TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial Laboral de Puerto Cabello
Puerto Cabello, veintitrés de febrero de dos mil diecisiete
206º y 158º
ASUNTO: GP21-O-2017-000001
PRESUNTA AGRAVIADA: Sociedad de comercio SERVICIOS MULTIPLES DE MANTENIMIENTO RAYFEL, C.A.
PRESUNTA AGRAVIANTE: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS PUERTO CABELLO Y JUAN JOSE MORA DEL ESTADO CARABOBO.
MOTIVO: ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
Llega al conocimiento de este Juzgado asunto signado con el Nº GP21-O-2017-000001; previa distribución realizada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de este Circuito Judicial del Trabajo, consistente en acción de AMPARO CONSTITUCIONAL, incoada por la Abg. INGRID HIGUERA, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 86.926, procediendo en su carácter de apoderada judicial de la presunta agraviada sociedad de comercio SERVICIOS MULTIPLES DE MANTENIMIENTO RAYFEL, C.A; domiciliada en el sector El Faro, parroquia Juan José Flores en la ciudad de Puerto Cabello, Estado Carabobo; Así las cosas el tribunal de seguida pasa analizar el asunto para pronunciarse sobre su competencia, previa las consideraciones que siguen; -) Conforme al Artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales: “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo”; Así mismo de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras; y con el numeral 3º del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, siendo competentes los tribunales del trabajo para sustanciar y decidir las solicitudes de amparo por violación o amenaza de violación de los Derechos y Garantías Constitucionales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; igualmente, conforme a la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero López, según sentencia nº 955 de fecha 23-septiembre-2010, la cual dejo asentado el siguiente criterio con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República; en los siguientes términos; Cito: OBITER DICTUM-En tal sentido, el artículo 259 constitucional, establece lo siguiente:
“Artículo 259. La jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Tribunal Supremo de Justicia y a los demás tribunales que determine la ley. Los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.
Y continúa, “si bien es cierto que el referido artículo 259 establece una regla general, existen algunas excepciones, como es el caso de la jurisdicción especial agraria, que conoce asuntos que versan sobre aspectos del contencioso administrativo, pero que por la especialidad de la materia y la protección constitucional reconocida a la misma, han sido reservados a los tribunales agrarios” (artículo 269 de la Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario).
En vista de esta situación, considera oportuno la Sala revisar los criterios de interpretación de esta norma constitucional, que ha venido aplicando de manera pacífica y reiterada en casos como el de autos, a fin de garantizar la efectiva vigencia y respeto de los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
A estos efectos, es importante recordar que una norma no puede ser interpretada de forma aislada, sino dentro del contexto en el cual la misma se encuentra. De allí que debe analizarse hasta qué punto podría ser viable la exclusión del conocimiento de acciones relacionadas con providencias administrativas dictadas por las Inspectoría del Trabajo –en el ámbito de una relación laboral, de la jurisdicción contencioso administrativa.
Esta posición se ve reforzada por la reciente entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 377.244 del 16 de junio de 2010; la cual tiene por objeto “regular la organización, funcionamiento y competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, salvo lo previsto en las leyes especiales” (artículo 1).
Las competencias de los órganos integrantes de esta jurisdicción, están consagradas en los artículos 9, 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley Orgánica. De esos artículos interesa, a los efectos de determinar la competencia para el conocimiento de las acciones relacionadas con providencias administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, lo contenido en el numeral 5 del artículo 23, y en el numeral 5 del artículo 24 ejusdem.
De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes aunque desconcentrados de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación.
En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara.
Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara.
