TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.-
Valencia, 10 de Julio del 2023
Años 213° y 164°

DEMANDANTE: ANTONIO PECORARO RODRÍGUEZ, actuando con el carácter de Director Principal de la Sociedad Mercantil ANCOBIENES, C.A., debidamente asistido por la abogada AMPARO BEATRIZ ESTABA MATA.
DEMANDADO SUMIMÚLTIPLES DEL SUR 2020 C.A., en la persona de su representante MARÍA ALEJANDRA RUIZ VEGA y de su fiador FRANCISCO FAMIGLIETTI MONDA.
MOTIVO: DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL
EXPEDIENTE Nº: 10.473
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA.

Tal como fue solicitado por la parte demandante, este Tribunal procede a pronunciarse de la manera siguiente: La parte actora solicita tutela cautelar invocando el ordinal 7° del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, el cual expresa lo siguiente:
"Se decretará el secuestro:
(...omissis…)
7° ."De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta de pago de pensiones de Arrendamiento, por estar deteriorada la cosa, o por haber dejado de hacer las mejoras a que estéobligado según el Contrato. También se decretará el secuestro de la cosa arrendada, porvencimiento del término del arrendamiento, siempre que el vencimiento de dicho término constedel documento público o privado que contenga el contrato.”
(…omissis…)
Según jurisprudencia pacífica de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia
“...es cuestión superada hace ya mucho tiempo, la objeción respecto a que el juez que dicta la medida preventiva por considerar existente el fumusboni iuris, se pronuncia sobre el fondo del pleito. De la misma manera, lo es en cuanto a que al decidirse la oposición que se hubiera planteado, se incurre per se en este tipo de pronunciamiento.
Admitir tal argumentación sería tanto como eliminar la posibilidad de que pueda dictarse alguna medida preventiva, ya que las mismas podrán ser decretadas sólo cuando el juez considere que existe presunción grave del derecho que se reclama, para lo cual, obviamente, tiene que analizar y apreciar de alguna manera, los fundamentos y recaudos en que se apoya la acción
El régimen de las medidas preventivas implica por esencia o definición, que el acordarlas no significa un pronunciamiento sobre el fondo, sino sólo un juicio provisional de verosimilitud, según las circunstancias de cada caso en concreto, y en relación con el aseguramiento, que se estime suficientemente justificado, de las resultas del pleito.
Por consiguiente, ni el juez que ha decretado una medida preventiva, ni el que conozca en apelación de la ratificación o suspensión de la misma, pueden abstenerse de dictar decisión correspondiente a la incidencia del caso, bajo el argumento de que al hacerlo estarían pronunciándose sobre el fondo del asunto; porque de ese modo, como ha sucedido en el presente caso, se omite la decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a lo deducido y, a que obliga la norma del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual resulta entonces infringido, en consecuencia con la infracción del artículo 12 ejusdem, al no atenerse con ello a lo alegado y probado en autos. Así se declara.” (Subrayado del Tribunal).
(Sentencia de fecha 25 de mayo de 2000, en el juicio seguido por la ciudadana Rosa María Contreras Carreño de Gómez contra el ciudadano Carlos Nadal Yepez y otros, expediente Nº 00-075)”.

Así mismo, en sentencia de la misma Sala de 27/07/04 se ha establecido:
“De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumusbomis iuris); y; 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora).
Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que las sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil...” ( de 27/07/04. Sent. N° RC-00733).

