TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo
209º y 160º

ASUNTO: GP02-L-2017-000132

PARTE DEMANDANTE: FRANKLIN JESUS CORONADO

APODERADOS JUDIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: MARCO ANTONIO AMORETTI y GRISELDA ROMAN DE REYES

PARTE DEMANDADA: SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO SEGEMA, C. A.

REPRESENTANTE JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: NO CONSTA EN AUTOS

MOTIVO: ENFERMEDAD OCUPACIONAL.

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA

DECISIÓN: SE DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA

FECHA DE PUBLICACION: 09 de diciembre de 2019

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Por cuanto fui designada como Juez Provisorio de este Juzgado por la Comisión Judicial según Oficio N° TSJ-CJ-N° 2227-2018, de fecha 10 de Julio de 2018, anotada en el Acta N° 10-2018, y habiendo prestado Juramento de Ley, me ABOCO DE OFICIO al conocimiento del presente asunto y en tal sentido observo:

De la revisión las actas procesales que conforman el presente expediente, se observa que la demanda fue presentada en fecha 08 de febrero de 2017, por la abogada GRISELDA ROMAN DE REYES, inscrita en el IPSA bajo el Nº 101.486, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano FRANKLIN JESUS CORONADO PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 14.437.795, de este domicilio, por ENFERMEDAD OCUPACIONAL, contra la entidad de Trabajo SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO SEGEMA, C. A., correspondiendo su conocimiento por distribución aleatoria del Sistema Juris 2000, a este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, quien en fecha 10 de febrero de 2017, lo recibe el otrora Juez de este despacho, abogado Wilfredo González, y la admite el 17 de febrero de 2017, ordenándose la notificación de la accionada con exhorto a la ciudad de Caracas, en la misma fecha

El 16 de mayo de 2017, la abogada GRISELDA ROMAN, en su carácter de apoderada judicial del actor, mediante diligencia consigna copias del libelo a los fines de gestionar la notificación de la accionada, siendo acordada por el Tribunal el 23 de mayo de 2017, ordenándose su desglose y el 31 de mayo de 2017, la mencionada abogada hizo otra consignación del libelo.

El 17 de julio de 2017, el alguacil Virgilio Rodríguez, consigna diligencia dejando constancia de haber entregado oficio y sobre contentivo de exhorto por ante la oficina de correspondencia de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura del Estado Carabobo, a los fines de remitir actuaciones pertinentes a la Área Metropolitana de Caracas.

En fecha 20 de diciembre de 2017, se dejo constancia que la Unidad de Recepción de Documentos del Circuito del Trabajo de este Circuito Laboral, recibió resultas del Exhorto remitido a Caracas, donde indica que la comisión fue distribuida correspondiendo al Juzgado Cuadragésimo Segundo (42º) de Primera Instancia del Sustanciación, Mediación, y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, indicando que no ubico la dirección de la accionada, por cano ya no funciona en la dirección indicada, devolviendo las actuaciones sin cumplir.

Que desde el 20 de diciembre de 2017, fecha que fueron recibidas las resultas de exhorto y agregadas al expediente, no ha habido impulso del proceso por la parte actora, por lo se evidencia inactividad de la parte actora.

Conforme a los artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que establecen lo siguiente:

“Artículo 201.- Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido mas de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención”

