TSJ Regiones - Decisión

EL JUZGADO SUPERIOR ESTADAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO
CON COMPETENCIA EN LOS ESTADO COJEDES Y YARACUY
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 13 de abril de 2022
Años: 211° de Independencia y 163° de la Federación

Expediente Nro. 14.846
Parte demandante: ELIZABETH DEL CARMEN PEÑA.
Parte demandante: SENIAT.
Objeto del Procedimiento: QUERELLA FUNCIONARIAL.
- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES
El presente procedimiento se inicia en fecha 14 de diciembre de 2012, por interposición de la querella funcionarial, incoada por la ciudadana ELIZABETH DEL CARMEN PEÑA, titular de la cedula de identidad Nro. V-5.891.549, debidamente asistida por la abogadaESTILITA RUÍZ, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 95.538, contra el acto administrativo N° 012767 de fecha 25 de octubre de 2012, emanado del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINSITRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).

En fecha 17 de diciembre de 2012, se da por recibido, se le da entrada y se anota en los libros respectivos.
En fecha 18 de diciembre de 2012, se dictó auto mediante el cual se admitió el presente querella funcionarial en la presente causa, y se libraron las notificaciones respectivas.
En fecha 17 de enero 2013, mediante diligencia la ciudadana ELIZABETH DEL CARMEN PEÑA, titular de la cedula de identidad Nro. V-5.891.549, debidamente asistida por la abogada ESTILITA RUÍZ, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 95.538 expuso confiero poder apud-acta a los abogados ESTILITA RUÍZ, YOZOAIRA SARAI RANGEL SANTINI, JOSÉ LUIS CONTRERAS y EDITH ESCORIHUELA, inscritos en el inpreabogado bajo los Nros. 95.538, 116.238, 30.833 y 102.550 respectivamente.
En fecha 18 de febrero de 2013, se dictó auto mediante el cual se le confirió correo especial al apoderado judicial de la parte querellante de conformidad con lo solicitado en fecha 17 de enero de ese mismo año.
En fecha 22 de mayo de 2013, se dictó auto mediante el cual se ordeno librar un nuevo despacho de comisión por cuanto se incurrió en un error material al momento de enviar las notificaciones ordenadas en auto de fecha 18 de diciembre de 2012, mediante el cual se admitió el presente recurso.
En fecha 29 de julio de 2013, se agregó al expediente comisión proveniente del Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, debidamente cumplida.
En fecha 19 de septiembre de 2013, mediante diligencia la abogada EDITH ESCORIHUELA, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 102.550 en su condición de apoderada judicial de la parte querellante consigno comisión proveniente del Juzgado Décimo Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a los fines legales.
En fecha 08 de octubre de 2013, la abogada CARMEN GIL RINCÓN, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 164.186, en su condición de apoderada judicial del SENIAT consigno escrito de contestación.
En fecha 24 de octubre de 2013, se dictó auto mediante el cual se fijó para el tercer (3°) día de despacho siguiente tenga lugar la audiencia preliminar.
En fecha 29 de octubre de 2013, se dejo constancia de haberse celebrado la audiencia preliminar en la presente causa en la cual consta la comparecencia de la parte querellante, asimismo consta la comparecencia de la representación judicial de la parte querellada.
En fecha 18 de noviembre de 2013, se dictó auto mediante el cual este Juzgado superior se pronuncio sobre el escrito de pruebas presentado en fecha 05 de noviembre de 2013, por la representación judicial de la parte querellante y querellado.
En fecha 19 de noviembre de 2013, se dictó auto mediante el cual se fijó para el quinto (05°) día de despacho siguiente tenga lugar la audiencia definitiva.
En fecha 26 de noviembre de 2013, se dejo constancia de haberse celebrado la audiencia definitiva en la presente causa en la cual consta la comparecencia de la parte querellante, más no consta ni por sí ni por representación alguna la comparecencia de la parte querellada.
En fecha 10 de febrero de 2014, mediante diligencia la abogada EDITH ESCORIHUELA, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 102.550 en su condición de apoderada judicial de la parte querellantesolicitó se dicte sentencia en la presente expediente.
En fecha 18 de marzo de 2014, mediante diligencia la abogada EDITH ESCORIHUELA, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 102.550 en su condición de apoderada judicial de la parte querellante solicitó se dicte sentencia en la presente expediente.
En fecha 18 de diciembre de 2014, mediante diligencia la abogada ESTILITA RUÍZ, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 95.538, en su condición de apoderada judicial de la parte querellante solicitó se dicte sentencia en la presente causa.
En fecha 29 de febrero de 2016,se dictó auto mediante el cual el ciudadano LUÍS ENRIQUE ABELLO GARCÍA, en su condición de Juez Provisorio se abocó a la presente causa, de conformidad con lo solicitado en fecha 10 de diciembre de 2015, por la representación judicial de la parte querellante.
En fecha 28 de mayo de 2018, mediante diligencia la ciudadana alguacil de este Juzgado Superior consigno copias de boletas de notificación debidamente firmadas y selladas.
En fecha 27 de mayo de 2019, se dictó auto mediante el cual el ciudadano FRANCISCO GUSTAVO AMONI VELASQUEZ, en su condición de Juez Provisorio se abocó a la presente causa, de conformidad con lo solicitado en fecha 02 de mayo de esa misma fecha por la representación judicial de la parte querellante.
En fecha 11 de abril de 2022, se dictó auto mediante el cual el ciudadano PEDRO ENRIQUE VELASCO PRIETO, en su condición de Juez Provisorio, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 05 de noviembre de 2020, y con juramento ante el Presidente del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 18 de noviembre de 2020, se abocó al conocimiento de la presente causa.

