REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO Valencia, 19 de junio de 2017 Años: 207° de Independencia y 158° de la Federación Expediente Nro. 12.511 Parte demandante: IZAGUIRRE EDUARDO Parte demandando: MUNICIPIO SAN JOAQUIN Objeto del Procedimiento: QUERELLA FUNCIONARIAL - I - BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES El presente procedimiento se inicia en fecha 04 de marzo de 2009 por interposición de la querella funcionarial, incoada por el ciudadano Izaguirre Eduardo, venezolano, titular de la cédula de identidad Nro. V- 12.343.620, debidamente asistido por el abogado Pedro Manuel Suarez Torres, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 40.185, contra Municipio San Joaquín. En fecha 13 de marzo de 2009, se le dio entrada y se anoto en los libros respectivos. En fecha 24 de marzo de 2009, se dictó auto mediante el cual se admitió la presente causa y se libraron las respectivas notificaciones. En fecha 06 de octubre de 2009, mediante diligencia compareció la abogada Ziulan Anais Noguera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 133.704, a fin de consignar poder otorgado por Eduardo Izaguirre, copia simple previa confrontación y certificación con su original, de instrumento Poder Autenticado. En fecha 06 de octubre de 2009, se dio por recibido y se agregaron a los respectivos autos la consignación copia simple previa confrontación y certificación con su original, del instrumento de Poder por parte de Eduardo Izaguirre quien le otorgo a la abogada Ziulan Anais Noguera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 133.704. En fecha 21 de mayo de 2010, se dio por recibido y se anoto en los libros respectivos la remisión del oficio de comisión 2442-10, por parte del Juzgado Segundo de los Municipios Guacara y San Joaquín de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo de fecha 05 de mayo de 2010. En fecha 16 de junio de 2010, se dicto auto mediante el cual tenga lugar la audiencia preliminar, se fijo para el quinto (5º) día de despacho siguiente al de este auto a las 2:45 de la tarde. En Fecha 16 de junio de 2010, se dio por recibido y se agrego en los autos respectivos el escrito de contestación de la demanda por la abogada Fanny Torres, venezolana, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 110.500, con el carácter de Sindica Procuradora del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo. En fecha 16 de diciembre de 2009, si dicto auto mediante el cual se difirió la audiencia preliminar para el quinto (5º) día de despacho siguiente a la misma hora. En fecha 06 de julio de 2010, se dicto auto mediante el cual se difirió la audiencia preliminar para el sexto (6º) día de despacho siguiente a la misma hora. En fecha 16 de julio de 2010, se dicto auto mediante el cual se difirió la audiencia preliminar para el sexto (6º) día de despacho siguiente a la misma hora. En fecha 27 de julio de 2010, se dicto auto mediante el cual tuvo lugar la audiencia preliminar y se dejo constancia que se encontró presente la parte querellante quien no solicito lapso probatorio y se deja constancia de la no comparecencia ni por si ni por medio de apoderado alguno de la parte querellada. En fecha 28 de julio de 2010, se dicto auto mediante el cual por cuanto en el presente juicio no se solicito lapso probatorio, se fijo para el sexto (6º) día de despacho siguiente al de este auto a las 9:30 de la mañana para que tenga lugar la audiencia definitiva. En fecha 10 de agosto de 2010, se dicto auto mediante el cual se difirió la audiencia preliminar para el sexto (6º) día de despacho siguiente a la misma hora. En fecha 20 de septiembre de 2010, se dicto auto mediante el cual tuvo lugar la audiencia definitiva, se dejó constancia que se encontró presente la parte querellante, y se dejó constancia de la no comparecencia ni por si ni por medio de apoderado alguno de la parte querellada. En fecha 15 de noviembre de 2010, mediante diligencia compareció la abogada Fanny Torres, venezolana, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 110.500, con el carácter de Sindica Procuradora del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo, quien expuso y solicito 1.- Que se reponga la causa al estado de la citación al Sindico Procurador Municipal por cuanto la actuación no se cumplió de acuerdo a las formalidades establecidas en la Ley Orgánica del Poder Publico Municipal, 2.