REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO Valencia, 15 de mayo de 2018 208º y 159º EXPEDIENTE Nº: 14.763 SENTENCIA: INTERLOCUTORIA COMPETENCIA: CIVIL MOTIVO: NULIDAD DE DOCUMENTO DEMANDANTE: OLIVIA MERCEDES ARTEAGA GÓMEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.112.825 DEMANDADOS: LUÍS EDUARDO ESPINOZA FLORES, JESÚS EDUARDO ESPINOZA ARTEAGA, LISBETH CAROLINA ESPINOZA ARTEAGA y JAVIER EDUARDO ESPINOZA ARTEAGA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.268.217, V-17.990.053, V-19.322.611 y V-21.404.414 respectivamente Cumplidos los trámites de distribución, le correspondió a esta superioridad conocer de la presente causa y por auto de fecha 12 de abril de 2016 se le dio entrada al expediente fijándose la oportunidad para la presentación de los informes y sus observaciones. En fecha 10 de mayo de 2016, la demandante presenta escrito de informes. Por auto del 13 de junio de 2016, este Tribunal Superior fija la oportunidad para dictar sentencia, siendo diferida el 13 de julio del mismo año. De seguidas, procede esta instancia dictar sentencia y se procede al efecto en los siguientes términos. I CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Conoce este Tribunal Superior del presente recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la decisión dictada en fecha 26 de octubre de 2015 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante el cual se niegan las medidas preventivas de prohibición de enajenar y gravar y embargo solicitadas. El Tribunal de primera instancia, dicta la decisión recurrida bajo la premisa de que el solicitante de la cautela no acreditó en los autos la presunción grave del derecho que reclama, así como tampoco acreditó la prueba del temor objetivo de que sea burlada la sentencia. Para decidir se observa: El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil establece: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. Respecto a la norma in comento, la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal de Justicia en sentencia Nº RC-00106 de fecha 3 de abril de 2003, ha establecido lo siguiente: “…La interpretación de la norma transcrita, lleva a concluir, que para que se acuerden las cautelares señaladas en el artículo 588 eiusdem, se hace necesario que el solicitante, mediante los alegatos que esgrima en el libelo de la demanda, como en otros elementos aportados, lleve al convencimiento del jurisdicente que evidentemente existe presunción de buen derecho y del temor fundado de que quede ilusoria la ejecución del fallo; lo que se traduce en ineludible apremio de llevar al ánimo del juez que el derecho reclamado realmente existe y que de no ser acordada la medida peticionada, se esté ante el peligro de que la decisión que se dicte en la resolución de la controversia, se convierta en inejecutable, en razón de la posibilidad de haberse modificado las condiciones patrimoniales del obligado, durante el lapso que mediara entre la solicitud de las cautelares y el cumplimiento efectivo de la decisión de fondo que se dicte…” Queda de bulto, que para la procedencia de medidas cautelares deben cumplirse dos requisitos que son concurrentes, por una parte la presunción grave del derecho reclamado y por la otra el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, lo que la doctrina gusta llamar, fumus buoni iuris y periculum in mora. De las actas procesales se desprende, que la parte demandante en el libelo de demanda solicita se decreten medidas preventivas de prohibición de enajenar y gravar y embargo sin hacer ningún argumento sobre la presunción grave del derecho reclamado, así como tampoco sobre riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Posteriormente, en escrito de fecha 22 de junio de 2015 ratifica la solicitud de prohibición de enajenar y gravar, argumentando que los demandados o inclusive su apoderado pueden enajenar o gravar el inmueble, lo que se puede presumir por la resistencia a aceptar la anti juridicidad de su hecho en contraposición a su legítimo derecho a exigir la nulidad de la venta, así como los retardos procesales y el hecho de haber realizado actuaciones registrales en un municipio (Montalbán) distinto al de ubicación del inmueble e inclusive de su domicilio (Miranda) evidenciando la actitud de pasar desapercibida la operación con la que disponen sin su consentimiento de sus derechos en los bienes de la comunidad conyugal. En primer término, hay que acotar que sólo el temor de la demandante y el tiempo de duración del juicio no bastan para que se configure el periculum in mora, es necesario que se aleguen hechos concretos realizados por los demandados que persigan dejar ilusoria la ejecución del fallo y que se acompañen pruebas que al menos constituyan presunción grave de ello. Abona lo expuesto, sentencia Nº RC-00844 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 11 de agosto de 2004, expediente Nº AA20-C-2003-000835, en donde se dispuso lo que sigue, a saber: “La Sala acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, y en consecuencia considera que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada, el sentenciador deberá apreciar, no solo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo, no podrá satisfacerse la pretensión del actor, lo que dicho en otras palabras significa que en cada caso el juez deberá ponderar si el demandado ha querido hacer nugatoria de cualquier forma la pretensión del accionante valiéndose de la demora de la tramitación del juicio. …OMISSIS… En consecuencia, para que proceda el decreto de la medida no sólo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no sólo en virtud del posible retardo de la actividad del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra la que recae la medida, si fuere alegado por el solicitante de la cautela, supuesto éste que debe ser apreciado en conjunto, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio y constante que no amerita prueba.” (Resaltados de esta sentencia) En el presente caso, la demandante no le imputa a los demandados la realización de algún hecho concreto destinado a dejar ilusoria la sentencia que ha de recaer en el presente juicio, sino que se fundamenta en los mismos alegatos de fondo que le sirvieron para pedir la nulidad del documento, lo que en todo caso puede satisfacer el requisito de presunción de buen derecho, pero no el periculum in mora. Una interpretación contraria nos conduce a la conclusión que todas las medidas cautelares deben ser otorgadas, lo que en criterio de esta alzada luce desacertado. Como quiera que de los alegatos y pruebas aportadas por la demandante, no se pueden atribuir a los demandados hechos destinados a burlar la eventual ejecución de la sentencia, habida cuenta que sólo acreditar la presunción de buen derecho no basta para otorgar la cautela solicitada, debido a que los requisitos para su procedencia son concurrentes, es forzoso concluir que las medidas cautelares de embargo y prohibición de enajenar y gravar solicitadas por la parte demandante debe ser negadas, lo que determina que el recurso de apelación no pueda prosperar como quedará establecido en forma expresa y precisa en el dispositivo del presente fallo, Y ASÍ SE DECIDE. II DECISIÓN Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso procesal de apelación ejercido por la parte demandante, ciudadana OLIVIA MERCEDES ARTEAGA GÓMEZ; SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión dictada en fecha 26 de octubre de 2015 por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, mediante el cual SE NIEGAN las medidas preventivas de prohibición de enajenar y gravar y embargo solicitadas. Se condena en costas procesales a la parte demandante por cuanto la sentencia recurrida resultó confirmada, en atención al artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. Notifíquese a las partes. Se ordena remitir el presente expediente al tribunal de origen en la oportunidad correspondiente. Publíquese, regístrese y déjese copia Dado, firmado y sellado en la sala de despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en la ciudad de Valencia, a los quince (15) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018). Año 208º de la Independencia y 159º de la Federación. JUAN ANTONIO MOSTAFÁ P. EL JUEZ TEMPORAL NOIRA GONZÁLEZ RONDÓN LA SECRETARIA TEMPORAL En la misma fecha, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 3:05 p.m. previo el cumplimiento de las formalidades de Ley. NOIRA GONZÁLEZ RONDÓN LA SECRETARIA TEMPORAL Exp. Nº 14.763 JAMP/NGR.-