TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SU NOMBRE:

EL TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS BEJUMA, MONTALBAN Y MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO

Dicta la presente: Sentencia Definitiva

DEMANDANTE: CARMEN DEISY CASTILLO OSORIO.

DEMANDADO: JUAN PINTO.

ABG ASISTENTE: LINA MARLEN AMER PINTO.

INPREABOGADO Nº 27.578.

MOTIVO: DIVORCIO 185-A

EXPEDIENTE Nº:1562/19.

SENTENCIA: DEFINITIVA.

I NARRATIVA

En fecha Veintitrés (23) de Septiembre del 2019 inserto (f.11), fue presentada demanda de DIVORCIO 185-A, por la Ciudadana: CARMEN DEISY CASTILLO OSORIO, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº. V-11.528.012, con domicilio en el Municipio Miranda del Estado Carabobo, debidamente asistida por la Abogada en ejercicio: LINA MARLEN AMER PINTO, Inpreabogado Nº 27.578, contra el Ciudadano: JUAN PINTO, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº. V-6.880.936, domiciliado en la Calle Falcón entre avenidas Córdova y plaza Sector el Pajal del Municipio Miranda del Estado Carabobo, por ante el Tribunal Distribuidor Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipio Bejuma, Montalbán y Miranda de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo; resultando este Despacho competente para conocer de la presente Demanda, de conformidad con la Resolución N° 2014-
0009; emanada del Tribunal Supremo de Justicia, donde la demandante pide se declare disuelto el vinculo conyugal que le une, el cual contrajo por ante la Oficina de la Prefectura del Municipio Miranda del Estado Carabobo, hoy Registro Civil del Municipio Miranda del Estado Carabobo, en fecha 25/11/1993, alegando que existe una ruptura prolongada de la vida en común por más de Cinco (05) años,

fundamentando su solicitud en el Artículo 185-A del Código Civil, en concordancia con la sentencia Nº 446 de fecha 15/05/2014, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, siendo su último domicilio conyugal, en la Calle Falcón entre las Avenidas Plaza y Córdova, Sector el Pajal del Municipio Miranda del Estado Carabobo.

En fecha Treinta (30) de Septiembre de 2019 inserto (f.13), fue admitida cuanto ha lugar en derecho la Demanda y se ordeno la citación del ciudadano: JUAN PINTO, y la notificación al Fiscal del Ministerio Publico especializado en Materia Civil y de Familia de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo.

En fecha Cinco (05) de Noviembre de 2019, inserto (f.16). Se dio por notificado el Fiscal del Ministerio Publico especializado en Materia Civil y de Familia de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, agregándose a los autos del expediente en fecha Seis (06) de Noviembre del 2019, manifestando no tener objeción alguna.

En fecha veintitrés (23) de Enero de 2020 inserto (f.18) diligenció el alguacil del tribunal consignando boleta de citación a nombre del Ciudadano: JUAN PINTO, sin firmar, en virtud de que se negó a recibir la referida boleta.

En fecha Veinticuatro (24) de Enero de 2020 inserto (f. 22), Se ordeno librar boleta de notificación a nombre del Ciudadano JUAN PINTO antes identificado, en virtud de su negativa a recibir y firmar la boleta de citación, de conformidad con lo establecido en el ultimo aparte del articulo 218 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha Cinco (05) de Febrero de 2020 inserto (f. 23 y24), Diligencio la Secretaria Titular del Tribunal consignando la boleta de Notificación a nombre del Ciudadano: JUAN PINTO, firmada como recibido por la ciudadana: DEISY JOHANA PINTO CASTILLO, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cedula de Identidad Nº V-20488.715, quien manifestó ser su hija.

Observa el Tribunal que el demandado en la oportunidad de dar contestación a la demandada, no compareció por sí, asistido de abogado, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo tanto, ha operado lo que el principio general del derecho califica como ficta confesión.

Cumplidas las formalidades de Ley, a tenor de lo establecido en el artículo

185-A del Código Civil, en concordancia con la sentencia Nº 446 de fecha

15/05/2014, encontrándose la presente solicitud en estado de sentencia, pasa esta

Juzgadora a decidir la misma, para la cual previamente observa:

II

ALEGATOS DE LA PARTE EN EL ESCRITO DE LA DEMANDA.

