REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE.
Valencia, 21 de mayo de 2018
Años: 208º y 159º
Expediente Nº.14.959
El presente procedimiento se inicio en fecha 04 de marzo del 2013, por contentivo a la Demanda por Abstención o carencia conjuntamente con Medidas Cautela incoada por la abogada YOSMAR DAZZO PAREDES, inscritos en los inpreabogado bajo el Nro. 34.753, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano BASSAM HADDAD titular de la cédula de identidad Nro. E-82.218.349, contra la UNIVERSIDAD DE CARABOBO.
En fecha 12 de mayo de 2013, se le dio entrada y anoto en los libros respectivos.
En fecha 29 de abril de 2013, se admito la pretensión y se ordeno librar las notificaciones correspondientes.
En fecha 16 de mayo de 2013, se le dio por recibido y se agrego a los autos.
En fecha 21 de mayo de 2013, se consigno mediante diligencia el abogado YOSMAR DAZZO PAREDES, inscritos en los INPREABOGADO bajo el Nro. 34.753, el reglamento de los estudios de posgrado de la Universidad De Carabobo contentivo de treinta y tres folios.
En fecha 21 de mayo del 2013, se le dio por recibido y se agrego a los autos.
En fecha 27 de junio del 2013, mediante diligencia consignada por el abogado de la parte querellante con un carácter de auto solicito que se realizara lo conducente para proveer los escritos consignados por la parte actora.
En fecha 07 de agosto de 2013, vista la diligencia presentada por el abogado YOSMAR DAZZO PAREDES, se declaro el tribunal competente para conocer de la causa por no encontrarse en lo establecido en el artículo 25 numeral 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, y como consecuencia ordena citar a la ciudadana Rectora de la Universidad de Carabobo, para que dentro de los 5 días de despacho siguientes a que consten en expediente realizada de manera efectiva realizada las notificaciones este proceda a dar contestación. De igual forma se ordena notificar a la ciudadana PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA y al ciudadano MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION SUPERIOR, concediéndole dos días por el término de la distancia.
Además se comisiona al Juzgado Distribuidor de los Municipios de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 02 de octubre de 2013, el abogado en ejercicio el ciudadano YOSMAR DAZZO PAREDES mediante diligencia solicito que se le designara Correo Especial con la finalidad de que el librara los oficios Nro. 1402 y 1403 junto con todos sus anexos de igual forma solicito copias certificadas de ese escrito.
En fecha 02 de octubre del 2013, se le dio por recibido y se agrego a los autos.
En fecha 03 de octubre de 2013, vista la diligencia presentada por la Abogada YOSMAR DAZZO PAREDES se le acordó designar correo especial para hacer entrega ante el juzgado distribuidor de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas del Oficio Nro. 7541/1404 con anexo de Despacho de comisión de fecha 07 de agosto de 2013.
En fecha 10 de octubre de 2013, compareció ante este tribunal el abogado de la parte accionante con la finalidad de consignar los emolumentos a los efectos de practicar la notificación correspondiente.
En fecha 16 de octubre del 2013, mediante diligencia el abogado YORMAN DAZZO con el carácter de auto expuso que se retiro correo especial designado por este tribunal.
En fecha 7 de noviembre del 2013, comparece la ciudadana YOLANDA CACERES, alguacil Accidental de este Juzgado Superior, consignaron Copia DE Oficio Nro. 1405 dirigido al Director de Control de Estudios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Carabobo, recibida el 6 de noviembre de 2013.
En fecha 19 de febrero del 2014, mediante oficio Nro. 086-2014, se ordeno remitir las notificaciones del expediente al presente juicio. En la misma fecha se dio por recibió y se agrego a los autos respectivos.
En fecha 03 de junio de 2014, se le dio contestación de la demanda por parte de las Abogadas. FABIANA MORIN LOPEZ y KEYLA ESCALONA SANCHEZ, venezolanas, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 17.030.424 y 12.311.370 e inscrita en el instituto de prevención social del abogado bajo el Nro. 128.266 y 116.225, actuando en este acto en su carácter de representante legal de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO.
En fecha 03 de junio del 2014, se da por recibido, se agrega en autos.
En fecha 04 de junio del 2014, mediante auto se da por vencido el lapso para informes y se fija para dentro de cuarto día de despacho siguiente la Audiencia Oral para las nueve y treinta de la mañana.
En fecha 10 de junio del 2014, se da por diferida la audiencia para el sexto día de despacho siguiente a las nueve y treinta de la mañana por diferentes ocupaciones de este tribunal.