Así las cosas, este Tribunal de juicio del Trabajo procediendo en sede constitucional, analizadas de manera exhaustiva las actuaciones que conforman el presente expediente; evidenciándose de los autos, que el objeto de la acción interpuesta, se corresponde a una Acción de Amparo Constitucional contra la Inspectoría del Trabajo de los municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del Estado Carabobo; por hechos u omisiones presuntamente suscitadas en un procedimiento en ocasión a una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras, en el lugar de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del Estado Carabobo, cuyos territorios corresponden a ésta jurisdicción; Ateniéndose quien Juzga más al contenido de la relación que a la naturaleza del órgano involucrado; y tratándose de la presunta violación de un derecho constitucional afín a la materia sensible del trabajo resulta forzoso para este Juzgado el conocimiento del presente asunto; Declarándose así COMPETENTE PARA CONOCER, SECUELAR y DECIDIR EL MISMO conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y así se declara. Declarado competente el Tribunal pasa analizar previamente los requisitos de la demanda conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; por lo que este Juzgado, revisados los mismos constata luego de una exhaustiva revisión de las actas que conforman el expediente y muy especialmente del poder presentado por la abogada Ingrid Higuera, quien interpuso la acción de amparo ante esta Instancia, el cual fue otorgado ante la Notaría Pública Primera del Municipio Puerto Cabello del Estado Carabobo, autenticado el 20 de Septiembre de 2013, bajo el Nº 62, Tomo 77 de los Libros de Autenticaciones llevados por esa Notaría, y que corre inserto a los folios seis (06) al nueve (09) del presente expediente, que tal apoderada judicial carece de la facultad expresa para interponer la actual pretensión constitucional, ya que el mandato fue otorgado con el fin de representar a la accionante a través de …“PODER ESPECIAL LABORAL” …" quedando las mandatarias ampliamente facultadas para representar a la entidad mercantil ante autoridades civiles, judiciales y administrativas en especial para que defiendan los derechos y acciones en todo lo que tenga relación estrictamente laboral…” En el ejercicio del presente mandato, las prenombradas mandatarias podrán intentar y contestar demandas; Darse por citados y/o notificados en nombre de la Empresa; Convenir; Desistir; Transigir; comprometer en árbitros; seguir los juicios y procedimientos en todas las instancias e incidencias hasta Casación; y hacer uso de todos los Recursos tanto ordinarios, como extraordinarios, inclusive los de invalidación y el de control de la legalidad….” ( sic )
Dentro de este orden de ideas, la legitimación activa en materia de amparo constitucional corresponde a quien se afirme agraviado en sus derechos constitucionales, y en el caso sub iudice la supuesta agraviada no otorgó de manera expresa y suficiente un mandato o poder que permitiera que la profesional del derecho Ingrid Higuera, ejerciera su representación válidamente en el presente procedimiento de amparo constitucional, toda vez que el poder transcrito supra ha sido otorgado específicamente para actuar ante autoridades civiles, judiciales y administrativas en relación con la materia estrictamente laboral.
Así pues, el referido poder resulta ineficaz e insuficiente para que la mencionada abogada actúe, en el presente caso, en representación de la quejosa, pues la acción de amparo es autónoma e independiente de cualquier otro juicio.
En atención a lo anterior, resulta necesario señalar que la doctrina jurisprudencial de la Sala Constitucional establecida en esta materia, ha quedado expresada en la sentencia Nº 1.364 del 27 de junio de 2005 (caso: Ramón Emilio Guerra Betancourt); ratificada, entre otras, en sentencias Nos. 2.603 del 12 de agosto de 2005 (caso: Gina Cuenca Batet); 152 del 2 de febrero de 2006 (caso: Sonia Mercedes Look Oropeza); 1.316 del 3 de junio de 2006 (caso: Inversiones Inmobiliarias S.A.); y 1.894 del 27 de octubre de 2006 (caso: Cleveland Indians Baseball Company), de la siguiente manera:
“Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de ese tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso, el ius postulandi o derecho de hacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente.
Así las cosas, para lograr el ‘andamiento’ de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que no se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción…” (Negritas de esta decisión).
Siendo así, es preciso indicar que este Tribunal no puede suplir la carga que corresponde única y exclusivamente a quien pretende del órgano jurisdiccional el acto de administración de justicia.
En atención a la doctrina referida, este Tribunal de primera instancia de juicio del Trabajo, procediendo en sede Constitucional advierte que, en el presente caso, no está acreditada la representación judicial de la accionante, por lo que resulta forzoso declarar inadmisible la pretensión de amparo constitucional formulada por manifiesta falta de representación. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA.
Con fundamento a los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo – Sede Puerto Cabello y Juan José Mora, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA SU COMPETENCIA E INADMISIBLE la acción de Amparo Constitucional, interpuesta por la Abg. Ingrid Higuera, inscrita en el instituto de previsión social del abogado bajo el Nº 86.926, quien señala actuar como apoderada judicial de la sociedad de comercio SERVICIOS MULTIPLES DE MANTENIMIENTO RAYFEL, C.A, contra la Inspectoria del Trabajo de los municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del Estado Carabobo. Y ASI SE DECIDE.
PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA.
Dada, sellada y firmada en el despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo – Sede Puerto Cabello y Juan José Mora, en Puerto Cabello, a los veintitrés (23) día del mes de Febrero del año dos mil diecisiete (2017).

Dr. ALFREDO CALATRAVA SANTANA
JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO

ABOG. DINA PRIMERA ROBERTIS.
SECRETARÍA.