Alega la Ciudadana: CARMEN DEISY CASTILLO OSORIO antes identificada, que en fecha (25/11/1993), tal como se evidencia en copia Certificada de Acta de

Matrimonio Nº 92, contrajo Matrimonio Civil por ante el Despacho de la Oficina de la Prefectura del Municipio Miranda del Estado Carabobo, hoy Registro Civil del Municipio Miranda del Estado Carabobo, fijando el ultimo domicilio conyugal, en la Calle Falcón entre las Avenidas Plaza y Córdova, Sector el Pajal del Municipio Miranda del Estado Carabobo; que después de algunas desavenencias conyugales por incompatibilidad de caracteres que hacían insostenible la vida en común, decidieron separarse de hecho, permaneciendo así ininterrumpidamente por más de Cinco (05) años. Así también manifiesta que de dicha unión conyugal procrearon dos hijos de nombres: DEISY JOHANA PINTO CASTILLO, de Veintisiete (27) años de edad y JUAN RAFAEL PINTO CASTILLO de Veintiséis (26) años de edad. En cuanto a los Bienes manifestados por la Ciudadana: CARMEN DEISY CASTILLO OSORIO, me abstengo de pronunciarme sobre la liquidación en vista de que entre los cónyuges no ha cesado la comunidad conyugal, tal posibilidad sólo es factible cuando la sentencia que declare el divorcio que disuelve el matrimonio, haya quedado ejecutoriada, todo ello a tenor de lo dispuesto en el articulo 186 del Código Civil y como lo sostiene también la reiterada jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora bien, por no existir una norma expresa que permita acumular la petición de homologación de partición amigable conjuntamente a la Solicitud de Divorcio (185-A) hace imperante para esta Juzgadora dejar sentado lo siguiente: La Jurisprudencia Nacional, prohíbe partir y liquidar la comunidad de bienes habida durante el matrimonio, hasta tanto, se dicte sentencia que declare disuelto el vínculo conyugal, así lo estableció la Sala Civil de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, en fallo del 22 de junio de 2001, con Ponencia del Magistrado Franklin Arrieche, expediente N°. 200-00843, a saber: “El articulo 173 del Código Civil, prohíbe la disolución y liquidación de la comunidad de bienes de manera voluntaria, excepto cuando alguno de los conyugues la solicite por haber separación de cuerpos de conformidad con lo dispuesto en el articulo 190 ejusdem…Omisis…

III MOTIVA

Llegada la oportunidad legal para decidir, esta Juzgadora lo hace de la siguiente manera:

De la revisión del Acta de Matrimonio consignada, se destaca que ciertamente la misma fue emitida por ante la Autoridad Competente del Despacho del Registro Civil del Municipio Miranda del Estado Carabobo, que por ser un documento expedido por un Funcionario facultado para dar Fe Pública de ello, se le asigna el valor Jurídico, previsto en el Artículo 1.357 del Código Civil, en concordancia con el Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil; y con el cual queda plenamente demostrado que los solicitantes contrajeron matrimonio civil hace Veintisiete (27) años.

