REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO Valencia, 07 de agosto de 2017 Año 207° y 158° Expediente Nro. 16.310 El 28 de julio de 2017, la ciudadana YOHANA BRICEÑO RIVERO, titular de la Cedula de Identidad Nº V-18.251.394, contra el ÓRGANO SUPERIOR DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH) de la ciudad de Valencia Estado Carabobo, interpuso ante el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas, de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo acción de Amparo Constitucional, en la cual en fecha 29 de junio de 2017 mediante decisión declinó la competencia al Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte del estado Carabobo. En fecha 31 de julio de 2017, este Juzgado le dio entrada al presente Amparo Constitucional. -I- DE LA COMPETENCIA A los fines de decidir acerca de la admisión de la presente solicitud de amparo constitucional, debe este Juzgado en primer término determinar la competencia para conocer de la misma, y a tal efecto observa: Ha sido indicado reiteradamente por éste Juzgado que, la competencia de los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para conocer de las acciones autónomas de amparo viene determinada en primer lugar, en razón del criterio de afinidad entre la materia que constituye el ámbito de competencia natural de dicha jurisdicción y la naturaleza del derecho pretendidamente vulnerado, lo que constituye la competencia en razón de la materia. Además, es necesario precisar el órgano del cual emana el acto, hecho u omisión que se pretende atentatorio de los derechos o garantías constitucionales, puesto que tal aspecto define cual es el Tribunal de Primera Instancia, dentro de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que le corresponde el conocimiento de la acción. A tal efecto se observa que el objeto de la presente acción de amparo es el siguiente: • “(...) debe señalarse que el derecho a la vivienda es un derecho humano, adoptado por la Declaración Universal de Derecho humanos (1948) en su artículo 25 y previsto en el artículo 11 del pacto Internacional de Derecho Económico, Sociales y Culturales (1976), ratificado por Venezuela el 28 de enero de 1978, entre otros instrumentos internacionales, pasando a formar parte del conjunto de normas jurídicas internacionales sobre derechos humanos universalmente aplicables, entre los cuales se encuentra el Estado Venezuela. • Dentro de este marco, cabe destacar que el párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derecho Humano, señala que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda (…). Resulta claro que el derecho a una vivienda digna es un derecho fundamental intrínseco a la dignidad humana que atiende a la necesidad del hombre de habitar una vivienda que permita su desarrollo y crecimiento personal como condición esencial para la existencia y protección de un núcleo familiar, y por ende es pertinente que el Estado, garantice la protección progresiva de este derecho, tal como lo prevé el texto fundamental en su artículo 19. • La protección que brinda el Estado Social de Derecho, varía desde la defensa de intereses económicos de las clases o grupos que la ley considera se encuentran en una situación de desequilibrio que los perjudica, hasta la defensa de valores espirituales de esas personas o grupos, tales como el derecho a la vivienda (artículos 82, 86 y 87 constitucionales), por lo que el interés social gravita sobre actividades tanto del Estado como de los particulares (…)”. Acciones éstas que en el caso bajo análisis se insertan dentro de una relación jurídica administrativa, razón por la cual su conocimiento corresponde a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la acción ejercida contra el ÓRGANO SUPERIOR DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH) de la ciudad de Valencia Estado Carabobo, órgano éste cuyo control jurisdiccional corresponde a este Juzgado. En consecuencia, este Tribunal se declara competente para conocer de la presente causa en primera instancia, y así se establece.- -II- DE LA PRETENSIÓN La parte quejosa fundamentó el amparo ejercido sobre la base de los siguientes argumentos de hecho y de derecho: Que “(…) En fecha 21 de agosto, del presente año, mi madre, ciudadana Omaira Rivero, fue sacada de su apartamento por dos guardias nacionales, son orden judicial, sin denuncia de alguna naturaleza, a las tres de la mañana y llevados al comando de la guardia nacional, ubicado en ciudad Chávez donde se encuentra recluida, imputándole el delito de complicidad por hurto, como se evidencia en documento que consigno con letra “B”. En fecha 19 de junio los ciudadanos, Domarquina Bustamante, Adonay Beltrán y Oscar Ospina, asesores legales, coordinadores de redes populares de vivienda del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda del Estado Carabobo, asiéndose acompañar con seis guardias nacionales y dos funcionarios de la policía nacional, entre ellos dos guardias, que el 21 de mayo se llevaron detenida a mi madre, tocaron la puerta de la casa y bajo amenazas de ser detenida y que me pase lo mismo que a mi mamá fui desalojada de manera