TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO CARABOBO

TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.-

Valencia, 27 de Julio de 2017
207° y 158°

PARTES SOLICITANTES: Ciudadanos ROMEL JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y AMARIANGELLYS KAROLINA MENDOZA PEREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° (s) V-20.665.648 y V-20.512.058, respectivamente y ambos de este domicilio.
APODERADAS JUDICIALES: Abogadas LOURDES JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ y HEIDI MARIAMNE SUCRE REQUENA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nº (s) 49.504 y 62.013.
MOTIVO: Divorcio 185 (MUTUO ACUERDO)
EXPEDIENTE: 10952-2017
SENTENCIA DEFINITIVA
Llegada la oportunidad procesal para dictar sentencia definitiva en la solicitud de Divorcio, presentada por los ciudadanos ROMEL JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y AMARIANGELLYS KAROLINA MENDOZA PEREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° (s) V-20.665.648 y V-20.512.058, respectivamente y ambos de este domicilio, a través de sus Apoderadas Judiciales Abogadas LOURDES JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ y HEIDI MARIAMNE SUCRE REQUENA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nº (s) 49.504 y 62.013, respectivamente y fundamentada en el artículo 185 (MUTUO ACUERDO) del Código Civil, en vista de haber permanecido separados de hecho, es por lo que una vez efectuado el estudio de las actas procesales, se hacen las consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES
El presente procedimiento se inició mediante escrito constante de dos (02) folios útiles y su vuelto, presentado el día 29 de Junio de 2017, junto con las documentales con las cuales fundamentó su pretensión (folios 03 al 14). Acto seguido, mediante auto de fecha 07 de Julio de 2017, se admitió la referida solicitud, ordenándose la notificación del Fiscal del Ministerio Público en materia de Familia de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, para que emitiese opinión respecto al divorcio propuesto y señale lo que a bien tenga en relación al mismo, dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su notificación (folio 18 y 19). En fecha 10 de Julio de 2017, compareció el ciudadano Haroldo Aular, actuando en su carácter de Alguacil de este Tribunal, quien mediante diligencia consignó boleta de Notificación dirigida a la Fiscalía del Ministerio Público en materia de Familia de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, debidamente sellada y firmada por la Fiscal Vigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo (folios 20 y 21).
FUNDAMENTO DE LA SOLICITUD
Los ciudadanos ROMEL JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y AMARIANGELLYS KAROLINA MENDOZA PEREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° (s) V-20.665.648 y V-20.512.058, respectivamente y ambos de este domicilio, a través de sus Apoderadas Judiciales Abogadas LOURDES JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ y HEIDI MARIAMNE SUCRE REQUENA, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nº (s) 49.504 y 62.013, respectivamente, en el escrito de solicitud adujeron lo siguiente:
Que, “…En la fecha Dos (02) de Agosto del año Dos Mil Trece (2013) contrajimos matrimonio Civil por ante la Oficina de Registro Civil del Municipio San Diego del Estado Carabobo…” (Vuelto del folio 01).
Que, “…fijando nuestro domicilio conyugal en la Urbanización Monteserino, Calle Principal, casa Nro. 27-132 Municipio san Diego, Estado Carabobo, por lo cual constituye esta casa nuestro ULTIMO DOMICILIO CONYUGAL…” (Vuelto del folio 01).
Que, “…de dicha unión Conyugal No Procreamos Hijos, Ni Bienes de Fortuna que Liquidar…” (Vuelto del Folio 01).
En virtud de lo anterior, procedieron a solicitar se declarase con lugar el divorcio propuesto y en consecuencia, se decretase disuelto el vínculo matrimonial que los une.
OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La Abogada ANA ELISA AROCHA MICHELENA, actuando en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en uso de sus atribuciones, en fecha 11 de Julio de 2017, presentó escrito en el cual dejó constancia de que la misma cumple con los requisitos establecidos por Ley: “…REVISADAS LAS ACTAS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, ÉSTA REPRESENTACIÓN FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO CONSIDERA ESTAN LLENOS LOS EXTREMOS DE LEY, SIN EMBARGO LAS PARTES DEBEN MENCIONAR EN EL ESCRITO LA FECHA DE LA SEPARACIÓN DE HECHO, YA QUE ES REQUISITO SINECUANON Y UNA VEZ CONSIGNADO DICHA DILIGENCIA, ES POR LO QUE NO TENGO NADA QUE OBJETAR PARA LA TRAMITACIÓN DEFINITIVA DE LA PRESENTE SOLICITUD…” (Folio 22). Siendo que en fecha 12 de Julio de 2017 se dictó providencia en la cual se ordenó a los solicitantes a que indicaran la fecha en la que ocurrió la separación de la vida en común (folio 23); por lo que posteriormente en fecha 19 de Julio de 2017 compareció por ante este Tribunal la Abogada LOURDES JOSEFINA MARTINEZ MARTINEZ, I.P.S.A., N° 49.504, actuando en su carácter de Apoderada Judicial del Ciudadano ROMEL RODRÍGUEZ, subsanando lo requerido por el Tribunal en ocasión del escrito presentado por la Fiscalía Vigésima Primera de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo (folio 24), siendo así declarado mediante auto en fecha 20 de Julio de 2017 (folio 25).
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, observa este Tribunal que en el presente caso la solicitud presentada por los ciudadanos ROMEL JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y AMARIANGELLYS KAROLINA MENDOZA PEREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° (s) V-20.665.648 y V-20.512.058, respectivamente y ambos de este domicilio, se fundamenta en el mutuo consentimiento, por lo que resulta oportuno señalar la Resolución N° 2009-0006 emanada del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18 de marzo de 2009 publicada en Gaceta Oficial en fecha 02 de abril de 2009 bajo el N° 39.152, por medio de la cual se confirió competencia a los Tribunales de Municipio para conocer de asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil; asimismo considerando la Sentencia N°446 dictada en fecha 15 de mayo de 2014, en Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales en el caso de la solicitud de revisión constitucional de decisión, incoada por el ciudadano Víctor Vargas, que prevé:
“(Omisiss…) la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Capítulo V del Título III), contempla la protección tanto a la familia como al matrimonio. Así, el artículo 75 constitucional expresa que:
“El Estado protegerá a las familias como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto recíproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. La adopción tiene efectos similares a la filiación y se establece siempre en beneficio del adoptado o la adoptada, de conformidad con la ley. La adopción internacional es subsidiaria de la nacional”.
Por su parte, el artículo 77 de la Constitución señala:
“Se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges. Las uniones estables de hecho entre un hombre y una mujer que cumplan los requisitos establecidos en la ley producirán los mismos efectos que el matrimonio”.
(…) En este sentido, el artículo 75 de la Constitución de 1999 considera a la familia una asociación natural de la sociedad; pero así ella sea natural, toda asociación corresponde a una voluntad y a un consentimiento en formar la familia. Igualmente, considera que la familia (asociación fundamental) es el espacio para el desarrollo integral de la persona, lo que presupone –como parte de ese desarrollo integral– la preparación para que las personas ejerzan el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de los demás y del orden público y social. Por su parte, el artículo 77 eiusdem establece la protección al matrimonio, entre un hombre y una mujer fundada en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges, lo que se concatena con los lineamientos del referido artículo 75.
De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica– nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento–la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente y de mutuo acuerdo (…OMISSIS)”
De igual forma atendiendo al contenido de la Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta De Merchán en el expediente N° 12-1163, en el caso de revisión constitucional de decisión interpuesta por el ciudadano Francisco Anthony Correa Rampersad, en la que luego de realizar consideraciones en torno a la institución del divorcio, analizándola e interpretándola, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procede a efectuar una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y establece con carácter vinculante entre otras cosas la simplificación del trámite de las solicitudes de divorcio de mutuo consentimiento que presenten ambos cónyuges, al expresar lo siguiente:
“ (…OMISSIS) Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento.
