TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
Valencia, 08 de octubre de 2018
AÑO 208° Y 159°
Exp. Nro. 16.535

En fecha 25 de septiembre de 2018, el ciudadano OSCAR EDUARDO MARTINEZ GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.246.933, en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil OCASO, C.A, debidamente asistido por la abogada en ejercicio NORAYMA CHIQUINQUIRA RODRIGUEZ CASTILLO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 189.255, interpusieron ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO, a los fines de restablecer la situación jurídica infringida por la violación de los artículos 26, 27, 83 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 5 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos Garantías Constitucionales.
En fecha 26 de Septiembre de 2018, ese Tribunal le dio entrada, con anotaciones en los libros respectivos.
En la oportunidad para pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente pretensión de amparo, procede el Tribunal en los siguientes términos:

-I-
DE LA COMPETENCIA

A los fines de decidir acerca de la admisión de la presente solicitud de amparo constitucional, incoada por el ciudadano OSCAR EDUARDO MARTINEZ GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.246.933, en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil OCASO, C.A, debidamente asistido por la abogada en ejercicio NORAYMA CHIQUINQUIRA RODRIGUEZ CASTILLO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 189.255, interpusieron ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO, debe este Juzgado en primer término determinar la competencia para conocer de la misma, y a tal efecto observa:
La competencia de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de las acciones autónomas de amparo viene determinada en primer lugar, en razón del criterio de afinidad entre la materia que constituye el ámbito de competencia natural de dicha jurisdicción y la naturaleza del derecho pretendidamente vulnerado, lo que constituye la competencia en razón de la materia. Además, es necesario precisar el órgano del cual emana el acto, hecho u omisión que se pretende atentatorio de los derechos o garantías constitucionales, puesto que tal aspecto define cual es el Tribunal de Primera Instancia, dentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que le corresponde el conocimiento de la acción.
En este sentido, es importante citar el artículo 7, de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual señala lo siguiente:

“ARTÍCULO 7: Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo.
En caso de duda, se observarán, en lo pertinente, las normas sobre competencia en razón de la materia.
Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia.
Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley.”

Conforme a la norma anteriormente transcrita, es preciso verificar las normas contenidas en el artículo 25, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el cual señala la competencia de los Juzgados Superiores Estadales de lo Contencioso Administrativo, de la forma siguiente:

Artículo 25. “Competencia. Los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa son competentes para conocer de:
1. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede, de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su
conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.
2. Las demandas que se ejerzan contra la República, los estados, los municipios, o algún instituto autónomo, ente público, empresa o cualquier otra forma de asociación en la cual la República, los estados, los municipios u otros de los entes mencionados tengan participación decisiva, si su cuantía no excede de treinta mil unidades tributarias (30.000 U.T.), cuando su conocimiento no esté atribuido a otro tribunal en razón de su especialidad.”

Ha sido indicado reiteradamente por éste Juzgado que, la competencia de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de las acciones autónomas de amparo viene determinada en primer lugar, en razón del criterio de afinidad entre la materia que constituye el ámbito de competencia natural de dicha jurisdicción y la naturaleza del derecho pretendidamente vulnerado, lo que constituye la competencia en razón de la materia. Además, es necesario precisar el órgano del cual emana el acto, hecho u omisión que se pretende atentatorio de los derechos o garantías constitucionales, puesto que tal aspecto define cual es el Tribunal de Primera Instancia, dentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que le corresponde el conocimiento de la acción.
A tal efecto, se observa que en el presente caso se denuncia la presunta violación de los derechos y garantías constitucionales contenidos en los artículos 26, 27, 83 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 5 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos Garantías Constitucionales, normas constitucionales éstas que en el caso bajo análisis se insertan dentro de manifestación de inactividad de la autoridad administrativa, razón por la cual su conocimiento corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ya que, la acción ejercida es contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO, y, siendo que es un órgano sujeto al control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que de acuerdo a lo que se desprende del libelo contentivo de la acción de amparo constitucional la presunta violación deviene de la inobservancia de las competencias atribuidas por la Ley y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera quien decide que los preceptos presuntamente infringidos son normas constitucionales que en el caso bajo análisis se insertan dentro de una relación jurídico que constituye el ámbito de competencia natural de este Tribunal.
En razón de ello, siguiendo los criterios contenidos en las sentencias del 20 de enero de 2000 (Caso: Emery Mata Millán) y 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire), siendo que la situación y la naturaleza de los derechos denunciados son afines con esta jurisdicción especial y en virtud de que el lugar donde ocurrieron los hechos corresponde a la competencia territorial atribuida a este Tribunal, se concluye que, partiendo tanto del criterio orgánico como del criterio material atributivo de competencia, así como del lugar donde ocurrieron los hechos que dan lugar a la interposición del presente amparo constitucional, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte se declara competente para conocer en primera instancia el presente amparo constitucional, y así se decide.
En consecuencia, este Tribunal se declara competente para conocer de la presente causa en primera instancia, y así se establece.-

