TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

PRESUNTO AGRAVIADO: DEXY COROMOTO GARAY AGUILAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 12.726.002 y domiciliada en Campo de Carabobo, Barrera Sur, Calle Negro Primero, casa S/N, estado Carabobo.
ABOGADO ASISTENTE: Abog. SIDONIO FERREIRA GOMES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 94.905.
PRESUNTO AGRAVIANTE: O.C.V. ZAMORA 533 OPG BEJUMA, registrada ante el Registro Principal Civil del estado Carabobo, en fecha 09 de junio de 2005, bajo el Nro. 12, Folios 1 al 3, Protocolo Primero, Tomo 13.
MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE: 24.170
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITVA.
En fecha 22 de marzo del año 2017, la ciudadana DEXY COROMOTO GARAY AGUILAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 12.726.002 y domiciliada en Campo de Carabobo, Barrera Sur, Calle Negro Primero, casa S/N, estado Carabobo, asistida por el abogado SIDONIO FERREIRA GOMES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 94.905, presenta formal solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL, contra la O.C.V. ZAMORA 533 OPG BEJUMA, registrada ante el Registro Principal Civil del estado Carabobo, en fecha 09 de junio de 2005, bajo el Nro. 12, Folios 1 al 3, Protocolo Primero, Tomo 13. En fecha 27 de marzo de 2017, se le dió entrada.
Vista la solicitud de TUTELA CONSTITUCIONAL, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, se constituye en Tribunal Constitucional a los fines de proveer lo conducente. En tal sentido se observa:
A los fines del conocimiento, tramitación y restablecimiento del orden constitucional que se denuncia como violado, este Tribunal Constitucional, procede a analizar y declarar previamente si tiene competencia para conocer la presente acción de Amparo, observa:
La sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 20 de enero del año 2002, expediente 00-002 caso: EMERY MATA MILLÁN, estableció:
“….3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán las apelaciones y consultas que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta.”
De modo que, siendo la presente una acción de Amparo Constitucional dirigida contra la asociación civil O.C.V. ZAMORA 533 OPG BEJUMA, registrada ante el Registro Principal Civil del estado Carabobo, en fecha 09 de junio de 2005, bajo el Nro. 12, Folios 1 al 3, Protocolo Primero, Tomo 13, en el cual se denuncia violaciones a los derechos constitucioanles referente a “derecho a una vivienda”, “el derecho a ser asociada”, el “derecho a la defensa”, “derecho al debido proceso” y el “derecho a la informacion”, es por lo que este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo se declara COMPETENTE para tramitar y decidir la presente acción de Amparo Constitucional.
DE LA ADMISIÓN:
Encontrándose el presente proceso de tutela constitucional, en fase de admisión, este Tribunal pasa a pronunciarse sobre si la acción presentada es admisible o no, en los siguientes términos:
El presunto agraviado, ciudadano RAFAEL SANTIAGO DÍAZ CEBALLOS, aduce en su escrito libelar lo siguiente:
“…PETITORIO Por los razonamientos expuestos solicito a este Tribunal Constitucional ordene la restitución de los derechos constitucionales que me ha vulnerado la agraviante la Asociación Civil “O.C.V. ZAMORA 533 OPG BEJUMA, debidamente registrada ante el Registro Principal Civil del estado Carabobo, en fecha “09 de junio de 2005, bajo el Nro 12, Folios 1 al 3, Protocolo Primero, Tomo 13, con sede en la población de Bejuma estado Carabobo, por haberme menoscabado con sus actos y hechos, y ante la amenaza de nuevas violaciones se me otorgue la tutela judicial solicitada, es decir, me sea restituido el derecho a ser asociado y los derechos que el mismo conlleva, el derecho a la defensa y aun debido proceso, el derecho a la vivienda y el derecho a ser informado, previstas en los artículo 28, 52, 49 y 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela , mediante la anulación de la decisión tomada en la asamblea Nro. 7, celebrada el día 26 de febrero de 2011, registrada en la Oficina de Registro Principal de Valencia, el 19 de agosto de 2011, bajo el Nro.31, Folios 1 al 4, Protocolo Primero, Tomo 17, y se ordene estampar la nota en le respectiva acta, que deja sin efecto mi exclusión como asociada de la Asociación Civil. asimismo se ordene a la agraviante el cese de manera definitiva actos y las amenazas ejecutados por la Presidenta y Vicepresidenta de la Asociación Civil, a mis derechos constitucionales…”

