REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO AGRARIO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
Valencia, 28 de Septiembre de 2016
206º y 156º
EXPEDIENTE: Nº JAP-201-2012.
MOTIVO: SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.
Extinción del proceso por falta de Interés Procesal.
ASUNTO: ACCION AUTONOMA DE TUTELA CAUTELAR AGRARIA.
La sentencia se pronuncia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley. Así, de conformidad con lo establecido en el artículo 243, ordinal 2º del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente se procede a la identificación de las partes y de sus apoderados, en la forma siguiente:
PARTE ACCIONANTE (SUJETO ACTIVO): EMENEGILDO TORRELLES, RICHARD RAMON MONZON ACEVEDO, MARIO BERNABE DI CLEMENTE VARGAS, SAMANDA NIÑO DE RATIVA, GLORIA ESPERANZA DELGADO DE ZAPATA, CARMEN CECILIA HERNANDEZ, GLORIA CRISTINA SABOGAL ESCOBAR, CIRO ALFONSO FLORES LACRUZ. Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros, V-4.481.609, V-5.528.711, V-5.301.492, V-15.505.866, V-11.556.601, V-5.618.547, V-10.339.151 y V- 9.027.576, respectivamente, domiciliados en la zona oeste de la jurisdicción del municipio San Joaquín del estado Carabobo.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACCIONANTE: Abogado José de los Santos Montilla Montilla, Defensor Publico Segundo, en materia Agraria, adscrito a la Defensa Pública del estado Carabobo.
PARTE ACCIONADA (SUJETOS PASIVO): Inmobiliaria G.K.L: 2006, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda el 15 de Noviembre de 2006 bajo el Nº 99, Tomo 1459-A, y su carácter consta en acta de Asamblea de fecha 24 de Mayo de 2007, inscrita bajo el Nº 63, Tomo 1583-A, actuando en su carácter de Representante Legar el Ciudadano LEONTE LUIS ORTEGA, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 3.579.184, de profesión u oficio ingeniero, domiciliado, Caracas Distrito Capital.
APODERADO JUDICIAL DE LOS PRESUNTOS AGRAVIANTES: abogada Ana Derlis Rebolledo Urbina y Orlando García Pérez, inscritos bajos los inpreabogados, los Nros. 42.718 y 74.700, respectivamente y de este domicilio.
I
NARRATIVA
De conformidad con lo establecido en el artículo 243, ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil venezolano vigente se procede a realizar una síntesis clara, precisa y lacónica de los términos en que ha quedado planteada la presente causa, y en tal sentido este Tribunal Agrario a los fines de emitir pronunciamiento respecto al asunto de marras que nos ocupa observa lo siguiente:
En fecha 22 de Noviembre de 2012, se recibió por secretaría de éste Juzgado Agrario la presente causa, y se dicto auto en el cual se le dio entrada y curso de ley correspondiente, quedando registrado bajo el Nº JAP-201-2012. Folio (98).
En fecha 26 de Noviembre de 2012, este juzgado agrario mediante dicta auto de admisión y se dicta fecha para la inspeccion judicial el 27 de noviembre de 2012. Asimismo se libraron los oficios Nº 189/2012, 188/2012, correspondiente. Folios (99 al 102)
En fecha 27 de Noviembre de 2012, éste Juzgado Agrario se trasladó y constituyó en el terreno objeto de la presente demanda, a los fines de practicar inspección judicial, dejando constancia en acta. Folio (103 al 105).
En fecha 03 de Diciembre de 2012, se recibió por secretaría de éste Juzgado Agrario, por parte del ciudadano Leonte Luís Ortega, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 3.579.184. Debidamente asistido por la abogada en ejercicio Ana Derlis Rebolledo Urbina, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 7.033.123, inscrita en el inpreabogado bajo el Nº 42.718. Escrito de contestación de la demanda junto a sus anexo. En esa misma fecha se recibió poder apud-acta y se dicto auto que agrega poder. Folios (107 al 236).