Observa el Tribunal que el demandado en la oportunidad de dar contestación a la demandada, no compareció por sí, asistido de abogado, ni por medio de apoderado judicial alguno, por lo tanto, ha operado lo que el principio general del derecho califica como ficta confesión. es decir, la confesión ficta; en este sentido, establece el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca”; sin embargo, la citada disposición exige tres (3) requisitos acumulativos para que pueda tenerse por confeso a la parte que deba dar contestación a una demanda o petición, cuyos requisitos deben cumplirse en su totalidad y su verificación conduce a que sea en la Sentencia Definitiva, cuando se declare que el mismo ha quedado confeso.
Tales requisitos están referidos a: 1.- Que el demandado no conteste la demanda; 2.- Que en el término probatorio nada probare que lo favorezca; y 3.- Que la petición del actor no sea contraria a derecho. Al desmenuzar los referidos requisitos, se podrá establecer que existe CONFESIÓN FICTA. Planteada así la situación, deberá determinarse si el demandado: JUAN PINTO, durante el lapso probatorio, nada probó que le favorezca; es de señalar que este punto ha sido el más discutido en la Doctrina Venezolana. Algunos autores, tales como: Ramón Feo, el Profesor Rengel Romberg, Carlos Furno, Sanojo y Borjas, según refiere el Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero en su Revista de Derecho Probatorio Nº 12 (Pág. 32 y 33), sostienen que la contumacia del demandado, por el hecho de inasistir, o no contestar, nada ha admitido y “a decir de éstos- el demandado no ha alegado nada, pero tampoco ha admitido nada, tesis muy discutida y criticada, que además no ha sido aceptada por la Doctrina de Casación que ha señalado “es permitida la prueba que tienda a enervar o paralizar la acción intentada, hacer la contraprueba de los hechos alegados por el actor, demostrar que ellos son contrarios a derecho, pero no es permitida la prueba de aquellos hechos constitutivos de excepciones que han debido alegarse en la contestación de la demanda” y la jurisprudencia ha establecido en Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 29 de agosto de 2003, (caso: Teresa De Jesús Rondón de Canesto, expediente N° 03-
0209), lo siguiente: (sic) “si en una demanda donde se afirman unos hechos y simplemente se niega su existencia, la carga de la prueba la tiene el accionante, sin embargo, si el demandado no contesta la demanda, el legislador por disposición establecida en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, puso en su cabeza la carga de la prueba, siendo a él, a quien le corresponde probar algo que le favorezca” La jurisprudencia supra citada deja claramente establecido que la carga de la prueba queda en cabeza del demandado contumaz, en este caso del ciudadano: JUAN PINTO, pero sólo dirigida a enervar o paralizar la acción intentada, por tanto, no puede y no le está permitido probar excepciones perentorias que no ha opuesto, ni hechos nuevos, lo único que debe probar, en todo caso, es la inexistencia de los hechos de la parte actora y el resultado de inexistencia de la acción, produce

como consecuencia que el Juez no pueda sentenciar el fondo de la causa, si llega a determinar, por ejemplo, la falta de cualidad o interés para sostener el juicio o que la acción o petición es contraria a derecho por encontrarse prohibida por la ley; es aquí donde cabe preguntarse si la petición de la ciudadana: CARMEN DEISY CASTILLO OSORIO, es contraria a derecho o no. Sobre el Tercer Punto de los requisitos para que se configure la Confesión Ficta, resulta preciso señalar que existen materias donde no funcionan los efectos del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, tales como: En los juicios donde está interesado el orden público, la falta de contestación no invierte nada, el solicitante y/o actor sigue teniendo sobre sí la carga de la prueba; o en los juicios en donde el demandado es un ente público que goza de los privilegios del fisco, la situación resulta idéntica, entonces: ¿Cuándo es contraria a derecho una petición? Indudablemente, cuando no existe acción, la petición atenta contra el orden público o la misma es contraria a derecho; en el caso que nos ocupa, aprecia esta Juzgadora que la acción intentada por la ciudadana: CARMEN DEISY CASTILLO OSORIO, esto es, la solicitud de DIVORCIO, no es contraria al orden publico, a las buenas costumbres ni a disposición expresa de la ley, sino, por el contrario, se encuentra Tutelada por las disposiciones contenidas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, en virtud de tales consideraciones, quien aquí Juzga da por admitido que la parte demandada, acepta los alegatos de la parte demandante en la solicitud de Divorcio y que reclama la parte actora, habida cuenta, que durante el lapso probatorio no logró desvirtuar en forma alguna los alegatos formulados por la demandante. Es evidente que se encuentra dada la situación Jurídica que hace procedente declarar el Divorcio de las partes de autos. Y así se
declara.-

IV DECISIÓN

En consecuencia, este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS BEJUMA, MONTALBAN Y MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, Administrando Justicia, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: Declara: CON LUGAR la Demanda de Divorcio por INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES intentada por la Ciudadana: CARMEN DEISY CASTILLO OSORIO, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº. V-11.528.012, contra el Ciudadano: JUAN PINTO, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº. V-
6.880.936, en consecuencia, queda disuelto el vínculo matrimonial que los mismos contrajeron en fecha Veinticinco (25) de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Tres 25/11/1993, por ante el Despacho del Registro Civil del Municipio Miranda del Estado Carabobo, según acta de Matrimonio N° 92 de la referida fecha.
Publíquese, regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del

TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS

DE LOS MUNICIPIOS BEJUMA, MONTALBAN, Y MIRANDA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, a los Dos (02) días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinte. (2.020). Años: 209° de la Independencia y
161° de la Federación.
LA JUEZA.
ABG. MABEL DEL CARMEN OJEDA BETANCOURT.

LA SECRETARIA,
ABG. NORKIS CORTEZA RUIZ HERNANDEZ.