REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JURISDICCIÓN LABORAL EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO SEDE PUERTO CABELLO Puerto Cabello, 07 de julio de 2017 207º y 158° SENTENCIA INTERLOCUTORIA ASUNTO: GH22-X-2017-000012 DEMANDANTE: HINGINIO JOSÉ MELÉNDEZ DÍAZ, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 15.226.588 y de este domicilio. APODERADAS JUDICIALES DEL DEMANDANTE: YEYNNE DEL VALLE RODRÍGUEZ BLANCHARD y YANILDE DENISSE MÚÑOZ AMPIEZ, también venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad No. 11.749.806 y 13.818,777, respectivamente, las que están debidamente inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 188.890 y 156.220, en su orden. DEMANDADA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS PUERTO CABELLO Y JUAN JOSÉ MORA DEL ESTADO CARABOBO. MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 00009-2017 DE FECHA 13 DE ENERO DE 2017, CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE No. 049-2016-01-00057. ANTECEDENTES En fecha 29 de junio de 2017 fue admitido el presente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS contra la Providencia Administrativa No. 00009-2017 de fecha 13 de enero de 2017, contenida en el expediente No. 049-2016-01-00057, emanado de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del estado Carabobo, presentado por el ciudadano HINGINIO JOSÉ MELÉNDEZ DÍAZ, quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 15.226.588 y de este domicilio, representado judicialmente por las profesionales del derecho YEYNNE DEL VALLE RODRÍGUEZ BLANCHARD y YANILDE DENISSE MÚÑOZ AMPIEZ, también venezolanas, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad No. 11.749.806 y 13.818,777, respectivamente, las que están debidamente inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el No. 188.890 y 156.220, en su orden; ordenándose la apertura de cuaderno separado a los fines de pronunciarse acerca del Amparo Cautelar solicitado por el recurrente, por lo que estando en la oportunidad procesal correspondiente, pasa este Tribunal al análisis de los requisitos de procedencia de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en los artículos 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil y dando cumplimiento al ordinal 4º del articulo 243 eiusdem, es decir, exponer los motivos de hecho y de derecho de la decisión, en concordancia con los artículos 12 y 244 eiusdem, en cuanto al deber de atenerse a lo alegado por las partes así como a los indicios y pruebas hechas valer en los autos, todo de conformidad con lo establecido. En tal sentido, el examen de este Juzgado se limitará al cumplimiento por parte del recurrente, de los extremos exigidos para la procedencia del Amparo Cautelar, solicitado en caso de autos. Al respecto el tribunal observa: Del análisis el escrito recursivo que riela a los folios útiles uno (01) al cinco (05) y su vuelto de la pieza I del asunto principal, tenemos que la parte recurrente en el CAPITULO IX, DEL AMPARO CAUTELAR PRETENDIDO solicita: “De conformidad a lo establecido en el articulo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concatenado con el primer aparte del articulo 5 de la Ley Orgánica de sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que establece la posibilidad de acumular la acción de amparo con el recurso contencioso administrativo de nulidad, con el fin de que el amparo constitucional, tenga efectos de protección cautelar…” Por lo que se evidencia que la parte recurrente persigue la protección cautelar de suspensión de los efectos a través del Amparo Cautelar, en este orden de ideas se indica que la suspensión de efectos constituye una medida cautelar mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse un acto que eventualmente resultare anulado, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso. En estos casos, el sentenciador debe velar porque su decisión se fundamente no sólo en un alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real. En tal sentido, resulta procedente la suspensión de efectos del acto administrativo impugnado cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, siempre que no se prejuzgue sobre la decisión definitiva, tal como lo prevé el citado artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Por ello, es necesario comprobar los requisitos de procedencia de toda medida cautelar: El fumus boni iuris, pericullum in mora y periculullum in damni, es decir, la presunción grave del derecho que se reclama, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo antes las consecuencias del acto denunciado de nulidad y la existencia de fundado temor de que se puedan sufrir lesiones graves o de difícil reparación, supuestos que se deben cumplir de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Por otro lado la Sala de Casación Social, refiriéndose específicamente al Amparo Cautelar ha establecido el criterio de que para decidir el amparo cautelar intentado conjuntamente con el recurso