REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE RECURRENTE: Productos Amadio, C.A. RECURRIDO: INPSASEL MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD CON MEDIDA CAUTELAR EXPEDIENTE Nº: 13.695 - I - BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES En fecha 10 de septiembre de 2010, el abogado Donato Pinto Maldonado, titular de la cédula de identidad Nro. V- 7.115.696, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 49.070, actuando con el carácter de apoderado judicial de Productos Amadio, C.A., inscrita en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Fecha 13 de Julio de 1967, bajo el Nro.65, libro 61-A, con el objeto de interponer la demanda de nulidad, en contra el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL). En fecha 15 de septiembre de 2010, se le dio entrada a la demanda de nulidad, y se anotó en los libros correspondientes. En fecha 26 de octubre de 2010, se admite la demanda de nulidad interpuesto por el abogado Donato Pinto Maldonado, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.115.696, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 49.010, y se ordena librar las notificaciones correspondientes. En fecha 04 de abril de 2017 se aboca el ciudadano Juez Superior LUÍS ENRIQUE ABELLO GARCÍA. En razón de lo anterior, este Tribunal de seguidas pasa a realizar las siguientes consideraciones a saber: -II- DE LA COMPETENCIA Ahora bien, en el caso bajo estudio, la demanda fue propuesta contra la Providencia Administrativa Nº 000059, del 11 de marzo de 2010, emanado de la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores de Carabobo (Diresat Carabobo), por inconstitucional e ilegal, en el cual el ciudadano MARCOS TULIO VILLAREAL DURTE, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.324.654, padece de “Discopatía Lumbar considerada como Enfermedad Agravada por el trabajo”; violando así el derecho al debido proceso y defensa del ciudadano, como en contravención a lo dispuesto de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Al respecto, se advierte que el referido dispositivo legal prevé, expresamente, que las acciones derivadas “(…) de lo regulado por este artículo conocerán los tribunales de la jurisdicción especial del trabajo, con excepción de las responsabilidades penales a que hubiera lugar (…)”; asimismo, la Disposición Transitoria Séptima eiusdem, establece que “(…) son competentes para decidir los recursos contenciosos administrativos contenidos en la presente Ley, los Tribunales Superiores con competencia en materia de trabajo de la Circunscripción Judicial en donde se encuentre el ente que haya dictado el acto administrativo que dio origen al recurso inicial. De estas decisiones se oirá recurso ante la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (…)”. Este Juzgado Superior, teniendo en cuenta que la competencia es de eminente orden público, con fundamento en lo preceptuado en el artículo 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, previo al análisis de los requisitos de admisibilidad, se pronuncia sobre la competencia para el conocimiento de la presente causa en los siguientes términos: En este mismo orden de ideas, debe acotarse que la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa no incluyó dentro de los asuntos que deben conocer los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa, las acciones de nulidad contra los actos administrativos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) o de los órganos adscritos al mismo, con ocasión de la aplicación de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Ahora bien, mediante sentencia de fecha 26 de julio de 2011, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia caso (Sociedad Mercantil AGROPECUARIA CUBACANA C.A), donde determina la competencia para conocer los recursos de nulidad contra los actos emanados del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en los siguientes términos: “...En armonía con lo anterior, ha sido criterio reciente de la Sala Constitucional y reiterado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que con el objeto de garantizar el principio del Juez natural no hay duda pues de que la voluntad del legislador, en absoluta concordancia con las disposiciones constitucionales sobre la protección del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo deriva, tal como el régimen de seguridad y salud en el trabajo y las condiciones idóneas para el desempeño del mismo en protección de las condiciones físicas y mentales del trabajador, atribuyen –de forma expresa y exclusiva- a los órganos que integran la jurisdicción laboral, la competencia relativa al conocimiento de las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativas dictadas por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), pues lo relevante para determinar cuál es el juez natural que ha de conocer este tipo de pretensiones no es la naturaleza del órgano del cual emana sino la naturaleza jurídica de la relación. Así las cosas, atendiendo la reciente doctrina vinculante emanada de la Sala Constitucional, en la que destaca la importancia de que la jurisdicción laboral conozca de las controversias que se deriven del hecho social trabajo y el entramado de relaciones jurídicas que del mismo derivan, por la relevancia que tiene en el Estado Social de Derecho y de Justicia, así como la propia Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo que establece los criterios atributivos de competencia en esta materia, debe determinarse que los órganos jurisdiccionales competentes para conocer y decidir situaciones como la de autos, son los de la jurisdicción laboral. Así se decide...”. En consecuencia, conforme a los razonamientos expuestos, éste Tribunal debe declararse incompetente para conocer de la presente causa, declinando su competencia en los Juzgados Superiores del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y, ordena remitir el expediente a la Unidad de Recepción de Documentos del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Así se decide. -II- DECISIÓN Por las razones expuestas este Juzgado Superior, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, se declara: INCOMPETENTE para conocer el recurso de nulidad con medida cautelar interpuesto, por el abogado Donato Pinto Maldonado, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.115.696, e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 49.010, con el carácter de apoderado judicial de Productos Amadio, C.A., inscrita en el Registro de Comercio llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Fecha 13 de Julio de 1967, bajo el Nro.65, libro 61-A, con el objeto de interponer una demanda de nulidad, en contra el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) 1. DECLINA la competencia ante los Juzgados Superiores del Trabajo del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. 2. ORDENA enviar a la Unidad de Recepción de Documentos del Circuito Judicial Laboral de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Publíquese, déjese copia certificada, cúmplase lo ordenado. Dada, firmada y sellada en el Despacho del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Norte, a los cuatro (04) días del mes de abril de dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 158° de la Federación. El Juez Superior, Abg. Luís Enrique Abello García. La Secretaria, Abg. Donahis Victoria Parada Márquez. En la misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión y se libró oficio Nº0093, dando cumplimiento a lo ordenado. La Secretaria, Abg. Donahis Victoria Parada Márquez.