“Artículo 202.- La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal”
Puede deducirse que en el caso que nos ocupa existe perención de la instancia, figura jurídica que encuentra justificación, por una parte, en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente, además de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar Justicia, y por la otra, en la presunción de abandono del procedimiento de la parte sobre quien recae la carga de dar el impulso.
La Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado en múltiples decisiones que la perención de la instancia es una forma anómala de culminación del procedimiento, y que la decisión del operador de justicia en tal sentido, no produce cosa juzgada material en las causas sometidas a su conocimiento, pues el accionante puede interponer nuevamente la demanda en los mismos términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Que tal instituto procesal es un mecanismo legal diseñado por el legislador con la intención de evitar que los procesos se perpetúen y que los órganos de administración de justicia procuren la composición de las causas en las que no exista interés de los sujetos procesales que intervengan en éstas. En otras palabras, constituye una sanción para el litigante negligente en generar impulso procesal al juicio.
En el caso bajo análisis se constata que la parte actora consigno su escrito libelar el 08 de febrero de 2017, siendo admitida el 17 de febrero de 2017, y la última actuación de fecha 20 de diciembre de 2017, es del Tribunal agregando a los autos resultas de exhorto, en forma negativa al no ubicar la dirección de la accionada por haberse mudado de la dirección indicada, sin que la parte actora hubiera suministrado otra dirección a los fines de notificar a la accionada, con lo cual se evidencia que desde aquella fecha a la presente transcurrió más de un (1) año, excluyendo los lapsos que la causa estuvo paralizada por efecto del receso judicial (desde el 21 de diciembre de 2017 al 06 de enero de 2018), ausencia del Juez por Renuncia, (desde el 09 de febrero de 2018 al 09 de agosto de 2018), por lo que desde la mencionada fecha ha transcurrido más de un (01) año sin que la parte actora hubiere ejecutado algún acto tendente a la prosecución de la causa, ni siquiera ha pedido el abocamiento de quien suscribe la presente decisión, que ostento el cargo de Juez Provisorio desde el 10 agosto de 2018.
En este sentido, conveniente fijar el concepto de perención y la manera de interrumpir la misma, a la luz de lo que recoge Ricardo Henríquez La Roche, en el Tomo II de su obra “Código de Procedimiento Civil”:
“1.Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones que la determinan (…)
El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el procesal, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. <> (…)
Establecido lo anterior, señala el legislador que la perención de la instancia opera de pleno derecho, esto es, se verifica desde el momento en que se han cumplido los requisitos para su procedencia -transcurso de un año sin que medie acto de impulso procesal -, razón por la cual se ha reiterado que su declaratoria judicial sólo confirma lo que ya estaba consumado. En esta línea argumental se pronunció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia Nº 03 de fecha 07 de marzo de 2002, en la cual dejó sentado:
“(…)Ahora bien, tanto la norma derogada como la vigente disponen que la perención se verifica de derecho, esto es: se consuma desde el momento en que han transcurrido los plazos previstos en la ley, y la declaratoria judicial sólo ratifica lo que virtualmente ya estaba consumado. En estos términos, se pronunció la Sala, entre otras, en sentencia de fecha 13 de mayo de 1980, en la cual dejó sentado:“...nuestro derecho procesal sigue en materia de perención el sistema italiano; la perención, conforme al texto del artículo 203 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, la cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que conforme a la enseñanza de la doctrina, existe aún con antelación a la solicitud de parte en hacerla valer...”.
En efecto, nuestro ordenamiento jurídico acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que sólo reafirma un hecho ya cumplido.
Las anteriores consideraciones cobran importancia en el presente caso, pues producida la inactividad de la parte actora por un lapso superior a un (01) año contado a partir del 20/12/2017, hasta la presente fecha, se evidencia la concretización de la perención de la instancia –de pleno derecho- y así se declara.
Como consecuencia de las circunstancias anteriormente expresadas y por cuanto la perención es de estricto orden público y debe ser declarada de oficio dada sus notas características de objetividad e irrenunciabilidad, resulta forzoso concluir que en la presente causa la perención de la instancia se consumó, de pleno derecho. Así se decide.
DECISIÓN
Por las razones expuestas, este a Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en nombre de la republica Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara:
• PERENCION DE LA INSTANCIA, en la causa seguida por el ciudadano FRANKLIN JESUS CORONADO PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 14.437.795, de este domicilio, por ENFERMEDAD OCUPACIONAL, contra la entidad de Trabajo SERVICIOS GENERALES DE MANTENIMIENTO SEGEMA, C. A., en virtud de la inactividad de la parte actora por un lapso superior a un (01) año contado a partir del 20/12/2017, hasta la presente fecha.
• No hay condena en Costas dada la naturaleza del fallo proferido
Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.
Dada, firmada y sellada, en el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a los 09 días del mes de diciembre de 2019. Años: 209° de la Independencia y 160° de la Federación.
La Juez
LISBETH GUTIERREZ PIÑA LA SECRETARIA
Abog. MARIA CAROLINA NIÑO

Exp. GP02-L-2017-000132
LGP/MCN