-II-
DE LA PRETENSIÓN

En el escrito contentivo de la presente acción de amparo constitucional, alega la parte presuntamente agraviada:
Que “(…omissis…) en fecha 21 de septiembre de 2018 se recibió notificación, de la Sindicatura del Municipio Diego Ibarra del Estado Carabobo donde se me solicita el desalojo de mi galpón en 72 horas hábiles.”
Que “(…omissis…) La municipalidad pretende señalarse como propietario de un bien que no se le fueron asignados directamente por el Ejecutivo Nacional, para el Proyecto de Reactivación del Parque Indústriala Covenal Mariara, siendo su destino final las empresas beneficiadas, entre las cuales me incluyo.”
Que “(…omissis…) Este proyecto surgió de los gabinetes móviles del Plan Nueva Etapa, iniciativa directa del Presidente Supremo Hugo Rafael Chávez Frías, lo cual fue publicado en Gaceta Oficial Nro. 38.228 de fecha 14 de julio de 2005 (anexo A), por un total de bolívares tres millones seiscientos cincuenta mil (Bs. 3.650.000) equivalentes a tres céntimos de bolívares actuales (Bs.S, 0,0365).”
Que “(…omissis…) estos recursos fueron administrados a través de un contrato de fideicomiso suscrito entre el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) representado por su entonces Presidente Edgar Hernández Behrens, y la Alicaída(sic) del Municipio Diego Ibarra quien sirvió como intermediario, en la persona del Alcalde de ese momento Ciudadano Rafael Ruiz. (Anexo B) a fin de hacer llegar a cada beneficiario los recursos aprobados para la realización del Proyecto”.
Que “(…omissis…) Cada desembolso debía solicitarse al ente coordinador Presidencial Planes Nueva Etapa, ciudadano Capitán Denis Sandoval, Siempre destinado a la realización del Proyecto (anexo F).”
Que “(…omissis…) Es pues como no existe titularidad que pueda otorgar la propiedad de mi galpón a la alcaldía. Dado que lo construimos los beneficiarios del proyecto que fue culminado con éxito y en el cual inicialmente fuimos beneficiadas seis pequeñas empresas, de las cuales quedamos dos, que permanecemos luchando y resistiendo los ataques a los que la economía del país se ha visto sometida.”
Que “(…omissis…) Por estas razones es que no entiendo por qué el ciudadano Alcalde LEONEL RUIZ, me envía una notificación S/N de fecha 21/09/2018, (Anexo C) solicitándome el desalojo en 72 horas hábiles, alegando que no consigne soporte o respaldo de alguna relación jurídica que signe mi permanencia en el galpón haciendo mención al oficio 039-2018 de fecha 20 de julio de 2018 envié a la Sindicatura Municipal, en respuesta al oficio de fecha 10/07/2018, la información allí solicitada.”
Que “(…omissis…) Realmente estoy siendo objeto de abuso por parte de la Autoridad Municipal al pretender desalojarme de mi galpón de una manera abrupta e Inconstitucional. Señala el Alcalde en la Notificación el artículo 137 de la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, el cual no aplica a este caso, por cuanto el galpón no es propiedad de la alcaldía sino de los que fuimos beneficiados con el proyecto, lo cual puede evidenciarse en las clausulas primera, sexta y séptima del contrato de fideicomiso, además de la actas de los aportes recibidos por cada beneficiario (Anexo D). Toda esta documentación mencionada, reposa en los archivos de la municipalidad.”
Que “(…omissis…) ahora bien, señala el Alcalde que el despacho lo necesita para la recolección de desechos sólidos, me pregunto yo.. en la entrada de la zona Industrial Covenal Mariara?????que industria se establecerá en el Municipio con un vertedero de basura en la entrada????Cuantas Fuentes de trabajo se estarían perdiendo por esa razón??? , es mas en el año 2007 fue CLAUSURADO el vertedero que existía en Mariara debido al clamor de la ciudadanía ya que estaba ocasionando muchas enfermedades sobre todo a la población más vulnerable, niños y ancianos, anexo nota de prensa (Anexo E).”

