TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO CARABOBO
Corte de Apelaciones Penal
Valencia, 15 de septiembre de 2017

Años 207º y 158º

ASUNTO: GP01-R-2017-000118
ASUNTO PRINCIPAL: GP01-P-2016-14186.
JUEZA PONENTE: Carina Zacchei Manganilla.
FISCAL: Aracelis Pérez León, Fiscal Trigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. (Recurrente).
ACUSADOS: Yonathan Agrizone, Euris Morales, Eduardo Martínez, Ana Villa y Jesús Gutiérrez.
DEFENSA: Luis Ramón Tovar y Tulio Núñez.
DECISIÓN: Nulidad de oficio.

I
ANTECEDENTES
Según se evidencia de listado de distribución emanado de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, en fecha 21 de agosto de 2017, correspondió a esta Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones, el conocimiento del presente recurso de apelación, ejercido por Aracelis Pérez León, en su condición de Fiscal Trigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, contra resolución judicial dictada en fecha 29 de marzo de 2017, y publicada el 31 de marzo de 2017, por el Tribunal Sexto de Primera Instancia Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la causa identificada con el alfanumérico GP01-P-2026-14186, seguida en contra de los ciudadanos Yonathan Agrizone, Euris Morales, Eduardo Martínez, Ana Villa y Jesús Gutiérrez, por la comisión de los delitos de Robo Agravado en Grado de Frustración, Detentación de Arma Blanca.
En fecha 22 de agosto de 2017, se dio cuenta en la Sala y se designó ponente a la Jueza Carina Zacchei Manganilla, quien con tal carácter suscribe el presente fallo, conjuntamente con las Juezas Carmen Eneida Alvez Navas y Nidia Alejandra González Rojas.
Cumplidos como han sido los trámites procedimentales, esta Sala, en atención a lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y previo al pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la abogada Aracelis Pérez León, en su condición de Fiscal Trigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, procedió a la revisión de las actuaciones contenidas en la causa principal que fue remitida a esta alzada, constatando la existencia de un vicio de orden público que infringe el debido proceso y quebranta los derechos fundamentales de las partes, por ende, acarrea la nulidad absoluta de las actuaciones cumplidas en contravención de la Constitución y la ley.
II
NULIDAD DE OFICIO
De la revisión de las actas que conforman la presente actuación, observa esta alzada que en fecha 29 de marzo de 2017, se celebró la audiencia preliminar ante el Tribunal Sexto de Primera Instancia Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la causa GP01-P-2026-14186, seguida en contra de los ciudadanos Yonathan Agrizone, Euris Morales, Eduardo Martínez, Ana Villa y Jesús Gutiérrez, asistidos de sus respectivos abogados defensores, en la que una vez admitida la acusación fiscal, e impuestos los acusados de los derechos que le asisten, éstos manifestaron su voluntad de admitir los hechos, procediendo el Tribunal a imponerles la pena de conformidad con el artículo 375 de la ley penal adjetiva.
En fecha 31 de marzo de 2017 el mencionado Juzgado publicó la sentencia por admisión de los hechos condenando a los ciudadanos Jonathan Agrizone y Euris Morales a cumplir la pena de cinco (05) años y seis (06) meses de prisión por la comisión de los delitos de Robo Agravado en grado de Frustración previsto en el artículo 458 del Código Penal en concordancia con el artículo 80 ejusdem, y el delito de Detentación de Arma Blanca previsto en el artículo 277 del Código Penal; a los ciudadanos Eduardo Martínez y Ana Villa a cumplir la pena de cuatro (049 años y seis (06) meses de prisión por la comisión del delito de Robo Agravado en grado de Frustración previsto en el artículo 458 del Código Penal en concordancia con el artículo 80 ejusdem; y al ciudadano Jesús Gutiérrez a cumplir la pena de cuatro (04) años, seis (06) meses y quince (15) días de prisión por la comisión de los delitos de Robo Agravado en grado de Frustración previsto en el artículo 458 del Código Penal en concordancia con el artículo 80 ejusdem, y el delito de Falsa Atestación ante Funcionario Público previsto en el artículo 320 del Código Penal, al igual que la pena accesoria de ley conforme al numeral 1 del artículo 16 ejusdem.
