REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO Valencia, uno de diciembre de dos mil diecisiete 207º y 158º SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA Expediente: GP02-L -2005-001766 Parte accionante: ANGEL VILLANUEVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 317.689. Apoderada judicial de la parte accionante: Abogada MERCEDES HERRERA, IPSA No. 99.645 Parte demandada JOSÉ VALERA, titular de la cédula de identidad No. 2.853.533. Motivo: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Se inició el presente procedimiento mediante demanda de disolución de sindicato presentada en fecha 27 de octubre de 2005, por el ciudadano VILLANUEVA ANGEL, titular de la C.I. N° 317.689, asistido por la abogada MERCEDES HERRERA, inscrita en el IPSA bajo el N° 99.645, en su condición de PROCURADOR ESPECIAL DE TRABAJADORES EN EL ESTADO CARABOBO contra el ciudadano JOSE VALERA. En virtud de la redistribución de la causa, con motivo de la declinatoria de competencia del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, realizada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), la demanda quedo asignada a este Tribunal, dándosele entrada en fecha 23 de octubre de 2013. En fecha 31 de octubre de 2005, se dictó auto admitiendo la demanda y se ordenó emplazar al demandado a los fines de la audiencia preliminar, la cual se dio por concluida al no lograrse acuerdo alguno de las partes en la fase de mediación. Conforme a distribución de la causa al conocimiento de los Tribunales de Juicio, correspondió a este Tribunal el conocimiento del asunto, por lo que una vez reglamentadas las pruebas de las partes se fijó oportunidad para la celebración de la audiencia de juicio. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Se desprende de autos, que la última actuación de la parte accionante, se corresponde a diligencia suscrita en fecha 24 de octubre de 2007, de manera conjunta con la representante judicial del demandado, mediante la cual solicitan el diferimiento de la audiencia de juicio, no constando en autos ninguna otra actuación del accionante ni de persona alguna que le suceda al demandante y que manifieste su voluntad conforme a derecho de continuar el presente proceso y por ende darle el correspondiente impulso. . Del análisis de las actuaciones del expediente de marras, este Tribunal advierte que en el caso específico ha ocurrido una inactividad de la parte accionante en virtud que no se ha ejecutado ningún acto de procedimiento durante más de un (01) año, lo que hace aplicable la extinción de la causa de pleno derecho. Al respecto, el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dispone: “Artículo 201: Toda Instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención”. Mediante sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrado LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, Expediente N° 05-2083, caso amparo Constitucional seguido por el ciudadano YVAN RAMÓN LUNA VÁSQUEZ, titular de la cédula de identidad N° 7.469.048, ejercieron acción de amparo constitucional contra la decisión del 12 de abril de 2005, dictada por el Juzgado Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, se puntualizó: “… (omissis)… Así las cosas, debe concluirse que la perención de la instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el juez de la causa, ya sean éstos de primera o segunda instancia, pues, contrario a la creencia del actor, los jueces de segunda instancia, poseen una facultad de revisión amplia y general del caso que los ocupa –principio de la doble instancia-, claro está, siempre atendiendo a lo alegado y probado en autos, por ello independientemente de que una perención no hubiere sido advertida por el juzgador de primera instancia, ello no es impedimento para que el de alzada la verifique y la declare de concurrir las circunstancias para ello, ni mucho menos para pensar –como aduce el actor-, que se ha configurado una convalidación a la misma por no haber sido decretada en primera instancia. En tal sentido, debe indicarse que las normas procesales regulan los actos de parte y del juez que componen el juicio, por ello es deber del Juzgador atender a ellas en todo estado y grado del proceso, pues están dispuestas para lograr una decisión idónea e imparcial, para aplicarse a ambas partes, y no en beneficio o perjuicio de una u otra, sino en pro de la justicia; así pues, tal es la importancia de las normas de carácter procesal, que incluso en momentos de cambio de legislación y aparición de un nuevo texto normativo, nuestro ordenamiento jurídico prevé que las normas de carácter procesal tendrán vigencia inmediata –artículo 9 del Código de Procedimiento Civil-…” En consecuencia, al constituir la perención una institución de orden público, habiendo operado la misma, este Tribunal declara consumada la perención y extinguida la instancia en este juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. ASÍ SE DECLARA. Por las consideraciones antes expuestas, y al haber transcurrido más de un (01) año sin actividad procesal de las partes, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, en el juicio por cobro de prestaciones sociales interpuesta por el ciudadano VILLANUEVA ANGEL, titular de la Cédula de identidad N° 317.689, asistido por la abogada MERCEDES HERRERA, inscrita en el IPSA bajo el N° 99.645, en su condición de PROCURADOR ESPECIAL DE TRABAJADORES EN EL ESTADO CARABOBO contra el ciudadano JOSE VALERA, titular de la cédula de identidad No. 2.853.533. No hay condenatoria en costas. Publíquese, regístrese y déjese copia autorizada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, en Valencia, al primer (1) día del mes de diciembre del año dos mil diecisiete (2017). Año 207º de la Independencia y 158º de la Federación.- LA JUEZ, ABG. BEATRIZ RIVAS ARTILES El SECRETARIO, ABG. ENDER MANEIRO En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo las 2:22 p.m.- EL SECRETARIO, ABG. ENDER MANEIRO