En fecha 05 de Diciembre de 2012, se ricibion informe técnico presentado por la comision ORT-CARABOBO, área de técnica Agrícola. Igualmente de dicto auto que agrega informe técnico. Asimismo se dicta auto en la cual solicitan designacion de defensor público. Folios (237 al 248).
En fecha 07 de Diciembre de 2012, se recibió el oficio Nº DP-CRC-4495-12. emitido por la coordinación regional de la defensa publica del estado Carabobo. Igualmente se dicta auto que agrega oficio. Folios (249 y 250).
En fecha 12 de Diciembre de 2012, este tribunal agrario, mediante auto acuerda la notificar a la Defensa Publica Agraria. Asimismo se libro boleta de notificación. Folios (251 y 252).
En fecha 18 de Diciembre de 2012, la apoderada judicial de la parte Ana Derlis rebolledo Urbina ( ya identificada) consigna escrito junto a sus anexo. Asimismo se recibió diligencia por parte del alguacil de este tribunal la cual consigna bolita de notificación positiva. Igualmente se recibió escrito presentado por el defensor publico José Montilla (ya identificado) Folios (253 al 261).
En fecha 19 de Diciembre de 2012, este Juzgado Agrario dicto Sentencia Interlocutoria la cual se declara competente, en la medida autónoma de protección agraria y ordena librar boletas de notificación y los oficios Nº 216/2012, 217/2012, 218/2012, 219/2012. folios (262 al 301).
En fecha 08 de Enero de 2013, el alguacil de este Tribunal Agrario, mediante diligencia consigno boleta de notificación librada el 19 de Diciembre del mismo año, previamente firmado por la parte demandada. Folios (302 al 304).
En fecha 14 de Enero de 2013, el alguacil de este Tribunal Agrario, mediante diligencia consigno entrega del oficio Nº 218/2012, librada el 19 de Diciembre del mismo año, previamente firmada por la secretaria de la alcaldía del municipio San Joaquín. Folios (307 al 309).
En fecha 17 de Enero de 2013, el alguacil de este Tribunal Agrario, mediante diligencia consigno boleta de notificación librada el 19 de Diciembre del mismo año, previamente firmada por la parte demandada. Folios (310 al 312).
En fecha 22 de Enero de 2013, el alguacil de este Tribunal Agrario, mediante diligencia consigno entrega de los oficios Nº 219/2012, 217/2012 y 216/2012 librada el 19 de Diciembre del mismo a los diferentes organismos
En fecha 20 de septiembre de 2016, este Juzgado Agrario, dicto auto de abocamiento al conocimiento de la causa, librando así mismo notificación a la parte actora (ya identificada). (Folio 223).
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, hecha la revisión de las actas que conforman el presente expediente y en atención a los principios constitucionales contenidos en los articulos 2 “Estado Democrático, Social y de Justicia”, 7 “Primacía Constitucional”, 26 “Tutela Judicial Efectiva” y 257 “Eficacia Procesal”, resulta necesario para este Tribunal establecer como punto previo lo concerniente al interés procesal a que se contrae el presente asunto y en tal sentido lo hace de la siguiente manera:
PUNTO PREVIO: “Del decaimiento del Interés Jurídico actual.”
Este Tribunal como garante del principio constitucional relativo al debido proceso, hace las siguientes consideraciones referentes al decaimiento del Interés Jurídico actual, pertinente al caso sub íudice.
En este sentido, el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil establece:
“Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente.” (Negritas de este Tribunal).
Así tenemos que es evidente que para proponer la pretensión el actor debe tener un interés actual. La falta de interés en obrar puede ser resuelta en cualquier grado y estado de la causa, sea porque nunca existió o por decaimiento del interés sustancial inicial. El mencionado artículo 16, establece el principio de interés procesal, el cual exige como requisito de la demanda que haya un “interés jurídico actual”, y esa actualidad se demuestra no sólo por las consecuencias que emana de una acto que se cuestiona en la esfera subjetiva de la parte peticionante, sino también implica el interés puesto por el peticionante de requerir de los Órganos Jurisdiccionales el pronunciamiento que corresponda según la etapa procesal de que se trate.
