REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA En su Nombre: EL JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO EXPEDIENTE: 58.028 DEMANDANTE: SILVIO ENRIQUE VILORIA HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-4.075.724, de este domicilio. APODERADOS JUDICIALES: DEIVINSON ANDRES MANRIQUE LEON y EDGARDO ANTONIO ARTEAGA MADERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V-11.351.749 y V-20.385.242 respectivamente, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nros. 252.343 y 234.071 en su orden, de este domicilio. DEMANDADO: HUGO RICARDO GONZALEZ LUGO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-12.765.262 y de este domicilio. MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA Nro. 139/2017 (INADMISIBILIDAD) I Vista la anterior demanda por DAÑOS Y PERJUICIOS, intentada por los abogados DEIVINSON ANDRES MANRIQUE LEON y EDGARDO ANTONIO ARTEAGA MADERO, actuando en su carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano SILVIO ENRIQUE VILORIA HERNANDEZ, contra el ciudadano HUGO RICARDO GONZALEZ LUGO, todos supra identificados; procede el Tribunal a pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente demanda en los siguientes términos: El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, establece que presentada la demanda, “el Tribunal la admitirá sino es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, en caso contrario negará su admisión… omissis”. En esta disposición, el legislador establece que es deber del juzgador analizar exhaustivamente la pretensión incoada, a los fines de pronunciarse sobre su admisión siendo su negativa, una excepción a la regla que ordena darle curso a la pretensión, salvo que contraríe el orden publico, o las buenas costumbres o alguna norma legal expresa, en cuyo caso el Juzgador debe razonar su inadmisibilidad. II Señala el actor en el escrito libelar, específicamente en el CAPITULO IV, titulado “DE LAS CONCLUSIONES Y EL PETITORIO”: “(sic)…Cuarto: El pago de Honorarios Profesionales de Abogados, calculados a razón del 25% del monto demandado, es decir, la cantidad de OCHOCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLIVARES CON CERO NUEVE CENTIMOS (804.553,09 Bs)…., Quinto: El pago de las costas y costos que genere el presente procedimiento judicial toda vez que el demandado es responsable directo del daño patrimonial material y moral sufrido por el demandante….” (Destacado del Tribunal). Como puede apreciarse del escrito libelar parcialmente copiado ut supra, el accionante efectúa una mixtura de pretensiones tales como daños y perjuicios, daños morales, condena en costas y costos procesales, así como honorarios profesionales de abogados, reclamaciones éstas que tienen procedimientos incompatibles, dado que las pretensiones indemnizatorias por daños y perjuicios y daños morales se tramitan conforme al procedimiento ordinario, mientras que la pretensión de condena en costas y costos procesales, se tramita de acuerdo a una tasación de costas por secretaría, si son reclamadas dentro del mismo juicio y finalmente, el cobro de honorarios profesionales, su procedimiento especialísimo está estipulado en el artículo 22 de la Ley de Abogados y dependiendo de la naturaleza de los mismos, pueden ser por vía incidental conforme lo dispone el artículo 607 o por vía de juicio breve; por lo que las pretensiones así presentadas, resultan ser contrarias entre sí. Por su parte el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, señala: “No podrán acumularse en el mismo libelo pretensiones que se excluyan mutuamente o que sean contrarias entre sí; ni las que por razón de la materia no correspondan al conocimiento del mismo Tribunal; ni aquellas cuyos procedimientos sean incompatibles entre sí. Sin embargo, podrán acumularse en un mismo libelo dos o más pretensiones incompatibles para que sean resueltas una como subsidiaria de otra siempre que sus respectivos procedimientos no sean incompatibles entre sí”. Ahora bien, a los solos fines ilustrativos se permite esta sentenciadora, transcribir parcialmente la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 25 de julio de 2011, Expediente Nro. 11-0670, con ponencia del Magistrado Juan Mendoza Jover, en la cual se distingue claramente entre el procedimiento de las costas judiciales y los honorarios de abogados, así: “…Así, visto que respecto a casos anteriores esta Sala no ha realizado la distinción en cuanto al procedimiento para el cobro de los costos generados en el proceso y los honorarios de los abogados, pues dada la forma en que está regulado el mismo en el ordenamiento jurídico ha causado confusión en el ejercicio profesional en cuanto a la vía idónea para hacer efectivas las costas del proceso, motivos por los cuales se estima pertinente establecer con carácter vinculante lo siguiente: en nuestro sistema de derecho se distingue la tasación de gastos de juicio, que