REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JURISDICCIÓN LABORAL Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, sede Puerto Cabello. Puerto Cabello, 08 de agosto de 2019 209º y 160º Nº DE EXPEDIENTE: GP21-L-2017-000001 PARTE DEMANDANTE: LUIS SIMON MORENO HIDALGO y JOSE GREGORIO TORRES. PARTE DEMANDADA: INVERSIONES 5972, C.A., y solidariamente al ciudadano MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ. MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS BENEFICIOS LABORALES. “SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA” CAPITULO I: ANTECEDENTES DEL PROCESO. Visto el expediente me “ABOCO”, al conocimiento del presente asunto y luego de una revisión exhaustiva a las actas, se observa que este Juzgado dio por recibida la presente demanda por cobro de prestaciones sociales y demás beneficios laborales, en fecha 11/01/2017, siendo admitida la demanda el 13/01/2017 y ordenándose la notificación de las demandadas. En fecha 17/01/2017, la secretaría dejó constancia, que el cartel notificación librado a la entidad de trabajo INVERSIONES 5972, C.A., su realización fue negativa, (Folio 34). En fecha 17/01/2017, la secretaría dejó constancia, que el cartel notificación librado al ciudadano MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ, su realización fue negativa, (Folio 39). En fecha 20/01/2017, presenta diligencia por ante este Juzgado, el abogado ORLANDO RAMON TROMPIZ ACOSTA, inscrito en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nº 218.672, actuando en su carácter de apoderado judicial de los demandantes, ciudadanos LUIS SIMON MORENO HIDALGO y JOSE GREGORIO TORRES, identificados en autos, mediante la cual solicita se libre nuevamente los respectivos carteles de notificación por lo que aporta nueva dirección. En fecha 23/01/2017, este Tribunal acuerda lo solicitado anteriormente, y ordena librar nuevos carteles de notificación, siendo librados los mismos en la misma fecha. En fecha 07/03/2017, la secretaría dejó constancia, que el cartel notificación librado a la entidad de trabajo INVERSIONES 5972, C.A., su realización fue negativa, (Folio 50). En fecha 07/03/2017, la secretaría dejó constancia, que el cartel notificación librado al ciudadano MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ, su realización fue negativa, (Folio 55). En fecha 30/05/2017, presenta diligencia por ante este Juzgado, la abogada CARMEN ELENA RODRIGUEZ, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nº 194.605, actuando en su carácter de apoderado judicial de los demandantes ut supra mencionados, mediante la cual solicita se libre nuevamente los respectivos carteles de notificación por lo que aporta nueva dirección. En fecha 31/05/2017, este Tribunal acuerda lo solicitado anteriormente, y ordena librar nuevos carteles de notificación, siendo librados los mismos en la misma fecha. En fecha 10/08/2017, la secretaría dejó constancia, que el cartel notificación librado a la entidad de trabajo INVERSIONES 5972, C.A., su realización fue negativa, (Folio 66). En fecha 10/08/2017, la secretaría dejó constancia, que el cartel notificación librado al ciudadano MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ, su realización fue negativa, (Folio 71). Este Juzgador evidencia una falta de interés procesal de parte de los demandantes, ya que los mismos no realizaron el debido seguimiento de las actuaciones judiciales, y a su vez se verifica que no realizaron posteriormente, actuación alguna que conllevara un impulso procesal. CAPITULO II: CONSIDERACIONES PARA DECIDIR: Los artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establecen lo siguiente: “Artículo 201.- Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención” “Artículo 202.- La perención se verifica de pleno derecho y debe ser declarada de oficio por auto expreso del Tribunal” A partir de los dispositivos anteriormente transcritos, puede deducirse que la figura procesal de la perención encuentra justificación, por una parte, en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar Justicia; y por la otra, en la presunción de abandono del procedimiento de la parte sobre quien recae la carga de dar el impulso desde el 10/08/2017, por lo que desde la mencionada fecha ha transcurrido más de un (01) año sin que la parte actora hubiere ejecutado algún acto tendente a la prosecución de la causa. En este sentido, tanto la doctrina como la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia han concordado en establecer que no todo acto de procedimiento realizado por las partes impide la consumación de la perención de la instancia, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. A este respecto, resulta conveniente fijar el concepto de perención y la manera de interrumpir la misma, a la luz de lo que recoge Ricardo Henríquez La Roche, en el Tomo II