TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 27 de junio de 2016
Años: 206° de Independencia y 157° de la Federación

EXPEDIENTE Nº: 6.265
DEMANDANTE: ALIDA DEL CARMEN PEÑA DE SARRATUD y ORLANDO ANTONIO RAMÍREZ DELGADO.
DEMANDADO: MUNICIPIO SAN DIEGO DEL ESTADO CARABOBO.
MOTIVO: QUERELLA FUNCIONARIAL.

- I -
BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

El presente procedimiento se inicia por querella funcionarial, presentada en fecha 23 de mayo del 1997, por los abogados EDGAR SANCHEZ MARTINEZ y FRANKLIN GOMEZ NÚÑEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 16.205 y 43.132, respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de los ciudadanos ALIDA DEL CARMEN PEÑA DE SARRATUD y ORLANDO ANTONIO RAMÍREZ DELGADO, titulares de las cedulas de identidad Nº V-2.074.007 y V-1.376.677, contra la MUNICIPIO SAN DIEGO DEL ESTADO CARABOBO.
En fecha 26 de mayo de 1997, se dio entrada y se anotó en los libros correspondientes.
En fecha 21 de julio de 1997, este Tribunal dicto auto mediante el cual solicitó los antecedentes administrativos y se ordenó librar la notificación correspondiente.
En fecha 14 de octubre de 1997 diligencia el ciudadano FRANKLIN VILLAMIZAR, actuando en su condición de Alguacil de este Tribunal, mediante diligencia dejó constancia que fue recibido oficio Nº 0837, dirigido al Síndico Procurador del Municipio San Diego del Estado Carabobo.
En fecha 20 de octubre de 1997, mediante diligencia el abogado RICCIO VARGAS MEDINDA inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 48.584, en su carácter de Síndico Procurador del Municipio San Diego del Estado Carabobo, consignó los antecedentes administrativos en original, relacionado con la presente causa.
En fecha 18 de diciembre de 1997, se admitió la presente querella, se ordenó librar las notificaciones correspondientes.
En fecha 14 de abril de 1998, el ciudadano FRANKLIN VILLAMIZAR, actuando en su condición de Alguacil de este Tribunal, mediante diligencia dejó constancia que en el libro de conocimiento, fue recibido los oficios 1314 y 1315.
En fecha 30 de abril de 1998, el abogado RICCIO VARGAS MEDINDA inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 48.584, en su carácter de Síndico Procurador del Municipio San Diego del Estado Carabobo, consignó escrito de contestación.
En fecha 04 de mayo de 1998, se dictó auto mediante el cual se fijó para el quinto (5to.) día de despacho comenzar la primera etapa del juicio.
En fecha 13 de mayo de 1998, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que comenzó la primera etapa del juicio.
En fecha 28 de mayo de 1998, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que termina la primera etapa del juicio. Se fijó para el día siguiente día de despacho comenzar la segunda etapa del juicio.
En fecha 03 de junio de 1998, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que comienza la segunda etapa del juicio. Se suspende el acto y se fija para el vigésimo (20) día de despacho.
En fecha 21 de julio de 1998, el abogado EDGAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 16.205, actuando en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, presentó escrito de informes, relacionado con la presente causa.
En fecha 28 de julio de 1998, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que continua y termina la segunda etapa del juicio.
En fecha 28 de septiembre de 1998, se dictó auto mediante el cual se difiere publicación de la sentencia.
En fecha 30 de marzo de 1999, se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que el Tribunal fijará la oportunidad para dictar su decisión en virtud de la designación de la juez provisoria FLOR TORTOLERO DE SALAZAR.
En fecha 05 de agosto de 1999, mediante diligencia los abogados EDGAR DE JESUS SANCHEZ MARTINEZ y ORLANDO ANTONIO RAMIREZ DELGADO, solicitan sentencia.
En fecha 24 de abril de 2000, mediante diligencia los abogados JESUS SANCHEZ MARTINEZ y ORLANDO ANTONIO RAMIREZ DELGADO solicitaron sentencia.
En fecha 25 de abril de 2000, auto mediante el cual la Juez Provisoria FLOR TORTOLERO DE SALAZAR se abocó al conocimiento de la causa.
En fecha 06 de julio de 2000, el ciudadano FRANKLIN VILLAMIZAR, actuando en su condición de Alguacil de este Tribunal, mediante diligencia dejó constancia que consignó copia de boletas de notificación.
En fecha 27 de julio de 2000, se dictó auto mediante el cual se fijan treinta (30) días continuos para sentenciar.
En fecha 20 de septiembre de 2000, mediante diligencia el abogado ORLANDO ANTONIO RAMIREZ DELGADO inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 43.132 solicitó abocamiento.
En fecha 05 de octubre de 2000, se dictó auto mediante el cual la juez temporal DANILA GUGLIELMETTI FRESCHI se abocó al conocimiento de la causa, se libró la notificación correspondiente.
En fecha 03 de mayo de 2001, mediante diligencia EDGAR SANCHEZ MARTINEZ inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 16.205, solicitó abocamiento.
En fecha 15 de mayo de 2001, se dictó auto mediante el cual el Juez Temporal RAFAEL ORTIZ ORTIZ, se abocó al conocimiento de la causa, se libró la notificación correspondiente.
En fecha 15 de febrero de 2002, mediante diligencia el abogado ORLANDO ANTONIO RAMIREZ DELGADO inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 43.132, solicitó abocamiento.
En fecha 10 de abril de 2002, se dictó auto mediante el cual la Juez Temporal DANILA GUGLIELMETTI FRESCHI, se abocó al conocimiento de la causa, se libró la notificación correspondiente.
En fecha 26 de junio de 2002, mediante diligencia el abogado ORLANDO ANTONIO RAMIREZ DELGADO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 43.132, solicitó abocamiento.
En fecha 26 de junio de 2002, se dictó auto mediante el cual el Juez Suplente ORLANDO ANTONIO RAMÍREZ DELGADO, se abocó al conocimiento de la causa, se libró la notificación correspondiente.
En fecha 12 de febrero de 2004, mediante diligencia el abogado ORLANDO ANTONIO RAMIREZ DELGADO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 43.132, solicitó abocamiento.
En fecha 25 de febrero de 2004, se dictó auto mediante el cual el juez temporal GUILLERMO CALDERA MARÍN se abocó al conocimiento de la causa, se libró la notificación correspondiente.
En fecha 18 de marzo de 2004, mediante diligencia el abogado ORLANDO ANTONIO RAMIREZ DELGADO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 43.132, solicitó abocamiento.
En fecha 30 de marzo de 2004, mediante diligencia el ciudadano GREGORY BOLIVAR, en su condición de Alguacil del Tribunal, mediante diligencia consigno copia de boletas de notificación dirigidas al Síndico Procurador del Municipio San Diego del Estado Carabobo y al Alcalde del municipio San Diego del Estado Carabobo.
En fecha 29 de abril de 2004, se dictó auto mediante el cual se fijaron 30 días continuos para sentenciar.
En fecha 31 de mayo de 2004, se dictó auto mediante el cual se fijaron 30 días continuos para sentenciar.
En fecha 27 de junio de 2016, en la condición de Juez Superior, designado por la Comisión Judicial en reunión de fecha 20 de mayo del 2015, y con juramento ante la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia el 10 de junio de 2015, se abocó al conocimiento de la presente causa.