violenta sin derecho de defenderme y bajo los atropello de la ciudadana Domarquina Bustamante, quien dio la orden a los guardias que entraran al apartamento y sacaran todos los bienes de mi mamá y los míos, lanzados fuera de la casa. Le pregunte donde iban a dormir mis hijos cuando llegaran de la escuela a mi contesto búscalos para llevártelos a un albergue, obligándome a la fuerza que le entregara las llaves del apartamento, llaves que se encuentran en poder de la ciudadana Domarquina Bustamante, luego levantaron un acta que me obligaron a firmar conjuntamente con ellos y unos vecinos testigos de los hechos que suscribieron el acta. Consigno el acta levantada por la ciudadana Domarquina Bustamante y firmada por los presentes en ese acto, y los funcionarios de vivienda y hábitat actuante, signada “C”, donde se evidencia el procedimiento arbitrario ilegitimo que conculco mis derechos constitucionales consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, articulo 49 como es el derecho a la defensa al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. (…)”. -III- CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Determinado lo anterior, pasa este Juzgado a pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo constitucional, en aplicación del criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela en sentencia N° 2890 de fecha 4 de noviembre de 2003 (caso: Quintín Lucena), en la que se señaló que previo al análisis de la acción de amparo constitucional deben revisarse las causales de inadmisibilidad que taxativamente prevé el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, las cuales condicionan al sentenciador sobre la viabilidad de conocer el proceso de amparo, para luego entrar a analizar las circunstancias denunciadas y los derechos que posiblemente hayan sido violados. En este sentido, la jurisprudencia ha señalado en forma reiterada y pacífica que la acción de amparo por su naturaleza extraordinaria y restablecedora, ha de ser capaz, suficiente y adecuada para lograr que el mandamiento de amparo que se otorgue se baste por sí solo, sin necesidad de acudir a otro u otros procesos judiciales para volver las cosas al estado jurídico en que se encontraban previo al momento de la vulneración y hacer desaparecer definitivamente el acto o hecho lesivo o perturbador. Para ello, el accionante debe invocar y demostrar que se trata de una violación constitucional flagrante, grosera, directa e inmediata sin que sea necesario al Juzgador recurrir a su fundamento normativo para detectar o determinar si la violación constitucional al derecho denunciado se ha efectivamente consumado. De no ser así, ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (cuyos criterios son vinculantes a tenor de lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), que no se trataría de una acción constitucional de amparo, sino de otro tipo de recurso. Al respecto, en sentencia de fecha 13 de agosto de 2001 (caso: Gloria América Rangel Ramos), precisó las condiciones bajo las cuales opera la acción de amparo constitucional y, al efecto se pronunció de la siguiente manera: “(…) La acción de “amparo constitucional” opera bajo las siguientes condiciones: a) Una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídico constitucional no ha sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida. La disposición del literal a), es bueno insistir, apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.” Concatenado con lo anterior, la jurisprudencia ha logrado una interpretación extensiva del numeral 5° contenido en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señalando que este ordinal dispone como causal de inadmisibilidad de las acciones de amparo cuando “el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales persistentes”. Como puede observarse, la mencionada causal está referida, en principio, a los casos en que el particular acude en primer lugar a una vía ordinaria y luego pretende intentar la acción de amparo constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia ha entendido que no sólo es inadmisible el amparo constitucional cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía no lo hace, sino que utiliza el remedio extraordinario (Vid. Sentencia de la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, fecha 14 de agosto de 1990, caso: Pedro Francisco Grespan Muñoz). En virtud de lo expuesto, dado que en el caso de autos se ha intentado una acción de amparo constitucional contra el ÓRGANO SUPERIOR DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH), estima necesario el Tribunal, establecer que lo que se persigue en la acción de amparo constitucional es la restitución de la situación jurídica infringida, lo cual en el presente caso sería que el ÓRGANO SUPERIOR DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH), violo el derecho a la defensa, al debido proceso, el derecho a la garantía a la vivienda “(…) se evidencia que no se me ha permitido ejercer mi derecho en un proceso determinado, nunca se me ha citado, ni siquiera se ha establecido un procedimiento previo, esto evidentemente violenta el articulo 49 eiusdem, ya