TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CENTRO NORTE
PALACIO DE JUSTICIA, SEDE VALENCIA, ESTADO CARABOBO
Valencia, 08 de diciembre de 2016
Años: 206° de Independencia y 157° de la Federación

Expediente Nro. 6.539
Parte demandante: MORAIMA FLORES
Parte demandado: CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO CARABOBO.
Objeto del Procedimiento: RECURSO NULIDAD

- I –

BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES

El presente procedimiento se dio por recibido ante este Juzgado, en fecha 26 de junio de 1.998, mediante escrito presentado por el abogado Jesús Javier Velásquez Palermo, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, actuando en este acto en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Maraima Flores, titular de la cedula de identidad Nro. V-7.027.680, interponen el Recurso Nulidad contra La Contraloría General del Estado Carabobo.

En fecha 26 de junio de 1.998, se le dio entrada y anotó en los libros respectivos del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte.

En fecha 13 de julio de 1.998, se admitió el recurso bajo la dirección del Juez Temporal Dr. Lubin Aguirre y se libraron los oficios Nros. 0792 y 0793.

En fecha 21 de septiembre de 1.998, el Contralor del Estado Carabobo ciudadano José Díaz, titular de la cédula de identidad Nº V-498.648, se agrego escrito de contestación a los autos conjuntamente con los anexos e informes suministrados por la Contraloría del Estado.

En fecha 05 de octubre de 1.998, el Contralor del Estado Carabobo ciudadano José Díaz, titular de la cédula de identidad Nº V-498.648, asistido por las abogadas Edgar Nuñez y carmen Guarnieri, inscritos en el instituto de previsión social del abogado bajo los Nros. 14.006 y 61.561, presentaron escrito de pruebas.

En fecha 05 de marzo de 1.999, se admiten las pruebas presentadas por el Contralor del Estado Carabobo.