El 20 de abril de 2017, la la abogada Aracelis Pérez León, en su condición de Fiscal Provisoria Trigésima Tercera del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial Penal del estado Carabobo, ejerció recurso de apelación contra la referida decisión.
De la revisión del Sistema Juris esta Sala observa que en fecha 19 de mayo de 2017 el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal en funciones de Control acuerda remitir la causa al Tribunal de Primera Instancia Penal en funciones de Ejecución, donde se le dio entrada en fecha 26 de julio de 2017, procediendo en esa misa fecha a ejecutar la sentencia condenatoria antes mencionada.
Ahora bien, considera importante esta alzada destacar, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que para la interposición del recurso de apelación contra sentencia condenatoria, el punto de partida para computar el lapso de interposición debe computarse desde la publicación del fallo, con excepción de aquellos casos en los cuales el imputado o imputada se encontrare privado de libertad, caso en el cual este plazo debe comenzar a computarse a partir de su notificación personal, previo traslado a la sede del Tribunal, criterio éste que ha sido sostenido por la mencionada sala en reiteradas decisiones, a saber:
Sentencia N° 551 del 12 de agosto de 2005, dispuso entre otras cosas lo siguiente:
“… Asiste la razón al recurrente cuando hace referencia a que el Juzgado Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, omitió la notificación personal, previo traslado, del acusado Jorge Wilson Jiménez, y por ende al computar el lapso realizado por la Secretaria de ese despacho para la interposición del recurso de apelación, tomó como punto de partida la fecha de la publicación de la sentencia, pues debió considerar que el imputado de autos se encontraba detenido y, previo traslado, haberlo notificado del fallo. Por otra parte la Corte de Apelaciones, no observó el vicio cometido por el tribunal de instancia, y declaró inadmisible por extemporáneo el referido recurso.
Por su parte el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 175, 179, 180 y 365 establecen:
‘Artículo 175. Pronunciamiento y Notificación. Toda sentencia debe ser pronunciada en audiencia pública, y con su lectura las partes quedan legalmente notificadas.
Los autos que no sean dictados en audiencia pública, salvo la disposición en contrario, se notificarán a las partes conforme a lo establecido en este Código’.
‘Artículo 179. Principio General. Las decisiones, salvo disposición en contrario, serán notificadas dentro de las veinticuatro horas después de ser dictadas, a menos que el Juez disponga un plazo menor’.
‘Artículo 180. Notificación a defensores o representantes. Los defensores o representantes de las partes serán notificados en lugar de ellas, salvo que por la naturaleza del acto o porque la ley lo ordene, sea necesario notificar personalmente al afectado’ (subrayado de la Sala).
El artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, hace referencia al pronunciamiento de la sentencia, en el cual se evidencian dos situaciones:
1.- En el caso que el tribunal lea el texto íntegro de la sentencia dictada a las partes que hubieren comparecido previa convocación verbal: en este caso, la lectura de la sentencia se entiende como una notificación, porque las partes se encuentran en un proceso informado por los principios de oralidad, unidad, concentración y publicación, entre otros, y por ello están al tanto del desarrollo de un juicio que se encuentra en su etapa final.
2.-Cuando el Tribunal constituido y dada la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora considere necesario diferir la redacción de la sentencia, con su respectiva motiva, sólo leerá la parte dispositiva y el juez expondrá a las partes y al público, en forma sintética, los fundamentos de hecho y derecho que motivaron la decisión. En este caso la publicación de la sentencia se deberá hacer dentro de diez días posteriores al pronunciamiento de la dispositiva, y el lapso legal para la interposición de los recursos pertinentes comenzará a transcurrir después de que las partes hayan sido notificadas de ese fallo con sus tres partes; narrativa, motiva y dispositiva, en el supuesto de que se notifique el fallo. En caso contrario, es decir, si no se notifica in extenso, el lapso para la interposición de los recursos pertinentes comenzará a correr al día siguiente de la publicación de la sentencia, pues se entiende que las partes quedaron notificadas en el debate oral, tal como lo prevé la norma arriba citada. (Sentencia Nro. 066 de fecha 20-02-03 con ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León).