corresponde hacerla al Secretario del Tribunal, conforme lo prevé el artículo 33 y siguientes de la Ley de Arancel Judicial y la tasación de honorarios de los abogados. Para la tasación de los gastos, se sigue la tarifa que prevé la Ley de Arancel Judicial, según la prueba de los gastos que aparezcan en autos. Mientras que, para la segunda, no existe tarifa, sino el límite que establece el artículo 286 del Código de Procedimiento Civil, según el cual las costas que debe pagar la parte vencida por honorarios del apoderado de la parte contraria estarán sujetos a retasa, sin que, en ningún caso, estos honorarios excedan el treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado, según aplique. … omissis… Como señalan las normas transcritas, dicha tasación, que se refiere a los gastos que se ocasionaron en el proceso, se solicitará ante el Secretario o Secretaria del Tribunal de la causa donde se produjo la condenatoria en costas, tasación que no es definitiva ni vinculante para la deudora, quien tiene derecho de objetarla por cualquiera de los motivos que indica el referido artículo 34 de la Ley de Arancel Judicial (errores materiales, partidas mal liquidadas o improcedencia de la inclusión de ciertas partidas o cualquier otra causa que estime conducente), por lo que la actividad del Secretario o Secretaria del Tribunal consistirá en anotar el valor de cada gasto, los cuales deberá pagar el perdidoso condenado en costas una vez que se proceda a su intimación o requerimiento de pago a la parte condenada. Por otra parte, en cuanto al proceso de cobro de honorarios profesionales del abogado, tal como lo estableció la Sala de Casación Civil en sentencia n.°: RC.000235, del 01 de junio de 2011, caso: Javier Ernesto Colmenares Calderón de profesionales, el mismo se sustancia por un procedimiento especial previsto en el artículo 22 de la Ley de Abogados, tiene carácter autónomo y puede comprender dos etapas, que son las siguientes: … omissis… De esta forma, de acuerdo a las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala concluye que, en el presente caso, el Tribunal de la causa tramitó la demanda de cobro del reembolso de los honorarios profesionales pagados a los abogados de la parte gananciosa en el juicio de rendición de cuentas, aplicando dos procedimientos distintos y especiales previstos en la Ley de Arancel Judicial y en la Ley de Abogados, dando comienzo al procedimiento de tasación de las costas (gastos), a través de la tasación de costas por la Secretaria del Tribunal que no fue el mismo donde se tramitó la causa donde quedó firme la condenatoria en costas, e intimó, posteriormente, al pago de los honorarios profesionales de los abogados, conforme lo prevé la Ley de Abogados, a los fines de que la parte perdidosa pagara la cantidad intimada o ejerciera su derecho de retasa, lo cual constituyó un híbrido de ambos procedimientos. Al respecto, la Sala observa que al haber el Tribunal de la causa admitido la demanda y permitido la acumulación de dos pretensiones para cuya tramitación la ley establece procedimientos diferentes, que se excluyen mutuamente, resultando incompatibles, como lo son la tasación de los costos del proceso y la intimación de los honorarios profesionales de abogados, al no haber advertido tal subversión procesal, infringió el citado artículo 78 del Código de Procedimiento Civil”. (Subrayado del Tribunal). En consecuencia, considera quien decide, que estamos en presencia de pretensiones que no son acumulables, por lo que, se impone para esta juzgadora, la declaratoria de INADMISIBILIDAD de la demanda incoada. ASÍ SE DECIDE. III DISPOSITIVA En mérito de las razones de hecho, de derecho y jurisprudenciales anteriormente explanadas, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: INADMISIBLE la demanda por DAÑOS Y PERJUICIOS, intentada por los abogados DEIVINSON ANDRES MANRIQUE LEON y EDGARDO ANTONIO ARTEAGA MADERO, actuando en su carácter de Apoderados Judiciales del ciudadano SILVIO ENRIQUE VILORIA HERNANDEZ, contra el ciudadano HUGO RICARDO GONZALEZ LUGO, todos supra identificados. Y ASI SE DECIDE. No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del presente fallo. Publíquese, diarícese, regístrese y déjese copia de conformidad con el Artículo 248 Código de Procedimiento Civil. Se ordena la publicación de la presente decisión en la página WEB del Tribunal Supremo de Justicia en el site denominado Región Carabobo. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO. En Valencia, a los veintinueve (29) días del mes de marzo (3) del año 2.017. Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación. LA JUEZA PROVISORIA, ABOG. ODALIS MARÍA PARADA MÁRQUEZ LA SECRETARIA TITULAR, ABOG. YENNY J., LEGON SUAREZ En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las nueve de la mañana (9:00 a.m.). LA SECRETARIA TITULAR, ABOG. YENNY J., LEGON SUAREZ Expediente Nro. 58.028 OMPM/Labr.