TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO DEL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.
PARTE SOLICITANTE.-
ANTONIO FERNANDO NAVIA HORMAZABAL, chileno, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. E-81.923.421, de este domicilio.
ABOGADO ASISITENTE DE LA PARTE SOLICITANTE.-
ANTONIETA ROSSI PARISCA, abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 19.0036, de este domicilio.
MOTIVO.-
EXEQUÁTUR
EXPEDIENTE No. 11.855.-

En fecha 11 de febrero de 2014, el ciudadano ANTONIO FERNANDO NAVIA HORMAZABAL, asistido por la abogada ANTONIETA ROSSI PAR5ISCA, presentó un escrito contentivo de solicitud de exequátur, por ante este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario, y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, donde quedó una vez efectuada la distribución, dándosele entrada, en fecha 06 de marzo de 2014, bajo el No 11.855.-
Por auto de fecha 11 de marzo de 2014, se difirió la publicación del fallo dentro de los tres días de despacho siguientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, estando dentro de la oportunidad para decidir, este Tribunal pasa a hacerlo previas las consideraciones siguientes:
PRIMERA.-
El ciudadano ANTONIO FERNANDO NAVIA HORMAZABAL, asistido por la abogada ANTONIETA ROSSI PARISCA, alega en su escrito de solicitud de exequátur lo siguiente:
“…De conformidad con lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en concordancia con lo establecido en el Título X de nuestro Código de Procedimiento Civil, y más específicamente de acuerdo a lo pautado en el artículo 856 ejusdem, que le otorga, como Juez Superior, plena facultad para resolver la presente solicitud de exequatur sobre la sentencia de divorcio de mutuo acuerdo que se indica mas adelante.
CAPITULO II
DE LOS HECHOS
En fecha 23 de septiembre de 1971, contraje matrimonio civil en la Circunscripción de Conchalí en la República de Chile, con la ciudadana MARIA ADRIANA SOTO ARANCIBIA tal y como consta de Certificado de Matrimonio inscrito bajo el Nº 1.877; legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y certificada por el Ministerio de Justicia de Chile, que anexo a este escrito marcado “A”; vinculo este que fue disuelto por ante el Tercer Juzgado de Familia de Santiago en fecha 25 de Abril de 20136 causa RIT C-6902-2012 talo y como consta de Sentencia de Divorcio, legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Embajada de Chile, la cual anexamos marcada “B”, la cual constituye plena prueba para la procedencia de la presente solicitud.
CAPITULO II
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Fundamento mi solicitad, en lo establecido en el Artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, en virtud de que se trata de: 1- Una sentencia dictada en materia civil; 2.- Que tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la Ley del Estado en el cual ha sido pronunciada; 3.- Que no versa sobre derechos reales respecto a bienes inmuebles situados en la República Bolivariana de Venezuela, y que no se ha arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le hubiese correspondido para conocer del negocio; 4.- Que el tribunal del Estado sentenciador tuvo la jurisdicción para conocer de esta causa; 5.- Que fue un Divorcio de mutuo acuerdo, y que no tengo nada que objetar ni con respecto a la citación, ni con respecto a la sentencia, ya que estoy completamente conforme con lo sentenciado, no habiéndose violado en mi contra, ninguna garantía procesal ni menoscabado ningún derecho a mi defensa; y 6.- Que la sentencia, no es incompatible con otra que tenga autoridad de cosa juzgada, y que no hay pendiente ante ningún tribunal de Venezuela, un juicio sobre el mismo objeto, y entre las mismas partes, que se hubiese iniciado antes de dictarse la sentencia extranjera. Todo lo anterior, sin mencionar el hecho cierto, de que soy yo la única persona que tiene interés en este asunto, y que en ningún caso podrá salir afectada persona alguna con la decisión que tome el tribunal.
CAPITULO III
DEL PETITORIO