de su obra “Código de Procedimiento Civil”: Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones que la determinan (…) El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el procesal, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. <> (…) Interrupción: Para que se interrumpa la inactividad capaz de producir al año la perención, es menester un acto procesal, o acto de procedimiento inserido en el iter legal, que propenda al desarrollo del juicio; <> (…) No son actos de esta índole, según la doctrina de CHIOVENDA, los que no tienen influencia alguna inmediata en la relación procesal, aunque puedan estar dirigidos a su fin o influir en el resultado del proceso y por lo mismo puedan estar regulados por la ley procesal, vgr., petición de copias certificadas, otorgamiento de poder apud acta, solicitud del beneficio de justicia gratuita, actuaciones sobre medidas preventivas (…), ni actos no jurídicos realizados por los sujetos procesales, tales como las deducciones doctrinarias de las partes que procesalmente son innecesarias según el principio jura novis curia; ni en fin, los actos jurídicos realizados con motivo del proceso por personas que no son sujetos del proceso: actos de testigos, peritos, etc. (…)” Establecido lo anterior, se hace necesario presentar ciertas consideraciones en relación al momento en que se consuma la perención de la instancia. En este orden de ideas, se ha señalado que la perención de la instancia opera de pleno derecho, esto es, se verifica desde el momento en que se han cumplido los requisitos para su procedencia -transcurso de un año sin que medie acto de impulso procesal, razón por la cual se ha reiterado que su declaratoria judicial sólo confirma lo que ya estaba consumado. En esta línea argumental se pronunció la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia Nº 03 de fecha 07 de marzo de 2002, en la cual dejó sentado: “(…) Ahora bien, tanto la norma derogada como la vigente disponen que la perención se verifica de derecho, esto es: se consuma desde el momento en que han transcurrido los plazos previstos en la ley, y la declaratoria judicial sólo ratifica lo que virtualmente ya estaba consumado. En estos términos, se pronunció la Sala, entre otras, en sentencia de fecha 13 de mayo de 1980, en la cual dejó sentado: “... nuestro derecho procesal sigue en materia de perención el sistema italiano; la perención, conforme al texto del artículo 203 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir, ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, la cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que conforme a la enseñanza de la doctrina, existe aún con antelación a la solicitud de parte en hacerla valer...”. “(Resaltado y negrillas de la Sala). Es claro, pues, que el ordenamiento jurídico venezolano acoge el sistema italiano respecto de la perención, de conformidad con el cual ésta opera de pleno derecho y, por tanto, se consuma por el sólo transcurso del tiempo previsto en la ley, y una vez declarada surte efectos no desde esa oportunidad, sino a partir del momento en que operó la perención, pronunciamiento este que sólo reafirma un hecho ya cumplido (…) Las anteriores consideraciones cobran importancia en el presente caso, pues producida la inactividad de la parte actora por un lapso superior a un (01) año contado a partir del 10/08/2017, hasta la presente fecha, se evidencia la concretización de la perención de la instancia de pleno derecho y así se declara. Como consecuencia de las circunstancias anteriormente expresadas y por cuanto la perención es de estricto orden público y debe ser declarada de oficio dada sus notas características de objetividad e irrenunciabilidad, resulta forzoso concluir que en la presente causa la perención de la instancia se consumó, de pleno derecho. Así se decide. CAPITULO III: DE LA DISPOSITIVA DEL FALLO Por los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO DECIMO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, SEDE PUERTO CABELLO, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA, y se ordena el archivo del expediente una vez que transcurra el lapso legal para ejercer los recursos correspondientes contra la presente decisión. No hay condenatoria en Costas, por la naturaleza especial del fallo. PUBLÍQUESE y REGÍSTRESE. Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Decimo Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, Sede Puerto Cabello, a los ocho (08) días del mes de agosto de dos mil diecinueve (2019). Años 160° de la Federación y 209° de la Independencia. El Juez. ABG. DANIEL ANDRES GARCIA GOMEZ. La Secretaria. ABG. VERONICA BAPTISTA PEREZ En la misma fecha se publicó la sentencia a las 12:55 p.m y se agregó a los autos. Se dejó constancia informática en el Archivo respectivo. La Secretaria. ABG. VERONICA BAPTISTA PEREZ.