-III-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Determinado lo anterior pasa el Tribunal a revisar los requisitos de admisibilidad de la presente acción y al respecto observa:
De una exhaustiva revisión de las actas que conforman el presente expediente se observa que en fecha 25 de septiembre de 2018, el ciudadano OSCAR EDUARDO MARTINEZ GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.246.933, en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil OCASO, C.A, debidamente asistido por la abogada en ejercicio NORAYMA CHIQUINQUIRA RODRIGUEZ CASTILLO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 189.255, interpusieron ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO, a los fines de restablecer la situación jurídica infringida por la violación de los artículos 26, 27, 83 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 5 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos Garantías Constitucionales.
Ahora bien, se ha determinado por la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, que en casos como en el de autos, precisando además respecto a dicho criterio que la acción de amparo es autónoma e independiente de cualquier otro juicio, aun cuando pueda originarse con ocasión de una sentencia u omisión de un órgano jurisdiccional.
Así las cosas, resulta oportuno mencionar que la Sala constitucional en sentencia reciente N° 955 del 23 de septiembre de 2010 (caso Central La Pastora) que ratifica sentencias Nºs 1.364 del 27 de junio de 2005 (caso: Ramón Emilio Guerra Betancourt); Ns. 2.603 del 12 de agosto de 2005 (caso: Gina Cuenca Batet); 152 del 2 de febrero de 2006 (caso: Sonia Mercedes Look Oropeza); 1.316 del 3 de junio de 2006 (caso: Inversiones Inmobiliarias S.A.); y 1.894 del 27 de octubre de 2006 (caso: Cleveland Indians Baseball Company), estableció lo siguiente:

“Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de ese tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso, el ius postulandi o derecho de hacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente.
Así las cosas, para lograr el ‘andamiento’ de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que no se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción…”.

Siendo así, es preciso indicar que este Tribunal, que la jurisprudencia ha señalado en forma reiterada y pacífica que la acción de amparo por su naturaleza extraordinaria y restablecedora, ha de ser capaz, suficiente y adecuada para lograr que el mandamiento de amparo que se otorgue se baste por sí solo, sin necesidad de acudir a otro u otros procesos judiciales para volver las cosas al estado jurídico en que se encontraban previo al momento de la vulneración y hacer desaparecer definitivamente el acto o hecho lesivo o perturbador.
Para ello, el accionante debe invocar y demostrar que se trata de una violación constitucional flagrante, grosera, directa e inmediata sin que sea necesario al Juzgador recurrir a su fundamento normativo para detectar o determinar si la violación constitucional al derecho denunciado se ha efectivamente consumado. De no ser así, ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (cuyos criterios son vinculantes a tenor de lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que no se trataría de una acción constitucional de amparo, sino de otro tipo de recurso.
Al respecto, en sentencia de fecha 13 de agosto de 2001 (caso: Gloria América Rangel Ramos), precisó las condiciones bajo las cuales opera la acción de amparo constitucional y, al efecto se pronunció de la siguiente manera:

“(…) La acción de “amparo constitucional” opera bajo las siguientes condiciones:
Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o
Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.
La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.”
Aplicando el criterio antes transcrito, el Tribunal observa que en el caso de marras, se ha intentado una acción de amparo constitucional contra el CAPITAN DE LA GUARDIA NACIONAL BOLIVARIANA HERNANDEZ IRRIARTE, y aún cuando han sido invocados la violación de el derecho de toda persona de acudir a la administración de justicia y ser amparada en el goce y en el ejercicio de sus derechos constitucionales consagrados en los artículos 26 y 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2 y 5de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, como fundamento de la presente acción se evidencia que la pretensión en amparo es obtener del mencionado Capitán Hernández Iriarte la entrega de los bienes muebles, como cumplimiento de la Orden emanada de la Fiscalia Tercera del Ministerio Publico con el oficio No. 08-F3-2182-2017.
En este sentido, debemos indicar la jurisprudencia reiterada de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, en fecha 05 de agosto de 2010, mediante la cual señalo:
“...Sin embargo, a los fines de preservar el carácter adicional del amparo, no sólo resulta inadmisible el amparo constitucional cuando se acude primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando exista la posibilidad de acudir a otros medios judiciales de los cuales no se ha hecho uso para satisfacer la misma pretensión, siempre y cuando, este medio sea breve, sumario y eficaz para restablecer la situación jurídica infringida.
En otras palabras, la procedencia de la acción de amparo constitucional está condicionada a la inexistencia en el ordenamiento jurídico de un mecanismo procesal adecuado y eficaz, a través del cual el interesado pueda hacer efectiva su pretensión, y de esa forma lograr la restitución de la situación jurídica vulnerada. En tal sentido, ha sido constante y uniforme el criterio jurisprudencial asentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al exigir tal inexistencia, enmarcándolo como una causal de inadmisibilidad de la acción, específicamente la prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, antes transcrito.
Así, el fundamento de esta interpretación descansa en el hecho de que si se aceptase la procedencia de la acción de amparo constitucional, como único remedio judicial para conseguir el restablecimiento de toda situación jurídica lesionada, sería la aceptación tácita de la reducción del ordenamiento jurídico procesal venezolano al ejercicio de una sola acción procesal
...(Omissis)...
Después de haberse desarrollado precedentemente el alcance jurisprudencial del numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, debe esta Corte circunscribirse al caso de marras, advirtiéndose que el presente amparo constitucional se interpuso contra la conducta omisiva asumida por el ciudadano Javier Alvarado, en su carácter de Presidente de la C.A, Electricidad de Caracas
...(Omissis)...
Es de hacer mención a la circunstancia respecto a la cual, nuestro ordenamiento jurídico ofrece el recurso contencioso administrativo por abstención o carencia –artículo 5 aparte 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela- como mecanismo lo suficientemente eficiente e idóneo para satisfacer la pretensión de la parte actora, siendo que la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal ha dejado sentado en reiteradas oportunidades, que frente a las omisiones o negativas de actuaciones concretas de la Administración, que constituyan manifestaciones de inactividad por parte de la autoridad administrativa, es el recurso por abstención o carencia el medio procesal apto para restablecer eficazmente la pretensión solicitada...”

