TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL
TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO
CARABOBO
- EN SEDE CONSTITUCIONAL-
Valencia, 31 de marzo de 2016
206° y 157°

EXPEDIENTE: GP02-O-2015-000031

PRESUNTA AGRAVIADOS: ELÍAS SAMUEL CUAO BOLÍVAR, IVÁN DARIO GONZÁLEZ ROMERO, YORLAN CARLOS ROJAS, RUBÉN ALEXIS LOVERA RAMÍREZ, OSWALDO JOSÉ VERENZUELA HERRERA y MANUEL ALFREDO MARTÍNEZ CORDERO, venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad Nos. V- 13.482.338, 13.159.335, 15.861.696, 18.867.038, 21.021.482, y 21.137.032, respectivamente

APODERADAS JUDICIALES: Abogados ZORAIMA MONTERO, MARIA FERNANDA PEROZO y ALEXANDER MANZANILLA, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nos. 106.225, 209.629y 218.677, respectivamente.

PRESUNTO AGRAVIANTE: ALIMENTOS HEINZ, C.A. y/o INSPECTORÍA DEL TRABAJO BATALLA DE VIGIRIMA, GUACARA, SAN JOAQUÍN, DIEGO IBARRA y LOS GUAYOS DEL ESTADO CARABOBO.

MOTIVO: ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA

La presente acción de amparo constitucional se recibe en fecha 06 de agosto de 2015, abogados ZORAIMA MONTERO, MARIA FERNANDA PEROZO y ALEXANDER MANZANILLA, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nos. 106.225, 209.629y 218.677, respectivamente, en su condición de apoderaos judiciales de los ciudadanos ELÍAS SAMUEL CUAO BOLÍVAR, IVÁN DARIO GONZÁLEZ ROMERO, YORLAN CARLOS ROJAS, RUBÉN ALEXIS LOVERA RAMÍREZ, OSWALDO JOSÉ VERENZUELA HERRERA y MANUEL ALFREDO MARTÍNEZ CORDERO, venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad Nos. V- 13.482.338, 13.159.335, 15.861.696, 18.867.038, 21.021.482, respectivamente; contra presuntas vías de hechos y amenazas de violaciones a sus derechos constitucionales atribuidas según lo alegan a las presuntos agraviantes, entidad de trabajo ALIMENTOS HEINZ, C.A. y/o INSPECTORÍA DEL TRABAJO BATALLA DE VIGIRIMA, GUACARA, SAN JOAQUÍN, DIEGO IBARRA y LOS GUAYOS DEL ESTADO CARABOBO.

Este Tribunal actuando en sede constitucional dicta en fecha 11 de agosto de 2015 auto de conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en aras de garantizar la naturaleza extraordinaria del amparo constitucional, a los fines de que la parte presuntamente agraviada subsanaran el escrito contentivo de la pretensión de amparo y se ordenó la notificación de la parte presunta agraviada, librándose las notificaciones de Ley; siendo impulsadas por la unidad del Alguacilazgo, siendo negativa la consignación respectiva.

De acuerdo lo anterior, y verificadas las actuaciones de la Unidad del Alguacilazgo para la lograr las notificaciones ordenadas de la parte presuntamente agraviada para que subsanara en los términos de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías constitucionales, siendo infructuosas las mismas, y resultando inobjetable, para quien decide, que la presente acción de amparo constitucional estaba dirigida a que se Admitiera la misma por las presuntas vías de hechos y amenazas de violaciones a sus derechos constitucionales, que involucrarían, entre otros, primacía de la realidad, estabilidad, inmovilidad, fuero sindical, aplicación de normas más favorable, artículos 87, 89 (1-4), 91, 92, 93, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; sin embargo, de las diligencias ordenadas por este Tribunal se determina que desde la presentación de la acción de amparo, que lo fue en fecha cinco (05) de agosto de 2015 y la última consignación de la notificación de los ciudadanos ELÍAS SAMUEL CUAO B., IVÁN DARIO GONZÁLEZ R., YORLAN CARLOS ROJAS, RUBÉN ALEXIS LOVERA R., OSWALDO JOSE VERENZUELA H., y MANUEL ALFREDO MARTÍNEZ C., titulares de la cédula de identidad N° 13.482.338, 13.159.335, 15.861.696, 18.867.038, 21.021.482, 21.137.032 o en la persona de uno cualesquiera de sus apoderados judiciales, abogados MARÍA FERNANDA PEROZO BLANCO, ZORAIMA DEL CARMEN MONTERO, ALEXANDER MANZANILLA, inscritos en el I.P.S.A. bajo el Nº 209.629, 106.225, 218.677, en el domicilio procesal constituido en autos, en la siguiente dirección: CALLE MONTES DE OCA, C.C. TOIBA OFICINA 5, VALENCIA EDO. CARABOBO, en su condición de presuntos agraviados; actuación realizada por del Alguacil Alfonso Sánchez, este Tribunal advierte que ha transcurrido con creces el lapso de inactividad de seis (6) meses establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, o como lo ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el abandono del trámite por falta de impulso, lo que conlleva a la extinción de la instancia. Así lo ha dejado sentado la mencionada Sala, en sentencia Nº 982 de fecha 6 de junio 2001, en los términos que siguen:

“…Después de haberse dictado la decisión de continuación del proceso, se libró boleta de notificación a la parte actora mas ésta no fue notificada por las razones antes apuntadas y, desde ese momento, el juicio ha permanecido inmóvil en lo que respecta al presunto agraviado.
1. Según estatuye el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil -derecho común en materia procesal-, el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión. Sin embargo, según reconoce la misma norma, la causa puede quedar paralizada, sin actividad, de forma tal que hace cesar la permanencia a derecho de las partes.
Tal inactividad, en el marco del proceso breve, sumario y eficaz del amparo, permite presumir que las partes han perdido interés en que se protejan sus derechos fundamentales por esta vía, lo que produce un decaimiento del interés procesal en que se administre la justicia acelerada y preferente (ex artículo 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales) que proporciona el amparo constitucional.
En efecto, el interés procesal es la posición del actor frente a la jurisdicción para obtener de ella la satisfacción de su necesidad de tutela; éste interés subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso.
La falta inicial de esta "necesidad de tutela" (interés procesal) impide el juicio sobre el mérito de la pretensión del actor y por ello se sanciona con la declaratoria de inadmisibilidad de la pretensión, tal como lo reflejan las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, varias de las cuales recogen supuestos de falta de interés procesal (por irreparabilidad, cesación, consentimiento, elección de otra vía de protección judicial, p.e.).
Ahora bien, la pérdida del interés puede sobrevenir en el curso del proceso. Es lo que ocurre cuando el actor desiste de su pretensión, caso en el cual se otorga autoridad de cosa juzgada al desistimiento y se declara la extinción del proceso. También puede ocurrir que decaiga únicamente el interés en el procedimiento que se halla en curso, caso en el cual ocurre el desistimiento del procedimiento a que se refiere el artículo 266 del Código de Procedimiento Civil.
Finalmente, puede ocurrir que el interés decaiga por la inacción prolongada del actor o de ambas partes, caso en el cual se extingue la instancia iniciada en protección de determinada pretensión. El Código de Procedimiento Civil señala expresamente los supuestos que configuran la inacción prolongada y que dan lugar a la perención de la instancia. En el caso específico de la inacción prolongada del actor, señala el incumplimiento de ciertas obligaciones procesales como causa de la perención. En la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no consta una regulación semejante, pero en ella se prevé la figura del abandono del trámite, que expresa también el decaimiento del interés del actor, lo cual se deduce del paralelismo entre ese supuesto en la Ley especial y los supuestos de extinción de la instancia, a causa del incumplimiento de las obligaciones del actor, previstas en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. El abandono del trámite expresa una conducta indebida del actor en el proceso, puesto que revela una actitud negligente que procura la prolongación indefinida de la controversia. En este sentido, el Tribunal Constitucional español ha declarado que no puede pretender beneficiarse en vía de amparo constitucional quien ha demostrado una total pasividad y ha incurrido en una notoria falta de diligencia procesal y de colaboración con la administración de justicia. (Cfr. s. T.C. 22/92 de 14 de febrero, en GUI MORI, Tomás, “Jurisprudencia Constitucional 1981-1995”, Ed. Cívitas, Madrid, 1997, p.609). Por su parte, esta Sala tiene establecido que tal actitud en el proceso, además, constituye una afrenta al sistema de justicia, por cuanto el servicio público debe atender un juicio que ocupa espacio en el archivo judicial, pero que no avanza hacia su fin natural (Cfr. s. S C. nº 363, 16.05.00).
En criterio de la Sala, el abandono del trámite a que se refiere el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales puede asumirse –entre otros supuestos, como la falta de comparecencia a la audiencia constitucional- una vez transcurrido un lapso de seis meses posteriores a la paralización de la causa por falta de interés procesal de la parte actora. Ello es producto del reconocimiento, a partir de signos inequívocos –el abandono, precisamente- de que dicha parte ha renunciado, al menos respecto a esa causa y a este medio procesal, a la tutela judicial efectiva y al derecho a una pronta decisión que le confiere la Constitución; por otra parte, y desde otro punto de vista, el principio de la tutela judicial efectiva no ampara la desidia o la inactividad procesal de las partes.
Tal conclusión deriva de la propia naturaleza del amparo como medio judicial reservado para la tutela inmediata de los derechos y garantías constitucionales cuando las vías ordinarias no resultan idóneas, tal como se desprende de la letra del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que estatuye para el amparo –al unísono, cabe destacar, con varios tratados internacionales en materia de derechos humanos- un procedimiento breve, gratuito y no sujeto a formalidad en el que la autoridad judicial competente tiene potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella y en la que todo tiempo es hábil y el tribunal debe tramitarlo con preferencia a cualquier otro asunto. Así ha sido declarado por la jurisprudencia patria pacíficamente, aún antes de la promulgación de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
En efecto, si el legislador ha estimado que, como consecuencia de ese carácter de urgencia que distingue al amparo, la tolerancia de una situación que se entiende lesiva de derechos fundamentales, por más de seis meses, entraña el consentimiento de la misma y, por tanto, la pérdida del derecho a obtener protección acelerada y preferente por esa vía, resulta lógico deducir que soportar, una vez iniciado el proceso, una paralización de la causa sin impulsarla por un espacio de tiempo semejante, equivale al abandono del trámite que había sido iniciado con el fin de hacer cesar aquélla situación lesiva o amenazadora de derechos fundamentales. Por tanto, resultaría incongruente con la aludida naturaleza entender que el legislador hubiere previsto un lapso de caducidad de seis meses para la interposición de la demanda y, al propio tiempo, permitiese que se tolerase pasivamente la prolongación en el tiempo de la causa, sin la obtención de un pronunciamiento, por un lapso mayor a aquél.
(…)
la Sala considera que la inactividad por seis (6) meses de la parte actora en el proceso de amparo, en la etapa de admisión o, una vez acordada ésta, en la práctica de las notificaciones a que hubiere lugar o en la de la fijación de la oportunidad para la celebración de la audiencia oral, por falta de impulso del accionante, ocasiona el abandono del trámite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y con ello, la extinción de la instancia. Así se declara.” (…)”