Asimismo la Sala constitucional, sostiene lo siguiente:
“De las actas que conforman el expediente, se verifica la total inactividad en el presente procedimiento de nulidad desde el 28 de junio de 2006, fecha en la cual se efectúo la última actuación de la parte recurrente en el proceso, sin que se haya producido pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda. En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia. Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2673/2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. B) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”.
En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del 28 de Junio de 2006, la parte recurrente dejó de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés”. (Negritas y subrayado de este tribunal)
De lo anterior se observa que, el criterio imperante, en cuanto al decaimiento o pérdida del interés procesal, puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia, igualmente, la sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales, la primera de esas oportunidades es cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
Por lo antes expuesto, el Tribunal pasa a examinar si el accionante mantiene interés legítimo, personal y directo en sostener este proceso.
De las actas procesales se evidencia que: 1) En fecha 03 de diciembre de 2007, la parte accionante, presenta escrito de demanda junto a sus recaudos. (Folio 01 al 43); 2), en fecha 28 de junio de 2006, la parte accionante mediante diligencia consigno poder (Folio 123 y su vuelto), 3) en fecha 16 de noviembre de 2007, el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, (Folio 124 al 125).
De lo anterior se determina que desde la fecha de interposición de la demanda (03/12/2007), siendo la ultima actuación presentada el 28/06/2006, y hasta el día de hoy (16/09/2015), ha transcurrido nueve (09) años, dos (02) meses y veinticuatro (24) días, tal situación evidencia que el actor no tiene interés jurídico actual y esa actualidad se demuestra no sólo por las consecuencias que emana de un acto que se cuestiona en la esfera subjetiva de la parte peticionante, sino también implica el interés puesto por el peticionante de requerir de los Órganos Jurisdiccionales el pronunciamiento que corresponda según la etapa procesal de que se trate, en este caso estaríamos presente en la etapa de admisión de la demanda, es decir, que en el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin, por los motivos antes expuestos, este Juzgador considera procedente la extinción de la presente acción, por pérdida del interés que todo accionante debe tener, tanto para proponer la demanda como durante la secuela del juicio, conforme a lo previsto en el supra mencionado artículo 16, y en la sentencia referida, y así debe ser declarado por este Tribunal.
III
DISPOSITIVA DEL FALLO
En fuerza de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Agrario Primero de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: la EXTINCIÓN DEL PROCESO POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en la demanda de la Acción Autónoma de Tutela Cautelar Agraria, intentado por los ciudadanos Emenegildo Torrelles, Richard Ramón Monzón Acevedo, Mario Bernabé Di Clemente Vargas, Samanda Niño De Rativa, Gloria Esperanza Delgado De Zapata, Carmen Cecilia Hernández, Gloria Cristina Sabogal Escobar, Ciro Alfonso Flores Lacruz. Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros, V-4.481.609, V-5.528.711, V-5.301.492, V-15.505.866, V-11.556.601, V-5.618.547, V-10.339.151 y V- 9.027.576, respectivamente, domiciliados en la zona oeste de la jurisdicción del municipio San Joaquín del estado Carabobo. Abogado José de los Santos Montilla Montilla, Defensor Publico Segundo, en materia Agraria, adscrito a la Defensa Pública del estado Carabobo.
SEGUNDO: No se condena en costas a la parte demandante, dada la naturaleza de este fallo.
Notifíquese a la parte, mediante boleta de la presente decisión, de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada por secretaria del presente fallo en el libro respectivo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
El Juez
ABG. JOSE GREGORIO RODRIGUEZ GONZALEZ
La Secretaria Accidental
Abg. MEREDITH SACRISTE GUEVARA
En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado.
La Secretaria Accidental
Abg. MEREDITH SACRISTE GUEVARA
EXPEDIENTE Nº JAP-201-2012
JGRG/ msg/kl
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