REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.- PARTE DEMANDANTE.- RAMON ALBERTO CHIRINOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 5.175.586, de este domicilio. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE.- FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BARRIOS y CARLA CEDEÑO IZAGUIRRE, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 33.503 y 55.664, respectivamente, de este domicilio. PARTE DEMANDADA. HENRY ANTONIO LEON PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-6.462.698, de este domicilio. APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA.- ARNALDO JOSE ZAVARSE PEREZ y ADRIANA MAESTRACCI SISCO, abogados en ejercicio, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 55.664 y 36.871, respectivamente, de este domicilio. MOTIVO.- DAÑOS MATERIALES, EMERGENTE, MORAL Y LUCRO CESANTE (TRANSITO) EXPEDIENTE: 5.312.- Los abogados FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ BARRIOS y CARLA CEDEÑO IZAGUIRRE, apoderados judiciales del ciudadano RAMON ALBERTO CHIRINOS, en fecha 12 de junio de 1996, demandó por DAÑOS MATERIALES, EMERGENTE, MORAL Y LUCRO CESANTE (TRANSITO), al ciudadano HENRY ANTONIO LEON PEREZ, por ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, quien le dio entrada y se admitió en fecha 12 de noviembre de 1996. Consta asimismo que dicho Tribunal, en fecha 12 de febrero de 1998, dictó sentencia, declarando sin lugar la presente demanda; contra dicha decisión apelaron el día 17 y 25 de febrero de 1998, el abogado FRANCISCO SANCHEZ BARRIOS, en su carácter de apoderado judicial del demandante, RAMON ALBERTO CHIRINOS y LEON JURADO MACHADO, en su carácter de autos; razón por la cual el presente expediente fue remitido al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil del Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial, (hoy Superior Primero en lo Civil, Mercantil del Tránsito, Bancario), donde quedó una vez efectuada la distribución, dándosele entrada el día 19 de marzo de 1998, bajo el Nº 5312, y el curso de Ley. El 25 de marzo de 1998, este Tribunal dictó auto, en el cual fijó el lapso de cinco (05) días de despacho a los efectos a que se refiere el tercer aparte del artículo 85 de Tránsito Terrestre. Igualmente consta, que en fecha 09 de junio de 2014, este Juzgado dictó un auto en el cual el Juez Titular, se avoca al conocimiento de la causa, de conformidad con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la notificación de las partes mediante cartel, de conformidad con el artículo 233 ejusdem, a los fines de que el solicitante en apelación exponga, mediante escrito, el motivo de su inactividad procesal, a los fines de decidir la presente causa, dentro de los treinta (30) días siguientes. Por lo que estando dentro del lapso señalado, este Sentenciador pasa a decidir, previas las consideraciones siguientes: PRIMERA La Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, garantiza a toda persona el acceso a la justicia, para que puedan hacer valer sus derechos e intereses, y a obtener la decisión correspondiente; lo cual se logra, mediante el ejercicio de la acción, que pone en movimiento a la jurisdicción, y que comienza a desarrollarse, procesalmente, desde que el Juez admite o inadmite la demanda, avanzando hacia la sentencia; pudiendo ocurrir, antes de que ésta se dicte, el que surja la pérdida del interés procesal, con la consecuente extinción de la acción. En efecto, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 26, lo siguiente: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” Asimismo, el Código Civil, establece en su artículo 1.952, lo siguiente: “La prescripción es un medio de inquirir un derecho o de liberarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás consideraciones determinadas por la Ley” El criterio imperante en cuanto al decaimiento o pérdida del interés procesal, determina el que, si la causa sub-examine se encuentra paralizada, en estado de sentencia, por un tiempo que rebase el término de la prescripción previsto, para el derecho controvertido, a partir de la última actuación de las partes, el Juez, a cuyo conocimiento se encuentra sometida, puede a instancia de parte o aún de oficio, declarar extinguida la acción. En efecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA, en sentencia de fecha 01 de junio de 2.001, asentó: “…La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda… …de allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el Juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el Artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal donde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del Tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderará el Juez para declarar extinguida la acción. Todo ello, sin perjuicio de las sanciones a los jueces por la dilación cometida. Está consciente la sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al estado de Derecho y de Justicia que en dichos Tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que esta Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa y así se declara…” De la sentencia parcialmente transcrita, se desprende el carácter vinculante de la misma, y el criterio por el cual se determinó el decaimiento de la acción por falta de interés, que no es otro, que cuando la causa se encuentre paralizada, en estado de sentencia, sin que las partes realicen ningún acto de impulso procesal se entenderá como una perdida del interés procesal de dicha causa. Observando este Sentenciador que, para que proceda la declaratoria del decaimiento de la acción por falta de interés procesal, deben concurrir los siguientes supuestos: a) que el juicio se encuentre en suspenso y en etapa de sentencia. b) que el actor no inste al Juez a cumplir con su obligación de dictar la misma. c) que se haya sobrepasado el término que la ley señala para la prescripción del derecho objeto de la pretensión. d) que el Juez de la causa antes de proceder a dictar el decaimiento de la acción y la consecuente extinción de ésta, notifique al actor para que éste explique los motivos de su inactividad. Ahora bien, de la lectura de las actas procesales, que conforman el presente expediente, se observa, que la parte apelante realizó su última actuación en este Juzgado al diligenciar solicitando se dicte sentencia, en fecha 11 de noviembre de 2002; evidenciándose que desde ese día, hasta la presente fecha, ninguna de las partes ha realizado actuación alguna, dirigida al impulso procesal de la causa, por lo que el juicio se encuentra paralizado en estado de dictar Sentencia, por un periodo de más de diez (10) años, y siendo que este tiempo supera el término de la prescripción del derecho controvertido; y habiéndose notificado a las partes a los fines de que informaran a este Tribunal el motivo de su inactividad o de su falta de impulso procesal para que se le dicte sentencia; las cuales no comparecieron a explicar las caudas o motivos de su inactividad procesal; esta Alzada tiene por cumplidos, los extremos procesales exigidos en la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ut-supra señalada, lo cual aunado a que con la aplicación de la indicada disposición, no se vulnera ninguna norma de orden público, es forzoso para este Tribunal, concluir el que debe declararse el DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, y en consecuencia, EXTINGUIDO EL PROCESO POR FALTA DE INTERÉS DE LA PARTE APELANTE, tal como se señalara en el dispositivo del presente fallo; Y ASÍ SE DECIDE. SEGUNDA En consecuencia y por todas las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN, y en consecuencia, EXTINGUIDO EL PROCESO POR FALTA DE INTERÉS DE LA PARTE APELANTE, abogado FRANCISCO SANCHEZ BARRIOS, apoderado judicial del ciudadano RAMON ALBERTO CHIRINOS, parte accionante. Líbrese Oficio al Juzgado “a-quo” informándole sobre las resultas del presente fallo. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, en Valencia a los ocho (08) días del mes de octubre del año dos mil catorce (2.014). Años: 204º de la Independencia y 155º de la Federación. El Juez Titular, Abog. FRANCISCO JIMÉNEZ DELGADO La Secretaria, MILAGROS GONZÁLEZ MORENO En la misma fecha, siendo las 10:45 a.m. se dictó y se publicó la anterior sentencia. Y se libro Oficio N° 337/14.- La Secretaria, MILAGROS GONZÁLEZ MORENO.