En virtud de que mi solicitud, cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por el Articulo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuyo numeral 1 exige que se trate de una sentencia extranjera, que fuere dictada en un asunto Civil, en materia familiar, ya que se trató específicamente de una solicitud de divorcio, no contencioso en sede jurisdiccional, es por lo que solicito al considerar igualmente llenos los requisitos exigidos por las normas que regulan la materia en la Legislación Venezolana tenga a bien Ciudadano Juez, admitir la presente solicitud de EXEQUATUR, sustanciarla conforme a derecho y declarar la FUERZA EJECUTORIA ENN LOA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA de la sentencia dictada por el Tercer Juzgado de Familia de Santiago en fecha 25 de abril de 2013, causa RIT C-6902-2012…”
SEGUNDA.-
Como punto previo, pasa este Sentenciador a pronunciarse sobre la competencia para conocer de la presente solicitud de exequátur; y en este sentido observa el criterio asentado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 14 de octubre de 1.999, en la cual se lee:
“...El 06 de febrero de 1.999, entró en vigencia la Ley de Derecho Internacional Privado cuyo Capítulo X (De la Eficacia de la Sentencias Extranjeras, artículos 53 al 55) regula lo concerniente a las solicitudes de ejecución de sentencias extranjeras, derogando en relación con los aspectos reglados en la referida Ley, aquellas disposiciones contenidas en otros cuerpos de normas, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, ejusdem. Se aprecia, sin embargo, que nada indicó el nuevo texto legal sobre cual sería la autoridad jurisdiccional llamada a conocer de dichas solicitudes, lo que permite inferir la vigencia de todas aquellas normas que venían regulando lo relativo a la competencia en esta materia...”
Sin embargo lo anterior debe necesariamente observarse tomando en cuenta la distinción planteada por el artículo 856, del Código de Procedimiento Civil, conforme al cual el pase de los actos de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, deberá ser decretado por el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo el examen de las condiciones exigidas por la normativa vigente....”
En virtud de lo cual, siendo que el Tribunal competente, lo será un Tribunal Superior del lugar donde se pretende hace valer la sentencia que por divorcio, fuese pronunciada por un Tribunal extranjero; este Juzgado Superior Primero en lo Civil, se declara competente para conocer de la presente solicitud de exequátur; Y ASÍ SE DECIDE.
Decidida como ha sido la competencia de este Tribunal, pasa este Sentenciador a pronunciarse con relación a lo solicitado y en este sentido observa:
El Código Civil establece en sus artículos:
445.- “Los nacimientos, matrimonios y defunciones se harán constar, en la jurisdicción en que ocurran, en registros especialmente destinados a este objeto.”
475.- “También se insertará la sentencia ejecutoriada que declare la existencia, nulidad o disolución del matrimonio, anotándose al margen la partida correspondiente.”
A su vez, el Código de Procedimiento Civil establece en su artículo 856, lo siguiente:
“El pase de los actos o sentencias de las autoridades extranjeras en materia de emancipación, adopción y otros de naturaleza no contenciosa, lo decretará el Tribunal Superior del lugar donde se haya de hacer valer, previo examen de si reúnen las condiciones exigidas en los artículos precedentes, en cuanto sean aplicables.”
Así mismo observa que, en lo que respecta al requisito de reciprocidad, del establecido en el artículo 850, del vigente Código de Procedimiento Civil, que el mismo quedó derogado, al no haber sido incluida dicha disposición en la Ley de Derecho Internacional Privado; tal como lo estableció la sentencia dictada el 06 de octubre de 1.999, por la Sala Político Administrativa, en la cual se lee:
“...Como ha sido destacado en anteriores oportunidades, a partir del 06 de febrero del año en curso, el orden de prelación a aplicar es el expuesto en el artículo 1° de la Ley de Derecho Internacional Privado, cuyo texto prescribe:
“...Artículo 1°. Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán por las normas de Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado Venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y, finalmente, se regirán por los principios del Derecho Internacional Privado generalmente aceptados...”
