sobreseimiento, si considera que concurren algunas de las causales establecidas en la ley.

Esta es la ratio legis de los artículos precedentes. En efecto, la Exposición de Motivos del Proyecto de Código Orgánico Procesal Penal (1997), indica, en la sección referida a la fase intermedia, lo siguiente:

“El Título II regula lo relativo a la fase intermedia, fase cuyo acto fundamental es la celebración de la audiencia preliminar, al término de la cual, el tribunal de control deberá admitir, total o parcialmente la acusación del Ministerio Público o de la víctima y ordenar el enjuiciamiento, en cuyo caso debe remitir las actuaciones al tribunal de juicio. Si la rechaza totalmente deberá sobreseer. También es posible que en esta oportunidad el tribunal ordene la corrección de vicios formales en la acusación…” (Resaltado del presente fallo).

El vehículo que tiene el imputado de ejercer su derecho a la defensa frente a acusaciones infundadas, es la excepción de previo y especial pronunciamiento contemplada en el artículo 28, numeral 4, letra “i”, relativa al incumplimiento de los requisitos esenciales para intentar la acusación. A través de ésta, el encartado puede alegar la inexistencia de un pronóstico de condena y solicitar la activación del control material de la acusación, a fin de que se declare la inadmisibilidad de ésta y el sobreseimiento de la causa.

A mayor abundamiento, el imputado podrá oponerse a la persecución penal, por vía de la antes referida excepción, alegando la ausencia de fundamentos materiales de la acusación ejercida en su contra (acusación infundada), lo cual tiene lugar en los supuestos descritos por esta Sala en su sentencia nro. 1.676 del 3 de agosto de 2007.

Tal como se indicó anteriormente, la evaluación que sobre este aspecto, corresponde al control material de la acusación, el cual puede desembocar, cuando se evidencia la falta de fundamento serio para el enjuiciamiento del imputado, en un sobreseimiento definitivo, conforme a lo dispuesto en los artículos 34.4, 301, 303 y 313.3 del Código Orgánico Procesal Penal. No se trata de un mero sobreseimiento provisional, puesto que éste se produce con ocasión del control formal de la acusación.

Es por ello que esta Sala, en aras de robustecer los criterios asentados en sus sentencias números 1.303 del 20 de junio de 2005; y 1.676 del 3 de agosto de 2007, establece con carácter vinculante que la declaratoria con lugar de la excepción prevista en el artículo 28, numeral 4, letra “i” del Código Orgánico Procesal Penal, puede dar lugar a un sobreseimiento definitivo, en los casos en que el Juez de Control, una vez efectuado el control material de la acusación en la audiencia preliminar, considere que no existe un pronóstico de condena contra el imputado.

Siendo así, del análisis realizado a las actuaciones, los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y lo señalado por la Defensa Técnica, determina esta Juzgadora, que los hechos se subsumen en los tipos penales señalados en el párrafo anterior, siendo además que de la valoración exhaustiva del referido acto conclusivo el mismo cumple con todos los requisitos contenidos en el artículo 308 del Código Orgánico Procesal Penal, pues se corresponden los hechos de forma jurídica-lógica con los elementos de convicción, que se cimientan en los medios probatorios ofrecidos, que traducen una elevada probabilidad que en la fase de juicio el Ministerio Público logre derrumbar la presunción de inocencia que ampara al acusado de autos y finalmente obtener una sentencia condenatoria, lo que no es otra cosa, sino el alto pronostico de condena que ha denominado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En consecuencia, este Tribunal estima PROCEDENTE la pretensión de enjuiciamiento, admitiendo la calificación jurídica, atribuyendo y subsumiendo en contra de los imputados DIOMEL RICARDO DIAZ, VICTOR EDUARDO LAYA MACHADO, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CONMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y Sancionado en el Articulo 408 numeral 1 del Código Penal, en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, Previsto y sancionado en el Articulo 408 numeral 1 del Código Penal, el delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA, Previsto y sancionado en el Artículo 282 del Código Penal vigente para el momento de los hechos, en concordancia con los artículos 280 Y275 Ejusdem, en relación al artículo 3 de la Ley Sobre Armas y Explosivos, el delito de SIMULACION DE HECHO PUNIBLE, Previsto y Sancionado en el Artículo 240 del Código Penal, en grado de Coautor, de conformidad con el articulo 83 Ejusdem y el delito de VIOLACIÓN DE PACTOS, CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES, Previsto y Sancionado en el Articulo 3 de los Derechos Humanos, Articulo 6-1 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y articulo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conducta prevista como punible en el articulo 155 numeral 3 del Código Penal en grado de coautor. Y ASÍ SE DECIDE.-