Vistos los alegatos esgrimidos por la representación judicial de la parte actora, observa este Tribunal lo siguiente:
Reiteradamente la jurisprudencia patria ha exigido que en el escrito de Amparo se expliquen las razones por las cuales no se acudió al mecanismo ordinario, sin cuyo señalamiento, la acción de Amparo debe ser irremediablemente declarada INADMISIBLE a tenor de lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo.
Así lo viene sosteniendo reiteradamente la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, desde la emblemática decisión de fecha 23 de noviembre de 2001, recaída en el caso PARABÓLICAS SERVICE’S MARACAY, C.A., en la cual, la Sala sostuvo, en relación al uso de los medios ordinarios preexistentes, lo siguiente:
“En concordancia con lo expuesto anteriormente, la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo.
Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales.
No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad.
En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. Ahora bien, para que el artículo 6.5 no sea inconsistente es necesario, no sólo admitir el amparo en caso de injuria inconstitucional, aun en el supuesto de que el agraviado haya optado por la jurisdicción ordinaria, sino, también, inadmitirlo si éste pudo disponer de recursos ordinarios que no ejerció previamente. De otro modo, la antinomia interna de dicho artículo autorizaría al juez a resolver el conflicto de acuerdo con las técnicas integrativas de que dispone el intérprete (H. Kelsen, Teoría Pura del Derecho, Buenos Aires, Eudeba, 1953, trad, de Moisés Nilve).
El criterio plasmado en la decisión supra parcialmente transcrita ha sido flexibilizado, en atención a la protección de los derechos Constitucionales, señalándose que podrá el recurrente en Amparo, hacer uso de este mecanismo extraordinario, cuando no haya hecho uso del mecanismo ordinario, PERO HAYA EVIDENCIADO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL las razones por las cuales tal mecanismo no resulta idóneo, apto o eficaz para la protección de los derechos constitucionales denunciados, en tal sentido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 12 de septiembre de 2002, expediente 01-1924, estableció:
“…la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso ordinario,, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador. Ahora bien, en el presente caso la empresa accionante no ha expuesto motivo alguno que permita a esta Sala llegar al convencimiento de que el medio idóneo para lograr una efectiva tutela judicial era el amparo, en razón de lo cual, la acción propuesta debe desestimarse por cuanto la accionante no agotó la vía ordinaria, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide”. En su tarea de perfilar, con precisión, la admisibilidad del la acción de amparo constitucional, coexistente con recursos ordinarios preexistentes, también ha dicho la Sala: “En consecuencia, es criterio de esta Sala, formado al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional, opera en su tarea específica de encauzar las demandas contra actos, actuaciones, omisiones o abstenciones lesivas de derechos constitucionales, bajo las siguientes condiciones: a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida…”
De modo pués que existiendo las vías o mecanismos ordinarios, la Acción de Amparo es inadmisible en los siguientes casos: 1.- Cuando el actor haga uso de las vías ordinarias que le acuerda el ordenamiento jurídico para la restitución de la situación jurídica infringida, y 2.- Cuando no haga uso de dichos mecanismos ordinarios y no EVIDENCIE al Tribunal Constitucional las razones por las cuales opta por ejercer el mecanismo extraordinario de Amparo Constitucional.
En el caso de autos, el presunto agraviado no alegó y mucho menos evidenció al tribunal las razones por las cuales no hizo uso de los mecanismos procesales ordinarios concedidos por la ley para la protección de sus derechos e intereses en cuanto a la decisión tomada en la asamblea Nro. 7, celebrada el día 26 de febrero de 2011, registrada en la Oficina de Registro Principal de Valencia, el 19 de agosto de 2011, bajo el Nro.31, Folios 1 al 4, Protocolo Primero, Tomo 17.
En consecuencia, con fundamento en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la presente Acción de Amparo es inadmisible y así se declara.
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, actuando en sede Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara:
PRIMERO: INADMISIBLE la acción de Amparo Constitucional interpuesta por la ciudadana DEXY COROMOTO GARAY AGUILAR, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 12.726.002 y domiciliada en Campo de Carabobo, Barrera Sur, Calle Negro Primero, casa S/N, estado Carabobo, asistida por el abogado SIDONIO FERREIRA GOMES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 94.905, presenta formal solicitud de AMPARO CONSTITUCIONAL, contra la O.C.V. ZAMORA 533 OPG BEJUMA, registrada ante el Registro Principal Civil del estado Carabobo, en fecha 09 de junio de 2005, bajo el Nro. 12, Folios 1 al 3, Protocolo Primero, Tomo 13.
Publíquese, diarícese, regístrese y déjese copia de conformidad con el artículo 248 Código de Procedimiento Civil.
Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Carabobo.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho de este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del año Dos Mil Diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación.
La Juez Provisorio,

Abg. OMAIRA ESCALONA
La Secretaria,

Abg. ROSA VIRGINIA ÁNGULO AGUILAR.
En la misma fecha se publicó la sentencia, siendo las 10:15 de la mañana y se dejo copia para el archivo.
La Secretaria,

Abg. ROSA VIRGINIA ÁNGULO AGUILAR.