REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEPTIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS VALENCIA, LIBERTADOR, LOS GUAYOS, NAGUANAGUA Y SAN DIEGO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
Valencia, 30 de Septiembre de 2016
206° y 157°
Siendo la oportunidad para proveer la admisión de la demanda incoada en la presente causa, el Tribunal observa:
La demanda fue incoada por la ciudadana LUDY YOLIMAR SILVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-10.233.261, actuando en nombre y representación de la ciudadana ROSA VIRGINIA SILVA DE HERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-1.350.998, debidamente asistida por el abogado JORGE ELIEZER FELICE FELICE, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nro. 150.171.
El poder con el cual pretende la ciudadana LUDY YOLIMAR SILVA, representar judicialmente a la ciudadana ROSA VIRGINIA SILVA DE HERNANDEZ, es un poder con facultades de ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN, y con facultades expresas en “el campo jurisdiccional”, para darse por citada, oponer cuestiones previas y reconvenciones, solicitar toda clase de medidas preventivas y ejecutivas, entre otras; facultades éstas que solo pueden ser conferidas a quien es abogado y la demandante no lo es.
Ha sido reiterada y pacifica la jurisprudencia que considera ineficaces las actuaciones realizadas en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido de abogado. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 21 de Agosto de 2.003, exp. 02-054, sentencia Nro. 00448, con ponencia del magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez, declaró:
“… Ahora bien, jurisprudencia reiterada de la Sala ha señalado que son ineficaces las actuaciones realizadas en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido de abogado, así en sentencia de fecha 27 de Julio de 1.994, expediente Nro. 92-249, esta Sala expresó lo siguiente:
“…En sentencia del 14 de agosto de 1991 (Agropecuaria Hermanos Castellano C.A contra Leonte Borrego Silva y Otro), la Sala nuevamente señaló que si una persona siendo apoderado no es abogado, no puede ejercer en juicio la representación de su mandante, aun asistido de abogado, no sólo por prohibición expresa de los artículos 3° y 4° de la Ley de Abogados, norma especial que regula la materia, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución, sino que el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, reafirma que sólo los abogados en ejercicio podrán ejercer poderes en juicio”. (…)

Asimismo, la Sala en sentencia Nro. 88 de fecha 13 de Marzo de 2.003, juicio Cementos Caribe C.A. contra Juan Eusebio Reyes y Otro, expediente Nro. 2001-000692, ratificó el siguiente criterio: “… considera la Sala, que la condición de –no abogados- de los mencionados sustituyentes, pudiera tratarse de una incapacidad de ejercicio que en ningún caso anula la representación judicial, la cual conlleva la voluntad de sustituirla en un profesional del derecho…”
En este sentido, si bien existe la voluntad plasmada por el mandante en el instrumento poder, antes transcrito; de representación para interponer y contestar demandas a la ciudadana…, ésta debió otorgar poder especial a los abogados que la asistían para interponer la demanda de cobro de bolívares, tal como lo dispone la doctrina que al respecto sostiene la Sala, que establece la validez de otorgar poder judicial a un no abogado, limitando únicamente el uso de esos poderes en juicio, dado que por Ley sólo podrá realizar actos dentro del proceso un profesional del derecho; por tanto, la mandataria con facultad expresa para ello, debió al interponer la demanda otorgar poder especial a los abogados que la asistían, al haberse constituido en juicio, de manera legal, por lo que la acción interpuesta no puede considerarse validamente realizada, tal como se pronunció el ad quem al ordenar la reposición de la causa, pues resulta ineficaz la actuación en procesos judiciales de apoderados no abogados, sin que esa incapacidad pueda ser subsanada con la asistencia de un profesional del derecho en el libre ejercicio de su profesión…”
En el caso de autos, al igual que en el analizado en la sentencia supra parcialmente transcrita, la parte actora, no abogado, interpuso la demanda en el ejercicio de un poder de administración y disposición, con facultades que deben ser conferidas expresamente a los abogados, haciéndose asistir para ello de un abogado en ejercicio, lo cual violenta las disposiciones consagradas en los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados y el articulo 166 del Código de Procedimiento Civil, en razón de lo cual la demanda así interpuesta contraría disposiciones legales expresas, por lo que de conformidad con el articulo 341 del Código de Procedimiento Civil este Tribunal Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo NIEGA LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA PROPUESTA, por LUDY YOLIMAR SILVA, asistida en este acto por el abogado JORGE ELIEZER FELICE FELICE, todos anteriormente identificados.
LA JUEZ PROVISORIO,

Abog. LIGIA RODRIGUEZ SALAZAR,
LA SECRETARIA TEMPORAL,

Abog. AURELIA RUBIRA PINTO


LRS//mp
Exp. 3265