De las disposiciones trascritas se infiere, que las partes tienen derecho a conocer del fallo dictado, ser notificados del mismo en los términos y condiciones previstos por la ley; y a que se les compute el lapso legal para la interposición de los recursos pertinentes a partir de que estas hayan sido notificadas de ese fallo, previo traslado del imputado; en el caso de que este se encuentre detenido, pues tal situación condiciona el ejercicio oportuno del recurso, a los fines de no menoscabar sus derechos.
Observa la Sala, que no consta en autos que el Tribunal Primero de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón haya realizado la notificación al acusado Jorge Wilson Jiménez, ya que el mismo se encontraba detenido; por otra parte la Corte de Apelaciones del referido Circuito, debió haber apreciado el vicio cometido por el Tribunal de Juicio, pues implica la inobservancia o violación de garantías constitucionales establecidas en el artículo 49, en relación con el artículo 192 del Código Orgánico Procesal Penal, con el fin de no menoscabar el derecho a la defensa y garantizar el debido proceso.
En consecuencia, asiste la razón al recurrente, por lo que procede esta Sala a declarar con lugar el presente recurso de casación, interpuesto a favor del ciudadano Jorge Wilson Jiménez, en contra de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Falcón…”.
De igual forma, la sentencia N° 97 del 25 de marzo de 2014, ratifica el criterio anterior, señalando que:
“… Conforme a lo establecido en el artículo 108 eiusdem, el recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la publicación del texto íntegro del fallo.
(… No obstante lo anterior, de la revisión del expediente se desprende que la sentencia condenatoria fue dictada en fecha 18 de septiembre de 2012, pero observa la Sala un error procesal que atenta contra el derecho a la defensa y el debido proceso, cometido por el Tribunal de Juicio en materia de Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, el cual se corresponde a la falta de traslado del acusado, ciudadano Jean Carlos Pérez, para imponerlo del texto íntegro de la sentencia condenatoria, siendo que del cómputo suscrito por la secretaria adscrita al Tribunal de Juicio en Materia de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, abogada Esperanza Torres, se evidencia que se tomó como punto de partida para computar el lapso para interponer el recurso de apelación, la notificación efectiva de los defensores privados, sin tener en cuenta que el acusado se encontraba detenido.
El criterio señalado anteriormente, ha sido sostenido por esta Sala en jurisprudencia reiterada.
(… al y como fue señalado anteriormente, no se observa en el expediente, que el Tribunal de Juicio en Materia de Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del estado Anzoátegui, haya librado la boleta de traslado al acusado Jean Carlos Pérez, a los fines de imponerlo personalmente de la sentencia condenatoria, razón por la cual, debe reponerse la causa al estado de la imposición de dicha sentencia, previo traslado del acusado, a fin de que posteriormente, inicie el cómputo de los tres (3) días hábiles para la interposición del recurso de apelación, de conformidad con el artículo 108 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
En consecuencia, esta Sala de Casación Penal, declara Con Lugar el presente Recurso de Casación, anula el fallo impugnado y ordena la reposición de la causa, al estado de que se imponga al acusado Jean Carlos Pérez de la sentencia condenatoria dictada …”.
De lo antes expuesto, observa esta alzada que los ciudadanos Yonathan Agrizone, Euris Morales, Eduardo Martínez, Ana Villa y Jesús Gutiérrez se encuentran privados de su libertad, tal como se desprende del texto de la resolución recurrida, y resultaron condenados en la audiencia preliminar mediante el procedimiento establecido en el artículo 375 del Código Orgánico Procesal Penal; estimando esta Sala que al mantenerse el estado de privación de libertad, aun en los casos de imposición de condena mediante el procedimiento previsto en el artículo 375 antes mencionado, es imprescindible que el condenado sea impuesto del texto íntegro de la resolución publicada, previo su traslado a la sede del Tribunal, momento a partir del cual comienza a computarse el plazo de ley a los efectos del ejercicio del recurso de apelación.
