REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO,
CON SEDE EN VALENCIA
Valencia, 31 mayo de 2013
Años 203º y154º
Asunto: GP02-N-2010-000067
Parte demandante: TRADIVENCA, C.A. Sociedad Mercantil inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo Interino de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo bajo el No. 17, Tomo 17-A de fecha 21 de febrero de 1997
Apoderado Judicial de la parte demandante: Abogados ELADIO JOSE TOROLERO MENESES y JOSE JOMELLI, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 78.548 55.122.-
Actuación administrativa recurrida: Providencia Administrativa No. 0263-2010 de fecha 25 de mayo de 2010 dictado por la Inspectoría del Trabajo del Municipios Valencia, Parroquias El Socorro, Santa Rosa, Candelaria y Miguel Peña, Municipios Libertador, Bejuma Montalbán, Miranda y Carlos Arvelo del Estado Carabobo.-
Asunto: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.-
I
En fecha 25 de noviembre de 2010 fue presentada la demanda por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos, distribuido como fue el Recurso, le corresponde el conocimiento de la causa a éste Tribunal, dándosele entrada en la misma fecha.
Por auto de fecha 26 de noviembre de 2010 se ordena a la parte accionante la subsanación de la demanda.
Subsanada la demanda, se admite la misma en auto de fecha 08 de diciembre de 2010.
En fecha 17 de diciembre de 2010 comparece el abogado ELADIO JOSE TORTOLERO MENESES, apoderado judicial de la parte actora y sustituye poder en el abogado JOSE JOMELLI.
Por auto del 20 de diciembre de 2010 se insta a la parte recurrente a consignar los fotostatos a los fines de librar las notificaciones en el expediente. En fechas 14 de marzo de 2011 y 24 de mayo de 2011 se dejó constancia que la parte demandante no ha consignado los fotostatos necesarios para la práctica de las notificaciones.
Por auto de fecha 20 de junio de 2011, se aboca al conocimiento de la causa el Juez JORGE ERNESTO SILVA SUAREZ.
Por autos de fechas 27 de junio y 29 de septiembre de 2011 se deja constancia que la parte accionante no ha consignado los fotostatos necesarios para la realización de las notificaciones.
Por auto de fecha 02 de octubre de 2012, se aboca al conocimiento de la presente causa, la Jueza EDUARDA DEL CARMEN GIL.
Comparece el Alguacil en fecha 19 de noviembre de 2012 e informa la imposibilidad de notificar a la parte demandante del abocamiento de la Jueza, ahora bien, se estiman necesarias las siguientes consideraciones para proveer sobre la sustanciación de la causa en los siguientes términos:
I
DE LA COMPETENCIA
En primer término, corresponde a este órgano jurisdiccional pronunciarse en torno a su competencia para conocer la demanda de nulidad de marras, en función de lo cual se hacen las siguientes consideraciones:
Mediante sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia estableció, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás Tribunales de la República, que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectoría del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo.
En efecto, a través del referido fallo la Sala Constitucional señaló:
En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos; son los tribunales del trabajo. Así se declara.
En función de lo expuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia determinó que:
1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral.
2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo.
En consecuencia y por cuanto la presente demanda persigue la nulidad del acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa No. 0263-2010 de fecha 25 de mayo de 2010 dictada por la Inspectoría del Trabajo del Municipios Valencia, Parroquias El Socorro, Santa Rosa, Candelaria y Miguel Peña, Municipios Libertador, Bejuma Montalbán, Miranda y Carlos Arvelo del Estado Carabobo, se declara la competencia para conocer el presente asunto. Así se declara.
Ahora bien, en sintonía con la anterior resolutoria, este órgano jurisdiccional considera que la pretensión de nulidad deducida en la presente causa requiere el proveimiento de una sentencia declarativa que, a su vez, amerita se transite por un proceso que permita el examen de los elementos probatorios que darán plena certeza al juzgador para dictar su sentencia, lo que escapa del marco competencial que la Ley Orgánica Procesal del Trabajo confiere a los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo y se corresponde con las funciones propias de los Tribunales de Juicio del Trabajo, tal como se desprende del Título II de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de sus artículos 17 y 18, todo lo cual se compadece con la naturaleza del procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para los casos como el de marras, lo cual quedó establecido en la Sentencia N° 977 del 5 de agosto de 2011 de la Sala de Casación Social de este Máximo Tribunal.
En fuerza de tales consideraciones, acepta la competencia para conocer y decidir la presente causa tal como lo estableció el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena en fecha 07 de agosto de 2012. Así se declara.
II
DE LA PERENCION DE LA INSTANCIA
Determinada, como ha sido, la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer la causa y luego de revisadas las actuaciones que conforman el presente expediente, se advierte que la última actuación de parte ocurrió en fecha 17 de diciembre de 2010 cuando el abogado ELADIO JOSE TORTOLERO MENESES actuando en su condición de apoderado judicial de la parte actora, sustituye poder en la persona del abogado JOSE JOMELLI, y hasta la presente fecha ha transcurrido más de un -01- año sin que haya ejecutado algún acto procesal tendente a la prosecución de la causa, por lo que se estiman necesarias las siguientes consideraciones:
El artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece lo siguiente:
“ Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Juez, tal como la admisión de la demanda, fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria.”
A partir del dispositivo anteriormente transcrito, puede deducirse que la figura procesal de la perención encuentra justificación, por una parte, en el interés del Estado de impedir que los juicios se prolonguen indefinidamente y de garantizar que se cumpla la finalidad de la función jurisdiccional, la cual radica en administrar Justicia; y por la otra, en la presunción de abandono del procedimiento de la parte sobre quien recae la carga de dar el impulso procesal necesario, vista su inactividad durante el plazo de un (1) año establecido por la ley, lo cual comporta la extinción del proceso.
Como consecuencia de las consideraciones anteriormente expuestas, este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA, conforme a lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
No hay condenatoria en costas, a tenor de lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, aplicable analógicamente de conformidad a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Publíquese, regístrese y déjese copia.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO, CON SEDE EN VALENCIA. Publíquese, regístrese y déjese copia. En Valencia, a los treinta y uno (31) días del mes de mayo de 2013.
La Jueza,
ABG. EDUARDA DEL CARMEN GIL La Secretaria,
ABG. DAYANA TOVAR.
En la misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior sentencia, siendo la 30:30
p.m.
La Secretaria,
ABG. DAYANA TOVAR.
EXP.GP02-N-2010-000067
EG/dc.-
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