SECCIÓN III

DE LAS PRUEBAS

De conformidad con lo establecido en el artículo 314 numeral 3, se establecen las pruebas admitidas y las estipulaciones realizadas entre las partes, al siguiente tenor:

DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO

Se ADMITEN TOTALMENTE los elementos probatorios presentados por el Ministerio Publico por considerarlos útiles, necesarios y pertinentes para el desarrollo del debate oral y público, de conformidad con el Ordinal 9° del Art. 313 del Código Orgánico Procesal Penal, tal y como se encuentran descritos en el Capítulo VI del escrito acusatorio, a saber:

EN CUANTO A LAS PRUEBAS TESTIMONIALES (EXPERTOS), De acuerdo con lo previsto en el artículo 337 del Código Orgánico Procesal Penal:
TESTIMONIALES DE EXPERTOS
1. Detective José Escobar y Carlos Santana, adscritos al CICPC Mariara; Quienes suscriben la INSPECCION TECNICA CRIMINALISTICAS SN, de fecha 17-09-2008, y la INSPECCION TECNICA CRIMINALISTICAS DEL CADAVER SN, de fecha 17-09-2008;
2. Detective Jorge Escobar, adscritos al CICPC MARIARA, quien suscribe EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL N° 9700-092, de fecha 18-09-2008;
3. Subinspectora Lesly Angulo Sánchez, adscrita al CICPC, Mariara quienes suscriben EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL, MECANICA Y DISEÑO y COMPARACIÓN BALISTICA N° 9700-114-B-02111-09, de fecha 25-05-2009, EXPERTICIAS DE RECONOCIMIENTO TECNICO, MECANICA, DISEÑO, COMPARACIÓN BALISTICA Y RESTAURACION DE CARACTERES BORRADOS EN METAL N° 9700-114-B-02380-2009, de fecha 04-06-2009 y EXPERTICIAS DE RECONOCIMIENTO TECNICO, MECANICA, DISEÑO, COMPARACIÓN BALISTICA Y RESTAURACION DE CARACTERES BORRADOS EN METAL N° 9700-114-B-02380-2009, de fecha 04-06-2009;
4. Sub-inspectora Francis C. Quintero S; adscrita la CICPC, Mariara, quien suscribe EXPERTICIAS DE RECONOCIMIENTO TECNICO, MECANICA, DISEÑO, COMPARACIÓN BALISTICA Y RESTAURACION DE CARACTERES BORRADOS EN METAL N° 9700-114-B-02380-2009, de fecha 04-06-2009; Dr. EDUVIO L. RAMOS S. Anatomopatologo Forense, quien suscribe PROTOCOLO DE AUTOPSIA N° 1829-2008, de fecha 26-05-2009;
5. Expertos Michela Decayette, adscritos al CICPC Carabobo, quien suscribe EXPERTICIA DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO N ° 03239, de fecha 22-07-20096.
6. Experto Mario Mosqueda, adscrito a la División de Balística del Laboratorio estadal Carabobo, quien suscribe EXPERTICIA DE TRAYECTORIA BALISTICA N° 9700-080-03239; de fecha 22-06-2009; TESTIMONIALES DE los ciudadanos Rojas Guerrero José, Nava Nairys Andreina, Meza Díaz Emilia María, Díaz Da Silva Leandro Javier,