-I-
CONSIDERASIONES PARA DECIDIR

Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso se circunscribe en querella funcionarial, presentada en fecha 23 de mayo del 1997, por los abogados EDGAR SANCHEZ MARTINEZ y FRANKLIN GOMEZ NÚÑEZ, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 16.205 y 43.132, respectivamente, actuando en su condición de apoderados judiciales de los ciudadanos ALIDA DEL CARMEN PEÑA DE SARRATUD y ORLANDO ANTONIO RAMÍREZ DELGADO, titulares de las cedulas de identidad Nº V-2.074.007 y V-1.376.677, contra la MUNICIPIO SAN DIEGO DEL ESTADO CARABOBO.
Ahora bien, constata este Juzgado que desde el 31 de mayo de 2004, fecha en la cual se dictó auto mediante el cual se difiere la publicación de la sentencia, no ha existido actividad efectuada tendiente a activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a este Juzgado a presumir la pérdida del interés procesal.
En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante fallo Nº AP42-N-1987-006929 año 2010, caso: “PROMOCIONES INMOBILIARIAS COSMOS, S.A. Vs. COMISIÓN PARA EL REGISTRO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA”, la cual

“(…omissis…)
Asimismo, cabe destacar que dentro de los requisitos constitutivos del derecho de acción se encuentra el interés procesal, como aquel que nace al instaurarse el proceso y se integra al titular del derecho a la tutela judicial efectiva. Así, se hace necesario observar lo establecido en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que es del tenor siguiente:
“…Artículo 16: Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente…”
Conforme a dicha norma, se evidencia que el interés procesal constituye uno de los fundamentos del ejercicio de la acción, que no sólo debe estar presente en el momento de su ejercicio, sino que debe mantenerse a lo largo del proceso para que el juez se pronuncie sobre el mérito o fondo de la controversia.”

Asimismo en necesario resaltar el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 956, de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”:

“…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos.
Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”.
En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que:
“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada
Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
(…omissis…).
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho e
special o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis…).
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 del 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben‘…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de juni o de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”.

Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte demandante desde el 31 de mayo de 2004, fecha en la cual se dictó auto mediante el cual se difiere la publicación de la sentencia, es decir, más de diez (10) años sin que haya realizado actuación alguna para impulsar o darle continuidad al presente proceso, lo que permite a este Juzgado, en principio, declarar la pérdida del interés.
En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En consecuencia, este Juzgado considera conveniente notificar a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.
Anexo copia certificada del auto de fecha 27 de junio de 2016, mediante el cual el Juez Luis Enrique Abello García, se aboca al conocimiento de la causa.
EL JUEZ SUPERIOR,

ABG. LUÍS ENRIQUE ABELLO GARCÍA.
LA SECRETARIA,

ABG. DONAHIS VICTORIA PARADA MÁRQUEZ.

Exp. 6.265
LEAG/DVPM/Ale