En fecha 27 de junio del 2014, se celebro audiencia oral en donde se encontraba presente el ciudadano HADDAD BASSAM ELIAS, extranjero, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. E- 82.218.349, con su representante legal la ciudadana YOSMAR DAZZO PAREDES, inscrita en el Inpreabogados bajo el nro. 34.753, de igual forma se encontraban presentes los abogados FABIANA MORIN LOPEZ y KEYLA ESCALONA SANCHEZ, venezolanas, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 17.030.424 y 12.311.370 e inscrita en el instituto de prevención social del abogado bajo el Nro. 128.266 y 116.225, actuando en este acto en su carácter de representante legal de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO, se llamo a la conciliación pero no fue acordada por las partes, al final del acto se apertura el lapso de prueba a solicitud de partes.
En fecha 27 de junio de 2014, se da por recibido el escrito de promoción de prueba presentado por la abogada YOSMAR DAZZO PAREDES, inscrita en el Inpreabogados bajo el nro. 34.753.
En fecha 27 de junio de 2014, se da por recibido el escrito de promoción de prueba presentado por la abogadas FABIANA MORIN LOPEZ y KEYLA ESCALONA SANCHEZ, venezolanas, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 17.030.424 y 12.311.370 e inscrita en el instituto de prevención social del abogado bajo el Nro. 128.266 y 116.225, actuando en este acto en su carácter de representante legal de la UNIVERSIDAD DE CARABOBO.
En fecha 30 de junio del 2014, mediante auto el tribunal admiten las pruebas presentadas por la parte querellante de la “A, B, C”, por otra parte no se admite las “D y E” por no consignar en el escrito de promoción los domicilio procesal de los testigos promovidos.
En fecha 30 de junio del 2014, visto el escrito de promoción de prueba presentado por las abogadas FABIANA MORIN LOPEZ y KEYLA ESCALONA SANCHEZ, venezolanas, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 17.030.424 y 12.311.370 e inscrita en el instituto de prevención social del abogado bajo el Nro. 128.266 y 116.225, admiten las pruebas por no ser contraria a derecho.
En fecha 30 de junio del 2014, la SADALA JOSE MOSTAFA ESPINOZA, secretario de este juzgado certifica la Autenticidad de la anterior copia por ser fiel y exacta a su original.
En fecha 14 de julio de 2015, se anexaron los oficios correspondientes.
En fecha 17 de julio de 2015, se da por recibida la anterior comisión, proveniente del Juzgado Distribuidor, désele entrada en el libro respectivo y cúmplase con lo comisionado.
En fecha 21 de julio de 2015, visto por lo ordenado en el despacho de comisión que encabeza a las actuaciones, emitido por el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNCRIPCION JUDICIAL DE LA REGION CENTRO NORTE y a los fines de la evacuación de las testimonios admitidas para el cuarto día de despacho siguiente para la evacuación de los testigos.
En fecha 28 de julio del 2015, se da por ejecutada la comisión de evaluación de testigos, este tribunal acuerda devolver la comisión mediante oficio respectivo al comité, del juzgado bajo oficio Nro. 4430-532.
En fecha 16 de septiembre de 2015, se da por recibido y se agrega a los autos.
En fecha 01 de octubre de 2015, compareció el ciudadano BASSAM HADDAD titular de la cédula de identidad Nro. E-82.218.349 con la finalidad de consignar poder especial otorgado en fecha 28 de julio del 201, con el numero 25, tomo 133, folio 83 hasta 85, de la Notaria Publica Séptima De Valencia Estado Carabobo.
En fecha 01 de octubre de 2015, se da por recibido, se agrega en los autos.
En fecha 01 de octubre del 2015, la parte accionante solicito de manera muy respetuosa mediante diligencia el abocamiento del Juez a la presente causa.
En fecha 26 de octubre de 2015, el ciudadano LUIS ENRIQUE ABELLO GARCIA, en su carácter de Juez Provisorio, designado mediante oficio N° CJ-15-1458 de la comisión judicial en reunión de fecha 20 de mayo de 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa y se ordeno librar las notificaciones correspondientes.
Se observa que vista la revisión exhaustiva de las causas que conforman la presente causa se observa que las parte interesadas no han impulsado la misma en un periodo mayor de un (01) año, en consecuencia a los fines de garantizar el principio de celeridad procesal, proteger el interés superior, que presenta un periodo fundamental en el derecho, el cual consiste en evitar dilaciones innecesarias en todas las acciones de la justicia, establecidos en los articulo 141 y 257 de la contusión de la Republica Bolivariana de Venezuela.
