TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 23 de julio 2018
Años: 208° de Independencia y 159° de la Federación

. Expediente Nro. 14.395
Parte demandante MARY RIVERO
Parte demandando: INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS )
Objeto del Procedimiento: QUERELLA FUNCIONARIAL.
- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

El presente procedimiento se inicia en fecha 8 de noviembre de 2011, antes este tribunal, por interposición de la querella funcionarial incoada por la ciudadana MARY RIVERO, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.717.706, actuando en este acto representado por la abogada CARMEN ROSA RODRIGUEZ REQUENA titular de la cedula de identidad Nro. V- 7.079.503 e inscrito en el inpreabogado bajo el Nro.54.551, contra del Acto Administrativo Funcionarial conjuntamente con Amparo cautelar Nro. DP-017/201000-1567, código de origen 60209321 de fecha 21 de julio del 2011, emitida por el PRESIDENTE DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS).
En fecha 09 de noviembre de 2011, se le dio entrada y anoto en los libros respectivos.
En fecha 5 de diciembre del 2011, se admitió la demanda interpuesta por no ser contraía en derecho se refiere, ya que no se encuentra presente en una de las causas de inadmisibilidad y se ordena notificar y se libraron boletas de notificación bajo los oficios Nros.3855, 3856 y 3857.
En fecha 10 de abril del 2012, comparece la ciudadana MARY RIVERO, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.717.706, consignado Poder Apud Acta a favor de las Abogados ELIA RODRIGUEZ REQUERA, CARMEN ROSA RODIGUEZ REQUERA, SOLANGEN RODRIGUEZ ARANDA Y GLORIANA LORENA PERZ, venezolanas, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 7.104.096, V-7.079.503, V- 7.285.580 y V-19.321.522, e inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el nro. 40.067, 54.551, 43.213 y 156.018.
En fecha 10 de abril del 2012, mediante diligencia la parte querellante solicito mediante escrito que se le designe correo especial, de conformidad con el auto de fecha 05 de diciembre del 2011.
En fecha 09 de julio del 2012, compareció ante este juzgado la abogada de la parte querellante mediante diligencia solicito que se realice la citación a la parte demandante el PRESIDENTE DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS).

En fecha 16 de enero del 2013, mediante diligencia la parte querellante solicito mediante escrito que se le designe correo especial, de conformidad con el auto de fecha 05 de diciembre del 2011.
En fecha 16 de enero del 2013, comparece la ciudadana MARY RIVERO, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.717.706, consignado Poder Apud Acta a favor de las Abogados CHELY MORILLO LIZARRAGA, para que me defienda en cuanto a derecho se refiere.
En fecha 29 de enero del 2013, vista la solicitud presentada en fecha 10 de abril del 2012, este honorable juzgado designo correo especial a favor de la abogada CARMEN ROSA RODIGUEZ REQUERA, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el nro. 54.551.
En fecha 29 de julio de 2013, se dio por recibida la comisión y se ordeno a agregar en los autos correspondientes.
En fecha 26 de septiembre del 2013, compareció la apoderada judicial del
INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS), la ciudadana GLORIA LOPEZ UZCATEGUI, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V.- 5.674.520, e inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el nro.39.311, de este modo darle contestación a la querella funcionaria incoada por la ciudadana MARY RIVERO, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.717.706.
En fecha 30 de octubre del 2013, se dio por recibido y se agrego en los autos correspondientes.
En fecha 11 de noviembre del 2013, visto el escrito de promoción de pruebas presentado por la parte querellante se le da admisión por no se contraria a derecho, ni a las buenas costumbres.
En fecha 12 de noviembre del 2013, visto que la prueba presentada no requiere evacuación alguna de conformidad con lo establecido en el artículo 107 Ley Del Estatuto de la Función Publica, se fija para el quinto día despacho para la celebración de la Audiencia Definitiva.
En fecha 20 de noviembre de 2013, se difirió la audiencia definitiva que debía celebrarse hoy a las diez y media de la mañana para dentro de quinto día de despacho al de este auto a las diez de la mañana.
En fecha 27 de noviembre de 2013, se difirió la audiencia definitiva que debía celebrarse hoy a las diez de la mañana para dentro de quinto día de despacho al de este auto a las nueve y treinta de la mañana.
En fecha 05 de diciembre del 2013, mediante auto el tribunal dejo constancia que siendo las nueve y treinta de la mañana tuvo lugar la audiencia definitiva en la cual se encontraba ambas partes en la audiencia, en este momento se le dio inicio a las exposición oral de cada una de las partes, seguidamente el juez fijo para dentro de diez día de despacho la publicación del fallo de conformidad con lo establecido en el articulo 108 de la Ley Del Estatuto De La Función Publica.
En fecha 14 de enero del 2014, visto que hoy se vence el lapso para la publicación de la sentencia el tribunal por diversa ocupaciones y la complejidad del caso difiere la misma para dentro de treinta días de despacho siguientes para la publicación de la sentencia.

En fecha 18 de julio del 2018, el ciudadano LUIS ENRIQUE ABELLO GARCIA, en su carácter de Juez Provisorio, designado mediante oficio N° CJ-15-1458 de la comisión judicial en reunión de fecha 20 de mayo de 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa.

-I-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso se circunscribe por interposición de la querella funcionarial incoada por la ciudadana MARY RIVERO, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.717.706, actuando en este acto representado por la abogada CARMEN ROSA RODRIGUEZ REQUENA titular de la cedula de identidad Nro. V- 7.079.503 e inscrito en el inpreabogado bajo el Nro.54.551, contra del Acto Administrativo Funcionarial conjuntamente con Amparo cautelar Nro. DP-017/201000-1567, código de origen 60209321 de fecha 21 de julio del 2011, emitida por el PRESIDENTE DEL INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (IVSS).

Ahora bien, constata este Juzgado que en fecha 04 de octubre del 2007, compareció en el tribunal la apoderada judicial de la parte querellada MARIANELLA GARCIA DIAZ, cedula de identidad Nros. V-8.831.168 e inscrita en el Inpreabogado Nros. 48.840, solicitando que el tribunal sirva para dictar sentencia a la presente causa y no ha existido actividad efectuada por la misma parte querellante tendiente a activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a esta Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal.
En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 5 de abril de 2006, mediante fallo número 2006-878, caso: “Distribuidores Fabrica de Papel Maracay Vs. Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)”, con fundamento al sostenido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 956 de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”:

“…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos.
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”.

En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que:

“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (Omissis)”.
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
“En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis)”.
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”.

Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte accionada que En fecha 14 de enero del 2014, visto que hoy se vence el lapso para la publicación de la sentencia el tribunal por diversa ocupaciones y la complejidad del caso difiere la misma para dentro de treinta días de despacho siguientes para la publicación de la sentencia, más de cuatro (4) años y (6) meses sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgador, en principio, declarar la pérdida del interés.
En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En consecuencia, este Juzgador considera conveniente notificar a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en Valencia, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2018. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
El Juez Superior,

La Secretaria,
Abg. Luis Enrique Abello García.

Abg. Donahis Victoria Parada Márquez.
En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libro cartel de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado.
La Secretaria,
Abg. Donahis Victoria Parada Márquez.
LEAG/Dvpm/hagc
Designado en fecha 20 de mayo de 2015, mediante Oficio Nro. CJ-15-1458
Teléfono (0241) 835-44-