-I-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso por interposición de la querella funcionarial, incoada por la ciudadana ELIZABETH DEL CARMEN PEÑA, titular de la cedula de identidad Nro. V-5.891.549, debidamente asistida por la abogada ESTILITA RUÍZ, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 95.538, contra el acto administrativo N° 012767 de fecha 25 de octubre de 2012, emanado del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINSITRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT).

Ahora bien, constata este Juzgado que desde la fecha mediante diligencia la abogada ESTILITA RUÍZ, inscrita en el inpreabogado bajo el Nro. 95.538, en su condición de apoderada judicial de la parte querellante solicitó se dicte sentencia en la presente causa, y hasta la presente fecha no ha existido actividad efectuada por la parte demandante tendiente a activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a esta Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal.
En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 5 de abril de 2006, mediante fallo número 2006-878, caso: “Distribuidores Fabrica de Papel Maracay Vs. Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)”, con fundamento al sostenido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 956 de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”:
“…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos.
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”.
En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que:

“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (omissis)”.
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
“En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis)”.
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de juni o de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”.

Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de las partes, desde el 27 de mayo de 2019, se dictó auto mediante el cual el ciudadano FRANCISCO GUSTAVO AMONI VELASQUEZ, en su condición de Juez Provisorio se abocó a la presente causa, de conformidad con lo solicitado en fecha 02 de mayo de esa misma fecha por la representación judicial de la parte querellante, es decir, más de un (01) año sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgado, en principio, declarar la pérdida del interés.
En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En consecuencia, este Juzgador considera conveniente notificar a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo De La Circunscripción Judicial Del Estado Carabobo Con Competencia En Los Estado Cojedes Y Yaracuy, en Valencia, a los trece (13) días del mes de abril del año 2022. Años 211° de la Independencia y 163° de la Federación.
El Juez Provisorio,

Dr. PEDRO ENRIQUE VELASCO PRIETO. La Secretaria Suplente,

ABG. DAYANA ANDREINA PÉREZ PÁEZ.

En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libro boleta de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado.
La Secretaria Suplente,

ABG. DAYANA ANDREINA PÉREZ PÁEZ.

PEVP/DAPP/AE
Designado en fecha 05 de noviembre de 2020