Realizado el estudio de las actas que conforman el expediente, este Juzgado Superior pasa a decidir, previas las consideraciones siguientes:
-II-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
En primer término, es imperioso señalar el origen de la palabra “perención”, es por ello que para el tratadista Castelán (1989, 10), la definición de esta institución surge de su propia etimología; para este autor, perención, proviene del perimere peremptum, que significa extinguir, a instancia de instare, que es la palabra compuesta de la preposición in y el verbo stare. De ahí, que para algunos autores la Perención de la Instancia sea “el aniquilamiento o muerte de ésta por la inacción en el proceso durante el tiempo marcado por la Ley”. Anteriormente, la perención era considerada como una pena que buscaba castigar al litigante negligente. Actualmente, se admite que cuando las partes dejan abandonado el proceso por un tiempo prolongado, es porque no tienen interés en la continuación, y desisten tácitamente de la instancia; a este respecto Pineda (1980, 18), expresa tal y como lo han referido algunos procesalistas, que ella:
“… se basa en una presunción de consentimiento de las partes de querer dejar las cosas en el estado que ha alcanzado la relación jurídica procesal y en muchos aspectos hasta sin que se efectúe el acto trascendental del proceso que es la sentencia definitiva.”
Es por esto, que siendo cónsonos con las mismas ideas, hay que considerar que un proceso normal concluye con la sentencia, o sea, con la declaración de voluntad de la Ley hecha por el órgano jurisdiccional y en virtud de la cual se cumple uno de los fines del Estado, esto es, proteger el orden jurídico, mediante un procedimiento, accesible a todos los ciudadanos sin discriminación alguna, y sobre todo rápido, celero, porque de lo contrario, y siguiendo las enseñanzas de Couture (1961, 10), la “justicia lenta es peor que la injusticia”. Pero, excepcionalmente, el proceso puede terminar por otras causas, entre ellas la Perención de la Instancia que equivale a la extinción del proceso, por causa atribuible no al Estado, sino a las partes que permanecen inactivas durante un plazo determinado tal y como lo señala la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en su artículo 41, basado en una presunción de abandono o renuncia de las partes a la instancia.
Es por ello, que el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del proceso por las partes que en él intervienen, vista su inactividad dentro del plazo que ha establecido la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público, por lo que basta que ocurra la falta de gestión procesal para que se cumpla su declaratoria, es decir, la inercia de las partes; pero también ocurre cuando se evidencia la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, sin que la parte que tenga la carga de impulsar el proceso realice algún acto de impulso, o cuando la parte encargada de impulsar el proceso no cumpla con las obligaciones prescritas por el Código de Procedimiento Civil, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Jurisprudencia.
En efecto, se trata la perención entonces, de una institución netamente procesal desde que constituye uno de los medios de terminación del proceso distintos a la sentencia. Sin embargo, a diferencia de otros medios de terminación (unos bilaterales y otros unilaterales, transacción y desistimiento del procedimiento después de contestada la demanda), este no está vinculado a la voluntad de las partes ni del Juez sino a condiciones objetivas fundamentalmente fácticas que deben confluir a los fines de su materialización.
A este respecto, Rengel Romberg en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano”, Editorial Ex Libris, Caracas, 1991, Tomo II, página 349, define la perención, señalando que:
“es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.”
Señala el eminente procesalista en referencia, que para que la perención se materialice, la inactividad debe estar referida a las partes, que:
“debiendo realizar los actos de procedimiento no los realizan; pero no del juez, porque si la inactividad del juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso”.
En este sentido, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil vigente, aplicable supletoriamente de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, regula la perención de la instancia, en los siguientes términos:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá perención....”
Asimismo, el artículo 269 ejusdem, determina que:
“La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.”
Siguiendo esta misma línea argumentativa, en concordancia con las normas ut supra transcrito y el criterio establecido por la Sala de Casación Civil, de fecha 20 de diciembre de 2001, Expediente Nro. AA20-C-1951-000001, debe entenderse que la perención procederá siempre que se trate de una paralización del proceso, cuando la misma verse sobre un acto de procedimiento, y no basta simplemente que sea un acto de mero trámite de instrucción o sustanciación realizada por la parte, como por ejemplo sustituir el poder a otro abogado, para evitar que perima la instancia, ya que como ha sostenido tanto la doctrina, como la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la jurisprudencia, es necesario que haya transcurrido un (01) año sin que se realice ningún acto de impulso procesal en la causa, se requiere igualmente que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de las partes haya realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de impulso procesal, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de impulso, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como: solicitudes de copias, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias de revisión del expediente y otras similares, así como tampoco se considera actos de impulso procesal de las partes, las actuaciones del tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como inhibiciones, recusaciones, declinatorias de competencia, etc. y finalmente hay que resaltar, que la demora en el dictamen de la sentencia, no produce perención pues la expresión del legislador “…después de vista la causa….” debe ser entendida como “…después de la presentación de los informes y sus respectivas observaciones…”.