contencioso administrativo de nulidad. En primer termino debe analizarse el requisito de la presunción del buen derecho o fumus boni iuris, con el objetivo de verificar la existencia de una PRESUNCIÓN GRAVE DE VIOLACIÓN O AMENAZA DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES alegados por la parte recurrente como conculcados, para lo que deberá atenerse no a un simple alegato de prejuicio sino a la efectiva argumentación y acreditación de hechos concretos que lleven a presumir seriamente la denunciada transgresión. En segundo lugar, en lo que se refiere a la existencia del peligro en la demora o pericullum in mora, éste no requiere de análisis, pues es determinable por la sola verificación del extremo anterior, toda vez que la circunstancia de que exista una presunción grave de violación de un derecho o una garantía de orden constitucional, o su limitación fuera de lo autorizado por el Texto Constitucional, habrá de conducir a la preservación, in limine, de su pleno ejercicio, dada la naturaleza de los intereses debatidos en tales casos y el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable a la parte presuntamente afectada en sus derechos. (Sentencia No. 1.259 de fecha 09/11/2012 de la SCS TSJ). En atención a lo antes expuesto, se observa que con relación a la Providencia Administrativa No. 00009-2017 de fecha 13 de enero de 2017, contenida en el expediente No. 049-2016-01-00057, emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del estado Carabobo, específicamente sobre la Presunción del Buen Derecho, la parte recurrente expuso: “Es violatorio al derecho a la defensa, de conformidad con lo establecido en el articulo 49.6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo que hace igualmente violatorio al principio de seguridad jurídica ya que de conformidad con el articulo 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el trabajador debió ser protegido en cuanto su estabilidad laboral, no Autorizándose su despido por situaciones que eran comunes en este tipo de eventos. En relación al FOMUS BONI IURIS, nos permitimos señalar que esta condición queda comprobada mediante un contraste de las valoraciones contenidas en el Acto Administrativo recurrido y la valoración de los instrumentos probatorios que en nada se ajustan a la normativa jurídica aplicada para justificar la Autorización de Despido del trabajador, dejándolo en Estado de Indefensión y con Sus Derechos Laborales Totalmente Vulnerados, Vulnerando Sus Derecho a la Defensa el Principio de Seguridad Jurídica e Interdicción a la Arbitrariedad, a tenor de lo previsto en los artículos 49 y 333 Constitucionales”. (Mayúsculas, Cursivas y Negrillas del Recurrente). De conformidad con lo alegado, tenemos que en el presente caso no se constata el fumus boni iuris por cuanto no se evidencia una violación al derecho a la defensa toda vez que el ciudadano HINGINIO JOSÉ MELÉNDEZ DÍAZ tuvo la oportunidad procesal de ejercer sus alegatos y proponer sus medios de prueba y tampoco se evidencia un perjuicio que no pueda ser reparado en la definitiva, sino que por el contrario se fundamenta en pretensiones que deben ser resueltas cuando se emita pronunciamiento de fondo de la controversia destinada a determinar si el Inspector Jefe del Trabajo que conoció el asunto incurrió en los vicios denunciados. Por todo lo expuesto y concordancia con el criterio de la Sala de Casación Social ut supra transcrito es innecesario pasar a verificar los demás elementos a saber pericullum in mora y periculullum in damni por no haberse constatado el fumus boni iuris o presunción de buen derecho y en consecuencia resulta forzoso declarar IMPROCEDENTE la solicitud de Amparo Cautelar contra la Providencia Administrativa No. 00009-2017 de fecha 13 de enero de 2017, contenida en el expediente No. 049-2016-01-00057, emanada de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del estado Carabobo. Y ASÍ SE DECIDE. DECISIÓN Conforme a los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo - Puerto Cabello, actuando en sede Contencioso Administrativa, impartiendo justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÙNICO: IMPROCEDENTE la solicitud de AMPARO CAUTELAR de suspensión de los efectos contra la Providencia Administrativa No. 00009-2017 de fecha 13 de enero de 2017, contenida en el expediente No. 049-2016-01-00057, emanado de la Inspectoría del Trabajo de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del estado Carabobo. REGISTRESE, PUBLIQUESE Y DEJESE COPIA. Dado, firmado y sellado en la Sala del Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo-Sede Puerto Cabello, actuando en sede Contencioso Administrativa, a los siete (07) días del mes de julio de Dos Mil Diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación. La Jueza Titular Quinta de Juicio del Trabajo. Abog. ZURIMA ESCORIHUELA PAZ. La Secretaria. Abog. DINA PRIMERA ROBERTIS. En la misma fecha se dictó y publicó la presente decisión siendo las 03:10 p.m. La Secretaria.