- Fije audiencia preliminar notificando para ello al Municipio demandado y otorgando el lapso de 45 días continuos, en consecuencia que se anulen las actuaciones que van desde el 10-06-2005 en adelante. En fecha 23 de marzo de 2011, mediante diligencia compareció la abogada Ziulan Anais Noguera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 133.704, en su carácter de apoderada judicial de la parte querellante, solicitando abocamiento del Juez. En fecha 01 de noviembre de 2011, mediante diligencia compareció la abogada Ziulan Anais Noguera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 133.704, en su carácter de apoderada judicial de la parte querellante, solicitando abocamiento del Juez. En fecha 16 de noviembre de 2011, se dicto auto mediante el cual el ciudadano José Gregorio Madriz Díaz, en condición de Juez Provisorio se aboco al conocimiento de la presente causa, y se libraron las respectivas notificaciones. En fecha 25 de enero de 2012, mediante diligencia compareció el ciudadano Josu Salcedo. Alguacil de este Juzgado quien consta haber consignado un constante de dos (2) folios útiles, copias de boletas de notificación dirigidas al ciudadano Sindico Procurador Municipal del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo, siento las 10: 15 am, y al ciudadano Alcalde del Municipio San Joaquín del Estado Carabobo, siendo las 10:35 am, debidamente firmadas y firmadas, en prueba de haber sido recibidas ambas en fecha 25 de noviembre de 2011. En fecha 08 de agosto de 2012, mediante diligencia compareció la abogada Ziulan Anais Noguera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 133.704, en su carácter de apoderada judicial de la parte querellante, solicitando a este juzgado que se proceda a dictar sentencia ya que transcurrió el lapso de reanudación y recusación establecidos en la Ley. En fecha 19 de noviembre de 2015, se dicto auto mediante el cual el ciudadano Luis Enrique Abello García, en su condición de Juez Superior, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 20 de mayo de 2015, mediante oficio Nro. CJ-15-1458, y con juramentación ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 10 de junio de 2015, el ciudadano Luís Enrique Abello García, se abocó al conocimiento de la presente causa, librándose las respectivas notificaciones. -I- CONSIDERASIONES PARA DECIDIR Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso se circunscribe por el ciudadano Izaguirre Eduardo, venezolano, titular de la cédula de identidad Nro. V- 12.343.620, debidamente asistido por el abogado Pedro Manuel Suarez Torres, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 40.185, contra Municipio San Joaquín. Ahora bien, constata este Juzgado que desde el 08 de agosto de 2012, mediante diligencia compareció la abogada Ziulan Anais Noguera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 133.704, en su carácter de apoderada judicial de la parte querellante, solicitando a este juzgado que se proceda a dictar sentencia ya que transcurrió el lapso de reanudación y recusación establecidos en la Ley, razón por la cual, conduce a esta Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal. En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en fecha 5 de abril de 2006, mediante fallo número 2006-878, caso: “Distribuidores Fabrica de Papel Maracay Vs. Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE)”, con fundamento al sostenido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 956 de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”: “…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos. Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”. En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que: “…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. (omissis)”. En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe: “En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis)”. Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben “…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’) El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de juni o de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’). En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”. Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte querellante desde el 08 de agosto de 2012, mediante diligencia compareció la abogada Ziulan Anais Noguera, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 133.704, en su carácter de apoderada judicial de la parte querellante, solicitando a este juzgado que se proceda a dictar sentencia ya que transcurrió el lapso de reanudación y recusación establecidos en la Ley, es decir, más de cuatro (04) años sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgador, en principio, declarar la pérdida del interés. En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes. En consecuencia, este Juzgador considera conveniente notificar a la parte actora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y NOTIFIQUESE Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en Valencia, a los diecinueve (19) días del mes de junio de 2017. Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación. El Juez Superior, Abg. Luis Enrique Abello García. La Secretaria, Abg. Donahis Victoria Parada Márquez. En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libro cartel de notificación, dando cumplimiento a lo ordenado. La Secretaria, Abg. Donahis Victoria Parada Márquez. LEAG/Dvpm/ana Designado en fecha 20 de mayo de 2015, mediante Oficio Nro. CJ-15-1458 Teléfono (0241) 835-44-55.