Es por ello, que siendo acordes con los criterios anteriores, es oportuno destacar que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 18 de enero de 2006 (caso: Sara Francheschi de Corao, y otros, v/s Ministerio del Interior y Justicia), señaló lo siguiente:
“La perención de la instancia es un modo de terminación anormal del proceso que se verifica por la no realización, en un período mayor de un año, de actos de procedimiento destinados a mantener en curso el proceso…”.
Entonces tenemos que, la figura procesal en referencia constituye, así, un medio diseñado por la ley con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia se vean obligados a procurar la composición de causas en las cuales no existe interés por parte de los sujetos procesales en su continuación, tal y como Sentencia dictada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en fecha 14 de diciembre de 2001, caso: DHL Fletes Aéreos, C.A.).
Se trata, así, del simple cumplimento de una condición objetiva que no toma en cuenta la voluntariedad de las partes, es decir, no considera los motivos que éstas tuvieron y por los cuales se mantuvo paralizada la causa, sino que el simple transcurso del tiempo de un año de inactividad origina de pleno derecho la declaratoria de perención (Vid. Sentencia de esta Sala Nro. 0669 del 13 de marzo de 2006).
Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.451 del 22 de junio de 2010, que establece en su Título IV, Capitulo I, Sección Tercera, la institución procesal de la Perención, se estableció lo siguiente:
“Artículo 41. “Perención. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.”
De la norma anteriormente transcrita, se desprende, que la perención de la instancia opera cuando la causa ha permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho lapso a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, cumplido el cual el Tribunal podrá, sin más trámites, declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte (Vid. sentencias de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia Nro. 00038 del 19 de enero de 2011, y Nro. 00546 de 28 de abril de 2011).
En razón de lo anteriormente mencionado, quien decide considera pertinente señalar además de lo ya dicho, que mediante decisión Nro. 1378, en fecha 5 de noviembre de 2008, dictada por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, nos encontramos que lo dictaminado por la referida, menciona que la perención también se produce aún en aquellos casos en los que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponde únicamente al juez, salvo cuando el tribunal haya dicho ‘vistos’ y el juicio entre en etapa de sentencia, estado que debe entenderse como el referido a la decisión de fondo (Vid., entre otras, de la mencionada Sala, sentencias Nro. 0650, 1.473 y 0645 de fechas 6 de mayo de 2003, 7 de junio de 2006 y 3 de mayo de 2007, respectivamente).
Ahora bien, examinadas las actas procesales que integran el presente expediente, se constata que la demanda estuvo paralizada desde la fecha 26 de octubre de 2015, el ciudadano LUIS ENRIQUE ABELLO GARCIA, en su carácter de Juez Provisorio, designado mediante oficio N° CJ-15-1458 de la comisión judicial en reunión de fecha 20 de mayo de 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa y se ordeno librar las notificaciones correspondientes.
Ello en razón de que la inacción continuada de las partes, no es más que una renuncia a la justicia oportuna y un signo presumible de la falta de necesidad de las partes de obtener un pronunciamiento a su favor de parte de este órgano jurisdiccional, causándose implícitamente la decadencia y extinción de la acción. Así se decide.
- III -
DECISIÓN
Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN y en consecuencia la EXTINCIÓN DE LA INSTANCIA, por contentivo Recuro de Abstención O Carencia Conjuntamente interpuesta por la Apoderada Judicial del ciudadano BASSAM DADDAD contra la UNIVESIDAD DE CARABOBO.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en Valencia, A los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil dieciocho (2018). Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
El Juez Superior,
Abg. Luís Enrique Abello García. La Secretaria,
Abg. Donahis parada Márquez
En la misma fecha, siendo las dos de la tarde (02:30 pm) se publicó y registró la anterior decisión, se libro boleta de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado.
La Secretaria,
Abg. DONAHIS PARADA MARQUEZ.
LEAG/Dvpm/hagc
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