DOCUMENTALES.
1. INSPECCION TECNICA CRIMINALISTICAS SN, de fecha 17-09-2008, y la INSPECCION TECNICA CRIMINALISTICAS DEL CADAVER SN, de fecha 17-09-2008, Suscritas por Detective José Escobar y Carlos Santana, adscritos al CICPC Mariara;
2. EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO TECNICO LEGAL N° 9700-092, de fecha 18-09-2008, suscrita por el Detective Jorge Escobar, adscrito al CICPC MARIARA;
3. EXPERTICIA DE RECONOCIMIENTO LEGAL, MECANICA Y DISEÑO y COMPARACIÓN BALISTICA N° 9700-114-B-02111-09, de fecha 25-05-2009, EXPERTICIAS DE RECONOCIMIENTO TECNICO, MECANICA, DISEÑO, COMPARACIÓN BALISTICA Y RESTAURACION DE CARACTERES BORRADOS EN METAL N° 9700-114-B-02380-2009, de fecha 04-06-2009 y EXPERTICIAS DE RECONOCIMIENTO TECNICO, MECANICA, DISEÑO, COMPARACIÓN BALISTICA Y RESTAURACION DE CARACTERES BORRADOS EN METAL N° 9700-114-B-02380-2009, de fecha 04-06-2009, suscrita por la Subinspectora Lesly Angulo Sánchez, adscrita al CICPC, Mariara quienes suscriben;
4. EXPERTICIAS DE RECONOCIMIENTO TECNICO, MECANICA, DISEÑO, COMPARACIÓN BALISTICA Y RESTAURACION DE CARACTERES BORRADOS EN METAL N° 9700-114-B-02380-2009, de fecha 04-06-2009, suscita por la Sub-inspectora Francis C. Quintero S; adscrita la CICPC, Mariara, quien suscribe;
5. PROTOCOLO DE AUTOPSIA N° 1829-2008, de fecha 26-05-2009, suscrita por el Dr. EDUVIO L. RAMOS S. Anatomopatologo Forense, quien suscribe;
6. EXPERTICIA DE LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO N° 03239, de fecha 22-07-2009, suscrita por el Experto Michela Decayette, adscrita al CICPC Carabobo,
7. EXPERTICIA DE TRAYECTORIA BALISTICA N° 9700-080-03239; de fecha 22-06-2009, suscrita por el Experto Mario Mosqueda, adscrito a la División de Balística del Laboratorio estadal Carabobo;
8. ACTA DE DEFUNCIÓN N° 236 de fecha 18-09-2008, suscrita por la Registradora Civil Parroquia Aguas Calientes, del Municipio Diego Ibarra,
9. COPIAS CERTIFICADAS DE LAS NOVEDADES de fecha 17-09-2008, de la Comandancia General de la Policía Municipal del Municipio Autónomo Digo Ibarra;
10. COPIA DEL LIBRO DE ASIGNACION DE ARMA DE FUEGO, fecha 17-09-2008, de la Comandancia General de la Policía Municipal del Municipio Autónomo Digo Ibarra;
11. ACTA DE NOMBRAMIENTO ACEPTACION y JURAMTACION DEL CARGO, de fecha 09-04-1996; suscrita por el ciudadano René Castillo Morales, Alcalde del Municipio Diego Ibarra de Mariara, donde se certifica el ingreso del ciudadano Díaz Diomel Ricardo, a la Policía Municipal;
12. ACTA DE NOMBRAMIENTO ACEPTACION y JURAMTACION DEL CARGO, de fecha 01-01-2005; suscrita por el ciudadano Rafael Ruiz Manrique,, Alcalde del Municipio Diego Ibarra de Mariara, donde se certifica el ingreso del ciudadano Luis Rafael Reina Pacheco, a la Policía Municipal;
13. ACTA DE NOMBRAMIENTO ACEPTACION y JURAMTACION DEL CARGO, de fecha 09-04-1996; suscrita por el ciudadano Rafael Ruiz Manrique, Alcalde del Municipio Diego Ibarra de Mariara, donde se certifica el ingreso del ciudadano Laya Machado Víctor, a la Policía Municipal;
14. COMUNICACIÓN N° 715-2009-, de fecha 08-10-2009; Suscrita por el Comisario Jefe Marin Chirinos Catalino, Comandante General de la Policía Municipal Mariara estado Carabobo; Los medios de pruebas

PRUEBAS OFRECIDAS POR LA DEFENSA TÉCNICA

Se deja constancia que la Defensa Técnica se acogió al principio de la comunidad de las pruebas. Y ASÍ SE DECIDE.
SECCIÓN IV

IMPOSICIÓN DEL ACUSADO DE PROCEDIMIENTO ESPECIAL POR ADMISIÓN DE HECHOS

Una vez admitida la acusación se les impone a los acusados del procedimiento especial para la admisión de los hechos, previsto en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal; para posteriormente los acusados exponer:

DIOMEL RICARDO DIAZ, Venezolano, natural del Caracas Distrito Capital, titular de la cedula de identidad No V.- 13.285.640; fecha de nacimiento: 24-11-1974, de 49 años de edad, de estado civil soltero, Profesión Funcionario Policial Activo de la Policía Municipal de Mariara, residenciado en Barrio Mariscal Sucre, Calle Simón Rodríguez Casa N° 63 Mariara, Municipio Diego Ibarra estado Carabobo; quien expone “Me Voy a Juicio”. Es todo.
VICTOR EDUARDO LAYA MACHADO, venezolano, natural del Caracas Distrito Capital, titular de la cedula de identidad No V.- 11.937.347, fecha de nacimiento: 26-10-1973, de 50 años de edad, de estado civil soltero, Profesión Funcionario Policial Activo de la Policía Municipal de Mariara, residenciado en Avenida Principal Aguas Caliente, Casa N° 71, Sector Mariscal Sucre estado Carabobo, quien expone: “Me Voy a Juicio”. Es todo.
SECCIÓN V
ORDEN DE APERTURA A JUICIO

De conformidad con lo establecido en el artículo 314 numeral 4, se dicta la Orden de Abrir el Juicio Oral y Público, en los siguientes términos:

Se ORDENA LA APERTURA DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO para los ciudadanos DIOMEL RICARDO DIAZ, VICTOR EDUARDO LAYA MACHADO, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CONMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y Sancionado en el Articulo 408 numeral 1 del Código Penal, en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, Previsto y sancionado en el Articulo 408 numeral 1 del Código Penal, el delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA, Previsto y sancionado en el Artículo 282 del Código Penal vigente para el momento de los hechos, en concordancia con los artículos 280 Y275 Ejusdem, en relación al artículo 3 de la Ley Sobre Armas y Explosivos, el delito de SIMULACION DE HECHO PUNIBLE, Previsto y Sancionado en el Artículo 240 del Código Penal, en grado de Coautor, de conformidad con el articulo 83 Ejusdem y el delito de VIOLACIÓN DE PACTOS, CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES, Previsto y Sancionado en el Articulo 3 de los Derechos Humanos, Articulo 6-1 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y articulo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conducta prevista como punible en el articulo 155 numeral 3 del Código Penal en grado de coautor.

SECCIÓN VI

Tal y como lo estatuye el numeral 5 del artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, se EMPLAZA a las partes para que, en el plazo común de CINCO (05) DÍAS, concurran ante el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio.

DISPOSITIVA

En consecuencia este TRIBUNAL NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL ESTADALES Y MUNICIPALES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, sobre la base de los fundamentos de derecho y en atención a lo previsto en los artículos 313 y 314 del Código Orgánico Procesal Penal, emite los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: ORDENA LA APERTURA DEL JUICIO ORAL Y PUBLICO de los ciudadanos DIOMEL RICARDO DIAZ, VICTOR EDUARDO LAYA MACHADO, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CONMETIDO CON ALEVOSIA, previsto y Sancionado en el Articulo 408 numeral 1 del Código Penal, en GRADO DE COMPLICIDAD CORRESPECTIVA, Previsto y sancionado en el Articulo 408 numeral 1 del Código Penal, el delito de USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA, Previsto y sancionado en el Artículo 282 del Código Penal vigente para el momento de los hechos, en concordancia con los artículos 280 Y275 Ejusdem, en relación al artículo 3 de la Ley Sobre Armas y Explosivos, el delito de SIMULACION DE HECHO PUNIBLE, Previsto y Sancionado en el Artículo 240 del Código Penal, en grado de Coautor, de conformidad con el articulo 83 Ejusdem y el delito de VIOLACIÓN DE PACTOS, CONVENCIONES Y TRATADOS INTERNACIONALES, Previsto y Sancionado en el Articulo 3 de los Derechos Humanos, Articulo 6-1 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y articulo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conducta prevista como punible en el articulo 155 numeral 3 del Código Penal en grado de coautor.

SEGUNDO: Se admiten las pruebas aquí expresamente señaladas.

TERCERO: Asimismo se emplaza a las partes para que, en el plazo común de CINCO (05) DÍAS, concurran ante el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio. En la oportunidad legal correspondiente.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias del Tribunal Noveno de Primera Instancia Estadal y Municipal en función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo.

Regístrese, Publíquese la presente decisión.- CÚMPLASE. -

ABG. LORENA GONZÀLEZ CANELONES

JUEZA NOVENA DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL Y MUNICIPAL EN FUNCIÓN DE CONTROL

SECRETARIO
ABG. CARLOS LÒPEZ