Asimismo, es necesario considerar la atribución de competencia de los jueces u juezas de paz que otorga la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, sancionada por la Asamblea Nacional y publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.913 del 2 de mayo de 2012, para declarar el divorcio por mutuo consentimiento, al disponer en su artículo 8.8 que los jueces y juezas de paz son competentes para: “Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de paz comunal; y no se hayan procreado hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud (…OMISSIS)”.
Ahora bien, revisados los extractos jurisprudenciales expuestos, en relación a la institución del divorcio y sus procedimientos en el ordenamiento jurídico venezolano, y aplicando los criterios contenidos en dichas sentencias, las cuales entre otras cosas establecieron con carácter vinculante nuevas interpretaciones del artículo 185 del Código Civil, respecto a que las causales de divorcio no deben ser taxativas, pudiendo sustentarse la demanda de divorcio en cualquier otra causa que atente contra la estabilidad que debe existir en el matrimonio, asimismo, en dichas sentencias se concatenó el contenido de esta norma con los artículos 20, 26, 75 y 77 todos constitucionales, por ser todos ellos el fundamento del libre desarrollo de la personalidad, la tutela judicial efectiva y el matrimonio, respectivamente; y de esta manera justificar la necesidad de simplificar el trámite de la solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento, obviando formalismos innecesarios que han perdido vigencia ante la necesidad de adecuar los procesos a la realidad jurídica-social actual; en tal sentido, este Tribunal considera que siendo competente, debe tramitarse por ante este Juzgado en cumplimiento de la resolución antes mencionada, debiendo sustanciarse y decidirse como un asunto de jurisdicción voluntaria y conforme a los criterios sentados en las sentencias señaladas; y como quiera que se aprecia que los solicitantes de mutuo acuerdo alegan haber permanecido separados de hecho suficiente para considerar que hubo ruptura de la vida en común, sin tener hijos menores de edad, y que no existe comunidad de gananciales que liquidar, asimismo al acompañar copia certificada de la respectiva Acta de Matrimonio distinguida con el Nº 277, Tomo II, Folio 27, del año 2013, emanada del Registro Civil del Municipio San Diego del estado Carabobo, a la cual se atribuye el valor probatorio que dispensa el artículo 1.384 del Código Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que fue expedida por un funcionario público con facultad de dar fe pública en el lugar donde se autorizó, apreciándose de la misma el vínculo matrimonial existente actualmente entre los solicitantes y al haberse otorgado al Fiscal del Ministerio Público el lapso previsto por el legislador para formular oposición, siendo que éste en nada objetó la solicitud cumpliéndose con ello el deber de dar satisfacción del derecho de acción de los solicitantes y se ha adecuado y resguardado el procedimiento conforme a los postulados de la Constitución y a los criterios jurisprudenciales; es por lo que estas circunstancias conducen a declarar la procedencia del divorcio propuesto. Y así se declara.
DISPOSITIVA
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, este TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la solicitud de Divorcio (MUTUO ACUERDO) presentada por los ciudadanos ROMEL JOSÉ RODRÍGUEZ MARTÍNEZ y AMARIANGELLYS KAROLINA MENDOZA PEREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N° (s) V-20.665.648 y V-20.512.058, respectivamente y ambos de este domicilio, a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 del Código Civil y en consecuencia, se DECLARA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL que los unía, el cual contrajeron en fecha 02 de Agosto de 2013, por ante el Registro Civil del Municipio San Diego del estado Carabobo, según consta en Acta de Matrimonio distinguida con el Nº 277, Tomo II, Folio 27 del año 2013.
Publíquese y regístrese.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en Valencia, a los veintisiete (27) día del mes de Julio de dos mil diecisiete (2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
LA JUEZA PROVISORIA

FANNY R. RODRIGUEZ E.
LA SECRETARIA

CLAUDIA NAVARRO

En esta misma fecha, se publicó, registró y dejó copia de la anterior sentencia, siendo las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana (10:45 a.m.).
LA SECRETARIA

Exp. Nº 10952-2017
FR/CN/jass.