que se entiende por el debido proceso la garantía que se le otorga a todo ciudadano (…)”, “(…) y en el presente caso nada de esto ha ocurrido; si todo lo contrario es decir la ciudadana Domarquina Bustamante de manera arbitraria y por vía de hecho se toma la justicia en sus manos procede a intimidarme, a amenazarme al igual que mi núcleo familiar sin ningún procedimiento previo (…)”, lo cual resulta entonces, que la acción de amparo constitucional no constituye la vía procesal idónea para alcanzar la pretensión de la acción, pues, debe tenerse en cuenta que por medio de dicha acción no podría el Órgano Jurisdiccional pronunciarse sobre la legalidad o legitimidad de los actos administrativos emanados del ente presuntamente agraviante, ni sobre las vías de hecho y las abstenciones u omisiones denunciadas, dado que con ello se desvirtuaría la naturaleza propia del amparo constitucional, pasando a convertirse en un mecanismo procesal que permitiría sustanciar y dilucidar cualquier tipo de pretensión procesal con independencia de la existencia de una posible vulneración de los derechos constitucionales de la parte accionante. En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional se ha pronunciado sobre la admisibilidad de acción de amparo, mediante decisión Nº 1605, de fecha 13 de julio de 2005, de la siguiente manera: “(…) La acción de amparo- como ya se ha expresado reiteradamente en muchas sentencias de esta Sala-, es una acción para solventar la situación que tiende a hacerse irreparable, cuando se han producido violaciones constitucionales. El amparo no es sustituto de los recursos procesales ordinarios o extraordinarios, sino que es un mecanismo destinado exclusivamente a proteger el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales y su uso es improcedente para un fin distinto del que le es propio (…)”. Del criterio ut supra citado, este Juzgado concluye que la acción de amparo constitucional se declarará inadmisible o improcedente, cuando en la vía de las posibilidades se tenga la oportunidad de recurrir a otros mecanismos ordinarios, eficaces, capaces y pertinentes para alguna pretensión, y en lugar de ello, se recurra directamente a la acción de amparo constitucional, puesto que de lo contrario se desvirtuaría el valor inicial de tal mecanismo de amparo constitucional. En el presente caso, este Tribunal Superior verifica que la actuación denunciada como lesiva se enmarca en lo que la doctrina denomina una vía de hecho, susceptible de control jurisdiccional contencioso administrativo, lo cual evidencia que el demandante cuenta con una vía judicial idónea para satisfacer la pretensión incoada por vía del amparo, cual es el recurso contencioso administrativo por vía de hecho contra la referida actuación material de carácter administrativo (Vid. sentencia Nº 265 del 1 de marzo de 2001, caso: Henrique Capriles Radonski) Siendo ello así, debe precisarse que el accionante no expuso circunstancia alguna que permitiera a este Juzgador llegar al convencimiento de que el medio idóneo para lograr la efectiva tutela judicial era el amparo y no el respectivo recurso contencioso administrativo (Vid. sentencia N° 171 del 7 de febrero de 2007, caso: Juegos y Entretenimientos Bahía Club, C.A.). De conformidad con los criterios jurisprudenciales explanados en líneas precedentes, debe afirmarse que existe consonancia jurídica en esta materia por los órganos jurisdiccionales superiores, en considerar no susceptible de conocimiento a la vía de hecho por medio del amparo constitucional, máxime cuando la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece un procedimiento especial para conocer contra actuaciones que se califiquen como vía de hecho por parte de los órganos sujetos al control de la jurisdicción contencioso administrativa, el cual esta estatuido en el artículo 76 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, entendido éste como el recurso contencioso administrativo de nulidad, estima este Órgano Jurisdiccional que la presente solicitud debe ser declarada INADMISIBLE, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.- -IV- DECISIÓN Por todas las razones expuestas, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte, actuando con la competencia constitucional que le es atribuida, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana YOHANA BRICEÑO RIVERO, titular de la Cedula de Identidad Nº V-18.251.394, contra el ÓRGANO SUPERIOR DE VIVIENDA Y HÁBITAT (BANAVIH) de la ciudad de Valencia Estado Carabobo, de conformidad a lo establecido en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese, Notifíquese y déjese copia certificada de la presente decisión. El Juez Superior, ABG. LUIS ENRIQUE ABELLO GARCÍA La Secretaria, ABG. DONAHIS PARADA MARQUEZ Expediente Nro. 16.353 En la misma fecha, siendo las dos de la tarde (02:00 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión, dando cumplimiento a lo ordenado. La Secretaria, ABG. DONAHIS PARADA MARQUEZ Leag/Dp/AE Designado en fecha 20 de Mayo de 2015, mediante Oficio Nº CJ-15-1458 Valencia, 07 de agosto de 2017, siendo las 02:00 p.m. Teléfono (0241) 835-44-55.