REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO Valencia, 15 de mayo de 2018 208º y 159º SOLICITUD N°: 045 COMPETENCIA: CIVIL MOTIVO: EXEQUÁTUR SOLICITANTE: ALEJANDRO WERNET, holandés, mayor de edad, titular del pasaporte Nº NM8FCH854 En fecha 2 de mayo de 2018, el ciudadano ALEJANDRO WERNET, asistido por la abogada MARINA NOGUERA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 68.637, presentó escrito contentivo de solicitud de pase o exequátur de sentencia dictada en fecha 9 de septiembre de 2013 por el Juzgado de Primera Instancia en Aruba, que decretó disuelto su matrimonio con la ciudadana BLANCA JOSEFINA PIRELA OCHOA. Cumplidos los trámites de distribución, le correspondió a este Tribunal conocer del presente asunto, dándole entrada en los libros respectivos en fecha 11 de mayo de 2018. Revisada la solicitud y recaudos que le acompañan, procede esta instancia a decidir, previas las siguientes consideraciones. I DE LA COMPETENCIA El exequátur, es el procedimiento a través del cual las sentencias dictadas por autoridades extranjeras, previo cumplimiento de los requisitos de ley pueden adquirir fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela. El artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables.” Por su parte, el artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia en su ordinal 2º, establece: “Es de la competencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia: (…) 2. Declarar la fuerza ejecutoria de las sentencias de autoridades urisdiccionales extranjeras, de acuerdo con lo que dispongan los tratados internacionales o la ley”. De la concatenación de las normas trascritas, queda de relieve que la competencia para conocer de las solicitudes de pase o exequátur cuando se trate de sentencias de autoridades extranjeras proferidas en procedimientos contenciosos, será del Tribunal Supremo de Justicia, siendo competentes los Tribunales Superiores sólo cuando se trate de sentencias de autoridades extranjeras proferidas en procedimientos no contenciosos. En este sentido, del texto de la solicitud se desprende que la sentencia cuyo pase se solicita por una parte decreta el divorcio de los ciudadanos ALEJANDRO WERNET y BLANCA JOSEFINA PIRELA OCHOA y por la otra establece que sólo el padre ejercerá la patria potestad del menor cuyo nombre se omite de conformidad con el artículo 65 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Al respecto, conviene traer a colación el criterio expuesto en sentencia Nº EXE-000160 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 16 de marzo de 2012, expediente Nº AA20-C-2011-000704, en donde se dispuso lo que sigue: “La Sala reitera el precedente criterio jurisprudencial, y establece que para que un procedimiento sea considerado contencioso es menester que exista un litigio entre las partes, es decir, una controversia que deba ser resuelta por el órgano judicial. En ese sentido, la Sala observa que ciertamente, el procedimiento que dio lugar a la sentencia de divorcio tuvo carácter contencioso, ya que revisado el expediente, y en particular, examinado el contenido de la sentencia cuyo exequátur se solicita, se evidencia que el proceso se inició mediante demanda presentada por la ciudadana Ysbelis María Martínez Flores, que la sentencia de divorcio se dictó y que se presentaron pruebas en Corte Abierta.” El caso de marras, se trata de una demanda de divorcio “por perturbación duradera” que no contó con el mutuo acuerdo de las partes, sino que, ante la incomparecencia de la demandada se decretó el divorcio y se otorgó al padre el ejercicio unilateral de la patria potestad de un menor, siendo forzoso considerar que el procedimiento llevado a cabo por el Juzgado de Primera Instancia en Aruba, fue de naturaleza contenciosa, por consiguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 856 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el ordinal 2º del artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, este Tribunal Superior resulta incompetente para conocer del presente asunto, Y ASÍ SE DECIDE. Ahora bien, en lo que respecta a la competencia material es conveniente traer a colación el criterio vinculante contenido en la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 20 de febrero de 2014, expediente nº 13-0965 en donde se dispuso, a saber: “Se ORDENA la publicación de este fallo en la Gaceta Judicial, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: Sentencia de la Sala Constitucional que establece, con carácter vinculante, lo siguiente: que, el conocimiento de las solicitudes de exequátur donde se requiera dar fuerza ejecutoria a sentencias dictadas en asuntos no contenciosos, que tengan incidencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes, serán competentes los Juzgados Superiores de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del lugar de la residencia habitual de éstos. Del mismo modo, la competencia para conocer las solicitudes de exequátur donde se requiera autorizar la ejecutoria de sentencias firmes dictadas en asuntos contenciosos, que tengan incidencia directa en la esfera jurídica de niños, niñas y adolescentes, será competente la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal.” (Resaltado del texto original) Queda de bulto, que cuando se pretenda dar fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela a sentencias dictadas en asuntos contenciosos que incidan directamente el derecho o interés de algún niño, niña o adolescente, la competencia recae en la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y siendo que en la solicitud que encabeza las presentes actuaciones el solicitante alega que la sentencia cuyo pase se solicita le otorgó el ejercicio unilateral de la patria potestad de su menor hijo, resulta concluyente en criterio de quien decide, que la competencia corresponde a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, Y ASÍ SE DECIDE. II DISPOSITIVO Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Segundo En Lo Civil, Mercantil, Bancario Y Del Tránsito De La Circunscripción Judicial Del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SU INCOMPETENCIA para conocer de la presente solicitud de pase o exequátur de sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en Aruba en fecha 9 de septiembre de 2013; SEGUNDO: SE DECLINA LA COMPETENCIA en la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y déjese copia Dado, sellado y firmado en la Sala del Despacho del JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO, Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, en Valencia a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018). Año 208° de la Independencia y 159° de la Federación. JUAN ANTONIO MOSTAFÁ P. EL JUEZ TEMPORAL NOIRA GONZÁLEZ RONDÓN LA SECRETARIA TEMPORAL En el día de hoy, siendo las 3:05 p.m. se dictó y publicó la anterior decisión, previo el cumplimiento de las formalidades de Ley. NOIRA GONZÁLEZ RONDÓN LA SECRETARIA TEMPORAL SOLICITUD N° 045 JAMP/NGR.-