TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
EL JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO.

Valencia, 15 de Julio de 2013
203º y 154º

Visto el escrito que antecede, presentado por la abogada DIANA PATRICIA SANCHEZ NIÑO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 7.133.753 e inscrita en el INPREABOGADO bajo el N° 67.270 en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante en el presente juicio, en donde solicitan se decrete medida de prohibición de enajenar y gravar, y medida de Secuestro el Tribunal para resolver hace las siguientes consideraciones:
Para decidir el Tribunal observa:
De acuerdo con el criterio jurisprudencial pacífico y reiterado de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, expresado en la sentencia de fecha 25 de mayo de 2000, en el juicio seguido por la ciudadana Rosa María Contreras Carreño de Gómez contra el ciudadano Carlos Nadal Yepez y otros, expediente Nº 00-075
“...es cuestión superada hace ya mucho tiempo, la objeción respecto a que el juez que dicta la medida preventiva por considerar existente el fumus boni iuris, se pronuncia sobre el fondo del pleito. De la misma manera, lo es en cuanto a que al decidirse la oposición que se hubiera planteado, se incurre per se en este tipo de pronunciamiento.
Admitir tal argumentación sería tanto como eliminar la posibilidad de que pueda dictarse alguna medida preventiva, ya que las mismas podrán ser decretadas sólo cuando el juez considere que existe presunción grave del derecho que se reclama, para lo cual, obviamente, tiene que analizar y apreciar de alguna manera, los fundamentos y recaudos en que se apoya la acción
El régimen de las medidas preventivas implica por esencia o definición, que el acordarlas no significa un pronunciamiento sobre el fondo, sino sólo un juicio provisional de verosimilitud, según las circunstancias de cada caso en concreto, y en relación con el aseguramiento, que se estime suficientemente justificado, de las resultas del pleito.
Por consiguiente, ni el juez que ha decretado una medida preventiva, ni el que conozca en apelación de la ratificación o suspensión de la misma, pueden abstenerse de dictar decisión correspondiente a la incidencia del caso, bajo el argumento de que al hacerlo estarían pronunciándose sobre el fondo del asunto; porque de ese modo, como ha sucedido en el presente caso, se omite la decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a lo deducido y, a que obliga la norma del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual resulta entonces infringido, en consecuencia con la infracción del artículo 12 ejusdem, al no atenerse con ello a lo alegado y probado en autos. Así se declara.” (Subrayado del Tribunal).

Asimismo, en sentencia de la misma Sala de fecha 27 de julio de 2.004, se ha establecido:
“De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) la presunción grave del derecho que se reclama (fumus bomis iuris); y; 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora).
Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al Tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que las sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil...” (Sentencia de 27/07/04. Sent. N° RC-00733).

De la revisión del expediente se desprende que el requisito fumus bonis iuris, es decir, la presunción grave del derecho que se reclama, queda reflejado en los instrumentos que acompañó a la demanda, tales como: Documento de propiedad del inmueble, original de Declaración Sucesoral y Certificado de Registro de Vehículo.
El otro presupuesto indispensable para el decreto de las medidas cautelares es la acreditación del periculum in mora, es decir, el riesgo manifiesto de que el pronunciamiento definitivo del juicio pudiera resultar ilusorio, o que pudiera peligrar la eficacia del fallo final.
Una de las circunstancias que puede contribuir a esta situación de peligro, es la concurrencia en la persona del deudor de ciertos indicios que puedan hacer presumir su sustracción a la ejecución de la sentencia. En tal sentido, es menester que la demandante esgrima en su petición un motivo racional para creer que el deudor ocultará o malbaratará sus bienes en perjuicio de su acreencia, o cualquier elemento del que se desprenda alguna duda sobre el referido peligro, es decir, de que el fallo definitivo va a resultar ineficaz. Luego, es carga de la solicitante centrarse en explicar cómo afectan dichos riesgos a la cosa litigiosa, dadas las circunstancias del caso.
Con relación al periculum in mora y periculum in damni, este queda establecido por el temor objetivo de la solicitante de que sea burlada la sentencia, en este sentido, alega el demandante que en su carácter de hija de la de cujus ODESSA DOLORES MIEUSSENS como heredera legitima de la prenombrada, quienes las demandas de autos sus hermanas usan, disfrutan, y administran los bienes propiedad de la sucesión. En este sentido, observa este Tribunal que la parte demandante, consignó los documentos con los cuales fundamenta su demanda. Todo lo anterior da como resultado la posibilidad, el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo que pudiera dictarse en la presente causa, por lo que a juicio de este Tribunal, dicho requisito queda cubierto con estas circunstancias.
En virtud de las consideraciones anteriores considera esta Juzgadora procedente las medidas cautelares solicitadas. Así se decide.
Todo lo precedentemente expuesto esta basado en un juicio de probabilidades que vale solo como hipótesis, pues solo crea una presunción de verosimilitud y que no implica juzgamiento sobre el fondo de lo debatido en el presente caso.
DECISIÓN
Con fundamento en lo expuesto, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ACUERDA LA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre una parcela de Terreno en la calle Camoruco, sector B, segunda sección de la Urbanización Trigal Sur, Parroquia San José, Municipio Valencia del Estado Carabobo, distinguida la parcela de terreno con el número 17-31 de la manzana 17 de la Urbanización Trigal Sur y tiene una superficie de TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS METROS CUADRADOS (392 MTS 2) aproximadamente, la casa quinta esta marcada con el Nro. 88-140 de la nomenclatura de la calle Camoruco de la Urbanización Trigal Sur y alinderada d la siguiente manera: NORTE: Parcela Nro. 17-6, SUR: Calle Camoruco de la Urbanización Trigal Sur. Este: Parcela Nro. 17-30 y OESTE: Parcela Nro. 17-32. Cuyo documento de Propiedad fue protocolizado por ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Distrito Valencia (hoy) Municipio Valencia del Estado Carabobo, en fecha 24 de Febrero de 1.983, bajo el N° 44, Protocolo Primero, Tomo 12. ACUERDA LA MEDIDA PREVENTIVA INNOMINADA, a favor de la sociedad de comercio BAR Y RESTAURANT EL BODEGON DE CASTILLA, C.A., a fin de que continúe ocupando de manera ininterrumpida los Locales Comerciales distinguidos con los Nros. 7 y 14, que forman parte del CENTRO COMERCIAL PASEO LAS ACACIAS, antes descritos, hasta que sea dictada en la presente causa la sentencia definitivamente firme, para ello en virtud de que el fraude procesal afecta el orden publico y es contraria a la administración de justicia y afectan directamente el desarrollo comercial de la sociedad de comercio BAR Y RESTAURANT EL BODEGON DE CASTILLA, C.A. ofíciese a los Juzgado Ejecutores de Medidas sobre dicho cautela dictada. Así se decide.
Ofíciese lo conducente. Publíquese y Regístrese.

Abg. Isabel Cristina Cabrera de Urbano
Juez Titular
Abg. Julianny Bandres M.,
Secretaria Suplente

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.-

La Secretaria Suplente