“....Dicha disposición ordena, en primer lugar, la aplicación de las normas sobre Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela. En los casos de autos se solicita que por el procedimiento exequátur se declare la fuerza ejecutoria en la República Bolivariana de Venezuela de una sentencia proferida por un tribunal con sede en una división político-territorial de los Estados Unidos de América, país que no es parte ni del Convenio Bolivariano (1911), ni de la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros (1979), tratados vigentes para Venezuela en esta materia. Por tal razón, de conformidad con lo dispuesto en el artículo antes trascrito, se plantea la aplicación de las normas de Derecho Internacional Privado, consagradas en primer término en la citada Ley Especial, cuyo capítulo X (De la Eficacia de las Sentencias Extranjeras) derogó parcialmente las disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Civil, relativas al proceso de exequátur...”
“...De otra parte, debe nuevamente precisar este Alto Tribunal, que habiendo sido eliminado por la Ley de Derecho Internacional Privado, el requisito de reciprocidad que exigía el artículo 850, del Código de Procedimiento Civil, al no incluirlo como tal dentro de las disposiciones, no entrará a considerar en este caso, ni en los sucesivos, las pruebas que para tal fin fueron o sean suministradas por la parte interesada, y así se declara...” (JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, ÓSCAR R. PIERRE TAPIA, Tomo 10, Págs. 547 a 549).
Observa esta Alzada que, en fecha 25 de abril de 2013, el Tercer Juzgado de Familia de Santiago, de la República de Chile, dictó sentencia en la causa RIT C-6902-2012, declaró terminado por divorcio, el matrimonio de don ANTONIO FERNANDO NAVIA HORMAZABAL y doña MARIA ADRIANA SOTO ARANCIBIA.
Visto lo anterior, y de conformidad con los criterios jurisprudenciales traídos a colación pasa este Sentenciador a verificar si se le ha dado cumplimiento, a las exigencias del artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado, y al efecto, se observa:
1°) La sentencia extranjera fue dictada en asunto civil, materia familiar, específicamente en un juicio de divorcio no contencioso.
2°) Tiene fuerza de cosa juzgada de acuerdo con la sentencia dictada el 25 de abril de 2013, causa RIT C-6902-2012, por el Tercer Juzgado de Familia de Santiago, de la República de Chile, que declaró terminado por divorcio, el matrimonio de don ANTONIO FERNANDO NAVIA HORMAZABAL y doña MARIA ADRIANA SOTO ARANCIBIA.
3°) No se ha arrebatado a Venezuela la jurisdicción exclusiva que le correspondiere para conocer del divorcio entre las partes.
4°) El Tercero Juzgado de Familia de Santiago, tenía jurisdicción para conocer de la causa, por cuanto el Divorcio fue solicitado ante un órgano jurisdiccional competente del lugar del domicilio de los solicitantes.
5°) No consta en autos, que la sentencia extranjera, objeto de la presente solicitud, sea incompatible con sentencia alguna, que tenga carácter de cosa juzgada, dictada por un Tribunal Venezolano; así como tampoco se evidencia, que exista ante los Tribunales Venezolanos, una solicitud pendiente sobre el mismo objeto, iniciado con anterioridad a que se hubiere dictado la sentencia extranjera.
En consecuencia, verificado, como ha sido, el cumplimiento de los extremos exigidos en el artículo 53 de la Ley de Derecho Internacional Privado; cuyo numeral 1° exige que se trate de una sentencia extranjera, que fuere dictada en un asunto civil, en materia familiar; puesto que el caso sub-examine, se trató específicamente de una solicitud de Divorcio, no contencioso en sede jurisdiccional; es por lo que esta Alzada, al considerar igualmente llenos los requisitos exigidos por las normas que regulan la materia en la legislación venezolana, declara procedente la solicitud de exequátur; Y ASÍ SE DECIDE.
TERCERA.-
En orden a los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley CONCEDE FUERZA EJECUTORIA EN EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA A LA sentencia dictada el 25 de abril de 2013, causa RIT C-6902-2012, por el Tercer Juzgado de Familia de Santiago, de la República de Chile, que declaró terminado por divorcio, el matrimonio de don ANTONIO FERNANDO NAVIA HORMAZABAL y doña MARIA ADRIANA SOTO ARANCIBIA.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA
Dada, firmada, y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo. En Valencia, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil catorce (2014). Años 202° y 154°.

El Juez Titular,

Abog. FRANCISCO JIMÉNEZ DELGADO La Secretaria,

MILAGROS GONZALEZ MORENO

En la misma fecha, y siendo las 11:00 a.m., se dictó y publicó la anterior sentencia.

La Secretaria,

MILAGROS GONZALEZ MORENO