TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. Extensión Puerto Cabello.
Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora
Puerto Cabello, once (11) de abril (04) de dos mil dieciséis (2016)
205º y 157º
ASUNTO PRINCIPAL: GP31-V-2016-000041
ASUNTO: GN32-X-2016-000005
DEMANDANTE: AURA AVICILI FERMIN de RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad No. V-2.239.305, asistida por el abogado Daniel Helden Caldera, inscrito en el inpreabogado bajo el No 142.144.
DEMANDADO: ZIJIN ZHEN, titular de la cédula de identidad Nro. E-82.293.072.
MOTIVO: DESALOJO (Local Comercial)
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (MEDIDA PREVENTIVA).
RESOLUCIÓN Nº: 037-2016.
PARTE
NARRATIVA
En fecha 07 de Abril de 2016, se admite demanda por DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL, interpuesta por la ciudadana AURA AVICILI FERMIN de RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad No. V-2.239.305, asistida por el abogado Daniel Helden Caldera, inscrito en el inpreabogado bajo el No 142.144, contra ZIJIN ZHEN, de nacionalidad China, titular de la cédula de identidad No E-82.293.072.

Una vez expuestos los hechos de la pretensión jurídica, procede el demandante a solicitar al Tribunal sea decretada como medida preventiva de secuestro, conforme a lo previsto en el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 39 del Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario.

MOTIVA
Para solicitar dichas medidas, se fundamenta la parte demandante en el artículo 588 parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil.
Establece el articulo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 39 del Decreto Ley de Arrendamiento Inmobiliario, manifestando el demandante que “…procede esta medida como medio de hacer efectiva la futura sentencia, pues desde ya se tiene el periculum in mora, cuando habiendo vencido tanto el lapso para el pago de los cánones de arrendamiento el pagador se ha negado injustificadamente en hacerlo, es decir, el arrendatario no cumplió con su obligación de pagar, mientras que el fumus boni iuris, deriva de todos los instrumentos aportados relativos a la relación arrendaticia. Que dan a entender la verosimilitud del derecho que tengo y que se fundamenta seriamente, a los fines de ser reconocido en la sentencia de mérita”.
Es indudable la carga de la prueba que tiene el solicitante de la medida, por lo que debe proporcionar al tribunal no solo las razones de hecho y de derecho en que funde su pretensión lo cual obviamente se sustenta en el libelo, sino que debe aportar conjuntamente las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, con el objeto de que se verifique los dos elementos esenciales para el otorgamiento de las medidas preventivas, estos como lo son, la presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”) y el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”), quedando el sentenciador vedado para suplir la carga de la parte de exponer y fundamentar sus argumentos.
Sólo cuando se haya comprobado la existencia de estos dos requisitos que por lo demás son concurrentes, puede procederse al otorgamiento de las medidas preventivas, eso por una parte.