En cuanto al primero de los requisitos la presunción grave del derecho que se reclama (fumusbonis iuris); su confirmación consiste en la existencia de apariencia de buen derecho, pues cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado. Ha de entenderse como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante; correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de la demanda, a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
En cuanto al segundo requisito,el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora), ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiese, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.
Se expresa el solicitante para la petición así:
“Por las razones de hecho y de derecho que asisten a mi representada ANCOBIENES C.A. quien es propietaria del inmueble objeto de la relación arrendaticia y de conformidad con lo pactado en el contrato de arrendamiento, donde las partes establecieron las clausulas que regirían su relación arrendaticia, vista la falta de pago y terminada como ha sido la prorroga legal, es por lo que ocurro a demandar como en efecto demando por desalojo a la sociedad de Comercio SUMIMULTIPLES DEL SUR 2020, C.A inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en fecha 04 de Julio del año 2014, bajo el N° 46, Tomo 89-A, domiciliada en Valencia Estado Carabobo, con Registro de Información Fiscal (R.I.F) N° J-40421032-6 representada por su Presidenta MARÍA ALEJANDRA RUIZ VEGA venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-13.548.522… A los fines de que convenga o en su defecto sea condenada por este Tribunal reservándome el derecho demandar posteriormente por cánones de arrendamiento vencidos y por vencerse hasta la entrega definitiva del inmueble … Todos los argumentos antes expuestos, los cuales constan en el escrito de la demanda, son suficientes, para que la ciudadana Juez ordene y decrete la medida cautelar de secuestro establecida en el artículo 599 numeral 7 del Código de Procedimiento Civil.
Invoca el solicitante de la cautelar la norma contenida en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, que cómo antes se indicó son generales para todo nuestro sistema cautelar, razón por la que debe quien aquí decide verificar si están dados en este caso en concreto.
Establecido, o mejor dicho, precisado lo anterior, se pasa a examinar los requisitos de procedencia de la presente solicitud de secuestro.
A -) Con relación a la presunción de buen derecho. Consta en autos Contrato Privado de Arrendamiento suscrito entre ANCOBIENES C.A. representada por el ciudadano ANTONIO PECORARO RODRIGUEZ y SUMIMULTIPLES DEL SUR 2020 representada por su Presidenta ciudadana MARIA ALEJANDRA RUIZ VEGA (arrendataria) sobre el inmueble objeto de la demanda y descrito en el libelo, constituido por un local comercial distinguido con el N° 6-B ubicado en la Planta Alta del Inmueble N° 06 que forma parte del CENTRO EMPRESARIAL GIRARDOT cuyo documento de Condominio se encuentra protocolizado por ante la Oficina de Registro Publico de los Municipios Naguanagua y San diego, en de fecha 18 de abril del año 2013, bajo el N° 4, FOLIO 18, Tomo 22 del protocolo de Transcripción del año 2013 ubicado en la Carretera Nacional Valencia- Puerto Cabello, sector Bárbula, Municipio Naguanagua del Estado Carabobo, en el que se demuestra que se celebró contrato de arrendamiento por el inmueble en cuestión, identificado por la parte actora en el libelo y que concuerda con el inmueble descrito en el contrato de arrendamiento con lo que se da por cubierto el requisito del buen derecho exigido para la procedencia de la medida cautelar al emanar del contrato de arrendamiento suscrito circunstancias claves que permiten inferir la presunción grave de la existencia del derecho reclamado, sin que de esta forma se prejuzgue, en la presente fase del procedimiento, sobre el fondo del asunto debatido con respecto a la celebración del referido contrato de arrendamiento, y así se declara.
Al encontrarse satisfechos todos los extremos de ley requeridos para acordar la medida solicitada este Juzgado conforme al artículo 599 ordinal 7° del Código de Procedimiento Civil DECRETA:
1.- MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO, sobre un inmueble constituido por un Inmueble tipo Comercio, distinguido con el N° 6-B, ubicado en la Planta Alta del Inmueble N° 06, que forma parte del CENTRO EMPRESARIAL GIRARDOT, cuyo documento de Condominio se encuentra protocolizado por ante la Oficina de Registro Publico de los Municipios Naguanagua y San Diego, en fecha 189 de abril del año 2013, bajo el N° 4, Folio 18, Tomo 22 del protocolo de Transcripción del año 2013, ubicado en la Carretera Nacional Valencia-Puerto Cabello, Sector Bárbula, en Jurisdicción del Municipio Naguanagua del Estado Carabobo, dicho inmueble cuenta con una superficie de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA METROS CUADRADOS (249,80Mts2) que comprende, áreas de Almacén con estantería con tubos de metal y cubículos en malla metálicas, además le corresponde un (1) puesto de estacionamiento identificado con el numero 6 en el area de estacionamiento del CENTRO EMPRESARIAL. Sus linderos particulares son: NORESTE: Con Inmueble 7 del Centro Empresarial NOROESTE: Con cerros que son o fueron del Instituto Agrario Nacional. SUROESTE: Con franja de derechos del paso y SURESTE: Con el inmueble 5 del Centro Empresarial. A este Local le corresponde un porcentaje de Condominio de 9,463046% sobre los gastos comunes del Centro Empresarial Girardot. El mencionado inmueble le pertenece a ANCOBIENES C.A. Sociedad Mercantil según consta en documento Protocolizado por ante el Registro Publico del Municipio Naguanagua del Estado Carabobo, de fecha 17 de septiembre del año 2014, quedando inscrito bajo el numero 2014.2526, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N° 311.7.12.1.11029 y corresponde al Libro de Folio Real del año 2014. Se ordena que una vez que la parte interesada solicite el traslado del Tribunal, este se acordara por auto separado fijando el día y la hora en que tendrá lugar la práctica de la medida decretada y asimismo se puede hacer uso de la fuerza Pública si fuera necesario para, con facultades de designar Cerrajero, Perito y depositario si fuera necesario, tomarles el juramento de Ley.
LA JUEZ

YNÉS BRAZÓN GONZÁLEZ
LA SECRETARIA

Abg. ADRIANA CAROLINA MÉNDEZ PÁEZ

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado
LA SECRETARIA

Abg. ADRIANA CAROLINA MÉNDEZPÁEZ.

Exp. Nº 10.473
YBG/MC