TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 08 de agosto de 2018
Años: 208° de Independencia y 159° de la Federación

Expediente Nro. 7397
Parte demandante: AURELIO ANTONIO PARA GUTIERREZ.
Parte demandando: ALBERTO CHACON ECHEGARAY.
Objeto del Procedimiento: NULIDAD DE ASAMBLEA.

- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

El presente procedimiento se inicia en fecha 04 julio de 2001, ante el Juez de los Municipios Valencia, libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ese tribunal declina su competencia a este Juzgado Superior por ser el incompetente por la materia, mediante Oficio Nro.1096 de fecha 27 de junio de 2001, interposición de la demanda de nulidad incoada por el ciudadano AURELIO ANTONIO PARRA GUTIERREZ, titular de la cedula Nro.V-7.505.233, en su carácter de presidente de la Asociación Civil, IGLESIA PERTECOSTAL JESUS ES EL SEÑOR, debidamente asistidos por los abogados SERGIO RAFAEL FLORES MENDEZ y CARMEN RUFLINA PARRA, e inscritos en el inpreabogado bajo los Nros.30.971 y 68.120, contra el ciudadano ALBERTO CHACON ECHEGARAY, titular de la cedula de identidad Nro.V-1.898.181.
En fecha 04 de julio de 2001, se le dio entrada y anoto en los libros respectivos.
En fecha 04 de julio de 2001, se admitió la demanda interpuesta y se libraron boletas de notificación.
En fecha 12 de julio de 2001, consignó escrito el abogado JOSE ANIBAL RODRIGUEZ, e inscrito en el inpreabogado bajo el Nro.14002, donde solicitó copia fotostática certificada de los folios 62 y 68 en esta causa.
En fecha 12 de julio de 2001, se dicto auto por el tribunal mediante por el cual se acordó al abogado JOSE ANIBAL RODRIGUEZ, e inscrito en el inpreabogado bajo el Nro.14002, expedir copias certificadas solicitadas.
En fecha 06 de agosto del 2001, consignó escrito el ciudadano AURELIO ANTONIO PARRA GUTIERREZ, titular de la cedula de identidad Nro.7.505.233, debidamente asistido por la abogada ZULAY CH. LOPEZ S., e inscrita en el inpreabogado bajo el Nro.78.450, mediante por la cual solicito copia certificadas de los folios 200 al 206.
En fecha de agosto de 2001, se dicto auto por este tribunal mediante por el cual se acordó copias certificadas al pedimento del ciudadano AURELIO ANTONIO PARRA GUTIERREZ, titular de la cedula de identidad Nro.7.505.233, debidamente asistido por la abogada ZULAY CH. LOPEZ S., e inscrita en el inpreabogado bajo el Nro.78.450.
En fecha 27 de febrero de 2002, consignó escrito el ciudadano SERGIO RAFAEL FLORES MENDEZ, e inscrito en el inpreabogado bajo el Nro.30.971, apoderado judicial de la parte demandante, mediante por el cual consigo contestación de la demanda.
En fecha 13 de agosto del 2002, consignó diligencia el ciudadano AURELIO ANTONIO PARRA GUTIERREZ, titular de la cedula de identidad Nro.11.692.130, mediante revoco el poder otorgado al abogado SERGIO RAFAEL FLORES MENDEZ.
En fecha 20 de septiembre de 2002, consignó diligencia el abogado JOSE ANIBAL RODRIGUEZ, e inscrito en el inpreabogado bajo el Nro.14002, solicitó a los pedimentos hechos por uno que velan a los folios 252, 253 y 265, de esta causa.
En fecha 14 de marzo de 2003, consignó diligencia el ciudadano GREGORY BOLIVAR, alguacil de este tribunal y expone: que las notificaciones fueron debidamente practicadas.
En fecha 08 de agosto de 2018, en la condición de Juez Superior LUÍS ENRIQUE ABELLO GARCÍA, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 20 de mayo del 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa, y se libraron las notificaciones correspondientes.
-I-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso se circunscribe por interposición de la querella funcionarial incoada por el ciudadano AURELIO ANTONIO PARRA GUTIERREZ, titular de la cedula Nro.V-7.505.233, en su carácter de presidente de la Asociación Civil, IGLESIA PERTECOSTAL JESUS ES EL SEÑOR, debidamente asistidos por los abogados SERGIO RAFAEL FLORES MENDEZ y CARMEN RUFLINA PARRA, e inscritos en el inpreabogado bajo los Nros.30.971 y 68.120, contra el ciudadano ALBERTO CHACON ECHEGARAY, titular de la cedula de identidad Nro.V-1.898.181.
Ahora bien, constata que fecha 14 de marzo de 2003, consignó diligencia el ciudadano GREGORY BOLIVAR, alguacil de este tribunal y expone: que las notificaciones fueron debidamente practicadas, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial en los recurso especiales ante las Cortes Primera o Segunda de lo Contencioso Administrativo. O por ante el Tribunal Supremo de Justicia, debido a la falta de impulso procesal hasta la presente fecha no ha existido actividad efectuada por la misma parte demandante tendiente a activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a esta Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal.
En vista de lo anterior que en fecha 14 de marzo de 2003, consignó diligencia el ciudadano GREGORY BOLIVAR, alguacil de este tribunal y expone: que las notificaciones fueron debidamente practicadas. debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 5 de abril de 2006, mediante fallo número 2006-878, caso: “Distribuidores Fabrica de Papel Maracay Vs. Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)”, con fundamento al sostenido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 956 de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”:

“…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos.
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”.

En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que:

“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (Omissis)”.
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
“En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis)”.
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”.

Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte accionante en fecha 20 de diciembre de 1995, se dicto auto por el tribunal mediante por el cual ha sido vencido el lapso para presentar las observaciones a los informes de las partes, in que ninguna de ellas haya hecho uso de ese derecho, se ordena fijar sesenta (60) días continuos siguientes al de este para sentenciar. Mediante por la cual consignó acta de sesión Ordinaria Nro.38 de fecha 12 de abril de 2005, emanado por la Notaria Publica Sexta de Valencia, Estado Carabobo, marcado con la letra”A”, para dar contestación del Recurso de Nulidad, para que ejerza la representación judicial y extrajudicial en los recurso especiales ante las Cortes Primera o Segunda de lo Contencioso Administrativo. O por ante el Tribunal Supremo de Justicia y hasta la presente fecha no ha existido actividad efectuada por la misma parte demandante, es decir, más de seis (6) año y ocho (8) meses sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgador, en principio, declarar la pérdida del interés.
En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En consecuencia, este Juzgador considera conveniente notificar a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en Valencia, a los ocho (08) días del mes de agosto de 2018. Años 208° de la Independencia y 159° de la Federación.
El Juez Superior,

La Secretaria,
Abg. Luis Enrique Abello García.

Abg. Donahis Victoria Parada Márquez.
En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libro cartel de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado.
La Secretaria,
Abg. Donahis Victoria Parada Márquez.
LEAG/Dvpm/gu
Designado en fecha 20 de mayo de 2015, mediante Oficio Nro. CJ-15-1458
Teléfono (0241) 835-44-55