Al respecto ha sostenido la Sala de Casación Civil, en repetidas sentencias que ya forman parte de la jurisprudencia de dicha Sala, que la carga de la prueba que corresponde al solicitante de la cautela, así como la obligación del juez de acordar la medida siempre que este comprobado la existencia de los extremos para ello.
El decreto de cualesquiera de las medidas a que se refiere el artículo 588 ejusdem, es potestativo del Juez, quien debe basarse en ciertas condiciones para pronunciarse con respecto a la medida que se solicite, y cerciorarse que además se llenen los siguientes extremos: Que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (PERICULUM IN MORA) y que, también exista presunción grave del derecho que se reclama (FUMUS BONI IURIS). En el caso bajo examen tal como lo afirma la parte solicitante pretende que se les acuerde la medida preventiva para garantizar las resultas del presente proceso.
Es importante resaltar lo establecido en dicho artículo, toda vez que para que procedan las medidas en cuestión, debe el solicitante demostrar la presunción grave del derecho que se reclame es decir el primer requisito, antes analizado, denominado Fumus Boni Iuris, del análisis de libelo y de los recaudos que acompaña la parte actora no se evidencia el cumplimiento de tal requisito.
En cuanto al “periculum in mora”, la doctrina lo ha definido como la probabilidad de peligro de que el dispositivo del fallo pueda resultar ineficaz, en razón del retardo de los procesos jurisdiccionales o de la conducta o circunstancias provenientes de las partes. Así, para la prueba del mismo, se requiere que el solicitante de la medida cautelar lo demuestre por cualquier medio y de manera sumaria.
La presunción, ha sido definida por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia como la consecuencia que la ley o el Juez deducen de un hecho conocido para llegar a otro desconocido. Este presupuesto requiere prueba del derecho que se reclama la cual debe acompañarse como base del pedimento si no constare ya del propio expediente, pero no vale cualquier clase de prueba; no exige la ley que sea plena, pero sí, que constituya a lo menos presunción grave de aquel derecho. Sin entrar al análisis de fondo de los recaudos acompañados al escrito libelar ni prejuzgar sobre la procedencia o no de la acción debatida, considera quien decide que no se encuentra cumplido el primero de los mencionados requisitos.
Con relación al segundo requisito Periculum in mora, no basta con alegar que existe un peligro inminente que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer seguir en el juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro. De allí que, considerando que recae sobre la parte solicitante de la medida, la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho que a su parecer fundamentan la procedencia de las mismas, el órgano jurisdiccional se encuentra evidentemente impedido de suplir la falta de la parte de explanar y acreditar sus argumentos, en sustento de la medida en cuestión.
En otro orden de ideas, tenemos que el literal “l” del artículo 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, señala: “En los inmuebles regidos por este Decreto Ley queda taxativamente prohibido: l.- Dictar o Aplicar medidas cautelares de secuestro de bienes muebles o inmuebles vinculados con la relación arrendaticia, sin constancia de haber agotado la instancia administrativa correspondiente, que tendrá un lapso de 30 días continuos para pronunciarse. Consumido este lapso, se considera agotada la instancia administrativa.” Requisito éste que tampoco fue cumplido por la parte demandante.
De manera, que de la solicitud realizada por la parte actora, no se evidencia el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de la cautela, toda vez que no existe fundamentaciòn alguna que justifique la procedencia de la medida preventiva solicitada, no existe constancia de haber agotado la instancia administrativa.
Debe tenerse en cuenta que cuando se niega o decreta medida preventiva, no existe pronunciamiento sobre el fondo del asunto, o dicho en otras palabras el juez no prejuzga la materia de fondo, solamente hace uso de su poder discrecional concedido por la ley, una vez que verifica si se ha cumplido o no los extremos legales, pero que en todo caso serán objeto de debate probatorio en la etapa procesal correspondiente.
De allí que en el presente caso, no existen pruebas aportadas por la solicitante para fundamentar su petición, lo que conlleva a que no se encuentran acreditados los extremos necesarios para el otorgamiento de la medida, en consecuencia se niega la medida preventiva de secuestro solicitada por la parte demandante
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DISPOSITIVA.
Por todas las razones expuestas, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Puerto Cabello y Juan José Mora del Circuito Judicial Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Extensión Puerto Cabello, en nombre de la República y por autoridad de la ley niega la medida preventiva solicitada en el juicio que por DESLOJO DE LOCAL COMERCIAL, interpusiera la ciudadana AURA AVICILI FERMIN de RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-2.239.305, debidamente asistido de abogado DANIEL HELDEN CALDERA, inscrito en el inpreabogado bajo el No 142.144, contra: ZIJIN ZHEN, titular de la cédula de identidad Nro. V-82.293.072.
Regístrese, publíquese la anterior decisión y déjese copia en el copiador de Sentencias.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PUERTO ACBELLO Y JUAN JOSE MORA DEL CIRCUITO JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, EXTENSION PUERTO CABELLO. En Puerto Cabello a los once (11) días del mes de Abril de Dos Mil Dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 157° de la Federación.
LA JUEZ PROVISORIA

Abg. EVELYN DEL VALLE GONZALEZ OCHOA

LA SECRETARIA,

Abg. ALICIA MIREYA CALVETTI GARCES
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior sentencia, siendo las 3:10 horas de la tarde, previo anuncio de Ley, dejándose copia en el archivo.
LA SECRETARIA,

Abg. ALICIA MIREYA CALVETTI GARCES