TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO,
CON COMPETENCIA EN LOS ESTADOS COJEDES Y YARACUY.
Valencia, 05 de abril de 2022
Años: 211º y 163º

Expediente Nro. 11.254
Parte querellante: YELITZA CHIRINOS
Parte querellado: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO YARACUY.
Objeto del Procedimiento: QUERELLA FUNCIONARIAL

- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

El presente procedimiento se inició en fecha 28 de febrero de 2007 Ante este Juzgado Superior, con la interposición de la querella funcionarial incoado por el abogado JOSE LUIS OJEDA ESCOBAR, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro.95.594 actuando en este acto como apoderado judicial de la ciudadana YELITZA CHIRINOS, titular de la cedula de identidad Nro. V-10.370.071 contra CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO YARACUY. En esa misma fecha se recibió se le dio entrada y se anoto en los libros respectivos.
En fecha 25 de mayo de 2007, se dicto auto mediante el cual se admitió la querella funcionarial, y se libraron boletas de notificación.
En fecha 19 de julio de 2007, se agrego al expediente comisión Nro.75907 emanada del Juzgado Segundo de los Municipios San Felipe, Independencia, Cocorote y Veroes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, cumplida.
En fecha 20 de septiembre de 2007, mediante oficio S/N emanado del Contralor General del Estado Yaracuy, consigno una (1°) copias certificadas de expediente llevado en la Jefatura de recursos humanos de esa misma institución, copias certificadas de cancelación de Antigüedad acumulada, intereses sobre prestaciones, vacaciones no disfrutadas, vacaciones fraccionadas, fracción de bono vacacional, copias certificadas de relación de cálculo de prestaciones sociales y además beneficios derivados de la relación de trabajo y una copia de acta levantada con ocasión a los pagos, realizada en presencia del notario público, donde consta pago a los trabajadores.
En fecha 25 de octubre de 2007, compareció el abogado JOSE LUIS OJEDA ESCOBAR, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro.95.594, actuando en este acto como apoderado judicial de la parte querellante, expuso que se dio por notificado del auto de fecha 25 de mayo de 2007.
En fecha 22 de noviembre de 2022, comparecieron las abogadas María López y Yessenia Dávila, inscritos en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros.30.934 y 109.728, respectivamente, actuando en este acto en representación de la Contraloría General del Estado Yaracuy consignaron escrito de contestación.
En fecha 30 de enero de 2008, por auto se fijo la audiencia preliminar para el quinto (5to) día de despacho siguientes a las 2:50 P.M.
En fecha 14 de febrero de 2008, se celebro la audiencia preliminar y se dejo constancia de la comparecencia de las partes querellante y querellado.
En fecha 22 de febrero de 2008, compareció la abogada Elimar García, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nro.102.184, actuando en este acto en representación de la Contraloría General del Estado Yaracuy, consigno escrito de promoción de pruebas. En esa misma fecha el abogado Jose Luis Ojeda, antes Prenombrado, consigno escrito de promoción de pruebas.
En fecha 11 de marzo de 2008, por auto se ordeno abrir nueva pieza en la cual se denominara Nro. 2. En esa misma fecha por auto se admitieron las pruebas presentadas en fecha 22 de febrero de 2008, por la parte querellada. Igualmente se admitieron las pruebas de la parte querellante, presentadas en la misma fecha.
En fecha 10 de abril de 2008, por auto se fijo la audiencia definitiva para el quinto (5to) día de despacho siguiente a las 2:00 P.M.
En fecha 22 de abril de 2008, se celebro la audiencia definitiva y se dejo constancia de la no comparecencia de la parte querellante, asimismo se dejo constancia de la comparecencia de la parte querellada la cual consigno instrumento de poder.
En fecha 26 de abril de 2009, compareció el abogado José Luis Ojeda, antes Prenombrado, solicito se dicte sentencia en la presente causa.
En fecha 05 de agosto de 2010, compareció la parte querellada, consigno instrumento de poder, además solicito la pérdida de interés.
En fecha 21 de octubre de 2015, compareció la parte querellada, consigno instrumento de poder, además solicito la pérdida de interés y el abocamiento en la presente causa.
En fecha 03 de diciembre de 2015, En la condición Juez Provisorio, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 20 de mayo de 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Suprema de Justicia el 10 de junio de 2015, el ciudadano Luís Enrique Abello García, se aboco a la causa.
En fecha 17 de enero de 2017, compareció la parte querellada, solicito se le designe correo especial.
En fecha 19 de enero de 2017, por auto se le designo correo especial a la parte querellada.
En fecha 22 de junio de 2017, compareció la parte querellada, expuso ratifico comisión enviada al Juzgado Ejecutor de Medidas de San Felipe Estado Yaracuy.
En fecha 25 de julio de 2017, se agrego al expediente comisión Nro. 1634-17 emanada del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, cumplida.
En fecha 19 de noviembre de 2019, compareció la parte querellada, solicito el abocamiento en la presente causa, asimismo se declare la perdida de interés.
En fecha 16 de diciembre de 2019, en la condición de Juez Provisorio, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 01 de Noviembre del 2018 y con juramento ante el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia el 12 de Noviembre de 2018, el ciudadano FRANCISCO GUSTAVO AMONI VELÀSQUEZ, se aboca al conocimiento de la presente causa.
En fecha 05 de abril de 2022, En la condición de Juez Provisorio, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 05 de noviembre del 2020 y con juramento ante el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia el 18 de noviembre de 2020, el ciudadano PEDRO ENRIQUE VELASCO PRIETO, se aboca al conocimiento de la presente causa.

-I-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, éste Tribunal Superior advierte que el presente caso se circunscribe por interposición de de la querella funcionarial incoado por el abogado JOSE LUIS OJEDA ESCOBAR, inscrito en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro.95.594 actuando en este acto como apoderado judicial de la ciudadana YELITZA CHIRINOS, titular de la cedula de identidad Nro. V-10.370.071 contra CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO YARACUY.
Ahora bien, de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, queda de manifiesto la falta de impulso procesal hasta la presente fecha ya que no ha existido actividad efectuada por la misma parte demandante tendiente a activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a esta Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal.
En este sentido debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 5 de abril de 2006, mediante fallo número 2006-878, caso: “Distribuidores Fabrica de Papel Maracay Vs. Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)”, con fundamento al sostenido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 956 de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”:

“…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos.
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”.

En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que:

“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (Omissis)”.
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
“En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis)”.
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”.

Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte accionante por más de un año (01) años y nueve (09) mese sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgador, en principio, declarar la pérdida del interés.
En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En consecuencia, este Juzgador considera conveniente notificar a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo con Competencia con los estado Cojedes y Yaracuy, en Valencia, a los cinco (05) días del mes de abril de 2022. Años 211° de la Independencia y 163° de la Federación.
El Juez Provisorio,
La Secretaria Suplente,
Dr. Pedro Enrique Velasco Prieto.
Abg. Dayana Perez
En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libro cartel de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado.
La Secretaria Suplente,

Abg. Dayana Perez.

PEVP/Dp/ar