En fecha 06 de mayo de 1.999, se libro auto indicando un lapso para el quinto día despacho siguiente al de este auto para comenzar la primera etapa de relación de este Juicio.
En fecha 14 de mayo de 1.999, comienza la primera etapa de relación del presente juicio, se suspendió y se fijo para el quinto día despacho siguiente al de este auto.
En fecha 31 de mayo de 1.999, se libro auto indicando un lapso para el día siguiente al de este auto a las 11:00 am, para que las partes presenten sus informes.
En fecha 01 de junio de 1.999, el abogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, presento escrito de informes.
En fecha 01 de junio de 1.999, presento escrito de informes la abogada Patricia la Riva de Cecilio inscrita en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 24.269, en su condición de apoderada judicial de la Contraloría General del Estado Carabobo.
En fecha 02 de junio d e1.999, se libro auto indicando un lapso para el vigésimo día despacho siguiente al de este auto para seguir con la segunda etapa de relación del presente juicio.
En fecha 21 de julio se libro auto indicando un lapso de treinta (30) días de despacho siguiente al de este auto para dictar sentencia.
En fecha 21 de septiembre de 1.999, se libro auto indicando un lapso de veintinueve (29) días de despacho siguiente al de este auto para dictar sentencia.
En fecha 21 de enero de 2.000, se aboco la Jueza Temporal Danilla Guglielmetti.
En fecha 03 de abril de 2.000, se aboco la Jueza Provisoria Flor Tortolero y se libro auto para dictar sentencia por treinta (30) días de despacho siguiente al de este auto.
En fecha 25 de septiembre de 2.000, se aboco la Jueza Temporal Danilla Guglielmetti, y se libro auto para dictar sentencia por treinta (30) días de despacho siguiente al de este auto.
En fecha 25 de octubre de 2.000, se difiere el acto de dictar sentencia por treinta (30) días de despacho siguiente al de este auto.
En fecha 31 de enero de 2.001, diligencio el abogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, solicitando sentencia.
En fecha 05 de abril de 2.001, el abogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, solicita abocamiento.
En fecha 02 de mayo de 2.001, se aboco el Juez Temporal Dr. Rafael Ortiz Ortiz.
En fecha 15 de junio de 2.001, se libro auto indicando un lapso de treinta (30) días para dictar sentencia.
En fecha 17 de junio de 2.001, se libro auto difiriendo la sentencia por treinta (30) días continuos siguiente al de este auto.
En fecha 15 de noviembre d e2.001, diligencio el bogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, solicitando sentencia.
En fecha 21 de enero de 2.002, el bogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, solicito abocamiento.
En fecha 11 de marzo de 2.002, se aboco la Juez temporal Dra. Danilla Guglielmetti.
En fecha 13 de marzo de 2.002, se libro auto aperturando segunda pieza de este expediente.
En fecha 30 de septiembre de 2.013, el abogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, sustituyo poder al ciudadano Pedro Maita, titular de la cédula de identidad Nº 6.912.386, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 62.242, desde ahora ambos abogados podrán de manera conjunta o separada defender los derechos de l recurrente.
En fecha 17 de mayo de 2.002, se libro auto indicando un lapso de treinta (30) días para dictar sentencia.
En fecha 18 de junio de 2.002, se aboco el Juez José Dionisio Morales Baez.
En fecha 27 de junio de 2.002, se libro auto difiriendo la sentencia por treinta (30) días continuos.
En fecha 10 de mayo de 2003, el abogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, solicito sentencia.
En fecha 07 de julio de 2.003, el abogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, solicito abocamiento y sentencia.
En fecha 28 de julio de 2.03, el Juez Suplente Abg. Guillermo Caldera Marín, se aboco a esta causa.
En fecha 17 se septiembre de 2.003, se libro auto indicando un lapso de treinta (30) días para sentenciar.
En fecha 20 de octubre de 2.003, se libro auto indicando un lapso de treinta (30) días para sentenciar.
En fecha 2 de julio de 2.004, el abogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, solicito sentencia.
En fecha 21 de marzo de 2.005, el abogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, solicito sentencia.
En fecha 17 de mayo de 2.006, el abogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, solicito sentencia.
En fecha 01 de octubre de 2.008, el Fiscalía Sexta del Ministerio Publico de Derechos y Garantías Constitucionales y Contencioso Administrativo Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, envió oficio Nº 22-FG-0293/08, solicitando abocamiento del Juez y sentencia.
En fecha 04 de mayo de 2.010, el abogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, sustituyo el poder a el ciudadano Alexander Bolívar, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 135.489.
En fecha 04 de mayo de 2.010 el abogado Alexander Bolívar, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 135.489, solicito abocamiento y sentencia.
En fecha 14 de junio de 2.010, se aboco a la causa el juez Provisorio Oscar León Uzcategui.
En fecha 10 de noviembre de 2.010, el alguacil de este despacho dejo constancia de haber practicado la notificación dirigida la Contralor General del Estado Carabobo.
En fecha 03 de febrero de 2.011, el abogado Jesús Velásquez, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, sustituyó poder al ciudadano Lucio Díaz, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro.149.375
En fecha 03 de febrero de 2.011, el abogado Lucio Díaz, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro.149.375, solicito abocamiento y sentencia.
En fecha 29 de junio de 2.011, se aboco la Jueza Temporal Geraldine López Blanco.
En fecha 08 de noviembre de 2.011, el abogado Lucio Díaz, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro.149.375, solicito abocamiento y sentencia.
Finalmente en fecha 08 de diciembre de 2016, mediante el cual el Juez Luís Enrique Abello García, se aboca al conocimiento de la causa.
-I-
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Revisadas las actas procesales que conforman el presente expediente, este Tribunal Superior advierte que el presente caso se circunscribe en la interposición del Recurso Nulidad interpuesto por el abogado Jesús Javier Velásquez Palermo, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro. 45.942, actuando en este acto en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Maraima Flores, titular de la cedula de identidad Nro. V-7.027.680, contra La Contraloría General del Estado Carabobo.