En consecuencia, en atención al criterio jurisprudencial anteriormente explanado, queda de manifiesto que en la especie se ha configurado el decaimiento del interés procesal en que se administre la justicia acelerada y preferente que proporciona el amparo, todo ello por la falta de impulso de la parte accionante para la tramitación del mismo. ASÍ SE ESTABLECE.

DECISIÓN

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, actuando en Sede Constitucional, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: TERMINADO EL PROCEDIMIENTO POR ABANDONO DEL TRÁMITE, EN LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL intentada por los ciudadanos ELÍAS SAMUEL CUAO BOLÍVAR, IVÁN DARIO GONZÁLEZ ROMERO, YORLAN CARLOS ROJAS, RUBÉN ALEXIS LOVERA RAMÍREZ, OSWALDO JOSÉ VERENZUELA HERRERA y MANUEL ALFREDO MARTÍNEZ CORDERO, venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad Nos. V- 13.482.338, 13.159.335, 15.861.696, 18.867.038, 21.021.482, respectivamente; contra presuntas vías de hechos y amenazas de violaciones a sus derechos constitucionales atribuidas según lo alegan a lOs presuntos agraviantes, entidad de trabajo ALIMENTOS HEINZ, C.A. y/o INSPECTORÍA DEL TRABAJO BATALLA DE VIGIRIMA, GUACARA, SAN JOAQUÍN, DIEGO IBARRA y LOS GUAYOS DEL ESTADO CARABOBO.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN, PARA EL ARCHIVO RESPECTIVO
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, actuando en sede Constitucional, a los TREINTA y UN (31) días del mes de marzo de 2016. Año 205º de la Independencia y 157º de la Federación.

La Jueza,

Abg. ERLINDA Z. OJEDA S.

La Secretaria,
Abg.
En esta misma fecha se registró y publicó la anterior sentencia. Conste.-