En la presente causa, se observa la inobservancia de la imposición del texto íntegro de la sentencia condenatoria publicada el 31 de marzo de 2017 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Función de Control de este Circuito Judicial Penal, lo que constituye una causal de nulidad absoluta, tal como lo dispone el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual es del siguiente tenor:
“Nulidades Absolutas. Artículo 175. Serán consideradas nulidades absolutas aquellas concernientes a la intervención, asistencia y representación del imputado o imputada, en los casos y formas que este Código establezca, o las que impliquen inobservancia o violación de derechos y garantías fundamentales previstos en este Código, la Constitución de la República, las leyes y los tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela”.
Una vez verificada la violación del derecho a la tutela judicial efectiva, así como del derecho a la defensa, inherentes al debido proceso, establecidos en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conculcados como consecuencia de la falta de traslado de los acusados a los efectos de imponerlos de la sentencia condenatoria publicada el 31 de marzo de 2017, debe necesariamente reponerse la causa al estado en que los acusados de autos sean efectivamente notificados, en presencia de sus defensores, con el fin de que conozcan debidamente el contenido y las consecuencias de la sentencia condenatoria publicada por el tribunal de instancia.
Visto lo anterior, esta Sala N° 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, estima que lo procedente y ajustado a Derecho es anular de oficio las actuaciones procesales realizadas en la causa principal, a partir del 31 de marzo de 2017 (exclusive), fecha en la cual el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, publicó sentencia condenatoria por admisión de los hechos, en contra de los ciudadanos Yonathan Agrizone, Euris Morales, Eduardo Martínez, Ana Villa y Jesús Gutiérrez, conforme a lo establecido en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 174, 175 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal, y ordena reponer la causa al estado en que el referido Tribunal de Control, proceda a ordenar el traslado inmediato de los ciudadanos antes mencionados, a fin de que sean notificados personalmente de la sentencia condenatoria publicada en fecha 31 de marzo de 2017 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, y así se decide.
III
DISPOSITIVA
En virtud de los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, esta Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo establecido en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 174, 175 y 180 del Código Orgánico Procesal Penal, DECIDE: PRIMERO: ANULA DE OFICIO las actuaciones procesales realizadas en la causa principal a partir del 31 de marzo de 2017 (exclusive), fecha en la cual el Juzgado Sexto de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, publicó sentencia condenatoria mediante el procedimiento especial por admisión de los hechos conforme al artículo 375 de la ley penal adjetiva en contra de los ciudadanos Yonathan Agrizone, Euris Morales, Eduardo Martínez, Ana Villa y Jesús Gutiérrez, en la causa principal GP01-P-2016-014186; SEGUNDO: ORDENA reponer la causa al estado en que el referido Tribunal de Control, proceda a ordenar el traslado inmediato de los ciudadanos ya mencionados, a fin de que sean notificados personalmente de la sentencia condenatoria publicada en fecha 31 de marzo de 2017 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal.

Regístrese, notifíquese, déjese copia autorizada.
Dada, firmada y sellada en la Sala Nº 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, a los doce (12) días del mes de septiembre de dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 158° de la Federación.

Los Jueces de la Sala,

________ ______________________________
Mag. (s) CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS
PRESIDENTA DE LA SALA

_______________________________ _________________________________
CARINA ZACCHEI MANGANILLA NIDIA ALEJANDRA GONZÁLEZ ROJAS
Ponente

_______________________
Andoni Barroeta
Secretario