Ahora bien, constata este Juzgado que el 08 de noviembre de 2.011, el abogado Lucio Díaz, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro.149.375, solicito abocamiento y sentencia y desde entonces no ha existido actividad efectuada para activar el presente procedimiento, razón por la cual, conduce a este Juzgado a presumir la pérdida del interés procesal.
En vista de lo anterior, debe reiterarse el criterio sentado por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, mediante fallo Nº AP42-N- 1987-006929 año 2010, caso: “PROMOCIONES INMOBILIARIAS COSMOS, S.A. Vs. COMISIÓN PARA EL REGISTRO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA”, la cual
“(…omissis…)
Asimismo, cabe destacar que dentro de los requisitos constitutivos del derecho de acción se encuentra el interés procesal, como aquel que nace al instaurarse el proceso y se integra al titular del derecho a la tutela judicial efectiva. Así, se hace necesario observar lo establecido en el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, que es del tenor siguiente:
“…Artículo 16: Para proponer la demanda el actor debe tener interés jurídico actual. Además de los casos previstos en la Ley, el interés puede estar limitado a la mera declaración de la existencia o inexistencia de un derecho o de una relación jurídica. No es admisible la demanda de mera declaración cuando el demandante puede obtener la satisfacción completa de su interés mediante una acción diferente…”
Conforme a dicha norma, se evidencia que el interés procesal constituye uno de los fundamentos del ejercicio de la acción, que no sólo debe estar presente en el momento de su ejercicio, sino que debe mantenerse a lo largo del proceso para que el juez se pronuncie sobre el mérito o fondo de la controversia.”
Asimismo en necesario resaltar el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 956, de fecha 1° de junio de 2001, y que fuera ratificada posteriormente mediante decisión Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”:
“…según la cual la actitud pasiva de la actora conduce al Juzgador a presumir la pérdida del interés procesal, lo que deviene en la extinción de la acción, por ser éste uno de sus requisitos. Tal “presunción” de la pérdida del interés procesal del actor, se fundamenta en que el actor no insistió en activar todos los mecanismos correctivos que el ordenamiento jurídico consagra para exhortar al “…Estado a través de los órganos jurisdiccionales, garantes de la justicia expedita y oportuna, cumpla efectivamente con el contenido que se le ha asignado”, que si bien, es una obligación de estos órganos pronunciarse con prontitud sobre el recurso interpuesto, la parte actora con mayor razón debe propulsar insaciablemente que tal mandato sea efectivamente cumplido por cuanto es él el que sufre un daño…”.
En conexión a lo anterior, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de justicia, mediante decisiones números 1.337, 1.144 y 929, de fechas 24 de septiembre de 2009, 5 de agosto de 2009 y 25 de junio de 2009, respectivamente, estableció que:
“…Cuando el justiciable considera que sus derechos se encuentran insatisfechos, puede acudir a los órganos jurisdiccionales para solicitar se le otorgue tutela judicial a su pretensión, esto es, cuando tenga interés procesal para accionar, entendido éste como la necesidad y adecuación del proceso para satisfacer la pretensión demandada. Este especial derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales en busca de la satisfacción de los demás derechos concedidos por el ordenamiento jurídico, es el denominado derecho de acción procesal, el cual está previsto y garantizado expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 26, en los siguientes términos: ‘Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.
(…omissis…).
En sentencia número 1.648 de fecha 13 de julio de 2000, dictada por esta Sala Político-Administrativa, se expresó, con relación a la acción procesal, lo que a continuación se transcribe:
‘En la estructura del ordenamiento jurídico, está concebida la acción procesal como el medio para acceder a la función jurisdiccional, cuando existe la necesidad de satisfacer pretensiones jurídicas. Si se entiende la acción procesal como un derecho a la jurisdicción, debe precisarse que ella es un presupuesto lógico de todo derecho, dado su carácter de medio o instrumento jurídico para lograr, por intermedio de los órganos jurisdiccionales, el goce y ejercicio pleno de todos los demás derechos. Esta necesaria relación de medio a fin, permite calificar a la acción como un derecho especial o de segundo nivel, es decir, un auténtico meta derecho, frente a todos los demás derechos del ordenamiento jurídico.’ (...omissis…).
Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en el fallo Nro. 416 De fecha 28 de abril de 2009, caso: Carlos Vecchio y otros dejó sentado lo relativo a la pérdida del interés procesal en los términos que de seguidas se transcriben‘…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: ‘MT1 (Arv) Carlos José Moncada’)
El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: ‘Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero’).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”.
Ahora bien, tal como se destacó con anterioridad, de las actas que conforman el presente expediente se verifica la total inactividad de la parte demandante desde el 08 de noviembre de 2.011, el abogado Lucio Díaz, inscrito en el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nro.149.375, solicito abocamiento y sentencia y desde entonces no ha existido actividad efectuada para activar el presente procedimiento por ninguna de las partes, lo que permite a este Juzgado, en principio, declarar la pérdida del interés.
En efecto, es menester indicar, que el interés no sólo es esencial para la interposición de demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, al ser inútil y gravoso continuar con un juicio en el que no existe interesado. Por tanto, en casos como el de autos se puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes.
En consecuencia, este Juzgado considera conveniente notificar a la parte recurrente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que informe, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos el recibo de su notificación, si mantiene interés en que sea sentenciada la presente causa, así como también para que alegue las razones que justifiquen su inactividad, las cuales serán apreciadas y ponderadas por este juzgador, con la advertencia de que la falta de comparecencia ante este Órgano Jurisdiccional en el lapso indicado, hará presumir de pleno derecho la pérdida de interés en la misma y en consecuencia, se declarará extinguida la instancia y se ordenara el archivo del expediente. Así se declara.
Anexo copia certificada del auto de fecha 08 de diciembre de 2016, mediante el cual el Juez Luís Enrique Abello García, se aboca al conocimiento de la causa.

EL JUEZ SUPERIOR,

ABG. LUÍS ENRIQUE ABELLO GARCÍA.
LA SECRETARIA,

ABG. DONAHIS V PARADA M.

LEAG/DVPM/YA
Diarizado________