Aplicando el criterio antes transcrito, el Tribunal observa que en el caso de marras, se ha intentado una acción de amparo constitucional contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO, y aún cuando han sido invocados los derechos constitucionales consagrados en los artículos 26, 27, 83 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 5 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos Garantías Constitucionales, como fundamento de la presente acción, se debe indicar la jurisprudencia reiterada de la CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN FECHA 05 DE AGOSTO DE 2010, mediante la cual señaló:

“...Sin embargo, a los fines de preservar el carácter adicional del amparo, no sólo resulta inadmisible el amparo constitucional cuando se acude primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando exista la posibilidad de acudir a otros medios judiciales de los cuales no se ha hecho uso para satisfacer la misma pretensión, siempre y cuando, este medio sea breve, sumario y eficaz para restablecer la situación jurídica infringida.
En otras palabras, la procedencia de la acción de amparo constitucional está condicionada a la inexistencia en el ordenamiento jurídico de un mecanismo procesal adecuado y eficaz, a través del cual el interesado pueda hacer efectiva su pretensión, y de esa forma lograr la restitución de la situación jurídica vulnerada. En tal sentido, ha sido constante y uniforme el criterio jurisprudencial asentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al exigir tal inexistencia, enmarcándolo como una causal de inadmisibilidad de la acción, específicamente la prevista en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, antes transcrito.
Así, el fundamento de esta interpretación descansa en el hecho de que si se aceptase la procedencia de la acción de amparo constitucional, como único remedio judicial para conseguir el restablecimiento de toda situación jurídica lesionada, sería la aceptación tácita de la reducción del ordenamiento jurídico procesal venezolano al ejercicio de una sola acción procesal...”.

Así las cosas, se puede evidenciar que en los términos en que fue incoada la presente acción de amparo constitucional se observa una presunta violación de normas susceptible de ser reclamada por la vía ordinaria, a tal efecto, se debe decir que más allá de la restitución de la situación jurídica infringida, debe establecerse que la pretensión que aquí se quiere hacer valer, no es susceptible de ser satisfecha mediante la acción de amparo constitucional, por cuanto para ello existe una vía ordinaria que en el caso sub índice es la DEMANDA DE CONTENIDO PATRIMONIAL.
Así pues, en armonía con lo expuesto en líneas precedentes y teniendo en cuenta que existe una vía judicial diversa al amparo constitucional para ventilar las controversias que devienen de las omisiones o negativas de actuaciones concretas de la administración pública, la cual de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 65 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es la demanda por contenido patrimonial, estima este Órgano Jurisdiccional que la presente solicitud debe ser declarada Inadmisible, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.-

-IV-
DECISIÓN

Por todas las razones expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por en fecha 25 de septiembre de 2018, por el ciudadano OSCAR EDUARDO MARTINEZ GARCIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.246.933, en su condición de representante legal de la Sociedad Mercantil OCASO, C.A, debidamente asistido por la abogada en ejercicio NORAYMA CHIQUINQUIRA RODRIGUEZ CASTILLO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 189.255, interpusieron ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DIEGO IBARRA DEL ESTADO CARABOBO, a los fines de restablecer la situación jurídica infringida por la violación de los artículos 26, 27, 83 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 5 y 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos Garantías Constitucionales, todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en Valencia, a los 08 días del mes de octubre de 2018. Años 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
El Juez Superior,

ABG. LUIS ENRIQUE ABELLO GARCÍA La Secretaria,

ABG. DONAHIS PARADA MARQUEZ
Expediente Nro. 16.534. En la misma fecha, siendo las tres y quince minutos de la tarde (03:30 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión, dando cumplimiento a lo ordenado.
La Secretaria,

ABG. DONAHIS PARADA MARQUEZ

LEAG/Dpm/tmmn